Hora de progreso

Acabo de leer un debate en Internet a propósito de la medida mediante la cual el gobierno catalán pretende imponer que al menos un cincuenta por ciento de la programación de los cines se ofrezca en la lengua vernácula de aquella comunidad autónoma, lo que ha ocasionado un grave malestar en el colectivo de empresarios afectados. Como siempre, unos hablan de libertad de elección y de comercio, y otros de proteger un idioma que por sí solo -aseguran, ignorando cuarenta años de franquismo- no podría sobrevivir. Alguien, a propósito de las pintadas aparecidas en las fachadas de los cines más reacios a perder dinero ("Aquest cinema margina el català!"), las compara con los rótulos nazis de los años treinta a la puerta de establecimientos regentados por hebreos ("¡Resistid, alemanes! ¡No compréis en comercios judíos!"). Y algún comentarista critica la comparación por desmesurada. Es verdad que es contundente, pero también oportuna: las coincidencias nos resultarían bastante más evidentes si no fuera por el hecho de que sólo conocemos, horrorizados, las consecuencias históricas de una de las dos situaciones comparadas.

No es lo mismo decir "Fulano es nazi" que "los nazis empezaron haciendo cosas como las que hace Fulano". Tampoco es igual afirmar "este nacionalista es un nazi" (lo cual puede ser descriptivo) que "todos los nacionalistas son nazis" (lo cual es injusto). Sin embargo, lo importante aquí es que la pintada a la puerta del cine no aporta nada al debate democrático, ni a ningún debate; sólo puede tener el fin de amedrentar, coaccionar, señalar al que debe ser excluido de la comunidad, al que merece reprobación pública o tal vez castigo. En un estado de derecho esto corresponde a los jueces; pero al autor de la pintada el estado de derecho le da igual, porque él lo único a que alcanza a aspirar es una patria forjada en torno a un rasgo distintivo y excluyente: la lengua que él y los suyos han decidido que es la propia del territorio en el que conviven con otros que ni hablan ni opinan como él. El que pintó la fachada es, efectivamente, un fascista. Y las autoridades catalanas que no impiden ni condenan, sino que por el contrario alientan este tipo de comportamientos, son compañeros de viaje del fascista y responsables políticos de cualquier agresión que se derive de este estado de cosas. No todos los nacionalistas son fascistas, pero a mí sí me parece que todo nacionalismo implica un germen fundamentalista y totalitario sin el que no puede adquirir su sentido ni sostenerse, y que en demasiadas ocasiones deriva en imposición o violencia en alguna de sus diversas manifestaciones e intensidades. La imposición a los cines de la obligación de ofrecer al cliente contenidos en un idioma en concreto -como la previa de rotular en el mismo- pertenece a esa concepción totalitaria de cómo deben ser las cosas: "la realidad se equivoca, así que cambiémosla".

Imaginemos un país en el que la diversidad social no estribe en la lengua, sino en la religión, tal y como de hecho sucede en numerosos lugares como Bosnia-Herzegovina o Alemania. Un verdadero demócrata establecería en ese país la laicidad del Estado y la libertad de culto que permitiese que cada ciudadano (o cada comerciante, o cada consumidor) escogiese la religión en que manifestarse o relacionarse en su vida privada. En cambio, un nacionalista religioso legislaría que toda biblioteca contuviese al menos un cincuenta por ciento de libros luteranos; o que las televisiones privadas saludasen a sus espectadores al menos la mitad de las mañanas con una oración musulmana; o que en las empresas de más de diez empleados al menos la mitad de éstos fuesen católicos. Es decir: asociaría esa noción confusa -cuando no falsa- que se suele llamar identidad colectiva o nacional con uno de los rasgos sociales o culturales presentes -la religión o, mejor dicho, una de las religiones- y consideraría la preservación, la promoción y luego la imposición de ese rasgo aislado más importantes que la libertad individual de comprar, estudiar o trabajar sin más condiciones que la misma libertad y la eficacia (comunicativa, educativa, comercial, etc.). El nacionalista religioso legislaría ad hoc, dedicaría a ello cuantiosos recursos públicos y crearía además un funcionariado afín y una red clientelar lo más amplia posible, dependiente directamente de la prosperidad de los negocios vinculados con la religión, todo ello acompañado de una "política religiosa" que se acabaría imponiendo en administraciones, escuelas, medios de comunicación y todo tipo de servicios so pretexto de proteger la identidad colectiva, invadiendo sucesivamente el ámbito de lo público y el de lo privado... La religión es o puede ser un importante elemento de la personalidad individual libre, un rasgo cultural transmitido de padres a hijos que pertenece por tanto al ámbito privado y a cuyo respecto, según nos parece a muchos occidentales desde 1789, las competencias del Estado deberían limitarse a garantizar la libertad de ejercicio. La diferencia entre entender o no entender esta premisa es la que desgraciadamente ha habido entre Alemania y Bosnia. O entre la Alemania de 2010 y la de 1935. O, en fase germinal, entre respetar la libertad del prójimo y pintarle la fachada del cine con coacciones veladas.

Pues bien: el intervencionismo estatal que nos parece inimaginable y jamás toleraríamos en favor de una religión lo hemos aceptado sumisamente durante las últimas décadas en buena parte de España cuando se ha tratado de ese invento sociolingüístico de las "lenguas propias", para asombro de otros países europeos, escarnio nuestro, deterioro de nuestra libertad y quebranto de la economía, hasta el punto de amenazar hoy nuestra convivencia y propiciar manifestaciones públicas de protesta con frecuencia creciente... Sospecho, no obstante, que esto último es un signo del cambio. En nuestro país existe hoy una opción política nueva, radicalmente comprometida con las libertades y, por tanto, muy crítica con el nacionalismo, sea lingüístico o de cualquier otro tipo; y existen también ciudadanos que desean ventilar la democracia paupérrima que sufrimos: un régimen estancado en el clientelismo, el adocenamiento y el prejuicio. Sacudirnos la injusta y aburridísima tiranía de las lenguas es sólo una de las tareas pendientes, pero seguramente no la menos importante, en el camino hacia la regeneración democrática..

Un lector del blog añade un comentario a la última entrada y no me resisto a reproducirlo aquí, dado su interés.

Para cualquier persona que intenta ver un poco más lejos de su casa y lee algo más que el periodico local, tiene que estar claro que los que utilizan las ideologias totalitaristas (comunismo, religiones, nacionalismo) intentan adoctrinar en primer lugar a los menos protegidos contra la influencia externa - a los niños. Así se prepara el futuro electorado acritico, no capaz de razonar. Durante 25 años yo vivía en la Union Sovietica todos los días escuchando mentiras por la tele y ahora viviendo en Valencia tengo que proteger a mis hijos de la misma basura ideologica vestida en la ropa de otro color. Lastima que el ser humano nada mas salir de una carcel (stalinista, franquista etc.) enseguida empieza a buscarse otra (religion, nacionalismo etc.) para poder vivir sin tomar propias deciciones y así evitar responsabilidades.

Es una reflexión bien oportuna. Y cada vez más españoles se van dando cuenta de la trampa.

Los conocidos casos de los niños ibicenco y valenciana, alumnos del sistema público de enseñanza español a quienes se impide examinarse en su lengua materna (la española, oficial en todo el territorio nacional), son muestra de un fenómeno insólito en Europa, que sólo se da en las islas Faeroe y en las regiones bilingües de España. Es sólo la punta visible de un iceberg que ya hace tiempo abrió una vía de agua en el barco de la igualdad.

Desde finales de los setenta (y ya ha llovido), el canadiense J. Cummins, una autoridad internacional en el aprendizaje de las lenguas, ha insistido en lo que él llama teoría de la interdependencia. Según Cummins, la competencia en una segunda lengua es, en su mayor parte, proporcional a la competencia adquirida en la lengua materna, que es factor esencial e indispensable para la adquisición de la capacidad lingüística en general y, por tanto, para la consecución de logros intelectuales, se trate de resultados académicos o profesionales. Cummins define en su teoría del umbral distintos tipos de bilingüismo: el semilingüismo, con pobre nivel en ambas lenguas, el bilingüismo con dominancia de una de las dos lenguas y el bilingüismo aditivo, con alto nivel de ambas. Frente a la adquisición sucesiva de la lectoescritura en lengua materna y de una segunda lengua (y una tercera), que según este corpus teórico conduciría a un deseable bilingüismo aditivo, la inmersión lingüística en la lengua no materna sería causa directa del semilingüismo, es decir, de una mala adquisición de las dos lenguas (tanto la impuesta por el sistema educativo como la materna) y, por lo tanto, de una reducción de las capacidades de abstracción y de resolución de problemas con consecuencias negativas para el éxito escolar y para una personalidad madura.

La inmersión lingüística de niños no catalanohablantes en Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, Valencia y Baleares tiene, por tanto, consecuencias más allá de la cuestión identitaria; una cuestión que, por cierto, a nadie interesa sino a los políticos que han hecho de ella bandera y medio de sustento. Añadida a otros factores comunes al resto del sistema educativo español, la inmersión profundiza en la mala calidad de la enseñanza porque antepone objetivos políticos totalizadores (la promoción de una lengua presuntamente propia o de identidad) a los objetivos que deberían ser los prioritarios del sistema educativo (garantizar una educación densa y crítica: formar ciudadanos). Además de injusta porque atenta contra la libertad individual, la inmersión es, por tanto, profundamente inadecuada con respecto a los fines de la educación. Debido a la inmersión, como atestiguan los informes nacionales e internacionales, el notable descenso del nivel académico en universidades como la UIB o la reducción galopante de la competitividad de regiones tradicionalmente pujantes como Cataluña o País Vasco, varias generaciones de españoles han visto reducida su cualificación profesional (la real, no la reflejada en los títulos expedidos por el sistema), su competitividad laboral y su capacidad crítica con el sistema político y en el acceso a los bienes de consumo. Son ciudadanos de segunda: justo lo que necesitan esos políticos que han promovido tal estado de cosas y que, no obstante, matriculan a sus retoños en centros privados donde pueden escoger la lengua vehicular. Ciudadanos de segunda que configuran por otra parte un país poco competitivo y menos esforzado, pasto de las crisis económicas que otros países alcanzan a superar con mayor facilidad.

Ni la inmersión que defienden el PSOE y sus socios radicales ni el invento trilingüe de Feijoo y el PP resuelven este problema. Desde UPyD apelamos al sentido común: no queremos ciudadanos semilingües, ni semilibres, ni semiinstruidos. Queremos ciudadanos de primera y nuestro esfuerzo se dirigirá a garantizar la libertad de elección de la lengua vehicular en la enseñanza de sus hijos. Es nuestro compromiso desde nuestra fundación y lo llevaremos a las instituciones con la confianza de los ciudadanos.

Merece la pena escuchar la entrevista de Manel Fuentes a Rosa Díez en Catalunya Ràdio (13 de enero de 2010). A ver quién dice mejor las cosas más razonables.

Pincha aquí:

Dicen quienes conocen a José Blanco que nunca tuvo talento ni idea original alguna, pero a cambio es un trabajador empeñado e incansable y carece por completo de escrúpulos. Seguramente una combinación ideal para desempeñar puestos de responsabilidad en un equipo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, pero no la más adecuada para resolver problemas desde el consenso. Lo demostró siendo responsable de propaganda del PSOE. Incapaz de articular propuestas en positivo, su trabajo consistió entonces en desprestigiar al rival, el Partido Popular, y en hacer recaer sobre éste la responsabilidad de todos los males de España. Su estrategia comunicativa era de chiste, pero al parecer efectiva: preguntasen los periodistas lo que preguntasen, no había un solo párrafo de sus intervenciones que no acabase con una coletilla parecida a "fíjense en qué buenos y democráticos somos en el PSOE, no como esos tontos malvados del PP, que son ricos, perversos, anticuados y disfrutan poniéndole la zancadilla a las ancianitas".

La afición de Blanco por la manipulación no hacía presagiar nada bueno el día de su nombramiento como ministro de Fomento, pese a que su predecesora se lo había puesto francamente fácil. En el actual momento de crisis y recortes presupuestarios, Pepiño se encuentra con la patata caliente de Aena y su absurda gestión entre las manos y, fiel a sus métodos goebbelsianos, para suplir la carencia de ideas no encuentra expediente más directo que señalar un nuevo culpable: el colectivo de los controladores aéreos. Como el PP en su anterior desempeño, los controladores son (injustamente) ricos, improductivos y -no lo duden- también disfrutan torturando mascotas, por obra y arte de la maquinaria propagandística del zapaterismo. Causa sonrojo comprobar cómo medios como ABC (quién te ha visto y quién te ve) o Telecinco se pliegan a las necesidades propagandísticas del ministro y le hacen el juego publicando los salarios de los controladores conforme a tablas manipuladas, presuntamente filtradas desde Fomento con el fin de desprestigiar al colectivo. Estos medios han insistido en presentar como normal lo excepcional: casos especialmente notorios de controladores que trabajan en dependencias muy sobrecargadas, que acumulan muchos turnos extra, que ostentan cargos directivos en Aena, que cobran dietas por conceptos varios... Sé de primera mano que la gran mayoría de los controladores aéreos no cobran, ni de lejos, las cantidades astronómicas que se están publicando (indignante la consigna de anteayer, por su falsedad y su intrínseco deseo de hacer daño: "No hay derecho a que algunos controladores cobren 900.000 euros al año"). Pero es que, además, el ministro de Fomento no es quién para cuestionar los sueldos de un personal muy altamente cualificado (no vamos a entrar en comparaciones entre controladores y ministros), que pasa por un proceso de selección durísimo y un primer destino que en muchos casos supone la separación familiar durante años, que soporta a lo largo de su vida profesional una tensión objetiva que convierte el infarto cerebral en enfermedad laboral característica del gremio y que eleva la tasa de divorcios en el mismo a niveles estratosféricos... Y no cuestionar, por ejemplo, los sueldos elevadísimos e igualmente detraídos del bolsillo del contribuyente, la productividad irrisoria y el nulo estrés que caracterizan la actividad de consejeros políticos de cajas de ahorros y empresas estatales, asesores de La Moncloa, estrellas de sobremesa de la telebasura pública, diputados de parlamentos autonómicos paralizados por la corrupción como el de Baleares, directivos de televisiones autonómicas, etc., a quienes Pepe Blanco tendrá mucho más a mano para aconsejarles austeridad.

También se ha difundido que los controladores están en huelga de celo. Quien conoce el mundo aeronáutico sabe que si los controladores se hubiesen empeñado solamente en observar de manera estricta sus obligaciones laborales, el caos en determinados aeropuertos en estas Navidades hubiese sido mayúsculo. Se han presentado ciertas bajas por enfermedad de controladores como artificiales, supuestamente solicitadas con el fin de crear problemas durante las fiestas, obviando el hecho de que las bajas respondían a lesiones e intervenciones quirúrgicas reales y se habían notificado con meses de antelación, y que el sindicato de controladores, USCA, había advertido a Aena de que su mala planificación del personal iba a generar demoras, sin que la empresa haya reaccionado hasta la víspera del problema. Soy testigo de que, con cierta frecuencia en los últimos tiempos, algunos pilotos han justificado ante sus pasajeros las demoras "debidas a la huelga de controladores"; debe ser casual que las compañías aéreas, amenazadas sutilmente por Fomento con una subida de las tasas si no se reducen los gastos por otro lado, compartan el interés de Blanco por señalar culpables fuera de su casa. El motivo real de que en las fiestas no se hayan cubierto ciertas posiciones es la pésima gestión de los turnos por parte de Aena y su nula consideración de las advertencias de USCA; los controladores, que siempre están dispuestos a cubrir el servicio con turnos extras si son necesarios, en Navidades tienen sus planes familiares ya cerrados y -como haría cualquiera- no aceptan extras sobrevenidas en 24 horas que podrían haber sido planificadas adecuadamente y con la antelación suficiente por una empresa bien gestionada y que no tuviese intención de presionar en la negociación colectiva. Aena, además, ha decidido recortar drásticamente y sin un estudio serio la planificación de turnos extras a partir del 1 de abril; desde aquí les pronostico para entonces, como por otra parte USCA ya ha advertido a la empresa sin resultado alguno, un grado aún por determinar de caos aeroportuario y un recrudecimiento de la campaña de Fomento contra los controladores aéreos, que nuevamente serán presentados como huelguistas y culpables.

Porque igualmente se acusa a los controladores españoles de improductivos y caros en comparación con sus colegas europeos. Lo que pocos saben es que la comparación se hace teniendo en cuenta criterios diferentes en uno y otro caso, despejando la productividad desde factores que nada tienen que ver en un caso y otro, y que si los criterios empleados fuesen los mismos para todos la productividad de los controladores españoles se demostraría de las más altas de Europa: se están pesando fresas y melones por unidades, para afirmar que las fresas pesan demasiado poco. Por último, se acusa a los controladores de bloquear la formación de nuevos profesionales con el fin de seguir acumulando y cobrando extras, lo cual es rotundamente falso: hace año y medio que USCA solicita de la empresa nuevas promociones de controladores y Aena se niega, seguramente porque su prioridad es ahorrar en formación y prefiere negociar desde la posición de fuerza que está obteniendo mediante el juego sucio. No es el momento de comentar los casos de persecución que presuntamente se están dando en algunas dependencias de control con el fin de ablandar a los profesionales, y que algunos califican ya de mobbing.

Frente a esta campaña de proporciones desmedidas, el sindicato USCA no ha reaccionado con la contundencia comunicativa necesaria para contrarrestar la omnipresencia del ministro y sus voceros en la prensa, tal vez en el ejercicio de la responsabilidad que se le ha de suponer cuando lleva cinco años intentando negociar un nuevo convenio laboral sin éxito, pero también sin haber recurrido nunca a la huelga; un convenio en el que USCA pretende reflejar mejoras en la seguridad del servicio y no en los sueldos. Sin embargo, algunos medios como Canarias 7, Onda Cero o El Confidencial sí han enumerado y comentado algunas de las deficiencias que plagan el servicio de control aéreo español: irresponsables recortes en los gastos de seguridad y mantenimiento de las instalaciones, falta de homologación de ciertos equipamientos indispensables para la seguridad en los aeródromos, suspensión de las actividades formativas y, en resumen, una gestión lamentable y una enorme confusión en las prioridades por parte de Aena, que durante muchos años ha preferido gastar dinero en que haya aeropuertos en -por ejemplo- Santander, Bilbao, Burgos, Vitoria, Logroño, San Sebastián y Pamplona (conforme al delirio localista generalizado en España, que no obstante debería permanecer ajeno al diseño de las inversiones estratégicas), o en construir terminales faraónicas pero de nula rentabilidad, o en dietas millonarias para ejecutivos de Aena...

No cabe duda de que el servicio español de gestión del tránsito aéreo necesita una revisión, máxime ante la cercanía del Cielo Único Europeo: parece razonable defender que no deban tener la misma categoría laboral quienes controlan ruta, aproximación y aeródromo, o que no la compartan los profesionales de Barajas y los del aeropuerto de La Gomera, por ejemplo. De todo ello habrá que hablar en una mesa de técnicos. Pero exagerar los sueldos de unos profesionales para a continuación demonizarlos y así preparar el terreno de la negociación colectiva es abiertamente inmoral y abre heridas difíciles de cicatrizar. Tal vez el ministro no haya previsto la zozobra que con su campaña ha introducido en las vidas de los controladores que trabajan en los aeropuertos del País Vasco y Navarra. Nos comentan desde allí que estos trabajadores, gracias a las irresponsables informaciones publicadas, se encuentran sujetos de pronto al miedo a ser extorsionados por ETA, como ya les sucede a otros colectivos vascos. Más allá de esto y como consideración general, es triste que el esfuerzo de un ministro se dirija a que cunda en la sociedad el convencimiento de que un colectivo cobra un dinero excesivo e injusto, sólo porque lo que antes estaba bien y se fomentaba desde la misma empresa (los turnos extra) hoy no conviene porque hemos despilfarrado el dinero y no nos llega. Es muy triste y, sin embargo, muy propio de la forma de actuar de un gobierno más partidario de lanzar balones fuera y de sacrificar chivos expiatorios que de alcanzar consensos. También -todo hay que decirlo- resulta indecoroso que Blanco utilice la máscara de Robin Hood para distraer al electorado de problemas reales como el paro, para los que su gobierno es incapaz de ofrecer soluciones.

Un magnífico resumen gráfico de la actividad de nuestro partido en 2009 nos lo aporta nuestro compañero Kiko:

Dos años después, aún me parece una aventura emocionante.

No es la primera vez que Guillem Rosselló se refiere a nuestra formación en términos negativos. Conste que en UPyD aceptamos de buen grado las críticas -somos un partido esencialmente crítico y aspiramos al voto crítico-, pero también nos agradaría que la crítica se hiciese sobre lo que verdaderamente decimos, y no sobre lo que algunos filibusteros de la opinión prefieren inventar que decimos. Y, sobre todo, siempre sobre los mismos argumentos, porque es francamente difícil defenderse cuando un mismo columnista -el señor Rosselló, sin ir más lejos- nos acusa un día de ser un partido comunista y al siguiente de ser la extrema derecha. Complicado.

En su reciente artículo "Rosa Díez o la visión sesgada de España y de la democracia" (Última Hora, 27-11-09), arremete contra UPyD atribuyéndole indefinición: "Después de leer y reflexionar [sic], uno no puede definir si Rosa Díez es de izquierdas, del PSOE del cual surgió, o de las derechas de las que trata de nutrirse". Yo le contesto gustosamente: UPyD no es de izquierdas ni de derechas, sino transversal. En nuestro partido militamos liberales y socialdemocrátas preocupados por la deriva sectaria y antidemocrática de nuestro país, una deriva de la que los mismos escritos del señor Rosselló son buena prueba. Ya, ya sé que despista un poco que unas veces votemos con el PP y otras con el Bloque Nacionalista Gallego, pero es que a nosotros sí nos gusta escuchar a todo el mundo sin juicios previos. Nuestra imperdonable peculiaridad es que consideramos a los ciudadanos capaces de pensar por sí mismos y de elegir en función de la oferta, y no de consignas sectarias. Es normal que el señor Rosselló no se aclare; o tal vez es que ni leyó ni reflexionó como dice que hizo.

Según el columnista, Rosa Díez alimenta "odio hacia las autonomías" y es una "líder preconstitucional" que "afirma que todo el poder del Estado debe estar en Madrid". No me extraña que le parezca una "visión sesgada de España": a mí también me lo parecería. Pero, fíjense, desde su Manifiesto Fundacional (2007), UPyD ha defendido la mejora del Estado de las Autonomías y, en particular desde la ponencia política aprobada en nuestro I Congreso el pasado 21 de noviembre, definimos nuestro modelo de Estado como federalismo cooperativo: apreciamos tanto la descentralización que somos el único partido nacional que defiende el federalismo para España. Cosa bien distinta sería que, como tal vez le gustaría al señor Rosselló, cuestionásemos la unidad de la nación; pero no: para nosotros la unidad de España es incuestionable, y el federalismo sólo la mejor fórmula para asegurarla, por medio de un catálogo de competencias cerrado constitucionalmente que enumere qué competencias son de las comunidades autónomas -de todas por igual- y cuáles del Estado, de manera que ninguna desgraciada conjunción de un gobierno central sin sentido de estado y ciertos localismos desleales -como sucede hoy- pueda poner cada año las competencias y la solidaridad sobre el tapete a cambio de, por ejemplo, votos para los presupuestos generales. Pero nuestro federalismo declarado le da igual al señor Rosselló, que habla de un "nacionalismo rancio" que le recuerda, no podía ser de otra manera, al franquismo y sus "genocidios culturales" [sic], así como a "otro fascismo: el del partido Único o el de aquellos reinados medievales en el que sólo tenían la palabra los nobles". Sin comentarios.

¿Qué decir ante semejante falta de rigor? Se me ocurre lo siguiente: que el señor Rosselló es uno de los ejemplos más palmarios del periodismo basura de que tengo noticia en los últimos años. Al servicio no se sabe bien si de su propio sectarismo y su ignorancia o, por el contrario, de los de alguien muy interesado en que UPyD no prospere, cada una de sus líneas es un embuste o nace del desconocimiento de la realidad que dice comentar. Cualquiera de los dos supuestos lo descalifica como periodista, y seguramente certifica el miedo cerval que algunos sectores políticos empiezan a experimentar en Baleares desde que una opción progresista y ciudadana como es la de UPyD amenaza con modificar el equilibrio de fuerzas en la política local. Ánimo, señor Rosselló: siga haciendo esto que usted llama opinar. Tal vez prefiera usted seguir confiando en la honestidad y el progresismo de partidos como UM, PP o PSIB, que sin duda no le parecerán rancios ni franquistas ni genocidas... Si es que los jueces dejan alguno en pie al cabo de esta legislatura. Anímese, que no damos tanto miedo.

El hecho de que doce diarios catalanes hayan publicado hoy un editorial común titulado "La dignidad de Cataluña", con el fin de presionar al Tribunal Constitucional en favor de una sentencia sobre el Estatut que resulte próxima a los postulados nacionalistas, ha sido presentado como algo insólito y, desde luego, por lo que se refiere a sus precedentes, lo es. No obstante, que sea insólito no impide que haya supuesto una reacción perfectamente previsible.

El texto intenta deslegitimar primero al TC, dado que de los diez miembros con derecho a voto en este caso (uno falleció y otro está recusado), cuatro trabajan bajo prórroga por no haberse puesto de acuerdo los partidos políticos para su sustitución. En UPyD hemos denunciado la politización y la consiguiente falta de operatividad del procedimiento de cobertura de vacantes al TC; pero la única manera de cambiar lo que no nos gusta del sistema, que es mucho, es la reforma política y, en particular, la reforma constitucional, y ésta tiene sus requisitos. Mientras tanto, sólo podemos librarnos de la arbitrariedad si todos respetamos las normas que son para todos. Cuestionar la legitimidad del Tribunal, y en un momento tan delicado, es de gran desfachatez e irresponsabilidad política; pero cuestionarla sólo cuando sus sentencias no nos gustan, y no hacerlo cuando nos van bien, es de una indigencia intelectual deplorable, o bien de una mala fe que insulta a la ciudadanía y, en particular, a los lectores.

No contento con despreciar al TC, el editorial se permite establecer qué es progresismo y qué democracia: "el dilema real es avance o retroceso"; "está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición". Es cierto que muchos, dentro y fuera de Cataluña, creemos que está en juego el espíritu de la Transición; pero no precisamente por defecto, sino por exceso: el estado autonómico ha perdido de vista referentes como la solidaridad y la igualdad, y de la sentencia del TC depende que demos pasos hacia la desvertebración de España y la definitiva desigualdad entre sus ciudadanos o bien la contengamos.

Muy grave es la relativización de las leyes que se desprende de párrafos como aquél en que se indica que "no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia". Presentar la prudencia y la garantía de que todos serán tratados por igual ante las leyes como valores enfrentados, como si la una pudiera ser sin la otra, es, sencillamente, contrario al estado de derecho. Que el TC antepusiese la conveniencia política a la interpretación rigurosa de la norma entraría de lleno en la categoría del golpe de estado institucional, y que doce rotativos lo propongan es demagógico y, por tanto, inmoral. Pero más grave es aún la llamada al desacato implícita en frases de tono amenazante como "estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa". O: "Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable". Por mucha apelación que se haga a la responsabilidad, ¿qué cabe interpretar cuando desde las páginas de un diario se anima a la población a "responder" contra una sentencia emitida por la institución constitucionalmente llamada a emitirla y con arreglo a la ley en fondo y forma? Hoy Jorge de Esteban ha argumentado en El Mundo la presunta comisión de un delito de usurpación de atribuciones por parte de las autoridades autonómicas catalanas (art. 508.2 CP). Abundando en esta vía, a mi juicio, si como consecuencia del editorial hoy publicado se produjeran tras el dictamen del TC desórdenes públicos, sería oportuno considerar la aplicación a los responsables del texto del art. 545 CP y siguientes, que hablan de inducción, provocación o proposición para la sedición. Por no hablar del art. 118 de la Constitución, que obliga a todos a cumplir las sentencias de los tribunales... Pero la actitud del Gobierno no permite esperar actuación alguna por parte del Ministerio Fiscal en defensa de las instituciones. El mismo Rodríguez Zapatero, preguntado por el editorial que comentamos, se ha conformado con sonreír, afirmar que se trata de una manifestación de la libertad de expresión y asegurar que lo había leído con gran interés. Otro que no fuese un botarate habría fruncido el ceño y contestado lo siguiente: "La independencia del TC es sagrada, y quien la toque se las verá con este Gobierno en los tribunales".

Todo esto no traerá seguramente más consecuencias que el consabido folclore independentista, porque el seny de los ciudadanos catalanes supera con mucho el de su impresentable clase dirigente. Pero no deja de ser triste que el discurso público catalán se haya apartado de la razón y del interés común para defender exclusivamente el de los nuevos caciques autonómicos y sus clientes. Los mejores pensadores catalanes de nuestra hora (Félix de Azúa, Albert Boadella, Alejo Vidal-Quadras, Arcadi Espada) se han situado hoy explícitamente contra algo que ya no cabe calificar más que de régimen. La política catalana actúa al margen de su ciudadanía.

Hay que recordar que, pese a una encendida campaña ampliamente sufragada con dineros públicos y amplificada desde las instituciones, la participación en el referéndum celebrado en su día para la aprobación plebiscitaria del controvertido Estatut fue tan escasa que, frente al 90% de los parlamentarios catalanes que había apoyado el proyecto, no más de un tercio de los catalanes manifestaron su inclinación hacia el mismo. Ante tan palmaria desvinculación entre políticos y ciudadanía (los catalanes tienen problemas que nada tienen que ver con la nacionalidad), la prensa del Principado opta por los políticos. Pero no hay que extrañarse: conviene recordar en este punto, como hoy ha hecho Albert Rivera, quién paga los sueldos y los beneficios en los medios periodísticos catalanes: los mismos políticos nacionalistas que han promovido todo este tremendo disparate. Todos los diarios que suscriben tan digno editorial -todos- reciben subvenciones y publicidad institucional que, en la mayor parte de los casos, resultan imprescindibles para su supervivencia. El editorial, por tanto, no sólo es irracional e injusto: además está titulado sin ningún acierto, porque de lo que habla este texto no es de la dignidad de Cataluña, sino de la indignidad de algunos catalanes que prefieren mantener poltronas y mamandurrias a costa de la libertad y de la información que merece su ciudadanía. El problema de la prensa en España, genuflexa ante los poderes autonómicos vía subvención, en Cataluña se agrava notablemente debido al ingrediente identitario. Todos debemos aprender mucho del irresponsable editorial de hoy, y actuar en consecuencia.

Satisfecho por los resultados de la primera campaña, desarrollada en mayo pasado, la Consejería de Innovación, Justicia e Interior del Gobierno de las Islas Baleares ha puesto en marcha su segunda campaña de sensibilización para el uso de sistemas de seguridad para menores en vehículos de motor, a través de su Dirección General de Interior y del Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares. Además de las charlas impartidas en colegios por policías tutores, la iniciativa se basa en el reparto en los centros educativos de un folleto destinado a los padres de los alumnos. El objetivo principal de la campaña, muy loable, es el de "reducir al máximo las conductas de riesgo en la conducción"; se dirige "a los padres y responsables de los menores"; entre sus finalidades se encuentra la de "sensibilizar a los responsables de los menores del uso de los sistemas de seguridad homologados y evitar, así, posibles accidentes"; y uno de los motivos aducidos para llevarla a cabo es que "la prevención de conductas peligrosas ha de comenzar en los núcleos educacionales más próximos a los menores, como el entorno familiar y el centro escolar". Hasta aquí, nada que objetar en cuanto a objetivos, destinatarios, finalidades y motivaciones, sino todo lo contrario: elogios por la iniciativa. Si todo ello es como se declara, no obstante, nos surge automáticamente una pregunta: ¿por qué la campaña se desarrolla sólo en catalán?

Desde instancias oficiales se ha arrinconado el uso de la lengua española con tanta insistencia que la pregunta parece baladí; pero no lo es. Por mucho que sea injusto que la lengua vehicular en los colegios sea sólo una de las dos oficiales, sabemos que lo es por ley. No obstante, dada la finalidad declarada de la campaña, ¿no pudieron preguntarse la multiconsejera Pilar Costa y el director general de Interior, Sebastià Amengual, si para alcanzarla no habría sido más conveniente editar folletos bilingües? Si los padres receptores del folleto monolingüe no entienden su contenido, ¿no se incumple la finalidad de sensibilización en el "núcleo educacional más proximo" que es la familia? Veamos sólo un ejemplo: unos padres de origen vasco (o murciano o colombiano) con hijos escolarizados en la red pública de colegios, que trabajan y pagan impuestos en Baleares y a todos los efectos están sometidos a la legislación y los reglamentos de Baleares, ¿no tienen derecho a recibir servicio de las autoridades de Baleares si su lengua materna, además de oficial y común a toda la nación, es el español? Cuando una persona de las características aludidas recibe el folleto correspondiente a la mencionada campaña, necesita hacer un esfuerzo adicional para entender lo que en él se aconseja, si es que puede llegar a entenderlo. Por lo tanto, no recibe servicio de la Administración en igualdad de condiciones con respecto al ciudadano catalanohablante que sí ve justamente satisfechos sus derechos: es, por consiguiente, un ciudadano de segunda.

Si los responsables de la campaña ignoraban esta posibilidad, deben dimitir por incompetentes. Si no la ignoraban pero consideran que la principal misión de las autoridades de las Islas Baleares es forzar a sus habitantes a aprender catalán, y colocan este objetivo general por encima de los que marcan el sentido común y la propia iniciativa de sensibilización, deben dimitir por sectarios. Si la consejera Costa y el director general Amengual, en fin, no entienden que las lenguas están al servicio de la comunicación y sin este sentido no tienen ningún otro; que ni el catalán ni el español pueden estar por encima de las necesidades formativas y de seguridad de los ciudadanos; y que es una grave irresponsabilidad poner en riesgo a un solo menor porque sus padres no hayan entendido la información que se les da en una lengua que desconocen, siendo la suya igualmente oficial, entonces, sin ningún género de duda, deben dimitir por indignos. Nada nos sorprende ya, dado que toda la señalética en nuestras calles es monolingüe, incluso en casos en que no entender las instrucciones supone un riesgo para el usuario, o bien una sanción evitable sólo con haber entendido un texto. Pero no podemos dejar de insistir en lo absurdo de que en pleno siglo XXI inspire la acción de nuestros gobernantes una mitología identitaria de estirpe herderiana, enemiga de la razón y de la eficacia y que en cualquier otro lugar de Europa estaría perfectamente clasificada como de extrema derecha: sobran los ejemplos. Mientras haya ciudadanos de segunda en España, mientras haya españoles cuyo derecho a la seguridad -o a la educación, o al trabajo, o a la sanidad- se considere menos importante o se proteja menos que el de otros con motivo del idioma que hablan, sea éste el que sea, seguiremos denunciándolo.

Bajo el título "Berlusconi a la balear" publica el señor Miquel Payeras una columna (UH, 10-10-2009) en la que advierte del riesgo de que, ante el descrédito de Zapatero por su gestión y de los políticos en general por el fenómeno de la corrupción, aparezcan "formaciones antisistema". "Ante el hundimiento de la credibilidad de los partidos políticos institucionales, los demagogos acechan", afirma en un ladillo. Según él, Baleares sería campo abonado para "salvadores" que "encanten suficiente gente como para sacar cabeza en las instituciones". Los "acomodados políticos institucionales" serían responsables de crear "las condiciones para que nazca [un Berlusconi] a la balear". Y todo ello lo encarna en el fenómeno UPyD.

El señor Payeras debe pertenecer a esa raza privilegiada de periodistas con acceso a la ciencia infusa; porque, si no, no se entiende que haya formado opiniones tan firmes acerca de UPyD, dado que el número de veces que se ha dirigido a miembro alguno de UPyD con el fin de contrastar sus prejuicios con la realidad es exactamente cero. ¿Se cree el señor Payeras con derecho a insultar a los cientos de miles de ciudadanos españoles que ya en varios comicios han depositado su creciente confianza en Rosa Díez y su partido, máxime cuando, según nuestras evidencias, salen hasta el momento del sector más liberal, más instruido y más informado de la sociedad española?

En algo estamos de acuerdo: los políticos tradicionales son responsables del enorme deterioro de nuestra democracia. En lo que no coincidimos es en la solución: ¿quién nos ha de sacar del lamentable estado de cosas en que nos encontramos? ¿Esos mismos políticos profesionales que recuestan sus poltronas en el derroche público y en corruptelas que intentan disimular con la complicidad de todos los partidos que el señor Payeras llama "institucionales", y que pretenden no cambiar nada mientras puedan seguir ordeñando el sistema? ¿O más bien un partido de voluntarios de la política que propone, por ejemplo, la reforma electoral y las listas abiertas para que todos los votos valgan lo mismo y los elegidos respondan de su actuación ante el ciudadano y no ante su ejecutiva; la limitación de permanencia en los cargos; la elección directa de cargos unipersonales como alcaldías y presidencias autonómicas; la reforma del poder judicial y de la fiscalía para posibilitar su independencia con respecto a los partidos; la reforma de la educación para forjar ciudadanos de provecho y trabajadores cualificados en empresas competitivas; la igualdad de derechos de todos los españoles...? ¿Estos objetivos son demagógicos, son antisistema? ¿O son más bien expresión del sentido común que reside en una gran mayoría de los españoles y que ningún partido a excepción de UPyD había ofrecido? ¿No son mucho más nocivos para el sistema los partidos que toleran que una banda de trapisondistas de medio pelo a la que hasta anteayer criticaban por corrupta arbitre a su antojo la política (por llamarla de algún modo) local, insular y autonómica, llegan a venderle lo que sea necesario con tal de permanecer en el poder y llaman a eso "pacto por la gobernabilidad"?

¿No serán demagogos más bien quienes prefieren la pervivencia de un sistema viciado a que un movimiento cívico lo reforme para que funcione? ¿A qué tiene miedo el señor Payeras? ¿Por qué, según él, UPyD "encanta" a unos votantes supuestamente incautos? ¿Es acaso mejor el procedimiento de comprar el voto mediante prebendas y subvenciones? ¿Armengol y Antich no siguen honrando a ciertos piratas de la política, pese a todas las deslealtades, con la dignidad inmerecida de interlocutores y socios? ¿No es cierto que el gobierno de Baleares lleva dos años vegetando sin más influencia sobre la sociedad y la economía de las Islas que su enorme y prescindible despilfarro y un lamentable ejemplo de cómo no se hacen las cosas? ¿Por qué los grandes empresarios, los profesionales de prestigio, los líderes de la sociedad civil, como los ciudadanos en general, expresan en privado el enorme desprecio que les inspira una clase política balear mediocre, carente de ideas y de escrúpulos, con la que tienen que lidiar a diario? ¿El espectáculo que los partidos del Pacte están dando estos días es a ojos del señor Payeras más digno, menos berlusconiano que el diario y silencioso trabajo de UPyD? ¿Tiene que tener UPyD algún complejo ante semejante panorama?

Que un columnista se permita tildar a UPyD de partido demagógico o antisistema, por haber osado proponer -con convicción, desde el más riguroso respeto a los principios democráticos y en consonancia con la sensibilidad de una enorme número de ciudadanos- la remoción de una casta política reprobable y la reforma de unas instituciones que no funcionan, tiene tanto fundamento como que yo llame a cualquier columnista que me fastidie plumífero paniaguado: ninguno. Lo que sí tiene sentido es que se debatan las ideas, y no las etiquetas, y así invito al señor Payeras a hacerlo. Pero para debatir hace falta que dos quieran. Descalificar es mucho más fácil.

Los ciudadanos asisten atónitos al espectáculo que estos días da el Partido Popular de Baleares frente a la circunstancia de tener que elegir un presidente para su agrupación palmesana. En pocas palabras: uno de los candidatos quiere que voten todos los afiliados y el otro defiende que los afiliados escojan una serie de compromisarios y éstos a su nuevo líder. También en pocas palabras: el sufragio universal libre garantiza que los afiliados manifiesten su voluntad sin intermediarios, mientras que el sistema de compromisarios favorece que la cúpula de un partido tergiverse esa voluntad colectiva mediante el cambalache de prebendas entre individuos y familias territoriales y/o clientelares, de modo que la cúpula pueda controlar el desenlace de las elecciones a través del viejísimo procedimiento del do ut des. Entre el método de los compromisarios y el aplicado recientemente por el PP de Calvià, en el que todos sus afiliados han podido expresar su deseo y verlo cumplido, el ciudadano sí sabe muy bien cuál es el más democrático.

Pero, al fin y al cabo, uno contempla estos hechos como lo que son: anécdotas de un partido ajeno (a uno mismo pero también a la ciudadanía) que no va a mudar sus modos si no es por conveniencia coyuntural. También el PSOE ensayó en alguna ocasión las elecciones primarias, pero hay que decir que los políticos profesionales se desengañaron muy pronto de aquella novedad: no garantizaba a la cúpula dirigente un control suficiente de todo el proceso. Hoy, el sufragio universal, las listas abiertas y la participación son en los partidos tradicionales sólo un recuerdo -si acaso lo son- en todos sus niveles y estructuras territoriales. Los ciudadanos conocen la exigencia constitucional de que los partidos tengan un funcionamiento interno democrático, pero muchos se han resignado a que en esto, como en tantas otras cosas, la Carta Magna sea papel mojado.

Por ello llama tanto la atención el poco eco, tal vez debido a una incredulidad lógica, que recibe el proceso electoral iniciado este mes en Unión Progreso y Democracia con motivo de la celebración a finales de noviembre de su primer Congreso, en el que se renovarán todos sus órganos y se enmendará y definirá la ponencia política que orientará su acción al menos en el próximo trienio. En muchos lugares de España se han celebrado ya elecciones para delegados a ese Congreso, y en breve se cierran a nivel nacional y se publicarán sus resultados. Los militantes de UPyD han leído las propuestas de los candidatos, los han escuchado en asamblea y han escogido mediante listas abiertas y voto secreto a los que de entre ellos han merecido mejor su confianza. Fue enormemente satisfactorio escuchar en la asamblea que a tal efecto se celebró en Palma el pasado fin de semana a algún militante cuando pedía una papeleta para sustituir la que traía ya rellena de casa, "porque he escuchado a esta chica y me ha gustado mucho". Democracia en estado puro, con consecuencias impensables en los partidos viejos, como la sorprendente elección de alguna candidata prácticamente desconocida entre la militancia, sólo gracias al poder de las ideas y de la persuasión. Consecuencias impensables en unos partidos en los que la espontaneidad, la sinceridad y la apelación a los principios y no al interés como motor del sufragio pasaron a mejor vida ya hace demasiados años.

Las listas abiertas son sólo una de las medidas que UPyD propugna para promover una mayor calidad de nuestra democracia, junto con la sustitución de la circunscripción provincial por la autonómica o, como defendemos muchos, por la circunscripción única que se corresponde con el carácter nacional del Congreso de los Diputados, medidas que respectivamente permitirían una mayor autonomía de los representantes electos con respecto a las ejecutivas partidarias y, por tanto, una selección más democrática; y la igualdad efectiva de todos los votos, de manera que fuese imposible que, como sucede hoy, el PNV multiplicase por seis el número de escaños de UPyD habiendo recibido menos votos. La superación de esa democracia pobre, meramente formal, alcanza todos los niveles internos del partido: en nuestro Congreso de noviembre, los delegados elegirán por el mismo procedimiento de lista única abierta a los 150 militantes que formarán en adelante nuestro órgano deliberativo, el Consejo Político, sin que a estos efectos sea relevante la comunidad de procedencia de los candidatos, como creemos que corresponde a un órgano nacional. Todos los afiliados, y no sólo los delegados asistentes al Congreso, votarán mediante sufragio electrónico directo al equipo que dirigirá el partido en los próximos años desde el Consejo de Dirección, a través de tantas candidaturas como los afiliados deseen, pues, a diferencia de lo que sucede en otros partidos, en ninguna de las fases de esta renovación orgánica se exige a los aspirantes firmas ni aval alguno. Resulta evidente la diferencia con los procesos pseudoelectorales en los partidos viejos, que casi invariablemente se resuelven a voluntad de sus respectivas cúpulas mediante la designación directa o la mediatización por compromisarios. Tan evidente que la mera posibilidad de que cunda el ejemplo hace que algunos prefieran silenciar o desvirtuar los hechos. Pero los hechos son tozudos, y quienes nos embarcamos hace ya dos años en esta aventura de regeneración democrática, también.

[por Juan Luis Calbarro y Julián Ruiz-Bravo]

Cuenta Simon Ward en su libro Chester. A History que en 1849 el reverendo William Massie fundó en aquella ciudad del norte inglés la Sociedad Arquitectónica, Arqueológica e Histórica. Además de recopilar restos romanos y promover la restauración del hermoso entramado urbano de la ciudad, Massie se esforzó por extender la afiliación a la entidad, además de los arqueólogos, clérigos y arquitectos de rigor, a damas, tenderos, oficinistas y artesanos. Aquellos ciudadanos, que entendieron la creación de un centro investigador como un importante activo para su comunidad, financiaron con sus cuotas una aventura que llega hasta nuestros días. La consecuencia es que Chester es hoy una de las ciudades del mundo que mejor han puesto en valor los restos arqueológicos de que disponen, convirtiéndolos en el eje de una magnífica política urbanística y una mejor política turística. Chester es una ciudad próspera gracias a la pujanza de su sociedad civil.

En España, el asociacionismo es una suerte de ventanillismo cutre: una aventura que sólo se emprende si hay perspectivas de ordeñar el erario público. ¿Que uno quiere fundar una sociedad arqueológica? Pues antes de nada habla con el concejal y con el consejero del ramo para saber si la financiarán. ¿Que queremos montar una asociación de vecinos o una ONG? Pedimos subvenciones. ¿Sindicatos? El Estado se ocupa, vía "cursos" y subvenciones varias... ¿Que uno quiere organizar una patronal? Pues, paradójicamente en organizaciones que suelen alardear de liberalismo, igualmente consideran a las administraciones públicas obligadas a proporcionarles "ayudas". ¿Que hay que hacer teatro? Pues a las administraciones les piden dinero -en forma de becas, premios o subvenciones- el autor, la compañía, el dueño del local, los montadores y hasta el público por ir a verlo, porque todo el mundo da por hecho que la cultura, sin dineros públicos, no sobrevive. ¿Que uno quiere publicar un diario? Hay que muñir la publicidad institucional. ¿Que uno quiere, en general, ganarse la vida? En España contamos el doble de funcionarios que en Alemania, pese a que ésta duplica la población de nuestro país: es una manera de subvencionar la existencia, aunque sea a costa de la eficacia y de la libertad.

El penoso resultado es que, en España, las asociaciones no pueden liderar ni defender nada digno, y que una buena parte del tejido empresarial está imbuido del mismo espíritu. Las asociaciones vecinales y las oenegés están fuertemente politizadas, es decir, son esclavas de los partidos que corren con los gastos. El teatro y el arte en general (no hablemos del cine) están en absoluta decadencia, porque en lugar de seguir el buen ejemplo anglosajón persistimos en el muy mediterráneo error del mecenazgo a la romana y las loas al cacique; la mayor parte de los artistas son seres perfectamente lejanos al libre pensamiento, y a veces incluso al pensamiento. De los sindicatos qué les vamos a contar que no sepan todos los españoles: nadie cree ya que defiendan los intereses de los trabajadores, como sin duda se preocuparían de hacer si dependiesen exclusivamente de las cuotas de sus afiliados... Y de la prensa sabemos que sirve los intereses de los grandes grupos mediáticos y, por tanto, de los partidos que conceden televisiones, radios y publicidad institucional. Caso aparte es el de las editoriales en catalán, vasco y gallego, que han renunciado por entero a los ingresos procedentes de sus nulas ventas a cambio de pingües subvenciones, porque -salvo excepciones- han preferido el negocio cutre de editar en catalán al pundonor profesional de editar calidad; como si lo uno fuese incompatible con lo otro. Y especialmente sangrante el de las asociaciones de "defensa de la identidad" como la Obra Cultural Balear y demás parásitos que recaudan los dineros del Estado para combatirlo, con la complicidad de nuestros políticos autonómicos y locales de todos los partidos. España es un país inexplicable. ¿Y adónde puede ir a parar España con este panorama disparatado? Resulta evidente que al estado vegetal que tanto conviene a nuestros socios y rivales europeos. Es necesario ponerle de una vez por todas la tapadera a este terrible pozo sin fondo porque, aparte el ingente gasto que hace descansar sobre las espaldas de los contribuyentes, ha demostrado escasos resultados adicionales.

La fe en este simulacro de asociacionismo, cuya única eficacia real se refiere a la correcta canalización de las prebendas, tiene mucho que ver con la religión; dejar, por tanto, de justificar semejante océano de subvenciones, absolutamente impropio de las sociedades fuertes que confían en sí mismas, debe formar parte de cualquier aproximación laica a la política. Y la sangría que supone para los bolsillos de los contribuyentes podría detenerse si un gobierno sin complejos tomase sólo unas pocas determinaciones: primero, la de que toda organización que solicite subvenciones justifique previamente una autonomía financiera fuera de duda; segundo, la de que toda subvención se limite a un porcentaje a estudiar (tal vez un tercio como máximo, y con las excepciones que el sentido común determine) del coste total del proyecto subvencionado; tercero, la de que la ejecución de todo proyecto subvencionado sea objeto de inspección periódica (cierta y estricta, no el chiste que hoy muchas veces se les aplica en los ámbitos autonómico y sobre todo local) por parte de la administración implicada; cuarto, la de que ninguna subvención se justifique en virtud de la lengua vehicular del proyecto ni haga de ella requisito para su concesión, de igual manera que no se hace tal con la religión o la raza. La enorme cantidad de recursos que quedarían liberados en España si se procediese de esta manera permitiría costear desde las mismas administraciones centros de investigación y servicios sociales cuya efectividad sería muy superior a la de la abrumadora constelación de oenegés y otras mediocridades que padecemos.

El regidor d'Educació i Festes de l'Ajuntament de Mahó, Joan Carles Villalonga, ha insultat pública i repetidament a SAR la infanta Elena i a SM el Rei d'Espanya en una cançó que ben bé podria registrar-se com un dels més insignes monuments dels darrers temps a l'estupidesa i al mal gust. La presumpta cançó (he tingut la paciència d'escoltar-la i llegir-ne la lletra) és molt dolenta, però sobretot és grollera: paraules gruixudes per a la rialla fàcil i cap respecte. L'argument que justifica la injúria segons en Vilallonga i el seu col·lega Àlex Villeyra, que es declara coautor de la "broma", és que no existeix afany injuriós, sinó només jocós, i que tot això "entra dintre dels límits de la llibertat d'expressió". El PSM, formació a la qual pertany l'edil i "activista cultural", demana respecte a la seva "llibertat creativa".

Amb això es demostren diverses coses. Una, que a Espanya qualsevol pot arribar a regidor d'Educació. Una altra, que a Espanya injuriar públicament pot no ser ja delicte, sobretot si l'injuriat pertany a la família del Rei i l'injuriant a un partit separatista. En tercer lloc, que els fiscals a Espanya deuen tenir coses més importants que salvaguardar la dignitat de les institucions de la Nació i el dret a l'honor de les persones, de la mateixa manera que els responsables polítics ignoren quina cosa sigui això de la responsabilitat i dels compromisos adquirits amb tots els ciutadans. Finalment, que el sentit de l'humor dels nacionalistes és com el seu discurs polític: agressiu i excloent.

Tot i que, pel que sembla, tals antecedents i l'ús de la meva llibertat creativa i d'expressió en aquest text m'hi autoritzarien, em nego a qualificar públicament al regidor Villalonga en els termes que mereix: jo sí estimo el decòrum. Això sí: em sembla obligatori cridar-li grosser i irresponsable, a més de suggerir-li al batle de Mahó que, si en té cap de vergonya, ho destitueixi. [En español, aquí.]

Repasando una correspondencia vieja con un viejo amigo y correoso polemista, he encontrado una carta fechada en Zamora el 17 de abril de 2000 en la que replicaba a mi querido corresponsal, que me había reprochado mi abstención en las anteriores elecciones, en las que Aznar había conseguido su segundo mandato con mayoría absoluta. Los argumentos que entonces di a mi amigo para justificar mi renuncia al sufragio hoy me sorprenden por su actualidad e, incluso, me han emocionado un poquito porque me devuelven viva la voz de un elector frustrado -yo en este caso-, uno cualquiera de los muchos que ya hace una década repudiábamos esta falsa democracia y estábamos convencidos de la necesidad de un partido como el que hoy encarna UPyD. Transcribo a continuación lo más significativo de los párrafos que dirigí a mi amigo, sin añadirles nada:

"Votar hoy en Zamora (y en el resto de las circunscripciones no es distinto) significa que, aunque tú sepas que existen personas mucho más dignas, preparadas o, simplemente, simpáticas, tendrás que conformarte con votar a los tres caciquillos de una nómina exclusiva, perrillos falderos de la cúpula del partido que ésta ha colocado en listas cerradas y bloqueadas para agradecerles los servicios prestados y en la seguridad de que en las cámaras votarán al dictado y nunca molestarán a los que mandan, pese a saber que en Zamora todo el mundo, incluido algún juez que ya emitió sentencia, los conoce y conoce los negocios que llevan años haciendo a la sombra del poder o las putadas que han hecho desde sus empresas a los ciudadanos. Votar hoy significa que sólo las regiones con sensibilidad particularista y partidos que sepan manipular ésta tienen representación parlamentaria de facto como tales regiones, sobredimensionada además por el absurdo sistema de circunscripciones electorales provinciales. Votar hoy significa que el férreo control de los grupos parlamentarios por quienes designan a sus miembros se traduce en que los diputados y senadores no sirven a los ciudadanos sino a las cúpulas de los partidos [...]: la representación de los ciudadanos a que obliga la más elemental teoría constitucional no existe. Votar hoy significa que nada va a cambiar en el sistema político, porque para ser diputado hay que ser previamente designado candidato, y para ello hay que ser servil y no cuestionar demasiadas cosas (conoces la cita ya clásica en cualquier manual de teoría política contemporánea: “el que se mueva no sale en la foto”; y es certísima). Votar hoy significa aceptar campañas electorales despilfarradoras y destinadas a primates, votar sin debate previo, votar sin esperar que tenga consecuencias. Si algo significa votar hoy, será únicamente echar carburante a las máquinas de ganar votos de los partidos, satisfacer sus necesidades de cuota de poder y, en última instancia, hacer posibles los designios de [...] quienes directa o indirectamente financian a los partidos y controlan realmente su política, puesto que las promesas electorales no vinculan a los candidatos elegidos ni su compromiso lo es con la ciudadanía. ¿Acaso esto se puede llamar democracia? La voz del pueblo no llega a las Cortes. Votar hoy significa ser cómplice del asesinato de Montesquieu y aceptar un sistema viciado.

"Aún así, yo votaría si alguien [...] presentara en su programa un propósito de enmendar estos vicios, aunque no fueran todos ni la mayoría de ellos. A un partido que propugnase un nuevo sistema electoral en que se convocasen, mediante listas abiertas, elecciones por circunscripción única para el Congreso y por circunscripciones autonómicas para el Senado, para que la representación territorial fuese genuina, y del mismo modo y a escala para las elecciones regionales [...]; en que se exigiera por ley un funcionamiento democrático de los partidos y algo semejante a las elecciones primarias para elegir a los candidatos fuera obligatorio y vinculante; y en que los gastos electorales estuvieran muy limitados por ley y fueran absolutamente transparentes. Sí votaría a un partido que planteara una reforma de la Constitución para cerrar el diseño regional de España: un estado federal equitativo y solidario, con competencias fijadas y financiación preestablecida para el gobierno central y los autonómicos, para el Congreso y para un Senado realmente y no vergonzantemente autonómico; un estado, por tanto, no sometido a una permanente negociación que desangra el erario, impide el progreso de las regiones sin tribu nacionalista que toque las pelotas y, sobre todo, evita cerrar de una vez por todas un concepto de España consensuado y aceptado de buen grado por todos. A un partido que propusiera una separación real y no nominal de poderes: que no hiciese depender de las cúpulas de los partidos el nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial ni del fiscal general, ni tampoco de los miembros de las cámaras legislativas. A un partido que se replanteara las relaciones del Estado con la Iglesia [...]. A un partido que fijase sus objetivos no a nivel europeo y mercantil, sino global y solidario (no he dicho caritativo), y que encarase dignamente el problema de la extranjería. A un partido que cuestionase el consumismo que nos devora y que ensucia los fenómenos de masas con todo lo deleznable que rodea al fútbol y otros deportes [...] y a la televisión [...]. A un partido que, en fin, abandonara la conveniencia electoral inmediata y la hipocresía que ésta conlleva y asumiese la misión histórica de proclamar el reino de la Ética, de modernizar España desde sus raíces y de no conformarse con un barniz europeo y moderno que se cuarteará tan pronto como la economía marche peor que hoy.

"[...] Pero los partidos, por desgracia, medran en la partitocracia y dudo mucho que los políticos tradicionales vayan a hacerse el haraquiri en favor de la democratización del régimen. Yo no quiero un gárrulo mesías como Jesús Gil ni una revolución popular que no es posible ni conveniente. Quiero que un partido de gente moderada y eficaz (como son o podrían ser efectivamente las cúpulas del PSOE y del PP) renuncie al electoralismo y al juego del poder sin principios y desee de verdad dar un salto en la libertad política de los españoles. Lo que más me jode es que no estemos aprovechando un período de amplias libertades, de bonanza económica y de estabilidad política como nunca hemos disfrutado para formar a la ciudadanía en una democracia auténtica, desarrollar las reformas necesarias y apelar de forma inteligente a la solidaridad y no a la caridad; porque ahora nos adormece el bigotudo arrullo de las sirenas (“¡España va bieeeen!, ¡España va bieeeen!...”), pero cuando España vaya mal, todos nos daremos cuenta de pronto de que esto no es una auténtica democracia y entonces no habrá recursos ni paciencia para afrontar los cambios."

¿Es o no es sorprendente...?

De acuerdo con los planes del Ayuntamiento, la Avenida Picasso de Palma ha quedado intransitable. Lo han conseguido. En una zona donde se amontonan los colegios, los padres con carrito de niño o que quieran llevar un niño de cada mano lo tendrán difícil para pasar por la acera, lo mismo que una pareja que quiera ir cogida de la mano; porque no cabrán. No se podrá aparcar en doble fila a la hora del colegio, como se venía haciendo con la comprensión de la Policía Local, ni se podrá aparcar de ninguna manera en varios tramos; por todo ello, cientos de familias sufrirán trastornos insoportables. El carril bici cruza a menos de un metro de la salida de niños de infantil de San Cayetano, con peligro evidente. La masa de arbolado sano destruida por estos supuestos ecologistas ha sido enorme, por no hablar de que los minúsculos alcorques que supuestamente acogerán la vegetación que ha de sustituir los árboles arrancados invaden prácticamente el carril bici por un lado y la calzada por el otro, por lo que su mantenimiento tendrá que ser frecuentísimo y exhaustivo para que no estorbe el tránsito. Picasso es, por último, vía prioritaria de acceso para Son Dureta y para el cuartel de bomberos de Sa Taulera; no será la primera vez que un guardia corte el tráfico por ella para dejar pasar una ambulancia con urgencia... Ahora, en ciertos puntos será imposible apartarse.

La alcaldesa socialista y sus socios radicales creen que pueden modificar los hábitos de varios cientos de miles de personas a su voluntad. Ellos son los que saben cómo deben moverse los palmesanos por Palma y por tanto nos lo imponen sin consultar a nadie. En el barrio citado el asociacionismo vecinal es débil y nadie ha protestado muy alto; y si hubiera protestado alguna asociación de vecinos, el Ayuntamiento habría actuado como ha hecho en otras ocasiones: en vez de parlamentar, habría promovido (maneras hay) una asociación afín y habría desmontado la oposición pagando publicidad en los medios, como hizo antes de acometer la destrucción de la calle Blanquerna. Los ciudadanos deberían conocer la ínfima calidad de los llamados informes con que el Ayuntamiento documenta estas obras, encargados sin concurso público a empresas a las que pagan dinerales para que intenten dar un barniz técnico a sus empeños, duplicando funciones para las que el Ayuntamiento tiene en plantilla infinidad de funcionarios...

Algún día tendremos que pasarles la factura de todos estos desmanes. Porque nadie niega que el carril bici en abstracto es una idea atractiva; lo malo es querer imponerlo donde no es viable, a costa de la vegetación existente, sin que apenas existan usuarios potenciales pero perjudicando con toda certeza a miles de viandantes o conductores y, en definitiva, creando más problemas de los que resuelve. A diferencia de Amsterdam o Copenhague, Palma es una ciudad en la que apenas hay ciclistas, porque hay pendientes, reinan el calor y la humedad y la gente no puede llegar al trabajo con la ropa empapada de sudor después de echar el bofe subiendo y bajando ciertas cuestas. Pero, sobre todo, los ciudadanos agradeceríamos mucho que el Ayuntamiento consultase a los usuarios de las vías que pretende modificar. Los políticos buscan soluciones de consenso que se adapten a la realidad para mejorarla; los iluminados, en cambio, tienen su propia idea de cómo tiene que ser la realidad: ¿para qué van a reflexionar sobre cómo es realmente y sobre cómo desean sus habitantes que sea, si además éstos son unos ignorantes y seguramente todos de derechas? Eso sí: si alguien me dice que ha visto a Aína Calvo ir en bici por las mañanas al Ayuntamiento, le invito a unas cañas...

Un enlace con este episodio cómico (¿?) de la legislatura pasada...

El caso de Honduras es un caso ejemplar de confusión mediática. Es casi imposible saber con certeza todo lo que sucede en aquel país, porque tanto los organismos internacionales implicados como los medios de prensa (ha habido alguna excepción loable en el caso español: La Vanguardia) han caído en una dinámica maniquea que resulta difícil eludir. Y, sin embargo, todo esfuerzo invertido en aclarar la situación es poco, porque en ello se juega el futuro de los hondureños. Cuando el presidente Zelaya fue depuesto y expulsado del país, mi partido, UPyD, al igual que casi todas las fuerzas políticas españolas, condenó lo que los medios llamaron "golpe de estado" y pidió el restablecimiento del orden constitucional. Desde un primer momento me llamaron la atención dos cuestiones.

Primero, que una gran mayoría de comentaristas obviaban o minimizaban en su análisis el hecho de que Manuel Zelaya, haciendo caso omiso de los dictámenes y resoluciones en contra de numerosas instituciones públicas y privadas (Congreso de Diputados, Corte Suprema, Colegio de Abogados, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Tribunal Supremo Electoral, Comisión Nacional Anticorrupción, partidos políticos, Iglesia Católica, iglesias evangélicas), estaba resuelto a practicar una reforma constitucional que le permitiese repetir mandato contra lo establecido con todo rigor en la misma Constitución de la República de Honduras: "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública." Se trata de una norma que para los demócratas hondureños ha sido y es garantía sagrada. Hay que decir que Zelaya es un populista que ha pasado de defender las tesis de un partido conservador a echarse en brazos de Hugo Chávez, lo que sólo se puede explicar por un afán personal por permanecer en el poder y sus privilegios más allá del interés común (de sus juergas privadas a cargo del contribuyente se ha escrito mucho); y que muchos hondureños le hacen responsable del muy notable incremento del narcotráfico y de la delincuencia asociada en connivencia con el gobierno de Venezuela: según denuncias de la presidenta de la Cámara de Comercio, Inés de Zablah, avionetas y lanchas cargadas de droga procedentes de esta república han arribado a Honduras a diario durante el mandato de Zelaya. Pero poco de esto se ha comentado por extenso en la prensa.

En segundo lugar, llamaba la atención que las autoridades de los Estados Unidos condenasen una acción contra un títere de Hugo Chávez ordenada por el parlamento y el tribunal supremo hondureños y ejecutada por su ejército, cuya oficialidad está formada en la Escuela de las Américas, célebre por proveer a los países al sur de Río Grande de mandos militares pronorteamericanos. Resultaba inexplicable que el general Romeo Vásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras y exalumno de dicha escuela, diese semejante paso al margen de la embajada americana. Algo no encajaba, aunque desde que Estados Unidos ha ido manifestando una mayor equidistancia en el conflicto todo empieza a parecer parte de un plan, como aseguran opiniones de izquierdas.

De cualquier manera, los movimientos internacionales de apoyo a Zelaya son jaleados por la prensa mayoritaria, y numerosos países cargan por la vía diplomática contra lo que llaman gobierno de facto. Aquí sí que la incoherencia alcanza un grado supino, que no obstante no extrañará a quien conozca los procesos mentales y conductuales de la progresía occidental: según su visión de las cosas, un gran movimiento de resistencia cívica ocupa las calles de Honduras y el gobierno de Roberto Micheletti, como informa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, se excede en su represión, exagera el uso de la fuerza y viola repetidamente los derechos humanos de los manifestantes.

Por circunstancias personales mantengo contacto directo con residentes en Honduras, y los testimonios que de allá me llegan no certifican este cuadro. Muchos ciudadanos hondureños están indignados con la CIDH. Para empezar, el presidente de la OEA, José Miguel Insulza, es un chavista declarado. Forman parte de la mencionada comisión una venezolana que la preside (uno de mis corresponsales se pregunta por qué no investiga las violaciones de los derechos humanos que sí se dan en su país), un argentino y un chileno: proceden de tres países que forman parte del frente zelayista y han expulsado a los embajadores hondureños de sus países, por lo que la objetividad de sus conclusiones no merece mucho crédito. Al parecer, durante su visita a Honduras la CIDH se negó a recibir a doscientos empleados de cierta cadena de restaurantes que ha sido objeto de la violencia de los "manifestantes" zelayistas; algunos de estos empleados mostraban graves lesiones. Pero la CIDH aclaró en rueda de prensa que su misión sólo incluía la investigación de los abusos del gobierno de facto. En su versión, las "manifestaciones" en pro de Zelaya han sido pacíficas, pero los hondureños pueden contemplar todos los días en su televisor cómo los zelayistas, en lo que parece una estrategia de tensión, protagonizan quemas de restaurantes, coches y autobuses, destrozos en los escaparates de los comercios, palizas, cortes de carreteras, ocupaciones de colegios... Porque resulta que los "manifestantes", de los que se tiene la certeza de que están a sueldo de Hugo Chávez (según la policía, hay pruebas), impiden desde hace mes y medio que niños y jóvenes asistan a las escuelas para poder emplearlas como cuartel o dormitorio, con el consiguiente perjuicio para su formación. Mi informante, que es español y docente en Comayagua, me transmite la profunda vergüenza que les causa a él y a sus compañeros la decisión del gobierno Zapatero de unirse al frente zelayista y expulsar al embajador de Honduras en España para intentar debilitar la posición del gobierno de aquel país en su gestión de la crisis. Un diario de aquel país se pregunta hoy por qué España está intentando dirigir la política europea contra el gobierno Micheletti.

Los que defienden la causa de Zelaya afirman que las instituciones que lo destituyeron (el Parlamento, por ejemplo, le fue contrario por unanimidad a excepción de dos votos) no son democráticas porque representan a la oligarquía, y seguro que algo de razón llevan; pero desde luego no parece de recibo saltarse a la torera las normas comunes en nombre de los principios propios por justos que éstos puedan ser. Por otra parte, tampoco parece probable que el viraje chavista de Zelaya tuviera por objeto la reivindicación de los derechos del pueblo hondureño, dado que su policía, según el anuario de Amnistía Internacional, fue protagonista de diversos actos de violencia en 2008 . Mi opinión es que en España nos precipitamos al condenar el "golpe" y todos deberíamos, y UPyD en primer lugar, volver a debatir el asunto y adoptar una postura alejada del simplismo o la confusión de los primeros momentos. Hay un indicio infalible de que apoyar a la marioneta hondureña de Chávez es un error: Zapatero y Moratinos la apoyan. Y lo digo totalmente en serio.

Hace unos días entró en vigor la nueva Ley de Servicios Sociales de las Islas Baleares, que establece como necesidades básicas el alojamiento, la alimentación y el vestido. La consejera de Asuntos Sociales de Izquierda Unida, Fina Santiago, ha decretado el fin del hambre en Baleares. Cuando el Govern desarrolle la ley por medio del decreto previsto, en el que se catalogarán las prestaciones a que la ciudadanía ha de tener derecho, cualquier ciudadano podrá reclamarlas ante un juez, nos dice Fina Santiago. En el texto que ha divulgado para su promoción demuestra que hoy en España los políticos no cuentan con el espíritu crítico de sus votantes, sino con su credulidad. Mal vamos por ese camino, porque cuando se acaba la credulidad no queda nada en pie.

Ahora vamos a pasar de la realidad virtual a los hechos. Y los hechos nos dicen que esa ley no se ha presupuestado ni, con la actual bajada del 23% en la recaudación de impuestos por la CAIB debida a la crisis, parece que se vaya a presupuestar próximamente partida alguna para cubrir ese catálogo virtual. Más allá de la propaganda, ¿alguien cree posible que, en los tiempos que corren, un gobierno de ingresos mermados habilite una partida para unos gastos previsiblemente ingentes pero imposibles de cuantificar, como pueden ser los generados por comedores o viviendas sociales? No conocemos estudios, nadie sabe si el Govern ha echado unas cuentas solventes para predecir el impacto de semejante legislación en las cuentas públicas que, no lo olvidemos, son las cuentas de los ciudadanos. La ley nace, por tanto, marcada por esa visión improvisadora y propagandista que parece dominar la política de la España zapateril. Pero lo que la ley sí prevé claramente es la provisión de una serie de consejos y comisiones en todos los niveles de la Administración y un personal profesional especializado que multiplicarán el gasto público y la burocracia, dejando para la posterior reglamentación la forma de cubrir consejerías, comisiones y plazas de personal. Y aquí, no sé por qué, se me ocurre recordar el ejemplo de la Consejería de Agricultura, que se compone de un número de funcionarios superior al de los payeses que hay en las islas.

Pero vamos a suponer que este Govern no vive en un mundo fantástico, sino que por el contrario lo forma un equipo de gestores responsables, y que llega a catalogar un conjunto de prestaciones útiles y a presupuestarlas y ponerlas a disposición de manera realista y efectiva. Las Baleares serían así, como avanza la ufana consejera, la primera comunidad española en que esta política social adquiriese rango de ley y, por tanto, las prestaciones aprobadas y presupuestadas fuesen exigibles por cualquier ciudadano ante los tribunales. Vale, pero, ¿qué ciudadanos? La ley habla de "toda la población", incluyendo explícitamente -no podría ser de otra manera- a los nacionales de la Unión Europea y también a extranjeros residentes. En España hace muchos años que se nos ha olvidado que no es operativo legislar localmente aquello que nos afecta globalmente: el exministro Bermejo incurrió en un ilícito administrativo al utilizar una licencia de caza en una comunidad que no la había expedido, y ahora Fina Santiago legisla lo necesario para que Baleares se convierta en el refugio de los desfavorecidos de España y, es más, de la Europa sin fronteras. Entiéndaseme: si llegamos a la conclusión de que el Estado ha de cubrir todas las necesidades de todos los individuos (una concepción que personalmente estoy muy lejos de compartir), ¿no sería inteligente y responsable coordinar las políticas de todos los territorios cuyos ciudadanos puedan beneficiarse de esa conclusión? Fina Santiago hace, en el terreno de los servicios sociales y en su ámbito insular, lo mismo que a escala nacional hizo el presidente Zapatero con la regularización de inmigrantes que en sus primeros años decidió unilateralmente, es decir, sin contar con nuestros socios europeos a los que también afectaba el consiguiente efecto llamada. ¿Dónde querrían pasar sus lunes al sol los desfavorecidos de Suecia y Alemania sino en una hermosa isla mediterránea cuya administración cubriese todas sus necesidades? Si el requisito es estar empadronado en Baleares, ya preveo el consiguiente tráfico de empadronamientos; ¿o es que somos tan ingenuos que desconocemos lo que sucede con el empadronamiento de los inmigrantes ilegales a efectos del servicio de la Seguridad Social? Insisto: creo que no es realista extender esta cobertura vital al conjunto de la población, es decir, convertir al Estado en Cáritas (porque la caridad no es justicia social), pero, si tenemos la intención de hacerlo, lo responsable es llevarlo a cabo de manera coordinada: si en Valencia (o en Riga) no se puede exigir ante un tribunal cama y comida y en Palma sí, más de uno cogerá el barco de Palma y el Govern no tendrá previsto un gasto que estará obligado a efectuar. Otra cosa es que, como sugería antes, nos creamos que la ley va a ser aplicada de manera útil; pero la coherencia, la visión nacional y el respeto a la inteligencia y a las expectativas del ciudadano también son importantes.

Y, tras las consideraciones económica y social, me permitiré una reflexión política. La ley establece que será el propio Govern el que reglamentará la composición de las comisiones técnicas implicadas en el sistema público de servicios sociales. Esto, teniendo en cuenta esa pulsión totalitaria que caracteriza a nuestros gobernantes y que hace que la ley, por ejemplo, declare entre sus objetivos "promover la integración respecto de la identidad, la lengua y la cultura propias de esta comunidad" (o, dicho en cristiano, la exclusión del español también en los comedores sociales...), me hace pensar mal. ¿No recibirá el ciudadano un mensaje equivocado? Es decir: ¿a quién votará un individuo en situación social y/o sanitariamente vulnerable al que se le comunica: yo hago la norma que te va a dar de comer, yo establezco criterios y procedimientos, yo proveo el presupuesto y yo nombro a las personas que decidirán si cumples con ellos?

Desde el punto de vista legislativo, la nueva ley es un monumento a la palabrería y al intervencionismo; desde el punto de vista económico, una auténtica irresponsabilidad que ahonda en el atraco al contribuyente mientras se tiene la desfachatez de hablar de "expolio fiscal" y reclamar dineros a Madrid; desde el social, me temo que papel mojado; y, desde el político, propaganda de la peor especie. Y es que Francesc Antich y sus socios radicales son, ya lo sabíamos, eminentes representantes del zapaterismo. Lo triste es que ni siquiera el PP, que dice ser un partido liberal pero está maniatado por la corrección política y por su propia descomposición, se atrevió a votar en contra de este disparate llamado ley.

Si en el PSOE y en el PP están nerviosos con el ascenso demostrado por Unión Progreso y Democracia en las elecciones europeas, en las filas de los nacionalistas se puede hablar de rabia, cuando no de odio africano, tal vez porque sospechan que el único partido que se va a atrever a exigir en las instituciones el fin del delirio identitario (y, por tanto, el fin de su chiringuito privado con financiación pública) va a ser UPyD. Siento tener que señalar que en Última Hora, pasados los dos días en que el análisis de los resultados exige un tono más objetivo (del que, no obstante, no se han escapado comparaciones con Ruiz Mateos, identificaciones con la extrema derecha y otras zarandajas), los caballeros Josep Melià y Pere Muñoz dedicaron recientemente su sección “Mots creuats” a UPyD, haciendo gala de una agresividad injustificada.

Enumero las observaciones que Melià aplica a UPyD: “fenómenos populistas”; “aprovechar situaciones complicadas para capitalizar apoyos a través de apelaciones a los sentimientos más primitivos”; “cierta frivolidad” (y juro que Melià, contra lo que pudiera parecer, no se ha referido a Unió Mallorquina en ningún momento, como luego demuestra la siguiente cita); “mensaje antimallorquinista”; en fin, “se niega la pluralidad”. Acabáramos: los que prohíben el español como lengua vehicular en las escuelas y prescriben dos mil medidas y presupuestos desmesurados para la “normalización” del catalán son los que defienden la pluralidad, y los que hablamos de bilingüismo y de libertad, en cambio, negamos la pluralidad. Es que no hay quien entienda esto de la pluralidad; salvo Melià, claro.

A continuación los adjetivos de Pere Muñoz: “mensaje reaccionario y ultraespañolista”; “un partido que sólo puede debilitar al propio PP”; “radical y frentista”; “[Rosa Díez] ha ido cambiando de partido según su conveniencia y su ego”; “partidos homogeneizadores que parten de una visión de una España grande y libre”. Haber empezado por ahí, hombre: nos hubiese llamado franquistas desde el principio y se hubiera ahorrado tanta faramalla... Lo mejor de todo es que si estos señores se hubieran leído el ideario y el programa de UPyD sabrían que somos un partido que defiende una solución federal (lo cual no quiere decir caótica ni ineficaz), que no se compadece mucho con eso de “homogeneizador” ni con negar la pluralidad ni con nada…

Pero es que los señores Muñoz y Melià nunca se han puesto en contacto con nadie de este partido para saber qué es lo que pensamos. Jamás. Ignoro cómo han llegado a opinar que somos franquistas, ultraespañolistas, radicales, populistas, frívolos, etc., porque hablan de oídas; pero es que no hace falta más cuando uno no quiere informar, sino descalificar; cuando uno no hace periodismo, sino propaganda. Si efectivamente quieren tener argumentos y no sólo prejuicios, están –ellos como todos– cordialmente invitados a comunicarse con nosotros para saber, por fin, de lo que hablan cuando hablan de UPyD.

Es sabido que, tras cualquier proceso electoral, los actores del juego político emiten valoraciones tan diversas como lo son sus intereses. Es un tópico que, pese a que la lógica dice que sólo puede haber un ganador, todos los contendientes afirmarán haber ganado desde un punto de vista u otro y, así, todos contentos. Sin embargo, al observador minucioso no se le escapan los distintos grados de la celebración, ni los matices que la tiñen: confianza, frustración, conciencia ineludible del fracaso, miedo al futuro… UPyD hará su propia valoración la semana que viene, en sesión de Coordinadora Territorial con presencia también de nuestros responsables en Ibiza y Menorca, que han cosechado resultados magníficos. Entre tanto, resulta cuando menos entretenido constatar la confusión que impregna las valoraciones que de nuestro éxito hacen otras fuerzas políticas.

El PSOE lo tiene muy claro: nuestros votos proceden exclusivamente de la derecha. Si hiciésemos caso a la presidenta del Consell, Francina Armengol, de la “extrema derecha”, pues según ella eso éramos los que acudimos el 30 de mayo a la manifestación por la libertad lingüística. Afortunadamente, tenemos claro quién puede darnos lecciones, y no será una dirigente que lanzó críticas furiosas a Unió Mallorquina mientras estuvo en la oposición y, cuando accedió al poder gracias a los votos de esa misma formación, mantuvo en sus puestos a quienes eran responsables de graves ilegalidades (me refiero al director general Aguiar y al consejero Pascual) según varios informes que le constaban y, pese a que dichas ilegalidades y la pésima gestión le costaron a los ciudadanos un dineral, siguió manteniéndolos en sus puestos por no renunciar al sillón de presidenta: antepuso la permanencia en el poder a la coherencia, la justicia, la eficacia y la honradez. Ésta es la persona que pretende dar a UPyD lecciones de democracia; pero no nos dejaremos.

Si escuchamos a los dirigentes del PP, en cambio, veremos que no somos un partido de extrema derecha, sino de la más perversa izquierda. Rosa Estaràs ha tenido el poco rigor y la nula vergüenza de declarar que en UPyD somos partidarios del aborto (habría que preguntarle cuántas iniciativas contra el aborto impulsó Rosa Estaràs durante los ocho años del aznarato, por ejemplo, aunque ya conocemos la respuesta: ninguna) y que Rosa Díez no es de fiar porque “fue miembro del gobierno Ibarretxe y estaba de acuerdo con la inmersión en euskera”. Rosa Estaràs está desinformada o miente, tal vez porque piensa que somos los demás los que estamos desinformados, pero casi todo el mundo sabe que cuando Rosa Díez pertenecía al gobierno vasco PNV-PSOE (con Ardanza, no con Ibarretxe) el sistema de tres modelos lingüísticos (euskera, castellano y mixto) estaba dando sus primeros balbuceos en las escuelas del País Vasco: precisamente el modelo que queremos implantar desde UPyD también en Baleares, el de la libertad de elección entre las dos lenguas oficiales, aunque sin las trampas que en el País Vasco cercenaron esa libertad desde que salió el PSOE y entró Eusko Alkartasuna en el gobierno de Vitoria. Una simple visita a la hemeroteca podría sacar a la señora Estaràs de sus errores. ¿O será mala fe y realmente nunca le han interesado ni los hechos ni el debate sobre ideas, sino sólo arrojar basura?

De todos modos, ese proceder, que Rosa Estaràs ya empleó durante la campaña europea y que en UPyD hemos evitado mientras ésta duró, nos llevaría a, por ejemplo, afirmar que la valldemossina no es de fiar porque, por mucho que ahora hable de proteger a los castellanohablantes, pertenece al mismo PP que legisló con Cañellas el Estatuto y la Ley de Normalización y, con Matas, el Decreto de Mínimos que ahora sirve a los talibanes del PSM y de ERC para intentar cumplir sus sueños de una sociedad lingüísticamente pura. O que no es de fiar porque fue vicepresidenta del gobierno que ya es conocido como el presuntamente más corrupto de la historia de Baleares y sin duda le cabe responsabilidad política en aquel gigantesco saqueo del erario público en que consistió la legislatura Matas. ¿Quién resultará menos de fiar a los ojos de los ciudadanos mejor informados? ¿Rosa Díez o Rosa Estaràs? Se admiten apuestas.

En la misma línea, porque de bien nacidos es ser agradecidos, cierto personaje que pasa por escritor, periodista y chueta, pero no es ninguna de las tres cosas, se afana en publicar su esquizofrénica versión de que UPyD es un partido de izquierdas pero que, al mismo tiempo, suspira por incluir al alcalde de Calvià en sus filas. Da igual que tanto Carlos Delgado como UPyD lo hayan desmentido en repetidas ocasiones: ¿cuándo la realidad ha impedido a un correveidile cumplir con sus deberes…? ¿Es de izquierdas eliminar el gasto en empresas públicas superfluas, en departamentos de política lingüística que nadie necesita, en televisiones que nadie ve, en subvenciones a periódicos que nadie lee o a asociaciones que las usarán para vejar el nombre de España y, en cambio, orientar el gasto hacia políticas de empleo estable o mejora de las infraestructuras? ¿Es de derechas un concepto federal y laico de España? ¿Es de izquierdas o de derechas reformar la educación como eje de la regeneración política y económica de España? Yo se lo digo: ni de izquierdas ni de derechas, sino progresista. Lo malo es que entonces a algunos se les acabará la mamandurria, y ahí les duele.

Lo dicho: unos celebrarán los resultados de las elecciones con confianza en el futuro, con ideas propias y con el impulso de cada vez más personas progresistas que, cansadas de tanta mediocridad de derechas y de izquierdas, recalan en un proyecto realmente novedoso. Otros intentarán conjurar el pasado -que no pueden ocultar- y el futuro -que se han labrado a pulso- por medio de barniz, consignas y etiquetas. Como siempre, como debe ser, los ciudadanos decidirán.

El Círculo Balear ha convocado para el sábado 30 de mayo una manifestación en Palma bajo el lema “Nuestras lenguas nos unen. Volem llibertat d’elecció”. El lema, bastante explícitamente, habla de unión, de libertad, de bilingüismo… De concordia. En ningún momento se apuesta por la exclusión del catalán, ni por el enfrentamiento. Hace unos días, sin embargo, los letreros del Círculo Balear han sido –por enésima vez– pintarrajeados por radicales, que han dibujado una diana y han escrito, entre otros insultos, el que debe ser su lema: “Jorge Campos, pim, pam, pum”. Los conocedores de la kale borroka saben qué significa este lenguaje.

No es de extrañar. Para empezar, vivimos en una España sectaria que tolera una campaña europea como la del PSOE, en la que sin dar argumento alguno se descalifica sistemáticamente al adversario y se le atribuye la alegría de sacarle partido a la crisis, el deseo de sembrar el miedo, la homofobia, el integrismo o la defensa de la pena de muerte. La misma España en la que el Gobierno es capaz de encargar a un organismo público como el CIS, que pagamos todos, que manipule una encuesta a su conveniencia, hasta el punto de que asigne un 13% a la abstención en los próximos comicios y ningún diputado al rival al que más parece temer, UPyD.

En esta España no es, por tanto, de extrañar que la jauría nacionalista eche a sus cachorros a amenazar impunemente al convocante de la manifestación del día 30: se encuentran inmersos en un ambiente sectario en el que se desprecia el debate, que ha quedado sustituido por el insulto; viven holgadamente de los dineros públicos, a través del empleo a dedo, la contrata pública o las cuantiosas subvenciones con que las instituciones locales, autonómicas y estatales engrasan la maquinaria de organizaciones antinacionales como la OCB; sus mayores, una vez que acceden a los cargos públicos, se comportan con una irresponsabilidad infinita, como Margalida Tous, directora general de Política Lingüística del Govern, cuando proclama públicamente el boicot a una gran empresa privada que no se pliega al delirio identitario, o como Joan Lladó, consejero de Interior del Consell de Mallorca, cuando aboga por la quema del Rey en efigie.

En esta España, digo, no es de extrañar el “pim, pam, pum” de los jóvenes nacionalistas: sus encorbatados seniors ya se han preocupado de prepararles la coartada. Entre ellos, especialmente los medios de comunicación que también viven del mismo triste estado de cosas a través de las subvenciones, la publicidad institucional y otros negocios televisivos a nuestra costa. Estos días califican la manifestación sistemáticamente como “protesta contra el catalán” (Diari de Balears, 23-05-09), o nos ilustran acerca de “guerras lingüísticas fomentadas por unos iluminados con el apoyo de la derecha más conservadora y anticatalanista” y “gente que se [escuda en la defensa del castellano] para atacar y mostrar su odio a la otra lengua cooficial” (Última Hora, 23-05-09, “La Galería”). No es periodismo, sino fraude al lector; pero se publica.

Jorge Campos me lo contaba una vez con una sonrisa amarga: “Nos llamaban fascistas mientras nos destrozaban la mesa informativa”. Alguien me dirá: son chiquilladas, nadie va a tomar en serio ese “pim, pam, pum”. Pues qué quieren que les diga: yo sí me lo tomo. Veo a unos señores hablar de unión, libertad, entendimiento y bilingüismo, usando las dos lenguas y un tono exquisitamente respetuoso y autofinanciándose su manifestación, sólo para que los acusen de sembrar el odio y los llamen fascistas. Enfrente, veo a una banda de facinerosos que causan destrozos y explícitamente insultan y amenazan de muerte en una sola lengua, la que infundadamente han decidido llamar “propia”; unos facinerosos a los que, por cierto, costeamos entre todos sus delirios y sus excesos vía impuestos, pero que, pese a todo, reciben de la prensa subvencionada el tratamiento de víctimas. Estas chiquilladas, convenientemente encauzadas y en determinadas coyunturas, pueden acabar en tragedia, como saben muy bien en otros rincones de España. Pero, sin llegar a tragedia, cualquier persona decente no puede sino condenar la violencia verbal y su efecto coactivo, máxime cuando se ejerce desde la cobardía, desde la seguridad que da la protección de los poderosos.

Sinceramente: la manipulación burda y desproporcionada de la realidad ya bastaría para que supiésemos por quién hemos de inclinarnos en esta contienda absurda: uno siempre tiende a tenerle simpatía a David contra Goliat. Pero si nos atenemos, como solemos hacer, a los contenidos de los mensajes, entre el mensaje de unión y la amenaza de disparo, algunos lo tenemos muy claro. Unión Progreso y Democracia se adhirió desde el primer momento a la manifestación del próximo sábado porque, si bien hay cosas que nos separan del Círculo Balear en lo ideológico, en la defensa de la libertad nos van a encontrar siempre codo con codo. Pero en este momento, cuando hay amenazas de por medio, unas amenazas que nos revelan lo que hay detrás de la mitología nacionalista y de la imposición lingüística (a saber: el totalitarismo más vulgar), a la adhesión política queremos sumar la adhesión personal y la solidaridad más fraternal para con quienes defienden los derechos de los demás arriesgando, cuando menos, su tranquilidad y la de sus familias. No están solos: todos estamos, con ellos, bajo esa diana y ese “pim, pam, pum”. Es un motivo más para manifestarnos el próximo sábado: a las 12 del mediodía, en el Borne, por la libertad.

Estimada señora Sánchez Caballero:

Gracias por su amable contestación.

Según ella, los directores de TVE y de sus Servicios Informativos son los responsables de la programación de Tengo una pregunta para usted, y su criterio a la hora de escoger los invitados a ese programa es la adscripción o no a grupo parlamentario propio. Cuando uno cumple los criterios que ha establecido uno mismo se puede decir que uno es coherente, pero también que hace lo que le viene en gana. Eso es exactamente lo que está haciendo TVE: no invita a Rosa Díez a su programa porque no le viene en gana a sus responsables, o a quienes dirigen a sus responsables. Establecer como criterio de inclusión la pertenencia a un grupo parlamentario propio y no, por ejemplo y conociendo como conocen las peculiaridades de nuestro malhadado sistema electoral, el número de votos (en los que UPyD superó hace un año a PNV y ERC) o, mejor aún, la relevancia política, la novedad o la valoración ciudadana de sus líderes, parece indicar que TVE escogió deliberadamente el criterio que le permitía excluir a UPyD de su programa.

UPyD es un fenómeno político inédito en los treinta años de nuestra democracia. Independientemente de que se esté de acuerdo o no con sus postulados, el hecho de que un partido sin recursos económicos ni humanos más allá del voluntariado, que apenas aparece en las televisiones y que tiene menos de seis meses de vida consiga entrar en el Congreso de los Diputados y, un año después, más o menos en las mismas condiciones, en el Parlamento Vasco, parecería merecedor de atención periodística a cualquier profesional libre y desprejuiciado. Supongo que sabe usted que todo el presupuesto de campaña de UPyD para las generales de 2008 (es decir, 600.000 euros aportados exclusivamente por afiliados y simpatizantes) fue inferior al de una sola de las pantomimas que dieron en llamar “debates televisados” entre los candidatos Zapatero y Rajoy; inferior también al del buzoneo de un solo partido en una sola provincia, la de Madrid. Supongo también que conoce las expectativas de UPyD para las europeas, así como el hecho de que en varias encuestas Rosa Díez, pese a la novedad y escasa visibilidad de UPyD, ha aparecido como uno de los líderes políticos más valorados de España; en una ocasión, incluso, como la más valorada, por encima de los señores Rajoy y Zapatero. Creo que estas circunstancias harían a Rosa Díez y a UPyD acreedores a un trato ya no igual, sino preferente en los programas de índole política de una cadena seria de televisión, en un país políticamente serio.

Quiero remitirla al sinfín de artículos de opinión que columnistas de medios periodísticos de toda España (preferentemente digitales, es decir, los más libres) han dedicado a condenar este veto injustificable; a las plataformas creadas en la red a través de diversos blogs o de Facebook, cada vez más numerosas; a las numerosas protestas escritas que ha recibido TVE a través de este medio. Le recuerdo que no estamos pidiendo a los señores Fernández y Llorente, ni a nadie en particular, que voten a Unión Progreso y Democracia; les estamos sugiriendo solamente que, haciendo buen uso de nuestros impuestos, permitan al quinto partido de España en número de votos tener voz en un programa en el que se está dando voz a partidos antinacionales como ERC o PNV. De lo contrario demostrarán que el sectarismo interesado que impregna la política española ha calado también, definitivamente, entre los responsables de TVE. Ruego, por tanto, transmita a los señores directores de TVE y de sus SS. II. mi insatisfacción con sus explicaciones y de nuevo mi exigencia de que dediquen una edición del mencionado programa a Rosa Díez; y a usted, aun agradeciéndole sinceramente su respuesta, le ruego no considere una impertinencia por mi parte que le sugiera se plantee en serio el significado de su cargo y de su oficina, porque hoy nos parece a todos más la defensora de los directivos de TVE que la de sus espectadores.

Un cordial saludo.

Apreciado Josep:

Si saltea usted su discurso de imprecisiones, es normal que le salgan conclusiones erradas. Me refiero a su comentario a mi anterior post, que con acierto titula usted "Aunque no sea gracioso". Paso a detallar por qué hablo de imprecisiones, y aún me creo benévolo.

1. "Los anticatalán". No sé a quién se referirá usted, pero en la manifestación del 1 de abril yo no vi a nadie que odiase el catalán. Desde luego, le puedo asegurar que no es mi caso. Uso siempre que puedo el catalán, pero no espero recompensa por ello ni me siento mejor ni más integrado; simplemente me gusta, enriquece mi horizonte y pienso seguir haciéndolo por mucho que ustedes se empeñen en hacerme odiar una lengua que me encanta. Más bien somos "los antiimposición". Como ustedes cuando lo que se imponía en la escuela era el español: cómo cambian los tiempos, ¿eh? O las personas.

2. "Lengua propia". Este concepto político, porque lingüístico no es, no responde a nada que exista fuera de la mitología nacionalista, que atribuye personalidad a los territorios y, por tanto, les asigna lenguas propias, alma propia y hasta pecados y virtudes colectivas. A ver si nos enteramos: existen las lenguas maternas, las lenguas oficiales y las lenguas francas. Pero me parece que no se refería a nada de eso... El concepto de propio es excluyente, porque se opone meridianamente a lo impropio o ajeno... Y, en ese sentido, tan propio o tan ajeno es el mallorquín como el español, dependiendo de la persona de la que hablemos. Y desde luego tan oficial; y, lo que más importa, tan digno. Presumir de lengua propia es tan inaceptable como alardear del color de la piel: ni la una ni el otro otorgan la ciudadanía, mientras que usar cualquiera de los dos como seña de identidad es perfectamente arbitrario y conduce a la xenofobia.

3. "Se manifiestan contra el derecho a ser entendido en la lengua propia". Falso. El derecho a ser entendido en las dos lenguas oficiales ya está cubierto, porque todos los médicos de Baleares entienden el mallorquín: no se hagan los interesantes ustedes con su lengua, porque con eso no le hacen ningún favor. Lo que impone el Decreto rechazado por los manifestantes es la obligación de pasar por un requisito académico que no aporta nada al ejercicio de la profesión y que discrimina en el acceso al trabajo a unos españoles (mallorquines o no, catalanohablantes o no) con respecto a otros (los abducidos por el régimen catalanista). Y esto tampoco le hace ningún favor al catalán. Dejen de protegerlo, hombres, que al final se lo van a cargar.

4. "Ganas de enfrentar a la gente". Sí: las del Govern que interviene en un asunto que nadie le pidió que regulara porque a nadie le hacía falta, salvo a los talibanes lingüísticos y a los que pacen en el jugoso chiringuito catalanista.

5. "La tolerancia del Decreto". Por la moratoria, se entiende. Fíjese en que -salvando las distancias- eso mismo podía decir el nazi que libraba de la cámara de gas al judío más hábil en las faenas de la esclavitud: "mira qué tolerantes somos con este judío, que no lo hemos gaseado cuando le tocaba, y qué ingrato es, que no nos lo agradece"... Y ahora me voy a explicar, porque el sectario, por pura falta de costumbre de reflexionar sobre el discurso ajeno, tiende a pensar que lo llaman nazi cuando sólo lo llaman sectario: que no atribuya usted la obligación de respetar precisamente a aquéllos a quienes falta al respeto, hombre.

6. "Clientelismo". Tiene mucha guasa que un partidario del pesebre catalanista hable de clientelismo. ¿A quién vota usted? ¿A UM? ¿Al PSM? ¿Al PSIB? ¿Al PP? ¿Y viene a mi blog a hablar de clientelismo? Podemos hablar de las disparatadas subvenciones a asociaciones separatistas; de los cursos y cursillos varios con su personal, su material y sus matrículas; de las cadenas de televisión que nadie ve pero que hay que doblar al catalán; de las correspondientes productoras; de las empresas de publicidad y sus campañas de propaganda; de las contrataciones a dedo y a mansalva en organismos oficiales; de los periódicos subvencionados al cien por cien porque nadie los compra; del cine infumable; del teatro infumable; de los premios literarios; de los escritores que nunca publicaron una línea en español y se pasan al catalán para poder mamar de las ubres públicas (y no falla, oiga); de las editoriales que sólo se mantienen gracias a la cooperación de las instituciones... todo ello con chorros de dinero fluyendo a tutiplén directamente del bolsillo de los contribuyentes al de estos profesionales del catalán obligatorio. ¿Clientelismo? Perdóneme la expresión, pero usted lo que es es un cachondo.

El humor gráfico es una herramienta propagandística potentísima. Lo fue siempre, y hoy lo demuestra el hecho de que a las tiras cómicas de toda la vida se las denomina ya “editoriales gráficos”. Todos damos por supuesto que determinadas tiras cómicas presentan de manera informal la línea de pensamiento del diario de que se trate.

La efectividad de la tira cómica o “editorial gráfico” reside en que, frente al editorial tradicional, más sesudo y sin duda menos leído, es asequible a un sector mucho más amplio de la población lectora de diarios (todo el mundo mira la tira cómica). Además, una calidad suficiente permite que el lector más ilustrado considere la tira cómica política digna de un respeto intelectual que no otorga a, por ejemplo, un tebeo de aventuras, pese a que utilice mecanismos tan sencillos (o tan complejos) como éste y a que a veces confundamos ingenio con inteligencia con la misma facilidad con que el humor gráfico, por su naturaleza, puede eludir el enfoque crítico. Por último, el discurso cómico-gráfico se beneficia, a mi parecer infundadamente, de una reputación progresista que per se no tiene el editorial escrito.

Viene todo esto a propósito de las últimas reacciones gráficas en la prensa mallorquina sobre la manifestación de sanitarios el pasado 1 de abril contra la imposición del catalán como requisito profesional. Los dibujantes y guionistas del diario Última Hora se han empleado a fondo y sin duda con brillantez. Al día siguiente de la manifestación, que yo recuerdo como una jornada casi festiva de exaltación pacífica de la libertad, la tira diaria de Tueldús (el pseudónimo que utilizan el guionista Ferran Aguiló y el dibujante Seguí) presentaba en la cabecera de la manifestación una serie de personajes malhumorados y –por sus vestimentas– aparentemente de derechas que portaban una enorme pancarta: “No a la imposición del catalán / 1 de abril – La guerra no ha terminado”. Dos días después, en la sección “Ecografía” de Pep Roig aparece un médico iracundo que, con una enorme lengua bífida rojigualda se dispone a arrancar la pequeña lengua cuatribarrada de una atemorizada paciente. No me dirán que no es sutil.

Pero el ingenio puesto al servicio del sectarismo no nos interesa. Estos profesionales, a través de procedimientos indudablemente ingeniosos, transmiten falacias –cuando no insultos– que procuraré resumir:

-Circunscriben la manifestación del 1 de abril a la derecha política, cuando en ella estuvieron representados colectivos de todo tipo;
-Caracterizan a los manifestantes como agresores ceñudos, nostálgicos de la guerra, franquistas herederos del 1 de abril del 39 (la sutileza y la novedad del argumento saltan a la vista);
-Caracterizan falsamente el conflicto como un enfrentamiento de lenguas;
-Demonizan a un gremio por entero, culpándolo de un problema que no existía y que ha creado el Govern con su innecesario intervencionismo;
-Presentan a las víctimas de la discriminación como agresores;
-Oponen frontal y artificialmente los intereses de médicos y pacientes;
-Identifican a esos médicos presuntamente agresores con los colores de la bandera nacional, y a la víctima indefensa con los de la senyera catalana;
-Ignoran toda cuestión referente a la exigible igualdad entre los ciudadanos en el acceso a un puesto de trabajo, cuando se les exige el cumplimiento de requisitos innecesarios para el desempeño de sus tareas y que benefician indudablemente a una pequeña parte del colectivo sanitario: los nostros y los que nos obedecen.

La estrategia del Grupo Serra y de aquéllos a quienes pretende beneficiar con su sesgo consiste en atribuir la responsabilidad del conflicto a los propios agraviados por el decreto del Govern. Los médicos y los enfermeros en Baleares nunca han causado un problema lingüístico por dos motivos: porque jamás ha habido quejas de los pacientes porque un médico se negara a atenderlos en su lengua, dado que casi el 100% declara entender el catalán, y porque los manifestantes no se oponen al catalán, sino a su imposición como requisito.

En el mismo tono sectario que los mencionados humoristas, periodistas igualmente alineados con el establishment han maquillado las cifras de la manifestación (3.500 según la organización, 2.000 según los cálculos más hostiles, y 930 según el diario radical subvencionado); han insistido en atribuir el origen del conflicto a un colectivo que no había causado un solo problema; y han aducido los efectos de la invasión de peninsulares, ignorando que el 1 de abril se manifestaron miles de mallorquines, menorquines e ibicencos de toda la vida a favor de la libertad de elección en la Sanidad y en todos los ámbitos.

Pero el origen del problema son quienes se han hecho con el gobierno de la comunidad autónoma a efectos lingüísticos, culturales y educativos. Políticos sin escrúpulos como Antich o Armengol (o como Estaràs o Bauzà, sí) son muy capaces de vender el Castillo de Bellver, si es necesario, a quien le garantice una mayoría parlamentaria, aunque se trate de una minoría separatista radical que apenas representa a nadie en Baleares o de una red clientelar que lleva treinta años saqueando el erario público. Con mayor facilidad, por tanto, venderán sin dudar los derechos lingüísticos y laborales de los mallorquines.

Los humoristas gráficos fueron en un tiempo lejano la conciencia política de España. Hoy han vendido sus servicios a los poderosos: un síntoma más de cuánta falta hace una regeneración democrática. Porque no hay nada más reaccionario ni más patético que un humorista dedicándole sus gracias al rey que lo alimenta: ya no es humorista; es otra cosa.

Unión, Progreso y Democracia, un partido apoyado en marzo de 2008 por 300.000 españoles que en un año, según las encuestas más recientes, parecen haberse convertido en más de un millón, debe considerarse objetivamente el fenómeno político y periodístico de mayor calado social y más novedoso probablemente desde los comienzos de la Transición. Cuando hablamos de UPyD hablamos de un movimiento cívico (el que antes representaron colectivos como Basta Ya o Ciutadans de Catalunya) que ha decidido materializarse en un partido nacional y transversal para poder intervenir en la toma de decisiones políticas en un sentido que los partidos políticos tradicionales hace tiempo que han olvidado: el del servicio al ciudadano y a las libertades.

En UPyD creemos que es necesaria la regeneración de la democracia. Esto no atañe tanto a la corrupción de los políticos, que es materia de juzgado, como a la misma descomposición de la estructura del estado, en el que hoy nadie sabe dónde están los límites entre lo autonómico y lo estatal, donde nadie puede reconocer la separación de poderes, dada la grave intromisión de los partidos en los órganos de la Justicia (CGPJ, Fiscalía, etc.), donde nadie puede participar en política sin someterse a los designios de las cúpulas de los partidos y, por tanto, no existe una verdadera democracia representativa.

Hemos perdido el norte y andamos a vueltas con la imposición de las lenguas, con la corrupción galopante y con la distribución de unas competencias y una financiación autonómicas que nadie nos explica para qué se quieren aumentar, pero que todos quieren aumentar al margen de los demás y de cuya gestión nadie se siente responsable ante nadie. Mientras, la democracia ha dejado de ser representativa; el estado no tiene instrumentos para combatir la crisis económica porque los que no ha cedido a las comunidades autónomas los tiene ya Europa; nadie se preocupa del colapso de la Justicia; el gasto público es insostenible y no beneficia sino a unos pocos; la Educación, bajo mínimos europeos, nos condena a padecer una economía no competitiva y una democracia de calidad ínfima… Es el momento de retomar los valores de la ciudadanía, de reimplantar el sentido común en la política, de practicar un parlamentarismo real, de hacer énfasis en lo que nos une y reconocer que la pluralidad nos enriquece pero no nos separa…

UPyD, pese a los muchos obstáculos que debe superar cada día (el bloqueo mediático, la tergiversación constante de sus postulados, la escasez de recursos económicos), no ha parado de crecer y ha colocado en sólo un año una diputada (Rosa Díez) en el Congreso de los Diputados y otro (Gorka Maneiro) en el Parlamento de Euskadi, convirtiéndose además en la cuarta fuerza política gallega. En Baleares, conforme a las encuestas, nos disponemos a entrar en las próximas elecciones en el Parlament y en los principales ayuntamientos. Desde hoy también en Menorca, un puñado de ciudadanos de diversas procedencias, profesiones y orientaciones ideológicas han decidido que ya está bien de conformarse con el lamentable espectáculo cotidiano de nuestros políticos profesionales.

Por eso temen algunos; porque saben que con UPyD en las instituciones se acabarán los trapicheos mezquinos a los que están acostumbrados, se acabarán el sectarismo y los discursos de encefalograma plano y en España volverá a haber Política en el sentido más digno y democrático de la palabra. Según todas las encuestas publicadas, cada vez hay más españoles que se han dado cuenta. Es la democracia la que está en juego.

Intervención de Rosa Díez en el Congreso ayer, con motivo de la penosa actuación del presidente Zapatero en torno a la crisis y al desempleo galopante:

Una aportación anónima en Internet nos da las claves de cómo montar una cadena de televisión autonómica en Mallorca... No falta ningún detalle: ni la lata de Colacao en la estantería... Genial.

Es tradición ya muy extendida tildar a Rosa Díez de ambiciosa, como si sus rivales en el PP y en el PSOE fueran almas cándidas sin aspiraciones; como si, por cierto, ellos también hubieran dejado un cargo estupendo en la Eurocámara para fundar un partido de principios y embarcarse en una aventura costosa y arriesgada. Es también común culparla de haber entrado antaño en una coalición PSOE-PNV para gobernar Euskadi y hoy, sin embargo, criticar los acercamientos de Zapatero a los separatistas vascos, pese a que ella ha explicado muchas veces aquella experiencia como un intento fallido de constitucionalizar al PNV, y su convicción actual de que sólo es posible constitucionalizar ese partido llevándolo a la oposición. Así mismo es frecuente que a Rosa se le atribuya un éxito al parecer culpable entre la prensa de derechas, aunque pienso que más bien habría que preguntar qué complejos o qué intereses hacen que la prensa que hace mal en llamarse progresista, es decir, el lobby progubernamental, nunca hable de Rosa Díez: estaríamos encantados, oiga...

Por eso me ha sorprendido tanto leer un reciente comentario de Antonio Casado (“¿Quién teme a Rosa Díez?”) en el que afirma que ciertos medios dan a UPyD un "trato de impostado privilegio". Esto sólo puede ser una manipulación como la copa de un pino o bien un grave desconocimiento del comportamiento de la prensa. Efectivamente, mientras unos no nos sacan nunca, otros nos sacan de vez en cuando: lo justo para achuchar a los suyos... Yo no diría que esto supone trato de favor, y menos cuando Unión, Progreso y Democracia (un partido apoyado por esos 300.000 votantes que no me parece que haya que despreciar, pero que además en menos de un año se pueden convertir en un millón) debe considerarse objetivamente el fenómeno político y periodístico de mayor calado social y más novedoso probablemente desde los comienzos de la Transición. No son los supuestos pecados de Rosa Díez, no; es la regeneración democrática lo que está en juego. Por eso temen algunos; porque con Rosa, con UPyD, se les acabarán los trapicheos mezquinos a los que están acostumbrados y en España volverá a haber Política en el sentido más digno y democrático de la palabra; y según todas las encuestas publicadas, cada vez hay más españoles que se han dado cuenta.

(Texto del comunicado de hoy)

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) rechaza firmemente la intención manifestada por la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, con el respaldo del consejero de Presidencia, Albert Moragues, de nombrar al secretario del Ayuntamiento de Palma por libre designación. Hasta este momento, dicho nombramiento se había llevado a cabo mediante concurso de méritos y entre aspirantes con habilitación nacional. A partir de ahora la neutralidad y la independencia de tan importante función se desvanece, puesto que el motivo de este cambio, manifestado por la propia alcaldesa, no es otro que la conversión de la figura del secretario en un cargo “de confianza”, es decir, de obediencia política.

(Resulta curioso que sean precisamente miembros de PSIB, Bloc e IU los que actúen de este modo o lo consientan, cuando no se han cansado de repetir que la falta de controles o su mal funcionamiento ha sido la principal causa del rosario de escándalos de corrupción a los que desgraciada y últimamente estamos asistiendo. Sin embargo, no deja de ser coherente con que todos ellos criticasen duramente las actuaciones de Unió Mallorquina cuando estaban en la oposición y hoy que son sus socios las hayan olvidado o las refrenden.)

Esta manera de proceder es perfectamente contradictoria con una atención adecuada de las necesidades de los ciudadanos. Desgraciadamente, desde el acceso de Aina Calvo a la alcaldía de Palma hemos asistido ya a varias decisiones que lo demuestran. Para dirigir el museo de arte Es Baluard fue nombrada una persona sin apenas méritos en el sector, pero de la que se conoce una relación de amistad personal con la alcaldesa. Más adelante, el hijo de su compañera de partido Margarita Nájera, Aleix Baraja, de 25 años y sin experiencia, fue designado gerente del Instituto Municipal de Coordinación de Obras Viarias, y sólo horas después su nombramiento hubo de ser anulado por ser no sólo inconveniente, sino también ilegal. Estos casos de nepotismo no hacen prever una designación imparcial del secretario municipal si queda sujeta a la mera voluntad y a la confianza de la alcaldesa.

El sentido común dicta y la experiencia diaria corrobora que sólo un sistema de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder asegura la protección del ciudadano frente a las arbitrariedades en las que lamentablemente incurren quienes lo ejercen. La única forma de evitar que los políticos respeten siempre la legalidad es someterlos al control de otros poderes independientes y eficaces, cuya función sea precisamente fiscalizar y, si es necesario, cuestionar sus decisiones. Este principio básico de la democracia liberal parece ser ignorado por la alcaldesa, por el consejero de Presidencia y por el equipo de gobierno del consistorio palmesano, que justifican este peligroso precedente “en atención a la especial responsabilidad y el marcado carácter directivo del cargo”. Precisamente por este motivo siempre se ha considerado de trascendental importancia que el puesto de secretario, como el de interventor, recaigan en personas independientes cuyo nombramiento, al menos, no dependa del alcalde; máxime para municipios como Palma, con más de 400.000 habitantes y un presupuesto de varios centenares de millones de euros. UPyD advierte que esta ligereza puede abrir la puerta a la inseguridad jurídica, la ineficiencia y la arbitrariedad, e insta a la señora Calvo a rectificar.

UPyD, una vez acceda a las instituciones, procederá a restaurar el articulado de la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 que quedó modificado por la Ley 10/1993 y derogado por la Ley 7/2007, referente a puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación nacional, devolviendo así la reserva de su creación, clasificación y supresión al Estado y restableciendo su provisión mediante estricto concurso de méritos.

Sólo porque todo el mundo crea que
algo es verdad, no significa que lo sea

(Hans Christian Andersen)

Un amigo inteligente y, como yo, muy aficionado a la polémica me escribe para contradecir mis opiniones acerca del nacionalismo. Utiliza un ejemplo británico: “En què es diferencien un anglès i un escocès? Jo t'ho diré: en res. Però se senten diferents, i així volen que sigui. Els sentiments no es mesuren ni es raonen, és com ser del Madrid o del Barça. No hi han raó ni equacions que donin una única resposta al tema”. Mi amigo tiene toda la razón hasta aquí. Lo malo es que extrae consecuencias a mi juicio equivocadas. Sigue mi amigo: “I ho sento, però aquests dies sóc per Barcelona i no veig cap rastre de totalitarisme, manca de llibertats o malestar social derivat de les imposicions que descrius. No és que dissenteixi: es que no lo veig, tot i cercar-ho”.

Es verdad que uno no puede razonar los sentimientos. Por eso mismo algunos apostamos por dejarlos fuera de la política. Si uno quiere ser un zoquete sentimental cuando habla de fútbol (yo, por ejemplo, cuando defiendo al este año indefendible Real Madrid de mis amores), es muy libre de hacerlo. Pero si otro gobierna y maneja presupuestos públicos, parece natural que los ciudadanos le exijan que someta sus acciones a criterios de justicia y de eficacia gestora. Justo lo contrario de a lo que aspiran estos políticos majaderos o venales, o ambas cosas, que destinan verdaderas fortunas ordeñadas directamente de nuestros sueldos a la Bressola (escuelas privadas de inmersión lingüística en catalán en Francia) o lo arrojan directamente al retrete totalitario de la Obra Cultural Balear, a la letrina corrupta del Palma Arena o a chorradas burocratizantes como el llamado Observatorio para el Éxito Escolar... Los sentimientos con la novia, y la propaganda para vender crecepelos; en política prefiero razón, verdad y justicia, y me temo que ni desde los nacionalismos ni desde los partidos tradicionales me van a dar esto... Claro que tener sentimientos es un derecho; pero permitir que inspiren la acción política en el lugar de la eficacia o la honestidad es, por decirlo con suavidad, un grave error.

También es un derecho permanecer ciego. Tengo otro amigo en Barcelona que siempre me dice que él no se siente oprimido en Cataluña. Y es cierto que ni en Cataluña ni en Baleares te marcan la puerta de tu casa con una estrella amarilla ni te sacan de noche para darte un paseo, afortunadamente; aunque tampoco creo que haya que dar las gracias por esto. Sin embargo, sí te pueden cerrar el acceso a puestos de trabajo, te impiden educar a tus hijos en la lengua de tu elección contra la práctica de todo sistema educativo civilizado excepto el de las Islas Feroe y contra los dictámenes de la UNESCO y de cualquier experto que no pertenezca a un sindicato hiperburocratizado y antinacional como el STE-I, y te llaman facha y español si dices según qué cosas. Es curioso: a los militantes de UPyD y de ciertas organizaciones cívicas perfectamente democráticas en Cataluña y en Baleares, los maulets (que también actúan con cargo a nuestros bolsillos) los llaman fascistas a voz en grito, mientras les hacen objeto de sus agresiones en las manifestaciones a las que se atreven a acudir. Unos gritan, insultan, queman banderas, vitorean a terroristas, profieren mueras y pegan; los otros reciben con pacífica resignación todas esas agresiones y son calificados de fascistas y crispadores... Hacerse el ciego es un derecho, pero yo a quien admiro es al que tiene el valor o la inocencia de gritarle al Emperador que va desnudo. Y no me parece inconveniente recordar que en la Alemania de los años treinta muchos prefirieron hacerse los ciegos.

Este último amigo es probablemente el mejor poeta español de nuestra generación en lengua castellana y sin duda alguna el mejor crítico literario español vivo. Premio Adonais, con numerosos libros publicados, único poeta menor de setenta años al que la prestigiosa revista Quimera ha dedicado un estudio global (que, por cierto, firmó quien firma también estas líneas), traductor de éxito... Dentro de unos años, mi amigo saldrá en los libros de texto. Pero a sus cuarenta y tantos años, tras una intensa y estimabilísima vida literaria, no es nadie en Cataluña. Reconocimiento oficial: cero. Si fuese de Ciudad Real -o de México- ya le habrían puesto una calle y presidiría alguna academia; pero es que el muy inocente escribe en castellano -como los ángeles, pero en castellano- y por tanto no va a Frankfurt, no recibe subvenciones, ha tenido problemas muy considerables para publicar sus extraordinarios libros, sus apariciones públicas dependen siempre de la empresa privada o la sociedad civil y nunca de las administraciones culturales y jamás ganará un premio literario en Cataluña, la tierra en la que nació, vive, trabaja, paga impuestos y a la que, por cierto, siempre defiende (y hace bien, añado). Efectivamente, a mi amigo no lo torturan los mossos una vez al mes, ni las señoras de buena familia escupen a su paso (al fin y al cabo habla un perfecto catalán en público), pero cualquier pelagatos de dieciocho años que no sabe hacer la O con un canuto publica poemas absolutamente irrelevantes o plenamente vomitivos sin ningún problema, porque los escribe en catalán o los traduce con un programa informático antes de concursar (no me dirán que tampoco conocían esta práctica...) y nunca le faltará un certamen municipal espléndidamente dotado al que podrá optar sin competencia seria.

Todo esto, por mucho que se empeñen los que se creen esa pamplina de que las lenguas y los pueblos tienen derechos, no es discriminación positiva; es lisa y llanamente estúpido. Es lo que tiene dejar que los sentimientos de los que más gritan o con más descaro piden se impongan sobre la razón del buen gobierno y el sentido común. Si alguien me convence de que esta situación no supone la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, prometo que mañana me doy de baja en UPyD y me afilio a ERC; pero, si no es así, seguiré trabajando para que este 2009 que empieza mi partido alcance los buenos resultados electorales que todo indica va a obtener en Galicia, País Vasco y Europa. Vamos a empezar a vestir al Emperador.

El diario La Vanguardia, con la simpatía hacia UPyD que lo caracteriza, no miente cuando informa más detalladamente acerca de nuestra posición en torno a la celebración oficial del 30º aniversario de la Constitución; pero todos sabemos que, aun sin mentir en el cuerpo de la noticia, un titular malintencionado puede tener el mismo efecto que la mentira más descarada. Es el caso de su información de anteayer: “PNV, ERC, ICV, CC, BNG, UPyD y Na-Bai no participarán en el 30º aniversario de la Constitución”. Este titular, igual que su subtítulo (“Sólo el PSOE, el PP, CiU e IU acudirán a esta cita”), sin paliativo alguno, miente, porque sugiere que UPyD se alinea o pertenece al espectro de los partidos antisistema que se oponen a la norma fundamental española.

UPyD y su portavoz, Rosa Díez, van a celebrar el aniversario de la Constitución el 6 de diciembre, sólo que no lo van a hacer en el habitual marco protocolario en las Cortes, sino en Bilbao, en el Hotel Ercilla, a las 12:30. Por si hiciera falta, lo ha explicado Carlos Martínez Gorriarán en su blog, y sus palabras no necesitan comentario: “Seamos serios, ¿tiene algún sentido celebrar la Constitución con los responsables del Estatuto de Cataluña, de Andalucía o de Valencia? ¿Con los impulsores de la “normalización lingüística” en Galicia, Cataluña y Baleares? ¿Con los partidos que se reparten en sus despachos los órganos de gobierno del Poder Judicial y pisotean el principio de su autonomía, consagrado por la Constitución?” Cualquier observador desprejuiciado concluirá que no: no tiene sentido. UPyD va a celebrar el cumpleaños de nuestra carta magna junto a aquellos ciudadanos que más necesitan el recordatorio de que, efectivamente, la Constitución sigue vigente, dado que sus autoridades se han empeñado en olvidarlo. En Bilbao, como en cualquier rincón del País Vasco, la Constitución no rige como en el resto de España.

Donde hay ciudadanos amenazados, donde se recortan las libertades de quienes piensan, sienten o hablan de determinada manera: ahí sí importa conmemorar la Constitución. Ahí es donde nadie va a echar en falta un brindis más o menos, un discurso huero con que cumplir las formalidades. En Bilbao sí tiene sentido manifestarse a favor del texto constitucional que más prosperidad y calidad democrática ha permitido a los españoles desde que se iniciara la serie en aquel glorioso 1812. Antes de que los mismos que organizan celebraciones institucionales vacías de contenido se la carguen, conviene recordar a la ciudadanía que existe un grupo de gente comprometida con la causa de las libertades, gente que prefiere hacer ostentación de su adhesión a la Constitución allí donde verdaderamente hace falta colmarla de significado. De ahí el eslogan de la cita de UPyD en Bilbao: Constitucionalistas, aquí y ahora. A esto se llama arrimarse al toro; a lo demás, toreo de salón. Claro que siempre ha habido comentaristas taurinos más dados a celebrar las posturitas que el arte; y críticos convenientemente engrasados por apoderados y empresarios varios. Qué casualidad: como en el diario La Vanguardia, tan escandalosamente subvencionado por la Generalitat…

Un vídeo sobre la participación de UPyD en la manifestación del pasado 15 de noviembre en Madrid por la libertad del Sáhara Occidental:

No es de extrañar –aunque sí deberíamos evitar– que los ciudadanos españoles cansados del absurdo estado de las cosas en las comunidades bilingües tiendan a extremar sus manifestaciones. Ayer se equivocaba un compañero en los términos formales de una reivindicación que, sin embargo, nos parece justa. Su solicitud de que la compañía Swiss International Airlines restablezca el uso del castellano en sus vuelos a Barcelona es un requerimiento legítimo: sin duda más legítimo que los realizados por algunos ejecutivos autonómicos por cuanto se hace desde lo particular y evidentemente sin la fuerza coactiva de que éstos están dotados (recordemos el lamentable acoso a Air Berlin por parte de los gobiernos balear y catalán y su legión de lacayos subvencionados). Pero, al fin y al cabo, la compañía ejerce su libertad al elegir una política de empresa y no otra. No estaría de más, no obstante, averiguar cuáles hayan podido ser las presiones de la administración catalana en ese sentido.

Y es que los ciudadanos que no hemos llegado a interiorizar la clasificación de las lenguas españolas en lenguas de primera (democráticas, de prestigio, propias) y segunda categoría (el español en todas las comunidades bilingües) seguimos indignándonos por lo que percibimos como una imposición de un nuevo pensamiento religioso, y por tanto irracional, sobre la irrefutable lógica de las necesidades reales. Traeré a colación sólo dos ejemplos que tienen que ver con la peligrosa pero evidente tensión que se da en las Baleares entre la obsesión lingüístico-identitaria de los poderes públicos, por un lado, y sus políticas de seguridad vial por otro.

Quienes visitan la hermosa isla de Menorca comprueban pronto que, al comienzo de diversos tramos de su red viaria de especial riesgo, las autoridades han dispuesto carteles anunciadores que rezan así: “Atenció. Línea discontínua només indica eix carretera” (“Atención. La línea discontinua sólo indica el eje de la carretera”, es decir, no autoriza el adelantamiento sin visibilidad). De manera similar, el Ayuntamiento de Palma ha rotulado el asfalto de algunos pasos de cebra en calles céntricas con el siguiente texto: “1 de cada 3 morts en accident de trànsit anava a peu. Atenció! Tots som vianants” (“Uno de cada tres muertos en accidente de tráfico iba a pie. ¡Atención! Todos somos peatones”).

Uno puede discutir la eficacia general de estas medidas, pero lo que resulta incuestionable es que cuando la administración decide tomarlas suponemos que lo hace porque considera que así protege la seguridad de los ciudadanos. Pero es un error: esto sería así sin duda en las comunidades monolingües de España. En Baleares, como en las demás comunidades con lenguas propia e impropia, existe un factor que pesa más a la hora de cualquier decisión política o administrativa: la llamada normalización lingüística. Por ello, el Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Palma no rotulan en castellano a pesar de que –ya no vamos a mencionar los derechos preteridos de muchos menorquines y palmesanos de habla castellana– Menorca o la calle Jaime III son destinos visitados por infinidad de turistas y trabajadores peninsulares y extranjeros que no están familiarizados con el catalán. Con estas actuaciones queda tristemente claro que las autoridades autonómicas y locales, infectadas de la enfermedad identitaria, valoran lo que ellos llaman normalización lingüística más que la seguridad física de los ciudadanos. ¿De qué sirve un rótulo que tal vez sólo la mitad de sus lectores entienden o que, en el mejor caso, requiere de la otra mitad un esfuerzo y una atención adicionales para desvelar su contenido? ¿Estará satisfecho el correspondiente consejero de Movilidad cuando muera en accidente un ciudadano porque no entendió el rótulo que le avisaba del peligro en las curvas? ¿Dirá para sí: “Tot sigui pel català” y seguirá trabajando tranquilamente por la normalización? Evidentemente no: no percibe la contradicción que aquí planteamos, porque no es que sea mala persona, no; es que está ciego.

No nos sorprendamos: es la tónica por estos pagos. Criterio tan absurdo ha cundido en todos los terrenos, y así los derechos del catalán se imponen sobre la libertad de mercado (se obliga a rotular los comercios en catalán o se hostiga a las compañías aéreas para que cambien sus políticas de atención al cliente), sobre el derecho a la educación (la tasa de fracaso escolar en Baleares es muy superior a la media española, que ya es muy alta, lo cual está directamente relacionado con la práctica de la inmersión lingüística), sobre la calidad de la sanidad (el catalán se acaba de convertir en requisito para médicos y ATS pese a la enorme carencia de profesionales cualificados en las Islas), sobre la excelencia académica (en muchos concursos se valora más un certificado de catalán que un doctorado alternativo), y así ad infinitum.

En cualquier país civilizado, cualquiera de estos datos por sí solo habría provocado hace años un movimiento de protesta y la destitución de los responsables de semejantes dislates. En España, que como todo el mundo sabe es un país bisoño desde el punto de vista democrático, nos interesan más los mitos de la tribu que la eficacia y la justicia. Por eso no son de extrañar algunas reacciones pendulares. Pero no se preocupen: UPyD, como manifestación política de un necesario movimiento cívico que ha tardado demasiado tiempo en abrirse paso, ha llegado por fin, ha arraigado y va a quedarse. A aquellos que nos acusan de ser “un partido monotemático” (ésta parece ser la nueva estrategia pergeñada por los geniales propagandistas de los grandes partidos) habrá que contestar que, aunque estemos atentos a todos los problemas de la sociedad, ningún complejo nos hará renunciar a la defensa de las libertades individuales, que los derechos lingüísticos de los ciudadanos entran en su número y que, además, su menoscabo es particularmente significativo de una deriva totalitaria. Defender la elección de lengua es defender los derechos de la gente y, si los poderes públicos son monotemáticos en este sentido, nosotros –què hem de fer?– vamos a seguir hablando de su monotema; con la sangre fría y con toda la decisión del mundo.

Salvando la evidente exageración, que en toda parodia inteligente es recurso retórico, Casablanca de Llobregat demuestra que la gente con talento sabe impregnar de humor hasta las denuncias más acuciantes. Está haciendo furor en Internet...

Una clase de violín en una academia privada de Palma. Los dos alumnos tienen tres años: M., castellanohablante, y D., catalanohablante. La profesora, una joven y magnífica instructora. Al principio del curso preguntó a los padres de M. si deseaban que las clases se le diesen al niño en español. "De hecho, yo soy castellanohablante", dijo. Los padres de M. contestaron que les daba igual. La madre agregó que las diese en catalán, que así el niño lo aprendería. "Eso que gana", dijo la madre.

Tres meses después, las clases se han venido desarrollando casi exclusivamente en catalán. Nadie se ha quejado. Hoy la profesora, conforme a su costumbre, canta una canción sencilla para enseñar las notas. Excepcionalmente, lo hace en castellano, pero los padres de M., que como los de D. siempre están presentes durante las clases, ni se dan cuenta de en qué canta la profesora, porque entienden perfectamente ambos idiomas y no están atentos precisamente a este punto, sino al desarrollo de la clase. Cuando concluye la tonada, la profesora se dirige a D. y le dice, con una sonrisa: "A que us agrada aquesta cançó? És en castellà, però no passa res, eh que no?"

Al padre de M. se le escapa un bufido de asombro. La profesora cae en la cuenta y, avergonzada, durante unos segundos no puede levantar la vista del suelo.

Por un momento piensan los padres que tal vez sólo quiso cerciorarse de que D. había entendido la canción; pero nunca había hecho comprobación semejante con M. cuando las canciones eran en catalán. La frase "Es en catalán, pero no pasa nada" es sencillamente impensable. No. Lo que aquí pasa es que la profesora sentía la necesidad de justificar una imperfección. La frase es de la estirpe de aquellas otras que tanto han despreciado siempre los padres de M.: "es bien guapa para ser negra"; "es gitano, pero es buena persona"; "para ser mujer no conduce mal"; "es en castellano, pero no pasa nada".

No es una fanática, la profesora. Es que tenía que justificarse ante D., por mucho que durante tres meses nunca hubiese sentido la necesidad de justificar ante M. que todas las canciones, las explicaciones y las conversaciones fuesen en catalán. La profesora ha estudiado en el sistema educativo de la lengua propia, la inmersión lingüística, la identidad y todas esas zarandajas reaccionarias. Se ha pasado la vida escuchando que la lengua vehicular debe ser una y no otra. Toda la vida le dijeron que lo natural era eso, que lo contrario no dejaba de ser una excrecencia histórica, una imposición foránea, y cuando se descuida le sale el prejuicio a tomar el aire. La profesora no es una fascista; seguramente es sólo otra víctima de una ideología totalitaria. Pero cuando se comporta así hace sentir a los padres de M. como ciudadanos de segunda: portadores de una lengua cuyo uso es necesario justificar.

También es posible que, con el tiempo, esas actitudes consigan que M. se avergüence de su lengua materna. Son las ventajas de la normalización.

Hace unos días participaron en el coloquio “Intel•lectualitat i política” el escritor José Carlos Llop y el exalcalde socialista de Palma y prestigioso columnista Ramon Aguiló, en la Fundació Pilar i Joan Miró. Asistieron numerosos políticos mallorquines, entre ellos –aparte siete miembros de Unión, Progreso y Democracia– la consejera de Cultura y vicepresidenta del Consell Insular de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, que presentaba el acto, y sentados en las primeras filas la consejera de Educación Bàrbara Galmés, la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, la concejala de Cultura, Nanda Ramón, la presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, el expresidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, y otras figuras del socialismo institucional y asociados. Es extremadamente infrecuente contemplar semejante concentración de cargos públicos en una conferencia de tipo cuasifilosófico; si bien –por allí andaba la directora del centro y anfitriona– todo se explica porque jugaban en casa. O eso creían.

La señora Mascaró, que en algún momento mostró lagunas muy notables, presentó el acto con más voluntad que acierto. A continuación los ponentes desgranaron sus argumentos en torno a la relación entre intelectuales y política con los estilos que los caracterizan: Llop, el escritor mallorquín de mayor proyección internacional, pausado y elegante; Aguiló, verdadero y con magníficos destellos de vehemencia. De entre los numerosos aspectos que tocaron, quiero que quede constancia del momento en que Ramon Aguiló denunció la farsa en que se ha convertido hoy la política: una representación, dijo, ante la que ni siquiera nos queda el consuelo de que se trate de una representación de calidad; “es que los actores son muy malos”, afirmó. Denunció el valiente exsocialista cómo los políticos han dejado a un lado el pensamiento y, por tanto, a los intelectuales, para lanzarse en brazos de esa ficción –un asistente recordaría luego la sociedad del espectáculo de Debord–, y Llop apuntó cómo el lugar de esos intelectuales en la vida pública ha sido ocupado por las caras más visibles de la televisión: tertulianos, estrellas mediáticas… Aguiló se mostró asombrado de que los políticos ofrezcan dinero por el nacimiento de un niño o alienten conductas como las de quienes se presentan en una conferencia de Fernando Savater en cualquier universidad para llamarlo fascista. “¡Savater fascista!”, se sorprendía el exalcalde. Aguiló denunció este estado de cosas en que los políticos han renunciado a las ideas y se han abrazado a los sentimientos, a la imagen y a una ficción marcada por el sectarismo.

Las últimas palabras de esta intervención suya arrancaron los aplausos del público. Cuando éstos se apagaron todos pudimos advertir el silencio glacial de las primeras filas y la incomodidad en los gestos. El coordinador del ciclo, Miquel Borràs, quiso romper el hielo observando, a modo de broma: “Los políticos no han aplaudido”, pero con esta frase sólo consiguió señalar todavía más precisamente a quienes allí se sentaban, unos minutos antes tan ufanos y ahora tan evidentes. Ramon Aguiló, desde su reconocida estatura moral, había estado hablando de ellos.

Fa poc més d'un any varem nèixer amb aquestes paraules i aquestes idees bàsiques:

Per què un nou partit?

Partim d’un suposat revolucionari: que els ciutadans no neixen essent ja d’esquerres o de dretes ni amb el carnet de cap partit als bolquers. Anem encara més lluny amb el risc d’escandalitzar els esporuguits: considerem els ciutadans capaços de pensar per ells mateixos i de triar en conseqüència, d’acord amb les ofertes dels partits i de la seva experiència de la situació històrica que vivim. Per tant, no creim que ningú estigui obligat a votar sempre el mateix o a resignar-se amb les opcions polítiques vigents que ja l’han decebut anteriorment.

Esser considerats d’esquerres o de dretes no ens pareix el centre del problema. Encara que ens compadim cordialment dels qui no tenen altres arguments per desqualificar l’adversari. En realitat, ni l’esquerra ni la dreta son idees platòniques, invulnerables al pas del temps i als canvis socials. Quan parlem d’esquerra o de dreta no ens referim a la Guerra Civil, ni a la Segona Guerra Mundial, ni a la Revolució Russa o Francesa... sinó als partits concrets que es posen aquesta etiqueta avui en dia. I és evident que hi ha hagut grans transformacions: per exemple, ahir l’esquerra i la dreta pareixien representar classes o nivells econòmics, però avui en dia hi ha molts milionaris renouerament esquerrans (sobretot als mitjans de comunicació o artístics ) i també assalariats modestos que són bé de dretes. Nosaltres no tenim cap problema a dir que si esser d’esquerres ara és donar suport dins Espanya a les exigències nacionalistes o separatistes, l’asimetria o el diàleg polític amb els terroristes, i en política exterior tenir com a referències Fidel Castro o Chavez..., llavors som de dretes. I que si pertànyer a la dreta exigeix considerar l’homosexualitat una malaltia (i el matrimoni entre persones del mateix sexe una aberració), un delicte l’avortament o l’experimentació genètica amb intenció curativa, i tenir els pares com a responsables exclusius de la formació ètica dels fills, encara que sigui pel que fa a les qüestions cíviques, o exigeix també estar obligats a donar suport a la invasió d’Irak o a considerar inalterable la distribució de la renda i a resignar-se davant de la pobresa de milions de homes i dones..., llavors no hi haurà més remei que declarar-nos d’esquerres.

Per evitar aquest fals dilema, nosaltres preferim parlar de progressisme en lloc d’esquerra o dreta. Esser progressista és lluitar contra les tiranies que trepitgen la democràcia formal, però al mateix temps és estar contra la misèria i la ignorància que impossibiliten aquesta democràcia material. I ni els actuals partits d’esquerra ni els de dreta tenen el monopoli del progressisme encara que les dues tradicions hagin contribuït a ell. A nosaltres ens agradaria esser capaços d’aprofitar els elements positius d’uns i altres però sense haver de carregar amb els prejudicis i regusts reaccionaris que nien en els dos camps. No denunciam que els partits actuals ho facin tot malament, només assenyalam que cap ho fa tan bé com perquè hàgim de renunciar a cercar alguna alternativa millor. Esser progressista, a més, significa creure que l’activitat política pot i ha de millorar les condicions de la nostra vida com a col·lectivitat: a alguns no els interessa la política més que com a mitjà per defensar-se de l’Estat, però nosaltres volen aconseguir, a través de la política, un Estat que ens defensi millor a tots. Els ciutadans no podem excloure’ns de la vida política, ni refugiar-nos quan no ens agraden les lleis o les decisions governamentals en l’abstenció o la renuncia d’exigir el respecte a les nostre llibertats i els nostres drets. Perquè, ho vulguem o no, sí que és en nom nostre que es legisla o es governa: per tant, no hi ha més remei que implicar-se perquè les nostres idees tenguin veu i estiguin tan ben representades com sigui possible. Per això emprenem aquesta aventura i demanam el suport dels nostres conciutadans.

Per a què aquest nou partit?

La base de la ciutadania democràtica és la igualat en llibertat: lleis iguals per tots i tots iguals davant la llei. Aquest objectiu exigeix, com es lògic, la cohesió institucional i simbòlica de l’Estat encarregat de definir i garantir els drets concrets dels ciutadans. Doncs bé, creim que aquesta igualtat està amenaçada avui a Espanya fonamentalment per culpa dels excessos d’un model territorial sotmès a un constant desbordament a causa de les pretensions nacionalistes. Aquestes exigències, cada dia més crescudes, han contagiat en gran mesura la resta dels grups polítics dins cada Comunitat Autònoma. El separatisme -al manco el retòric- és contagiós i els no nacionalistes corren per mostrar-se aparentment tan identitaris com els altres per por de perdre els vots d’una majoria que entén la defensa del que és seu únicament per oposició al que és de tots. En conseqüència, les atribucions de l’Estat es desdibuixen i quan tracta d’imposar la seva autoritat pareix que atropella els sants drets regionals. A les escoles, es remarquen totes les diferències com a fonamentals i eternes, mentre que allò que ens uneix es mostra com a imposat i transitori. El que és propi és sempre víctima del que és comú, allò que no pertany a la nostra demarcació, no existeix o constitueix una amenaça. La benintencionada descentralització autonòmica s’ha convertit en llicència per fabricar com una espècie de miniestats virtuals governats per burocràcies arrogants, primmirades i inamovibles.

Aquesta deriva perillosa és especialment nociva pel que fa a l’ús i aprenentatge de la llengua espanyola. Un Estat de Dret necessita una llengua comuna, l’ús de la qual no sigui tant sols una elecció personal sinó sobretot un instrument polític per a la realització dialèctica de la pròpia democràcia. Totes les llengües de la nostra nació són respectables i dignes de foment, però la castellana és a més imprescindible com a vehicle d’enteniment general i de debat de les qüestions que afecten tota la comunitat. L’ensenyament públic l’ha de considerar en aquest sentit i no com una més entre les altres; això quan no es considerada com un accessori molest que s’ofereix als estudiants només per la via de les reclamacions costoses i difícils. Per suposat els que més pateixen l’arraconament docent del castellà són els més febles econòmicament i els immigrants, o sigui, els que necessiten la llengua per integrar-se laboralment i socialment en el marc estatal més extens possible i no tenen recursos per acudir a escoles privades en les quals rebran ensenyança en la llengua que millor els convingui.

Nosaltres estam, naturalment, a favor de l’Espanya plural dels ciutadans iguals i diferents, però no estam a favor de l’Espanya asimètrica dels territoris enfrontats, radicalment contrària al principi democràtic d’igualtat. No volem un Estat de dret uniforme, ni molt manco uniformat, però sí unitari i descentralitzat. El fetitxisme de la diferència ens pareix una autèntica trapasseria política de la qual viuen uns quants il·luminats i nombrosos aprofitats de la política local. Pensam que a Espanya s’està reeditant el caciquisme, és a dir que els amos quasi feudals de cada regió fan i desfan en el seu territori lloant el narcisisme localista i comprant llavors la benevolència governamental a base de suports hàbilment negociats al parlament estatal. Per això un dels nostres objectius és aconseguir un pes suficient al Parlament espanyol com per poder contribuir a formar alternatives de govern lliures d’hipoteques nacionalistes.

Però la igualtat dels ciutadans té també altres amenaces. Un Estat democràtic ha d’ésser laic, és a dir neutral davant totes les creences religioses respectuoses amb els drets humans i amb el nostre sistema jurídic, i també davant la creença dels que no creuen en cap religió. El laïcisme no és una postura en contra de la religió, ni irreligiosa (hi ha laïcistes molt creients) sinó oposada tant sols a la manipulació teocràtica de les institucions públiques. L’Estat laic reconeix la fe religiosa com un dret de cada qual –sotmès únicament a les lleis civils- però no com un deure de ningú ni molt manco dels poders públics pel fet que legislen, eduquen o financen diverses activitats culturals. La manifestació pública de les religions és perfectament lícita però s’ha d’efectuar sempre a títol privat, no com a obligació col·lectiva o institucional. Per tant, és evident que a l’escola pública no s’haurien de donar cursos de cap religió com tampoc s’haurien d’oferir lliçons d’ateisme. Nosaltres, partidaris de la igualtat de tots els creients i no creients, voldríem arribar a un Estat realment laic, on cap religió perdés el seus drets i en canvi fes que desapareguessin els privilegis actuals de certes confessions que en algunes ocasions converteixen l’interès general en hostatge d’unes creences particulars. De la mateixa manera, voldríem un Estat també laic en matèria identitària on les institucions no pressionessin il·lícitament els ciutadans perquè s’integressin contra la seva voluntat en un determinat model d’identitat suposadament cultural o lingüística però normalment nacionalista.

Per suposat, la desigualtat entre els ciutadans té també a vegades causes econòmiques. Nosaltres creim que tota riquesa és social i prové, en darrer terme, de la societat; encara que provingui de la iniciava individual que lícitament es beneficia d’ella. La millor forma de redistribuir la riquesa acumulada socialment són uns serveis públics efectius i accessibles per atendre qüestions bàsiques: educació, sanitat, comunicacions, transports assistència social a nins, minusvàlids i ancians, pensions, etc. Un serveis que han de tenir qualitat i s’han de gestionar amb eficàcia per evitar despeses inútils en els recursos a través de la concurrència dels sectors públics i privats, adoptant les formules que millor responguin als objectius d’atenció a tots els ciutadans i que, en qualsevol cas, estaran subjectes a la supervisiò de l’Estat. Els ciutadans han de tenir les mateixes oportunitats d’accés a aquests serveis i un mateix tracte en ells, amb independència del lloc on residesquin i per això s’ha de garantir un finançament públic equitatiu, que elimini els privilegis que avui en dia atorguen els sistemes de Concert al País Basc i Navarra, i els que es pretenen imposar a través de les reformes dels Estatuts d’Autonomia. I per altra part, la redistribució de la riquesa requereix que el sistema fiscal millori el seu control sobre totes les fonts de renda i no castigui, com passa actualment, els treballadors assalariats mestre privilegia els perceptors de rendes del capital. El reforç dels serveis públics i de la Seguretat social –impedint que es deteriori per deixadesa intencionada a fi de fomentar llavors la seva privatització– ha d’ésser una de les prioritats del nostre partit.

Resumint: un nou partit per garantir la unitat institucional i la coordinació tant legal com fiscal de l’Estat de Dret, com també la seva rigorosa laicitat i l’optimització dels serveis públics amb la finalitat de possibilitar la igualtat real dels ciutadans en l’exercici de les seves llibertats democràtiques.

Primeres propostes

Avançam algunes de les nostres propostes principals :

1. Reforma de la Constitució, centrada en tres àmbits principals:

a) tancament del model territorial a través de l’atribució a l’Estat d’un conjunt de competències fonamentals (per exemple educació i fiscalitat, a més de les que té actualment) que no haurien de ser delegades. Igualtat bàsica de competències per a totes les Comunitats Autònomes. Desaparició de la referència als “drets històrics” i de la disposició transitòria relativa a l’eventual fusió de la CAV i la Comunitat foral de Navarra.

b) millora i reforç del drets i obligacions individuals, que han de ser estrictament iguals per a tots els ciutadans del país, sense sotmetre’ls a discriminacions territorials, ideològiques o religioses, ni tampoc a polítiques de suposada “normalització lingüística“ o a preferències dels nadius sobre els immigrants d’altres parts d’Espanya.

c) millora de la divisió de poders reforçant en especial l’autonomia del poder judicial respecte a l’executiu (revisió del paper del Fiscal General, per exemple) i el legislatiu, consolidant així la unitat del sistema judicial a tot el país i evitant d’aquesta manera el seu desmembrament en sistemes autonòmics independents. També s’han de cercar fórmules que garantesquin la independència i la professionalitat del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Comptes i dels Òrgans Reguladors de caràcter econòmic per eliminar la seva dependència del poder executiu.

2. Per fer efectiva la laicitat de l’Estat, revisió dels actuals acords concertadors amb la Santa Seu i amb les altres confessions religioses.

3. Reforma de la Llei Electoral que servesqui per corregir la representació desproporcionada dels grans partits revisant el sistema de circumscripcions electorals per acabar amb l’excessiva preponderància dels partits nacionalistes als quals es concedeix en la pràctica un poder d’arbitratge que dóna origen a l’extensió del que hem anomenat “nacionalisme obligatori” i també de les seves imitacions regionalistes.

4. Promoure totes les mesures polítiques que augmentin i reforcin la qualitat de l’educació pública laica i de la investigació científica i s’oposin a la difusió del fanatisme i de la ignorància, incloent la introducció d’assignatures pensades per ensenyar els principis ètics i polítics comuns a tots els espanyols amb independència de la seva llengua materna, lloc de residència o creences religioses i ideològiques. En aquest sentit, reclamarem l’acompliment escrupolós del dret a l’escolarització en la llengua materna, atacat i negat en diverses comunitats autònomes, i ens oposarem a tota mesura de discriminació política i social basada en suposats lingüístics considerats normalitzadors pel nacionalisme, per defensar, en canvi, la normalitat de la permanència de la llengua comuna sobre la particular, que en canvi ha de ser reconeguda, protegida legalment i emprada per l’administració per poder garantir el bilingüisme on aquest existesqui realment; de cap manera ha d’imposar-se als ciutadans com a requisit indispensable per exercir qualsevol feina pública o per de tenir un negoci privat.

5. Mesures de regeneració democràtica que vinculin més estretament els representants polítics amb els representats –analitzant la possibilitat d’introduir un sistema electoral amb llistes obertes, l’elecció directa dels càrrecs personals principals com presidències de governs (nacional i autonòmics ) o batllies, la limitació de mandats- que introduesqui incompatibilitats més rigoroses entre l’exercici de càrrecs públics i negocis privats. També proposarem mesures que puguin preveure pactes postelectorals que desvirtuïn o tergiversin el resultat electoral i que facin més transparent el finançament dels partits polítics i millorin la seva autonomia dels grans poders econòmics.

6. Mesures per combatre el terrorisme que posin l’èmfasi en la derrota d’ETA i de tota organització terrorista, combatin les seves accions violentes, perseguesquin el seu finançament i n’impedesquin la justificació política i ideològica. En les seves pitjors manifestacions, el terrorisme ha de ser considerat un crim contra la humanitzat, de manera que els delictes terroristes siguin imprescriptibles i estiguin subjectes a jurisdicció universal. En cap cas ha de ser considerat com una forma acceptable o justificable de l’acció política, i ha de ser proscrit a totes les societats.

7. Mesures econòmiques i socials que, respectant l’estabilitat macroeconòmica, promoguin el desenvolupament i la competitivitat de l’economia espanyola, per corregir les desigualtats regionals. L’Estat ha de millorar l’educació, la formació i la seguretat dels treballadors; ha d’afavorir, mitjançant les infraestructures, la integració del mercat interior, ha d’afavorir la investigació i la innovació a les empreses, i ha de garantir la llibertat econòmica en l’exercici de la competència.

8. Política internacional sensible a les transformacions conseqüència dels processos de globalització i integració mundial, incloent l’intercanvi de grans poblacions de diferent tradició cultural a través de la immigració econòmica i política, per aconseguir que aquests gran canvis, en lloc d’afavorir la intolerància cultural, el fonamentalisme religiós i la tirania política, impulsin el progrés de la humanitat i el lliure desenvolupament de la civilització i dels principis democràtics universals a tot el món. Que, per una altra banda, corregesqui el suport donat a règims autoritaris o populistes tant a Amèrica Llatina com al nord d’ Àfrica, i doni una resposta justa i equitativa al deute moral que els espanyols tenim amb el poble saharià. Que, afirmant la sobirania nacional als fòrums internacionals, promogui també l’aprofundiment de la integració europea, i enfortesqui la Unió Europea en el terreny polític i de defensa perquè els europeus puguem trobar el lloc que ens correspon en el concert internacional.

En referència a Europa, volem afirmar la nostra confiança en la consecució d’una Unió profundament democràtica, que progressi en l’abolició de les fronteres interiors, afavoresqui la llibertat de circulació i de residència dels ciutadans europeus i perseguesqui la convergència fiscal jurídica i educativa dels Estats europeus.

9. Mesures racionals en política mediambiental que facin compatibles el desenvolupament econòmic i tecnològic,amb la protecció del medi ambienti especialment de la biodiversitat, i que a la vegada potencïin l’estalvi energètic, la investigació del canvi climàtic i les possibles mesures correctores, la millora de la legislació protectora d’espais naturals i la progressiva millora de la qualitat ecològica de les ciutats i del conjunt del territori, oposant-nos a la destrucció del litoral i d’àrees naturals sensibles per culpa d’una urbanització abusiva o d’uns usos inadequats.

Conclusió

Cap dels grans partits nacionals actuals –i menys els nacionalistes -defensa propostes semblants a les nostres. La seva fermesa contra el nacionalisme obligatori resulta discutible, ja que cap d’ells ha deixat de fer-los concessions que ataquen la igualat de la ciutadania espanyola en matèria lingüística, educativa, fiscal o de serveis públics. Tampoc cap d’ells proposa la reforma de la Constitució que, lògicament, necessita adaptar-se a les noves condicions polítiques dels país i a un món en canvi constant. Ni propugnen una reforma de la legislació electoral que tal vegada perjudicàs les seves expectatives, encara que milloraria la democràcia en aconseguir una representació més proporcionada dels corrents socials existents i combatria la pujada de l’abstenció i del rebuig cap a la política. Cap d’ells tampoc insisteix a aprofundir el laïcisme de l’Estat per fer front a la pujada del fonamentalisme religiós, a les intromissions exagerades del clergat en l’ensenyament públic i a la multiplicació de les polítiques identitàries que pretenen dictar els sentiments de pertinença i de comunitat. Ni cap, finalment, està interessat a proposar reformes que revitalitzin la democràcia i reduesquin el poder dels aparells dels partits en benefici d’una deliberació pública i oberta, més enllà de l’alienació sectària i del dogmatisme sense idees.

Aquestes són, en canvi, les propostes que fa el nostre partit. Tan sols pretèn existir mentre sigui necessari per resoldre els problemes que ens preocupen. Ens obliga a néixer l’immobilisme conformista dels partits existents, i estam convençuts que les reformes que proposam són indispensables per fer front amb èxit a la disgregació de l’Estat, per aconseguir la derrota del terrorisme sense pagar cap preu polític, i sobretot per augmentar la llibertat i la igualtat de tots nosaltres. Creim que aquestes idees i objectius polítics no són, en ells mateixos, ni d’esquerres ni de dretes, sinó que poden esser compartits per tot el qui vulgui el progrés del nostre país, Espanya, i una democràcia més lliure i igualitària que ho faci possible.

A alguien que no conozca el régimen político español le puede parecer chocante la situación que vivimos en Baleares: un parlamento donde un puñado de personajes imputados en diversas fases de sus respectivos procesos penales deciden mayorías, legislan, aprueban presupuestos. Pero que la bajeza moral de la política balear sea extremada no significa que sea esencialmente distinta a la que caracteriza, aunque de momento se manifieste con menor intensidad, otras regiones de España con fiscales tal vez menos diligentes. El régimen español prima a los corruptos porque los partidos que permean toda actividad pública sobreviven gracias a una bien engrasada maquinaria de financiación ilegal, a base de comisiones ilegales y cohechos varios. Haber tolerado que dirija la república una casta de mangantes sin escrúpulos, cuya habilidad para corromperse sostiene económicamente en pie todo el edificio partitocrático, tiene como ineludible corolario la aplicación de esa falta de escrúpulos no sólo a los trapicheos clandestinos, sino también a la política visible. La mangancia se ha contagiado de los partidos a las instituciones.

La más grave no es, por tanto, la corrupción que consiste en llenarse los bolsillos o en llenar las arcas del propio partido con cargo al contribuyente. Y digo que no es la más grave porque, al fin y al cabo, a veces los fiscales y los jueces llegan a perseguir y castigar a quienes así se corrompen. Lo más grave es que consideremos legítimas actuaciones políticas que traicionan y pervierten el sentido de las instituciones democráticas.

Así, presumimos corrupto a Bartomeu Vicens, pero no son menos corruptos quienes a partir de ahora, y tras unas solemnes manifestaciones de condena que a nadie engañaron (y si no fíjense en la sonrisilla ufana de Vicens), se limitarán a mirar para otro lado mientras el imputado sigue votando lo mismo que votaba antes, es decir, a quien la señora Munar le diga. Los presupuestos de la comunidad se van a aprobar con el voto del tránsfuga imputado y a nadie se le van a caer los anillos. Pero es que la alternativa sería sacarlos con los votos del rebaño de imputados que a su vez pastorea Rosa Estaràs. Y ahora parece que el PSOE-PSIB va a aportar su propio imputado, para no ser menos: Xico Tarrés, por el caso Ibiza. En el fondo, ¿qué más da? No es ilegal, así que tendremos que seguir solazándonos con este espectáculo mientras ellos quieran.

En otro ámbito, el nacional, lo retrató José Antich, director de La Vanguardia, hace unas semanas a propósito del acuerdo entre Gobierno, PNV y BNG para aprobar los Presupuestos Generales del Estado: “el PNV y el BNG no dan apoyo a una política económica, que es la que siempre se define en unos PGE, sino a una más que legítima transacción económico-política: competencias y dinero para sus respectivas comunidades autónomas a cambio de votos en el Congreso”. Subrayo aquello de la legitimidad porque he ahí el meollo de la cuestión: al PNV y al BNG no le gustaban esos presupuestos y así lo habían manifestado, pero en el último momento acceden a votar porque el Gobierno les concede unas migajas competenciales y unos dineros que comprometen al Estado de por vida: nada menos que, por ejemplo, 30 millones de euros para financiar la prejubilación de los ertzainas, lo cual, cuando la noticia cunda, provocará que los nacionalistas catalanes pidan para unos próximos PGE la financiación de la prejubilación de los mossos, y para otra vez sea la Policía Local de Madrid o la Guardia Urbana de Barcelona, o los cuerpos locales y nacionales de policía que cobran del Estado y que pueden aspirar a lo mismo… Sólo este ejemplo da idea de cómo el Gobierno alcanza irresponsablemente acuerdos a corto plazo que le sirven para sortear el bache generando socavones económicos que pagaremos entre todos de por vida… El presidente Zapatero soborna a unos socios que escoge entre los separatistas más desleales (uno de ellos, sin ir más lejos, denuncia a España ante las instituciones europeas siempre que puede y planteaba hasta hace dos días un referéndum anticonstitucional); los socios votan lo contrario de lo que dicta el sentido común porque su objetivo no es el bien del Estado, sino el poder en su comunidad autónoma; el Estado se endeuda más y se sientan las bases de un mayor endeudamiento; los demás partidos toman nota de que para conseguir dineros con los que sufragar sus redes clientelares locales no hay nada como ser desleal con el Estado, y así la deriva centrífuga se intensifica (CC, PP gallego, UPN…); y a Rodríguez Zapatero todo esto le da absolutamente igual, porque su única misión en la vida es permanecer, seguir apareciendo en las fotos con una sonrisa que conforme pasa el tiempo parece más y más impostada… Y lo más triste es que el director de un diario tenido por serio califica todo este cambalache como una más que legítima transacción económico-política. Éste es nuestro pecado: que consideramos legítimo lo que apenas es legal, y no siempre.

Pero no: no es legítimo usar las competencias como moneda de cambio. Que las competencias sean del Estado o de las CCAA no debe depender de la coyuntura parlamentaria, sino de criterios de eficacia y de un pacto constitucional entre partidos leales con la nación. No es legítimo salvar el año hipotecando el futuro, cuando esa hipoteca la vamos a pagar entre todos los españoles. Tampoco es legítimo, volviendo a Baleares, que el Govern y los partidos de un Pacto pretendidamente de izquierdas y pretendidamente ético se apoyen en el mismo partido al que acusaban hace un año, cuando estaban en la oposición y UM gobernaba con el PP de Matas, haciéndose ahora los sorprendidos por lo que entonces denunciaban y ganando las votaciones en el Parlament gracias a un tránsfuga acusado de varios delitos de corrupción… No dudo que todo esto es legal, pero nadie me convencerá de que sea legítimo.

No sé de qué nos quejamos. El afán de poder llega a convertirse en una enfermedad infecciosa, y ante semejante plaga que nos perjudica a todos cada día no vale de nada quejarse, sino procurar administrar el medicamento adecuado o, en caso de tolerancia, cortar por lo sano. Ya va siendo hora de dejar a algunos de estos inmorales fuera de las instituciones.

[Nota de prensa de UPyD Baleares]

UPyD quiere valorar las iniciativas recientemente anunciadas por la consejera de Educación y Cultura, doña Bàrbara Galmés. La iniciativa que elabora la Consejería y que “permitirá evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos de cuarto de Primaria, la práctica docente, el trabajo del equipo directivo y el funcionamiento de las instalaciones escolares”, entrará en vigor “previsiblemente” el próximo curso y se desarrollará “al margen del desarrollo normativo de evaluación de los distintos niveles educativos”. La consejera ha aclarado inmediatamente que los sistemas de evaluación de docentes y directivos no tendrán carácter disciplinario ni se traducirán en ránkings públicos, y que “se trata de una iniciativa que aún está por negociarse y consensuarse con el sector”.

Unión, Progreso y Democracia considera, para empezar, que la responsabilidad de la señora Galmés va más allá de convocar de vez en cuando a los docentes y a la prensa para proclamar sus buenas intenciones: no tiene ningún sentido anunciar medidas de las que todavía no se sabe nada porque serán fruto de una negociación cuyo contenido e interlocutores aún no se conocen, y para las que tampoco se ha establecido un plazo determinado. Para esto no se necesita pagarle un sueldo a una consejera de Educación: con el gabinete de propaganda se cubre esta función sin necesidad de más gasto.

Entrando en el asunto de la evaluación, UPyD considera necesario que a los diagnósticos sigan medidas correctoras, en este caso, de la calidad de la docencia: evaluar sin más consecuencias que las meramente informativas es hacer perder su tiempo a profesores y funcionarios y gastar el dinero del contribuyente para nada, duplicando (como es costumbre del Govern) órganos y procesos administrativos. Es de sentido común que toda estrategia de evaluación tenga como consecuencia el cómputo público de méritos profesionales y, en caso justificado, sanciones; si no, estamos hablando una vez más de papel mojado. Que el STEI se pronuncie en contra de cualquier medida de carácter “punitivo” pone una vez más de manifiesto que este sindicato no trabaja desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza, sino desde el corporativismo y la defensa de los privilegios. Ni el Govern ni los sindicatos parecen interesados en una mejora real de la evaluación ni de la calidad educativa.

El verdadero problema de la Educación en España y, por tanto, en Baleares, es una legislación nacional absurda, que parte de una teoría demostradamente errada (la comprensividad), descarta el valor del esfuerzo continuado tanto por parte de los alumnos como de los profesores y fomenta el acomodo en la mediocridad; y un desarrollo legislativo autonómico que profundiza en este disparatado estado de cosas, como demuestran las últimas instrucciones de la Consejería para la implantación del bachillerato LOE, con las que se quieren rebajar aún más los criterios de promoción y, por tanto, el ya ínfimo nivel de la educación. Los certificados de calidad que sólo tienen en cuenta la habilidad burocrática de los profesores, pero en ningún momento la práctica en el aula ni los resultados entre los alumnos, no contribuyen en nada a elevar ese nivel, sino más bien a distraer recursos y dedicación de lo que de verdad importa: la transmisión de conocimientos a los alumnos. La consejera Galmés demuestra estar más interesada en la apariencia de actividad y en el maquillaje de cifras que en proyectos concretos que eleven eficazmente la calidad del sistema educativo.

UPyD valora las medidas de evaluación que anunció anteayer la consejera como irrelevantes y demagógicas y teme que causen sólo un mayor gasto público. UPyD considera que es necesario introducir, tanto entre los alumnos como entre los profesores, mecanismos realistas de evaluación, es decir, exámenes que tengan por objeto la eficacia de la instrucción, de la transmisión constatable de conocimientos; endurecer los criterios de promoción, de manera que la superación de una asignatura por el alumno y la promoción profesional del docente estén estrictamente relacionadas con esa transmisión de conocimientos por medio del trabajo esforzado y así se demuestre mediante pruebas objetivas; la separación temprana de los itinerarios del bachillerato y la formación profesional; y el reforzamiento de la autoridad de los profesores en el ámbito escolar. Toda medida que no apunte en estas direcciones podrá calificarse de papel mojado.

He aquí el texto de la carta abierta que dirige hoy UPyD al presidente Antich, en respuesta a las recientes e intolerables manifestaciones de la directora de Política Lingüística, señora Tous, en relación con Air Berlin:

M. Hble. Sr. don Francesc Antich
Presidente del Gobierno de las Islas Baleares

Estimado Sr. Antich:

Con respecto a la polémica generada por la insistencia de la Dirección General de Política Lingüística en requerir a Air Berlin que emplee el catalán en sus vuelos, nuestro partido ha lamentado en varias ocaciones lo que siempre hemos entendido como una intromisión ilegítima en los asuntos de una compañía privada, intromisión que voces radicales como la de su socio el señor don Biel Barceló, por no hablar de personajes como Joan Puig Cordón, han elevado públicamente a términos de boicot sin que hayamos escuchado una condena firme por parte del Govern.

El pasado fin de semana la responsable del citado departamento, doña Margalida Tous, se ha manifestado en igual sentido en el semanario del Grupo Serra, Brisas. Afirmar públicamente que no viajará con Air Berlin ni aunque los billetes de otras compañías le cuesten el doble nos parece una llamada directa al boicot hecha desde su autoridad como miembro del Govern y, por tanto, un abuso y un atropello intolerable. Del mismo modo en que hace unas semanas protestamos por la llamada al boicot que ASOCOLOMBIA dirigió contra los productos etiquetados en catalán y los comercios rotulados en esta lengua, en este caso tenemos que condenar las irresponsables manifestaciones de la señora Tous.

UPyD considera que los boicots son medidas puramente agresivas, que llaman al enfrentamiento sin aportar ningún elemento constructivo al debate y que siempre son sufridos por los eslabones más débiles de la cadena social. Es más, creemos que la mera existencia de un departamento de Política Lingüística aproxima la acción política al comisariado y somos partidarios de su supresión. En cualquier caso, la persecución desde instancias oficiales de una compañía privada que genera en las islas una enorme riqueza nos parece profundamente lesiva no sólo para los derechos individuales, sino también para los intereses generales de Baleares. Creemos que las afirmaciones de la señora Tous van en contra no sólo de Air Berlin, sino de la libertad de los ciudadanos de esta comunidad autónoma: parecen indicarnos que el que desobedezca las instrucciones lingüísticas del Govern, incluso en el ámbito privado, se arriesga a ser señalado y sufrir persecución de parte del mismo. No deseamos que esto se convierta en una espiral antidemocrática alentada desde el Govern.

Así pues, exigimos una rectificación pública por parte de la señora Tous. En su defecto, le exigimos a usted, como presidente de nuestro gobierno, que nos indique si es de la misma opinión que la directora general y, si no lo es, qué medidas va a tomar a este respecto.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a la espera de sus noticias, etc.

Amigo Manel,

Gracias por la atención que nos dedicas y por la alusión que me toca. Sin embargo, en algunas cosas debo discrepar. Antes que nada, y aunque sólo sea cuestión de matiz, te aclaro que no somos "un partido sin aspiraciones de gobierno". Lo somos, y no a muy largo plazo. Tal vez quisiste decir "sin posibilidad inmediata de formar gobierno" en las pasadas elecciones, o bien "sin intención de gobernar si es a costa de traicionar sus principios": entonces estaremos de acuerdo.

Otra cosa: entre los miembros del consejo de dirección de UPyD sólo hay dos "políticos de viejo cuño", que son Rosa Díez y Fernando Maura, y, francamente, no me parece demasiado definitivo. Más relevante me parece, por ejemplo, que entre ellos haya varios filósofos y poetas, entre otros profesionales muy destacados. Si todos los políticos, de viejo o de nuevo cuño, fueran como Rosa o Fernando, otro gallo nos cantaría. No se puede decir de muchos políticos que hayan dejado cargos excelentemente remunerados, posiciones en partidos en el poder o muy consolidados y con enormes posibilidades de promoción (con sólo saber doblar el espinazo convenientemente) para montar un partido nuevo donde todo son incógnitas y pasando a cobrar la sexta parte de lo que cobraban o, llanamente, a no cobrar. Criticar ese "viejo cuño" en Rosa no parece un argumento muy sólido en su contra, salvo que uno atienda la demagogia del odio que supuran Zapatero y su clan.

Tu argumento -tantas veces repetido- de que sólo criticamos al PSOE no es cierto. Cualquiera puede comprobar que responsabilizamos al PP balear de la deplorable legislación lingüística que promulgó en Baleares, Galicia y Valencia, y de trapichear con -por ejemplo- Unió Mallorquina como el que más. No obstante, parece razonable criticar principalmente la acción del gobierno, en vez de hacerle oposición a la oposición; máxime cuando se trata, más bien, de la inacción del gobierno. Tus fobias personales te pierden, aquí como en tu intento de asociarnos a medios de comunicación conservadores. Allá cada medio con su política: nosotros no negamos entrevistas a nadie. Es El País el que recorta la imagen de Rosa en sus fotografías (y no es sólo una manera de hablar: lo hace comprobadamente). Por otra parte, ¿acaso te parece más progresista que El Mundo un diario que publica la columna de Payeras que comentaba ayer? Insisto: allá cada cual con sus manías; nosotros estamos a lo nuestro, que es acercar el debate al ciudadano y buscar la regeneración de la democracia.

Y en cuanto a la "banalización" del mensaje de UPyD, lo siento: a los ciudadanos les preocupa el recorte de sus derechos, y por eso piden soluciones como la libertad de elección de la lengua vehicular en la escuela. Es un movimiento cívico que UPyD refleja, y muy orgullosamente. Pero mentirá quien diga que UPyD es "monotemático": no hay más que visitar la web de UPyD para comprobar que nos preocupan los derechos lingüísticos, pero también el terrorismo, el caos y la corrupción institucional de la Justicia, la función militar, la Unión Europea, la reforma de la ley electoral, las hipotecas (presentando proposiciones de ley en el Congreso que tienen que ver con la realidad, y no como el inefable ministro Sebastián)...

Y que te quede bien claro: preocuparse por la discriminación a los castellanohablantes o por la falta de libertad en el País Vasco quizá no sea progre, pero sí progresista en el más noble sentido de esta manoseada palabra: el debilitamiento del estado en España sólo traerá -ya trae- como consecuencias la desigualdad entre los ciudadanos y el recorte de las libertades, pese al insistente discurso centrífugo o francamente paleto que nos venden los nacionalistas y pese al oportunismo irresponsable del PSOE (ese partido que se deja chantajear por partidos como ERC o UM) y del PP (que vendería a la niña de Rajoy con tal de tocar poder; que es cosa muy distinta a gobernar). Sinceramente, creo que esos cuatro diputados y la posición de Rosa como segunda líder política más valorada que ya nos atribuye La Vanguardia (un diario que no se caracteriza precisamente por sus simpatías hacia UPyD) significan que, pese a la exigua atención por parte de la prensa y los bancos, no vamos por mal camino.

Como siempre, saludos muy cordiales.

Así como un periodismo crítico y de calidad es ingrediente imprescindible de las democracias plenas, no es menos cierto que las democracias devaluadas suelen caracterizarse por una prensa salteada de mamporreros. Concluida la reciente visita a Palma de Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán y Fernando Savater, fundadores de Unión, Progreso y Democracia, resuenan ecos en la prensa balear y algún profesional de la estafa al lector vierte aún su estéril simiente de odio.

Me refiero a Miquel Payeras: en su columna del pasado día 23 niega la posibilidad de que, tal y como reclamamos la diputada de UPyD y muchos miles de españoles, el Gobierno disuelva los ayuntamientos vascos en que está presente ETA, en lógica aplicación de la Ley de Bases Local y del sentido común, como se hizo antes con la corrupta Marbella.

Cualquiera podría rebatir al señor Payeras, pero no merece razones quien en su momento sólo aportó insultos. Se limitó a negar dicha posibilidad y, a continuación, aplicar a la valiente diputada vasca expresiones como “imbecilidad”, “cinismo absoluto”, “procacidad desvergonzada”, “esta tipa”, “peligro para la convivencia democrática”, “discurso primario e irracional”, “iluminada”, “infinitas ansias de protagonismo”, “gente sin escrúpulos”… El señor Payeras demuestra ser un sectario de libro: incapaz de argumentar, descalifica movido por el rencor que tantos miembros del establishment zapateril profesan a la mujer que puso y pone cada día en evidencia su asociación con el poder, su desconexión de la sociedad y su abandono de los principios. Mueve a Payeras, al parecer, el mismo odio africano que brilla en los ojos de Zapatero cuando Rosa deconstruye su burda demagogia en el Congreso. Si en vez de atender consignas escuchara el discurso libérrimo de Rosa y de tantos ilustres progresistas como participan del proyecto de UPyD, y a quienes el señor Payeras como demócrata –hay que decirlo– no llega seguramente ni a la suela de los zapatos, entonces merecería argumentos. Así, no.

Tras la polémica servida en días recientes y hasta hoy en torno a la cascada de destituciones de miembros del Govern pertenecientes a dos facciones enfrentadas de Unió Mallorquina y a la continuidad del consejero de Turismo, don Francesc Buils, una polémica en la que en ningún momento se han debatido ni contenidos programáticos ni acciones concretas de gobierno, sino exclusivamente cargos y cuotas de poder, desde UPyD queremos recordar a la Ejecutiva de Unió Mallorquina que los altos cargos del Govern no fueron designados para actuar en pro de su partido ni en el de sus miembros o corrientes, sino en el de todos los ciudadanos.

En Baleares la consejería de Turismo es un elemento clave de la administración y su continuidad no puede estar sometida a mezquindades partidarias; digan lo que digan los estatutos de UM y el llamado Pacto de Gobierno del hexapartito, el presidente Antich es moral y legalmente el único responsable de designar y destituir a los miembros del Gobierno de Baleares, y no el líder de una formación que apenas alcanzó el 6,75% de los sufragios en las pasadas elecciones. No parece, además, que la sustitución del consejero Buils, que acaba de ser respaldado por el sector hotelero, sea urgente en términos de gestión; o al menos no antes que la de otros consejeros.

Desde UPyD, que propone una manera de entender la política que nada tiene que ver con el actual autismo de los partidos baleares, hemos instado formalmente al señor Antich a que explique en qué cree que contribuye el deplorable baile de cargos aludido a la consecución del bien común y, si cree que no lo hace, a que indique qué medidas piensa adoptar para impedir que los ciudadanos sigan asistiendo al bochornoso y poco edificante espectáculo de un gobierno inoperativo, unos partidos aferrados al poder por el poder y un presidente sin autoridad.

Con motivo de la reciente visita de Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán y Fernando Savater a Palma, cabe que alguien se pregunte: ¿por qué, para qué UPyD en las islas? De hecho, algún comentarista ha manifestado la convicción de que UPyD no tiene espacio en el panorama político insular. Lógicamente nadie esperará que uno esté de acuerdo, pero me gustaría además argumentar brevemente no sólo la necesidad de un partido como Unión, Progreso y Democracia en Baleares, sino la franca confianza que muchos tenemos en que su entrada en las instituciones mallorquinas, menorquinas e ibicencas es sólo cosa de esperar a los próximos comicios locales, y de haber conseguido, claro está, trasladar al electorado nuestro mensaje de consenso y sentido común.

Hay motivos generales para el optimismo. El precedente de las elecciones generales, donde UPyD consiguió, en frase de su portavoz y nueva diputada, “colar una piragua entre dos portaaviones”, nos da motivos para pensar que a UPyD le espera un gran crecimiento, como ya señalaron las encuestas oficiales sólo tres meses después de aquellos comicios y ha confirmado la reciente encuesta publicada por La Vanguardia. En aquel momento apenas nadie nos conocía, los medios no nos prestaban atención, los bancos no nos concedían créditos… La campaña de febrero-marzo fue a cara de perro, fruto del esfuerzo y la imaginación y no de un talonario que nadie puso a nuestra disposición, tal vez porque nosotros no ofrecíamos nada a cambio. Hoy es de sobra conocido que UPyD tiene una diputada que, por cierto, hace ella sola mejor la tarea de la oposición que los viejos partidos; nuestros recursos han crecido (hemos pasado de la más absoluta miseria a una pobreza digna, como suele recordar Gorriarán); y el paso del tiempo y la experiencia van logrando que el partido se afiance y organice en toda España con solidez creciente.

Pero también hay razones particulares. Baleares comparte una con regiones como Galicia o Cataluña: la presión creciente del nacionalismo, que pretende imponer un proceso de construcción de su nación ficticia a través de la imposición lingüística en la escuela y otros ámbitos y la difusión de prejuicios de tipo identitario so capa de normalización lingüística. UPyD garantiza a sus votantes la defensa de los principios del bilingüismo a través de la libertad de elección de lengua vehicular en la escuela, y esto es algo que la mayor parte del electorado entiende como algo sensato y positivo –y me refiero a los hablantes de castellano y catalán por igual: no nos dejemos engañar por la cantinela sectaria.

Otro motivo para que muchos deseen la irrupción de una nueva fuerza de progreso en las instituciones baleares es nuestra apuesta por la regeneración democrática: no solamente combatiremos la corrupción delictiva, ésa que consiste en llenarse el bolsillo con el dinero de los ciudadanos y de la que según parece todos los partidos van a acabar por darnos ejemplos cumplidos, sino que también tomaremos serias medidas contra la corrupción estructural: la de un sistema representativo y administrativo que ha degenerado en estéril partitocracia. UPyD considera que no es normal que un gobierno –el de Antich– dedique un año de legislatura a la más absoluta inacción. Gobernar no es prolongar los proyectos que aprobaron PP y UM, y que tanto PSOE como Bloc habían denostado y prometido anular si gobernaban (Son Espases, segundo cinturón de Palma). Gobernar no es llamar “pacto” a renunciar a promesas y principios y a toda iniciativa que moleste a alguno de los múltiples y microscópicos socios a cambio del acceso franco a los presupuestos públicos. Gobernar no es dedicar cuantiosos recursos a campañas de adoctrinamiento como la titulada “Ara és la teva”, a organizaciones identitarias parásitas como la OCB o Joves de Mallorca per la Llengua, a macrobotellones sectarios como el Acampallengua, a financiar colegios de inmersión lingüística en el sur de Francia mientras los escolares han de pagar una fortuna por unos libros de texto cuya lengua puede que no dominen para, encima, recibir finalmente unas clases de bajísima calidad en barracones prefabricados…

Gobernar es, en cambio, apostar con fuerza por una educación de calidad y bilingüe, que deje de centrar todo su interés en la palabrería pedagógica, en la exclusión del castellano, en el incremento continuo del (mal) gasto y en acomodar amiguetes en despachos y en comisiones de servicio, y por el contrario atienda en lo académico a los valores de la excelencia y la disciplina, así como al aprendizaje esforzado de contenidos, y en lo administrativo a una estricta economía de recursos. Gobernar es decir basta al tráfico de influencias y a la constante y desmesurada proliferación de la administración y la burocracia. Gobernar es impedir que grupos de presión que no representan a nadie sino a su propia red clientelar (como el GOB, la OCB o grupos empresariales y mediáticos de todos conocidos) influyan en la toma de decisiones políticas. Gobernar es negarse a que el contribuyente siga financiando el inmenso agujero negro con que IB3 beneficia a unos pocos avispados. Gobernar es cumplir los compromisos electorales aunque eso signifique que un socio incómodo nos retire su apoyo.

Quizá hemos olvidado que es posible gobernar en minoría, buscando en lo posible apoyos puntuales con fidelidad a los compromisos adquiridos con el electorado; el problema de esto es que no asegura la poltrona cuatrienal para todos, y aquí de lo que se trata es de esto. ¿Qué pintan partidos sectarios y antiestado –además de casi ignorados por el electorado– como ERC o PSM al frente de departamentos tan importantes como Interior, Cultura o Política Lingüística? ¿Por qué la política se entiende como plataforma desde la que servir los intereses de la oligarquía local antes que los de los ciudadanos? ¿En qué país desarrollado quedaría políticamente impune un comportamiento institucional tan irresponsable como el que ha demostrado esta semana UM, con cascada de destituciones de altos cargos incluida, obviando la gestión del bien común para dirimir sus mezquinas disensiones internas? Esto sucede en España, y desde UPyD nos comprometemos a aplicar a la política el sentido de estado y de la responsabilidad que parece haberse perdido en Baleares y una nueva actitud en que los principios y el compromiso con la ciudadanía queden siempre por encima de consideraciones de poder. Y estamos convencidos de que los ciudadanos lo van a apreciar.

Hay que quedarse con esta idea: si uno no tiene argumentos, no se sube a la tribuna. Si se sube, no puede ser para descalificar, sino para dar argumentos. Una lección para los sectarios y una novedad en política: Rosa Díez habla tan claro que se le entiende. Así será el viernes 19, a las 11 horas, en el Parc de Ses Estacions de Palma de Mallorca, en un debate en la calle con los ciudadanos. Hablarán Rosa, Carlos Martínez Gorriarán y Fernando Savater. Un lujo.

Aquí están algunos de los argumentos de Rosa, en entrevista de Dieter Brandau para Libertad Digital TV:

Seguimos con la sesión parlamentaria de anteayer, hoy con el turno de réplicas. Cuando al presidente le sacan los colores, usa su afamado talante; lástima que el balbuceo delate sus nervios. Pero balbucear insidias no contribuye a que los ciudadanos mejoren su confianza en el presidente ni en su capacidad para afrontar la crisis. Anteayer, los argumentos estaban en boca de Rosa; Zapatero no supo prescindir de la demagogia.

Ayer colgué el texto de la intervención de Rosa en el Congreso. Hoy, os pongo el vídeo y os dejo con ella.

Así se llama lo que hoy ha hecho Rosa Díez con el presidente Zapatero. En la política española, nadie más que Rosa tiene propuestas novedosas o, si las tiene, nadie se atreve a proclamarlas sin complejos ni más compromiso que el adquirido con los ciudadanos; y éstos empiezan a percibirlo con claridad. Transcribo a continuación la intervención de la diputada de UPyD ante el pleno del Congreso de los Diputados.

Usted ha venido al Parlamento a eludir su responsabilidad. Pero su gobierno es responsable ante los ciudadanos y yo le voy a recordar por qué. Su Gobierno hizo caso omiso a los síntomas de cambio de ciclo económico que se apreciaban en la segunda mitad de 2007 porque las elecciones generales estaban demasiado cerca y cualquier medida económica que se adoptase hubiera puesto en entredicho su única baza política dado que, tras el fracaso de la negociación con ETA y el convulso proceso de reforma estatutaria, el PSOE se había quedado con un único discurso: “los socialistas pueden gestionar la economía mejor que la derecha”. Y por eso usted negó la crisis, cometiendo así la enorme irresponsabilidad de poner en riesgo la economía de los españoles para no poner en riesgo el resultado electoral de su partido.

Y a medida que los datos económicos confirmaban los peores augurios, la oposición se empezó a sentir cómoda esgrimiendo el viejo discurso de que “la derecha gestiona mejor la economía que la izquierda”… Todos parecen olvidar que la economía española tiene importantes carencias competitivas que se derivan del modelo económico y productivo desarrollado durante la última década. El Gobierno socialista, su gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, ha heredado y dado continuidad al “Modelo Aznar-Rato”, haciendo caso omiso a las señales que indicaban su agotamiento. La crisis sería una buena oportunidad para cambiar un modelo de crecimiento económico basado en el ladrillo y los servicios, apostando por la calidad de producción y empleo. Pero eso requeriría cambiar los eslóganes por la política. Y eso es algo que usted no parece estar dispuesto a hacer. (Ya en la segunda legislatura de Aznar ese modelo debió revisarse, así lo aconsejaban todos los indicadores exteriores y así lo reclamaban los agentes sociales y económicos nacionales).

¿Es posible que no haya ni una sola persona en el Ministerio de Economía que pueda apuntar una medida correcta en el momento adecuado? No; la cosa es más grave. No estamos ante un problema de incapacidad; estamos ante un problema de irresponsabilidad, de un país en manos de partidos políticos sin sentido de Estado; de un estado débil, sometido a los intereses políticos de los partidos grandes o a las miserias y chantajes de los que no reconocen al Estado.

La gran irresponsabilidad del Gobierno ha erosionado la credibilidad (con usted hemos llegado a un déficit por cuenta corriente que supera el 10% del PIB; han bastado los primeros vientos de cambio en la coyuntura internacional para que se pusiera de manifiesto que nadie nos va a seguir financiando ese déficit), y por tanto la eficiencia de la política económica. Ustedes han realizado de forma interesada un mal diagnóstico (primero porque las elecciones estaban cerca y después para que no fuera tan evidente el engaño). Y todo porque los votos han pesado para ustedes mucho más que los puestos de trabajo.

El Gobierno no ha acertado en el qué hacer ni en el cuando, hipotecado como está por medidas electoralistas de dudosa equidad como el cheque bebé y los cuatrocientos euros. Las medidas adoptadas el 18 de abril reflejan que por aquel entonces el Gobierno no había admitido que estábamos ante una crisis de nuestro modelo económico. Por eso ninguna de las medidas supuso un estímulo a la competitividad y productividad de la economía. De las medidas fiscales puestas en marcha cabe decir que ninguna de ellas favorece especialmente a las familias más necesitadas. Los 400 euros han supuesto 6.000 millones de euros repartidos entre dieciséis millones de ciudadanos. Por su carácter generalizado comprometen una enorme cantidad de recursos y no han producido un incremento de la demanda sino de la inflación.

Las medidas del 14 de agosto son un triste reflejo más de lo que para el Gobierno es combatir la crisis económica: inyectar dinero sin definir para qué; vender como una medida contra la crisis lo que es una cesión a los nacionalistas (nuevo modelo de gestión aeroportuaria); hacer política de escaparate (¿realmente luchando contra el cambio climático se soluciona la crisis económica? ¿qué efecto tendrá sobre el crecimiento o el empleo la elaboración de la Carta de Derechos del Usuario de Servicios de Telecomunicaciones?); copiar y pegar (la medida adoptada en el ámbito de la política energética consiste en trasponer al ordenamiento jurídico español los objetivos comunitarios). Con todo, lo peor -más viniendo de un Gobierno supuestamente progresista- es que en ningún momento se haya tenido en cuenta la repercusión social de la economía. Una política progresista consiste en proponer medidas concretas para superar la crisis con un reparto equitativo (tanto personal como territorial) del coste de la misma. Por el contrario, su gobierno ha recurrido a medidas populistas del tipo Berlusconi, llegando incluso a elaborar un discurso en el que subyace que los emigrantes son parte del problema económico.

Enfrentarse de forma rigurosa y responsable a la crisis requiere combinar medidas de estímulo a corto plazo que alivien coyunturalmente sus efectos con reformas que permitan recuperar la senda de crecimiento. Eso significa mejorar los factores sobre los que se sustenta la productividad, o sea, cambiar el modelo de crecimiento económico. Por eso insistimos tanto en los problemas de la educación y en la necesidad de superar el fracaso de un sistema que no proporciona los conocimientos suficientes y que no aporta el capital humano necesario para que una parte sustancial de los empleos sea de calidad, altamente productivos para las empresas y bien retribuidos para los trabajadores.

Se requiere un cambio radical en la orientación de la política tecnológica y de innovación, reforzando el papel de las empresas innovadoras. No basta con poner más dinero: hay que utilizarlo bien. Según la última encuesta del INE del 2006, sólo el 25% de nuestras empresas lo son. Ese porcentaje estaba en el 30% en 2004, cuando usted empezó a gobernar y es del 40% en la media europea.

También es preciso mejorar las infraestructuras y el capital público. Por eso, ahora que está abierto el debate sobre financiación autonómica, queremos llamar la atención sobre el hecho de que para ayudar a los más necesitados no se pueden limitar los flujos entre regiones. Proponemos incrementar el Fondo de Compensación Interterritorial, para construir infraestructuras en las regiones más pobres y compensar así la disminución de fondos europeo. Es preciso sujetar el gasto corriente y a la vez dedicar recursos a la inversión.

Por último, Sr. Presidente. Un país competitivo debe ser, necesariamente, un país unido. Un país en el que no existan mercados fragmentados, en el que esté garantizada la libre circulación de las personas y mercancías y los capitales no encuentren frenos. En esto también estamos fallando. El Club Financiero Vigo acaba de señalar que determinadas políticas lingüísticas, que a usted tanto le gustan, son un freno para la competitividad de las empresas gallegas. Lo mismo se podría decir de lo que está ocurriendo en otras regiones de España. Otro tanto podría decirse de los efectos negativos que sobre la economía y el empleo está teniendo la proliferación de regulaciones de ámbito autonómico. La Constitución le reconoce al Estado competencias para la armonización, pero su Gobierno, Sr. Rodríguez Zapatero, ha renunciado a ejercerlas.

La política española, dominada por las concesiones a los nacionalistas, está dejando al Estado sin instrumentos para desarrollar políticas económicas eficaces contra la crisis, que reclama una planificación racional centrada en el interés general y no en el de determinados partidos o elites regionales. Es un disparate que habiéndose cedido tantas competencias a instituciones comunes de la Unión Europea (por ejemplo la política monetaria) el resto de los instrumentos económicos, como el presupuesto del estado, se haya convertido en materia de mercadeo con comunidades autónomas, partidos nacionalistas o secciones autonómicas del partido del gobierno (como el PSC). El nacionalismo nos cuesta muy caro a los ciudadanos, aunque sea muy cómodo para algunos políticos que han perdido el sentido de estado. Lo que nos lleva a la triste conclusión de que, más allá de la crisis económica, España sufre una crisis política. Lamentablemente la crisis no sólo está en los mercados; está en las instituciones.

Y de eso su gobierno es también responsable. Es responsable del agravamiento de la crisis económica y de empleo por la mala gestión que ha hecho de la misma. Y es responsable de que el Estado se haya ido vaciando de instrumentos en materia financiera, en las infraestructuras de transporte, en la política hidráulica, en el ejercicio de la función pública…- y que ahora, cuando hay que enfrentarse a una crisis, se vea impotente para hacerlo. El Gobierno ha renunciado a hacer política de Estado y se ha conformado con ser el coordinador de las diecisiete Comunidades Autónomas. Eso, Sr. Presidente, es lo que se llama no tener ambición de país. Su intervención en el Pleno de hoy ha sido un buen ejemplo de esa carencia.

Muchas gracias por su atención.

En muchas ocasiones es mejor dejar de hablar uno para leer o escuchar a los demás. De algo de eso escribía Elvira Lindo hace unos tres años en uno de sus siempre lúcidos artículos en El País, titulado "La ceja". Lindo es quizá la única columnista con la que jamás puedo discrepar. La sensatez personificada. Siguiendo su consejo, me callo, la dejo hablar (de nuevo), la leo y os propongo reflexionar sobre lo que decía:

El español es ese ser humano que tiende a pensar que su oponente es un auténtico imbécil. Me declaro solemnemente amante de las generalizaciones, así que no tengo reparos en afirmar que he observado que el español, dejando a un lado sus correspondientes hechos diferenciales, es ese tío/a que cuando escucha a su oponente tiene un gesto en la ceja que le delata. Esa ceja está siempre un poco levantada. Esa ceja tiene un gran componente simbólico. Es la ceja española que hace ver al oponente que no está escuchando más que tonterías. El español, dejando a un lado su identidad, su lengua, su autonomía, su acento, su Estatut, su bacalao bilbaína, sus calçots con romescu y todo ese largo etcétera, ay, de cosas que nos separan, es ese ser que tiene ideas de hormigón, poco porosas, en las que es difícil introducir un matiz ligero pero significativo. Al español no le hace falta ni leer ni escuchar porque él ya sabe lo que piensa desde que se levanta; antes aun, el español ya sabe lo que piensa antes de acostarse, él ya tiene una opinión formada sobre la noticia que aún no ha escuchado; antes aun, el español nace con las ideas bien puestas. ¡Pero qué suerte tiene el español de estar tan convencido! A mí me gustaría ser española las veinticuatro horas del día, pero a veces me falta vehemencia. Estos días de cruces de cartas y artículos entre personas que abrazan ideas diferentes sobre el futuro del país, a muchos nos hubiera gustado intervenir para pedir, siquiera, un poco de respeto. Se hubiera tratado sólo de una pequeña aclaración -pequeña pero fundamental- que rondó seguro en la mente de unos cuantos. Se trataba de decir una vez más que no todas las personas que opinamos que el nacionalismo tiende por propia naturaleza a la insolidaridad somos peligrosos derechistas, ni nostálgicos del franquismo, ni carcas, ni antiguos. Si acaso un poco aguafiestas, porque en esta España en la que los nacionalistas llevan ganando desde hace 25 años mucho más de lo que perdieron estamos aquí para recordar que nos quedamos hace tiempo sin equipo, que nadie nos quiere. Pero para qué decirlo una vez más si antes de hablar ya saben que somos tontos del culo, si escucharán nuestra protesta con la ceja levantada.

Sólo me queda añadir que allá por 2005 no existía UPyD. Ahora volvemos a tener equipo, y un equipo al que no le arredran las cejas levantadas...

Seguramente sería injusto atribuir a José Luis Rodríguez Zapatero la responsabilidad de la crisis económica. Los factores que entran en la gestación y consolidación de una recesión como la que sufrimos (y que algunos comparan ya con el crack del 29) son de una naturaleza compleja y en parte impredecible que impide culpar a ningún individuo de lo que nos va a tocar soportar los próximos años.

Por el contrario, parece bastante justo responsabilizar a quienes nos gobiernan del cumplimiento de sus promesas electorales. El programa del PSOE en marzo hablaba de pleno empleo (hablar es gratis). Zapatero presentaba como objetivo la creación de más de dos millones de puestos de trabajo; los de mi edad recordarán la rechifla generalizada durante el primer gobierno de Felipe González, que había prometido 800.000 puestos de trabajo y sólo consiguió incrementar el paro hasta límites atroces… Ahora que somos potencia mundial hablamos ya de dos millones de empleos y de una tasa del 2%, y nos quedamos tan anchos. Sin embargo, el paro ha aumentado en estos meses en 200.000 puestos de trabajo, es decir, que estamos ya en un 10,44%. Zapatero y Pepe Blanco prometían también reducir la temporalidad hasta el 25%, pero hoy tenemos más de un 31%, en ascenso.

Dado que la Economía es una ciencia a medio camino entre las matemáticas y las artes adivinatorias (y que me perdonen mis amigos economistas, que saben que el ignorante bromea sobre lo que no entiende), estrictamente no podremos achacar al PSOE un incumplimiento de su programa si, como es previsible, terminamos la legislatura con más paro y más trabajo temporal que cuando la empezamos. Cuando de buena fe se incumplen los objetivos podemos, eso sí, criticar un análisis muy deficiente de la coyuntura económica, unas previsiones absolutamente erradas y, en suma, una incapacidad gestora intolerable en el equipo de gobierno de una nación como España.

Ahora bien: cuando las promesas se hacen a sabiendas de que no se podrán cumplir; cuando un gobierno tiene constancia de que la economía ha entrado en crisis, oculta los datos e imparte órdenes de no mencionar la palabra “crisis”, exhibe un optimismo infundado y se abstiene de adoptar medidas con la urgencia necesaria, todo ello con el único fin de eludir la derrota electoral, entonces no podemos hablar de buena fe, ni de promesas incumplidas ni de fallos en la gestión. Podemos hablar, lisa y llanamente, de engaño. Y es claro que si un gobernante ha demostrado que no duda en mentir (como cuando explicó sus ilícitas negociaciones con una banda de criminales desmintiéndose a sí mismo, o como cuando fue pillado confesándole a Iñaki Gabilondo sus intenciones de tensar el ambiente político, porque “un poco de crispación nos conviene”), y si sospechamos que en el fondo no puede ser sólo un inepto, sino que por conveniencia electoral nos mintió sobre la crisis, hurtando a la ciudadanía una información vital y poniendo en serio riesgo el pan y la vivienda de muchas familias, entonces sí debemos exigir responsabilidades. Un gobernante tal –que o es un irresponsable, o es un inmoral o es ambas cosas– no merece un solo voto más de sus conciudadanos.

No es más que otra corruptela del sistema: nos parece tan normal que los políticos adelanten las elecciones por conveniencia partidista. Felipe González nos acostumbró a esta práctica, adelantando elecciones incluso cuando estaba en posesión de mayorías absolutas y, por tanto, en perfectas condiciones de gobernabilidad, a fin de no perder el poder si las dejaba para más adelante. Hoy está en boca de todos el más que probable adelanto de las próximas elecciones gallegas, se dice incluso que para finales de octubre. Los motivos: el temor de José Blanco y del PSOE gallego de perder votos a raudales a causa de la crisis económica y también –todo hay que decirlo– de los delirios linguocráticos de sus socios separatistas del Bloque, así como su deseo de tener resuelta la eventual renovación de dicha coalición cara a la aprobación parlamentaria de los presupuestos generales a principios de año.

Las elecciones están pautadas por ley cada cuatro años. El artículo 115 de la Constitución (como las disposiciones semejantes que se encuentran en los estatutos de autonomía) se limita a establecer que “El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey”, lo que legitima la disolución anticipada sin más justificación que la voluntad del presidente responsable. No obstante, parece razonable suponer que esa voluntad ha de fundamentarse, como toda la actuación de un presidente de gobierno verdaderamente responsable (no hablamos, claro está, del caso actual), en el interés de la nación o, en su caso, de la comunidad autónoma afectada por la disolución de las cámaras y la consiguiente convocatoria de elecciones.

Nuestra legislación adoptó el plazo de los cuatro años como el más adecuado para garantizar por un lado cierta estabilidad en la representación de la ciudadanía por parte de los diputados y, por otro, la saludable renovación periódica de la misma. Ambos aspectos son necesarios para el correcto desarrollo de las funciones políticas de nuestros representantes. Alargar el mandato del diputado más allá de los cuatro años supondría tal vez interpretar abusivamente el depósito de confianza por parte del ciudadano, y la ley lo excluye. Acortar ese mandato reduce la eficacia del trabajo parlamentario, pues un plazo demasiado corto impediría rematar determinadas líneas de trabajo; pero la ley no lo prohíbe, a fin de flexibilizar la renovación de los órganos representativos frente a circunstancias excepcionales sobrevenidas. Por circunstancias excepcionales entiendo yo, por ejemplo, un escándalo político mayúsculo que modifique esencialmente la credibilidad de quienes gobiernan, o la desaparición por cualquier otro motivo de la mayoría parlamentaria de gobierno hasta el punto de imposibilitar las tareas ejecutivas.

¿Qué circunstancia excepcional se da hoy para adelantar las elecciones gallegas? No hay nada menos excepcional que la variación de la intención de voto en el electorado: es algo que sucede en uno u otro sentido en todas las legislaturas, y en cualquier caso no impide que la mayoría actual continúe desarrollando su tarea con total normalidad hasta agotar el cuatrienio. Que las elecciones gallegas se adelanten sólo indicará que los partidos políticos utilizan los mecanismos de la representación con criterios partidistas, poniendo por encima del bien común el interés por permanecer en el poder, a costa de la consiguiente parálisis política y gestora, la disfuncionalidad inevitable y los gastos que hagan falta, que serán, estos sí, extraordinarios (pero da igual, porque lo paga el contribuyente). Ni las especulaciones de Pepiño sobre los resultados de encuestas de encargo ni la necesidad de Zapatero de contar con apoyos en las Cortes nacionales justifican una disolución anticipada del parlamento de Santiago de Compostela, que se supone está ahí para ordenar la actividad política en Galicia y, por más que sea contra natura, alberga una mayoría estable que hasta ahora no ha tenido ningún impedimento para imponer sus majaderías sobre normalización lingüística a la sociedad gallega. Si se convocan elecciones anticipadas en Galicia, se demostrará que tanto el PSOE como el BNG (pero los demás partidos tradicionales comparten esta práctica) colocan su apego al poder por encima de los intereses de Galicia y del respeto al principio representativo. Se demostrará que toman la democracia como pretexto. Afortunadamente, y como ya muchos en Galicia han manifestado desear, en esta ocasión los ciudadanos contarán con una opción nueva y francamente distinta: Unión, Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez. UPyD defenderá la devolución a los ciudadanos de una democracia genuina; también en Galicia.

Para generar debate en la sociedad balear, un grupo de militantes de UPyD en Baleares formó el pasado junio un grupo de trabajo sobre Educación y Lengua, con el objeto de presentar a medio plazo una propuesta concreta de reforma educativa en las islas.

A fin de promover ese debate, el grupo de trabajo abrió el blog Por una reforma educativa, en el que se han ido y se seguirán vertiendo propuestas con un carácter progresivo de concreción y comentarios por parte de los lectores, cuyas visitas en dos meses se cuentan ya por millares y en el que se acaba de publicar en vídeo una interesante y esclarecedora entrevista sobre el tema con Jorge Arturo Muñoz, miembro de la coordinadora territorial de UPyD en Baleares.

Paralelamente, un grupo de docentes próximos a las ideas de reforma educativa que defiende UPyD mantiene el blog La manca d'Educació, en el que los lectores encontrarán anécdotas relacionadas con el mundo de la enseñanza, presentadas desde un punto crítico. Nos parece una iniciativa complementaria políticamente incorrecta y, por tanto, muy oportuna.

Unión, Progreso y Democracia promoverá medidas que mejoren la calidad de la enseñanza recibida por los estudiantes baleares, que figuran en el vagón de cola de la educación en España. Así mismo trabajará por garantizar que los padres de los alumnos tengan plena libertad de elección por lo que se refiere a la lengua vehicular en la educación de sus hijos.

Jorge Arturo Muñoz, miembro de la Coordinadora Territorial de Baleares de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y del grupo de trabajo que la misma ha dedicado a estudiar la reforma educativa, opina sobre la situación de la educación pública en España y en Baleares aquí.

Señor Pep Rosselló:

Siento que no le gusten mis artículos. Siempre puede descartarlos, si tanto le disgustan. Pero no; me parece que en el fondo lo que le pasa es que le sabe mal no disponer de argumentos en contra. Porque en la entrada que me dedica en su blog una vez más demuestra no haberse leído el Manifiesto por la lengua común o no haberle encontrado la sustancia, y en lugar de los argumentos recurre a las descalificaciones, a través de algo que pretende ser ironía y no va más allá de la mala baba, y a las consabidas consignas nacionalistas que sólo se creen los ya convencidos. Siento tener que corregirle, pero su alusión es demasiado directa.

Mis opiniones acerca del trato que el Govern da al castellano en los ámbitos público y privado no son “apocalípticas”. Revise la campaña Ara es la teva; recuerde la inmersión lingüística en los centros de enseñanza (en algunos casos, recreos inclusive); juzgue, si tiene la distancia suficiente, el acoso a Air Berlin por parte de diversos grupos nacionalistas. Un gobierno que pretende regular todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos, incluido qué lengua utilizan en sus relaciones públicas o privadas, incurre en totalitarismo; le parezca a usted esta afirmación apocalíptica o no.

Efectivamente, usted puede experimentar el deseo de hablar en catalán en Murcia, y yo puedo querer hablar español en Lituania, pero ninguno de estas dos actitudes deja de ser disparatada. En Mallorca, en cambio, y mientras ustedes no se salgan con la suya, hay dos lenguas oficiales y, lo que es más importante, se hablan las dos y, aún más, una de ellas es hablada por el cien por cien de los habitantes de la nación que compartimos y por otros 400 millones de hablantes en otros países, lo que hace de la llamada “política lingüística” del Govern, que discrimina abiertamente, por ejemplo, a los muchos mallorquines (castellanohablantes o no) que desearían escolarizar a sus hijos en español, una auténtica majadería con rango oficial.

Si a usted Cristóbal Serra no le parece un “intelectual mallorquín”, le puedo recomendar un curso. En cuanto al éxito cuantitativo de la recogida de firmas de adhesión al Manifiesto por parte de UPyD en Palma, que a mí me parece muy notable, le ruego considere que nuestras actividades no disfrutan ni de subvenciones ni de personal contratado, ya que no somos ninguna subsecta nacionalista, de modo que el tiempo que le dedicamos es bastante limitado. Pero le puedo asegurar que, en la calle, de la gente que se para a escucharnos y accede al contenido del Manifiesto, no menos de un 80% lo firma. Pónganos usted un sueldo por recoger firmas a jornada completa y nos verá acumular en poco tiempo varios cientos de miles.

Cuando escribo que, según el Manifiesto y según el sentido común, "todo ciudadano tiene derecho a utilizar la lengua de su elección en la escuela, ante la administración o en su negocio", usted interpreta que para ser sincero yo debería añadir que esto será así siempre que se trate de la lengua española. Esta interpretación, señor Rosselló, debe provenir de mala fe; porque, si no es mala fe, es prejuicio y falta de comprensión lectora. Lo que digo es lo que digo, y no lo que a usted le gustaría que dijese para darle a usted razones. Lo triste es que no se las doy, pero a usted le da igual y se las inventa.

Usted insiste en que los territorios y las lenguas sí tienen derechos. Y yo le insisto: eso mismo lo dijeron antes Mussolini, Hitler y Francisco Franco, aunque no seré yo quien le acuse a usted de franquista. Cosa que usted sí hace, a guisa de argumento, cuando en el post en el que pretende denigrar el Manifiesto recurre a aquello tan original de “una, grande y libre”, o cuando me contesta a mí e ilustra su contestación con una foto repleta de banderas de España, incluida alguna preconstitucional. Me gustaría saber cuándo ha leído usted en el Manifiesto nada que tenga que ver con banderas, o cuándo me ha leído o escuchado a mí hablar de banderas, y mucho menos de banderas preconstitucionales. Esta dèria se la dejo a usted y sus correligionarios. De nuevo, perdone que se lo diga, aprecio mala fe y un discurso muy ramplón.

Es radicalmente falso que ni yo ni nadie relacionado con mi partido o con el Manifiesto sólo queramos reconocerle el estatus de oficialidad al castellano, y sólo tengo que remitirme al mismo documento. ¿En qué mundo vive usted? Ustedes los nacionalistas han sido siempre unos profesionales del victimismo, pero antes por lo menos se detenían en los límites del embuste. Ya hace tiempo, no obstante, que no les da reparo atribuir a los demás cosas que nunca dijeron, porque saben que la veracidad es lo de menos si uno cuenta con medios que repitan una y otra vez la mentira hasta que parezca verdad. Y ustedes cuentan con esos medios. Pero mire: por mucho que yo aprecie el catalán, y lo aprecio, nadie podrá convencerme, ni aun con mentiras mil veces repetidas, de que no es mi santa voluntad la que debe dictarme qué lengua uso en la escuela, en la administración y en mi vida privada. Mi santa voluntad y no la de una banda de sectarios apoltronados en una mitología decimonónica.

No existen las lenguas propias; existen las lenguas oficiales, las lenguas maternas y pare de contar. El concepto de lengua propia aplicado a los territorios es tan totalitario como el resto de sus teorías identitarias porque, claro, remite inmediatamente al complementario de lengua impropia o ajena, que es adonde ustedes querían ir a parar. Y le digo más: siento verdadero gusto en escribir en catalán, lo siento como propio en la modesta medida en que lo domino y, mal que bien, suelo contestar en este idioma a quien se dirige a mí en él. Creo que a usted le consta de alguna vez anterior. Pero si me va a echar en cara que escribo en español, como si esto debilitase mi posición, o como si de ello se derivase cualquier consecuencia política, le tengo que contestar que eso de justificarse por usar el castellano se ha acabado. Lo irá constatando, aunque sospecho que ya lo barrunta y de ahí su inquina y la de todos ustedes hacia un Manifiesto que sólo pide respeto a la libertad de todos.

Gracias por intentar explicarme la raíz de todo, pero ya la conocía: a usted le parece mal que alguien en Mallorca pueda vivir y escribir en español. A mí, en cambio, me parece perfectamente enriquecedor que usted escriba y viva en catalán. Me basta con que no quiera imponerme cómo debo hacerlo yo. Pero el nacionalismo es esencialmente coactivo y ustedes jamás se conformarán con menos que la exclusión de todo lo que les parece ajeno. Xenofobia, en definitiva. Usted, contra toda evidencia histórica, contra el derecho nacional e internacional, contra el sentido común y contra el sentimiento de la inmensa mayoría de los mallorquines, cree que Mallorca forma parte de Cataluña, que ésta es una nación colonizada y que quien no comulgue con estas invenciones se equivoca; y esto determina radicalmente su consideración de la realidad. Me sabe muy mal, pero todo esto, por muchos folletos que editen los departamentos de “política lingüística”, no me vale como argumento: recuerde que pertenezco a un partido laico.

Se han puesto nerviosos. Había diarios en Baleares que, durante todas estas semanas que lleva vigente el Manifiesto por la lengua común, le habían prestado una atención exigua o nula. Cuando digo nula, quiero decir exactamente eso: alguno de estos medios no recogía las noticias que a él se referían, ni hacía comentario alguno, ya positivo, ya negativo, al respecto. Pero la adhesión pública de varios intelectuales mallorquines al documento lanzado por Fernando Savater y Mario Vargas Llosa, entre otros, y el enorme éxito callejero de UPyD en la recogida de adhesiones parecen haber levantado ampollas.

Ya lo dicen los del Lobby per la Independència en su portal basura, con su finura argumentativa habitual: “Sólo franquistas y fachas forasters firman el manifiesto de El (In)Mundo”, tildando a Tòfol Serra de “franquista, colaboracionista, borde y renegado”. Llorenç Capellà, en Diari de Balears, nos revela aspectos del Manifiesto que desconocíamos: lo califica de “manifiesto de los intelectuales españoles afines a la derecha” (qué cosas tiene que escuchar Savater a estas alturas), “monumento al cretinismo” e “insulto”; saca a relucir no sólo a Franco, sino incluso al conde-duque de Olivares; pide una “respuesta contundente” por parte de la Generalitat y el Govern; y recomienda a Francesc Antich que llame al orden a firmantes como Rafa Nadal o Gregorio Manzano. Para Capellà, “ciertamente el manifiesto es una agresión”.

Última Hora pasa de la política mantenida hasta ahora (ignorar el Manifiesto) a dedicarle sólo hoy varios espacios, todos ellos muy beligerantes. Miquel Payeras habla del manifiesto de “Sólo en castellano” o “Castellano para todos”, cuyas “tonterías”, dice, “no son respetables” porque “se basan en mentiras”. Carles Ricci titula su columna “El castellano no es nuestro idioma” e identifica el Manifiesto con los coletazos del franquismo (me pregunto qué sería de estos argumentadores si, para fortuna de todos, el franquismo no hubiera tenido lugar), niega el “interés cultural y científico” del castellano y califica a éste de “cultura foránea”. En la sección “Tres en raya”, bajo el epígrafe “¿Por qué algunos quieren hacer con la “lengua de todos” lo que han hecho con la bandera de España?” (versión mejorada de una brillantez de Zapatero), Miquel Àngel Vidal afirma que hablar de lengua común respecto del castellano es “una utilización partidista y errónea” y vuelve a recurrir al franquismo y la inmigración peninsular de los cincuenta para explicar que el castellano esté presente en Baleares (desde el siglo XVIII según la propaganda del Govern en pro del uso del catalán) y afirmar que lo que quieren los promotores del Manifiesto es “eliminar la realidad plurilingüe de España”; y Joan Guasp habla de “odio a lo desconocido, a lo diferente, a lo ajeno”. Por último, la sección de Cultura entrevista a Cristóbal Serra para que explique su adhesión, y hay que decir que, ejemplarmente, la redactora da al Manifiesto su título correcto y coloca todas las declaraciones del sabio mallorquín en sus justos términos.

Uno de los comentaristas más divertidos es Antonio Tarabini, quien, desde la comodidad de su plaza de hombre del régimen y de su columna en Diario de Mallorca, además de jactarse de su cualificación en latín y otros idiomas, para inmediatamente depositar en la página un “neardhental” (sic), un “va de retro” (sic) y un “lletra ferit” (sic), escribe una argumentación absolutamente irrelevante para proponer a continuación el lanzamiento de un “Manifiesto por la lengua catalana” que “no atacaría al español, tal como hacen los autores del otro Manifiesto con los otros idiomas instalados en España”.

Lo que molesta no es la crítica –más bien al contrario: a todos nos hace mucha falta más crítica–. Lo que molesta de verdad es la falta de rigor, ya que ninguno de los argumentos que aportan estos pseudocríticos se ciñe a la realidad del Manifiesto, sino al deseo de desacreditarlo sin atender a su tenor. Uno, que respeta todas las formas de pensar, incluidas aquellas que le parecen menos puestas en razón, siempre que los argumentos aportados mantengan un vínculo mínimo con la realidad de las cosas, no puede sino llegar a la conclusión de que o todas estas firmas critican el Manifiesto sin haberlo leído, o la ideología los ciega, o mienten por los motivos que todos podemos suponer.

Porque ocultar la intención de los promotores del polémico texto cambiándole el titulo (manifiesto “de El Mundo”, manifiesto del “sólo en castellano”, manifiesto del “castellano para todos”, manifiesto “contra el catalán”) es ya, en sí, una tergiversación grave. El Manifiesto establece textualmente como premisa que “todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido” y que “en las autonomías bilingües cualquier ciudadano español tiene derecho a ser atendido institucionalmente en las dos lenguas oficiales”, y se recomienda la rotulación oficial bilingüe; todo lo cual no parece muy acorde con la citada expresión “sólo en castellano”. Eso sí, el texto propone soluciones no impositivas para la convivencia de todas las lenguas y hace hincapié en los derechos individuales: todo ciudadano tiene derecho a utilizar la lengua de su elección en la escuela, ante la administración o en su negocio. También, por supuesto, los catalanohablantes; parece mentira tener que aclararlo, pero los que lo niegan obligan constantemente a ello. Quien firma este documento firma también estar en contra de que a nadie le pueda ser denegada la atención en una oficina en catalán, vasco o gallego, le pueda ser hurtada la educación en catalán, vasco o gallego si la elige o se le impida rotular su negocio en catalán, vasco o gallego si así le place: algo que parece de sentido común. Tan de sentido común como cuando sustitutimos “catalán”, “vasco” o “gallego” por “castellano”. Sólo se trata de esto. Sacar a colación a Franco (como hizo también el diario La Vanguardia en su editorial del 3 de julio) o mentir con respecto al contenido del Manifiesto por la lengua común no resiste, es verdad, análisis serio alguno; pero además denota una voluntad torticera, alejada de la más elemental deontología periodística.

Y debe constar que no atribuyo este evidente y sectario alejamiento de la ética exclusivamente a las personas: es algo que está en el ambiente, que lleva funcionando demasiados años y que el vínculo establecido de manera casi irresoluble entre empresas periodísticas, partidos políticos y poderes fácticos fomenta y llega a hacer percibir como algo natural. Pero no lo es. Y puedo asegurar que quienes se benefician del totalitarismo catalanista son los mismos de siempre: los especuladores y corruptos asociados a partidos-mafia íntimamente relacionados con medios periodísticos; los que pertenecen a determinadas castas profesionales en las que la exclusión del castellano rebaja la exigencia de eficacia, aunque también rebaje la calidad del servicio a la ciudadanía; los que optan a plazas para las que el requisito del catalán disminuye la competencia (en todos los sentidos de la palabra); los amigos y parientes; los que obtienen subvenciones y contratos públicos; los totalitarios; en definitiva, los que ya se beneficiaban con Franco. Y quienes se perjudican son, también, los mismos de siempre: los que no pueden pagarse, por ejemplo, una escuela privada que les garantice su derecho a elegir la lengua de la educación de sus hijos –un derecho que se les niega con el sólo fin de beneficiar a los hijos de los privilegiados, que sí pueden estudiar libres de la inmersión en catalán en colegios privados (como los de Bàrbara Galmès) o internacionales (como los de José Montilla) o en una facultad madrileña (como los de Jordi Pujol). Frente a la pujanza de Madrid, Cataluña es ya reconocidamente un pozo de ineficacia económica y de servicios gracias a la gestión de los que prefieren una patria pobre, injusta e ineficaz pero acaparada por quienes deben acapararla; y en Mallorca algunos aspiran a lo mismo. Los perjudicados por la merma de derechos y servicios serán los menos favorecidos. En el Manifiesto por la lengua común se defienden los derechos frente a los privilegios. ¿Quiénes son, aquí, por tanto, los fachas? ¿De dónde viene la agresión? ¿Quién miente?

Como ejemplo magnífico y epítome de los fundamentos intelectuales del nacionalismo canario, ya en su momento nos llamó poderosamente la atención “Llámame por mi nombre”, una canción que durante los años 2000 y siguientes resonó una y otra vez en las emisoras canarias de radio y televisión, perteneciente al álbum Denominación de origen, del grupo Soul Sanet. No vamos a entrar en calificar los méritos musicales de esta formación compuesta por cinco jóvenes tinerfeños, a medio camino entre el rap, la balada soul y los ritmos más o menos latinos, puesto que a la vista están (ya no diremos al oído). Sí quisimos entonces, en cambio, hacer un comentario de la letra de “Llámame por mi nombre”, un texto que sirvió y ha de seguir sirviendo de guía tanto literaria como espiritual a los jóvenes canarios que aspiren a serlo de provecho. En este momento, en que las siete estrellas verdes han subido al pabellón del nacionalismo oficial, nos vuelve a parecer de actualidad.

“Esto es un canto a la supervivencia/ de lo que queda de una raza, de una lengua”, comienza el texto. La presentación de aquello en lo que va a consistir la pieza nos predispone positivamente hacia algo que es deseable por todos: la supervivencia de una raza y de una lengua es algo que sólo despreciarían los más obtusos. En esta proposición aceptamos, como de pasada, el hecho incontestable de que hay una raza y una lengua de las que algo “queda” y, además, asumimos que el concepto de “raza” es fundamentador de la identidad. El inicio prosigue con una exhortación: “Enseña la historia, escucha lo que cuenta/ la leyenda/ sobre una tierra/ que un pasado encierra”. En estos versos, el característico ritmo del rap, rico en síncopas sorprendentes y complejos contrapuntos, nos sumerge en una confusión que está lejos de ser impremeditada: al encontrar a un mismo nivel “historia” y “leyenda”, quien escucha se libera de la perniciosa distinción academicista entre ciencia, documentación y veracidad, por un lado, y tradición popular, misterio y sugerencia, por otro, con lo que queda habilitado para asimilar sin prejuicios las enseñanzas del autor.

La continuación (“Testigo del caído,/ del rey vencido,/ de raza esclavizada,/ lengua olvidada/ y conquistada”), en progresivo despojamiento de lo más insustancial del lenguaje, o sea, los artículos, anima al destinatario del mensaje a convertirse en algo así como el albacea de un colectivo étnico del que sería injusto afirmar, como hacen muchos ratones de biblioteca sin contacto con la escuela de la calle, que se halla separado de nosotros por cinco o seis siglos de historia, la lengua, la religión, la cultura, los intereses y el mismo ADN. Alude después el texto a una “lucha a cuerpo desnudo/ que con el invasor no pudo,/ sólo con coraje y piel de escudo”, versos que, como todos los restantes, sólo un lector poco avisado calificaría de ripiosos, y que en realidad enfatizan, por medio de una rima dura y consistente, la rudeza e injusticia del genocidio. Sostener que los antepasados del quinteto chicharrero probablemente estuvieron en las filas del invasor y no en las del pueblo sometido es sólo una tergiversación que en ningún hecho histórico documentado se apoya. Los versos que vienen luego (“rompió su lanza,/ su guerra descansa,/ el aborigen ya no avanza”) alumbran tras una niebla gramatical y semántica sólo aparente la confusión de aquellos días de combates y esclavitudes. Las siguientes líneas (“Noventa y cuatro años de contienda/ a la venta en una tienda./ Indígenas por cientos/ con un futuro incierto,/ vendidos./ Dolor por lo que son y lo que han sido./ De grandes reyes libres a esclavos convertidos”) insisten en esa triste condición del esclavo, con una sintaxis hiperbática y un uso preposicional neológico que confiere al lenguaje del rap su renovador carácter.

El empleo inteligente de la anáfora (“Mi vida y mis costumbres,/ mi sangre dividida,/ mi tradición, mi nombre,/ mi identidad perdida”), así como de la redundancia (“junto a mis sentimientos/ dicen lo que yo siento”) sirven para preparar con singular estilo una épica culminación: “Me debes creer cuando grito al viento/ y digo que/ soy un mencey,/ de mi propio mundo el rey”, que irrumpe, con significación súbitamente opuesta a las líneas anteriores, para expresar el paradójico orgullo de la raza sometida y aniquilada que renace gracias a mágicos mecanismos que no conoceremos hasta el cierre del texto y, así, nos mantendrán en vilo. La crudeza del hecho histórico a través de la crudeza de la rima y la denuncia del viejo pleito insular como pura imposición del invasor sobre unas islas naturalmente fraternas se expresan con soltura magistral en los versos que continúan la serie: “No hay fuego que queme/ a mi hermano guanarteme”.

A través de la nominación, el estribillo reivindica la identidad perdida sólo en apariencia (“Por mi nombre llámame”) y la proverbial hospitalidad aborigen (“abre, entra y quédate)”, que no empece un moderno sentido de la propiedad (“ésta es mi casa”) ni una profunda conciencia étnica que nunca palidece (“ésta es mi raza”). Los letristas, cuyo concepto de la historia es, sin duda, dialéctico, continúan con frases que contrastan con el sentimiento de pertenecer a un pueblo de “sangre dividida” e “identidad perdida”, versos de alcance y orgullo étnico que sólo los malintencionados tildarían de racistas (“Regresa a la etnia, a la pura,/ a la fuerza isleña, a la altura,/ presa de orgullo, hermosura”). Sigue una yuxtaposición de sintagmas sólo parcialmente referenciales, que prolongan el eco de “pura”, “altura” y “hermosura” con intenciones rítmicas y parecen aludir al componente mágico de la cultura aborigen: “Lección de bravura,/ de corazón,/ bendición,/ remedio y cura/ de maldición”.

Una nueva convocatoria cuajada de esperanza brota del colectivo magín de Soul Sanet, que emplea dos conceptos no por muy utilizados menos vigentes, sobre todo en una sociedad como la nuestra, en que las palabras lucha e insumiso se han difuminado entre el consumo y la jerigonza de bar de instituto: “Lucha/ por el eco que aún se escucha/ del rey insumiso que murió,/ que al barranco saltó”. La exhortación continúa con afortunados tintes mesiánicos: “renuncia a ser cautivo,/ resucita al nativo,/ guarda siempre contigo/ lo que sobrevivió”. El camino es la acción, como saben muy bien todos cuantos siguen el rap, ese arte de vanguardia urbana y compromiso social: “Reclama,/ mantén viva la llama”, y un caracoleante verso pronuncia por primera vez el gentilicio mágico, la clave de toda la composición: “defiende la memoria en el tiempo del guanche de Anaga”.

El texto toca a su fin en un tono de exaltación patriótica muy conforme con los tiempos que corren. Llegan los versos que manifiestan el espíritu que recorre la canción de arriba a abajo, la propuesta de mantener el “legado de mi pueblo, presente/ década tras década en mi gente,/ no leyenda solamente”. En el recitado final, la identidad se fundamenta en la pureza y en la sencillez de la mera afirmación, en la fuerza del nombrar, frente a la vana disquisición pseudocientífica demasiado frecuente entre quienes se llaman pensadores: “Tú y yo, todos somos reyes,/ canarios, menceyes./ Un pueblo con personalidad propia,/ con nombre propio”. Se resuelve así la paradoja de la historia legendaria o la leyenda histórica, el falso conflicto entre la fe y la razón, la clave de la Historia con mayúsculas. Y esa clave, como en el mito adánico, está en el nombre, en la recreación, en la nominación: “Nombres como Ruymán, Acaymo, Ayose, Guacimara, Yaiza, Gara hacen que nuestra lengua sobreviva”.

La clave de la identidad canaria según Soul Sanet estriba, por tanto, en la confluencia de dos factores básicos: la conservación de los nombres aborígenes en los libros de historia, que permiten hablar de “nuestra lengua” como entidad superviviente (nos referimos, claro está, al guanche; el castellano es la lengua de los invasores), y la fuerza incontestable y progresista de lo étnico canario, que subrepticiamente y con el vigor de las razas fuertes ha sobrevivido a cinco o seis siglos de genocidio, evangelización, castellanización, repoblación española y portuguesa, importación de esclavos negros y berberiscos (que a finales del siglo XVI eran franca mayoría en las dos islas orientales, según censos seguramente falseados), incorporación a la cultura occidental, viajes de ida y vuelta a Hispanoamérica, franquismo, democracia y otras catástrofes características del colonialismo. Acudir al hecho de que tantos canarios se llamen Julio, Claudio, Antonio o Domingo para significar que el pueblo canario sea el heredero de los césares romanos sería indecente. Los Fernandos, Gonzalos y Recaredos que pueblan La Laguna, Arrecife o Telde no van asociados a una mágica supervivencia de la sangre visigoda, y mucho menos goda, en nuestras venas. Quien defienda que la presencia de nombres como José, Juan o Ismael en el padrón de Puerto del Rosario o en el de Puerto de la Cruz supone lazos genéticos con el pueblo hebreo actúa de mala fe. Por último, que tres de los componentes de Soul Sanet, habiendo sobrepasado alguno de ellos ya la treintena y llamándose Francisco Trujillo Rodríguez, Miguel Ángel Morales Perera y Francisco José Morales Perera, prefieran figurar en su web y en las carpetas de sus discos como Frank, Mike y Jefry y vestirse y aderezarse como si fueran camellos o proxenetas salidos de una película de Spike Lee, no indica que el pueblo canario descienda de una pareja de afroamericanos horteras instalados en Las Palmas, ni tampoco que estos chicos sean unos mequetrefes. Probablemente, aparte vender discos a los más jóvenes e inexpertos, lo único que pretenden es seguir una moda.

Pero lo que importa no es nada de eso, sino la raza y la lengua; sobre todo si su existencia se basa en orígenes convenientemente legendarios y suficientemente repetidos a través de tres o cuatro nombres bien escogidos. ¿Quién va a negar, con la razón en la mano, que alguien llamado Beneharo Pérez, Tinerfe Cabrera o Yeray de León ha de ser guanche de pura cepa y, por tanto, canario de pro? Nosotros no, desde luego. Las cosas, por su nombre.

Hay una tendencia clara a confundir la defensa de ciertos principios con el "nacionalismo español". Con una violencia mucho menor, pero con un nivel de sectarismo perfectamente similar al del nacionalcatolicismo de hace cuarenta años, muchos nacionalistas periféricos se consideran autorizados para anular toda una serie de razonamientos de un plumazo verbal: los adjetivos "facha" o "franquista", lanzados como argumentos definitivos sin necesidad de ulteriores argumentos. Qué fácil y qué bonito es estar en posesión de la verdad oficial.

Así sucede cuando, tras colgar en mi blog el texto del Manifiesto por la lengua común recientemente publicado por una serie de intelectuales de enorme prestigio (éstos sí lo son, y no aquellos intelectuales de pacotilla del "No a la guerra" y del "Sí al canon digital"), aparece un comentarista que firma Francisco Franco Bahamonde y nos amina: "Adelante, camaradas". La disparatada comparación de Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner con Francisco Franco -idéntica a la que se hizo de los directivos de Air Berlin con Adolf Hitler- en absoluto puede deducirse del texto de este manifiesto, sino de los prejuicios desde los que algunos abordan el mismo. De un texto como éste, que no habla de patrias ni de esencias, sino de algo tan puramente natural como el ejercicio de los derechos y libertades y de ciudadanía responsable, sólo alguien que no entiende lo que lee o que gusta de tergiversarlo podría deducir similitudes con el franquismo. Lo cual me proporciona una razón más para no ser nacionalista: el nacionalismo en dosis elevadas parece desconectar las neuronas.

Tengo que insistir porque otro comentarista vuelve a ignorar olímpicamente el contenido del Manifiesto para desmentir con cierto sarcasmo que el castellano esté "amenazado en Baleares", cuando en ningún lugar del manifiesto ni de mi breve introducción se puede leer que el castellano esté amenazado en Baleares. ¿Realmente no saben leer o es que las orejeras nacionalistas se lo impiden? El castellano no está amenazado ni en Baleares ni en ninguna otra región bilingüe de España, y desconocería la realidad quien lo afirmase; sí lo están, en cambio, y en todas ellas, los derechos individuales y personalísimos de los ciudadanos castellanohablantes. Y es que el castellano, como el catalán, no tiene derechos, pero sus hablantes, mal que a algunos les pese, sí.

Si un catalanohablante puede optar a una plaza de jardinero o de catedrático en Murcia, pero un murciano no puede optar a lo mismo en Sabadell porque no habla la lengua cooficial, no tienen los mismos derechos. Si un gallego puede ser médico o bedel en Badajoz pero un pacense no puede serlo en Vigo porque le falta el gallego, no tienen los mismos derechos. Si un mallorquín puede elegir el catalán como lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos y otro mallorquín no puede escoger el castellano, no tienen los mismos derechos. Si un contribuyente recibe las resoluciones de la administración que afectan a sus derechos y obligaciones en su lengua mientras otro las recibe en una lengua que desconoce o conoce peor, lo que le obliga a permanecer relativamente indefenso ante la administración, contratar un traductor o añadirle a todo el engorro el trámite de pedir la resolución en su lengua, pues, señor mío, no tienen los mismos derechos. Si a uno se le enseña que su lengua es una lengua de cultura y prestigio social y que le abrirá las puertas de la administración, del empleo y de la buena vida, mientras que a otro se le enseña que su lengua no es apta ni para hablarla en el recreo, que es una lengua de killos y no le reportará ningún beneficio aprenderla con esmero, el castellano no desaparacerá, no, pero ese castellanohablante se convertirá en un ciudadano de segunda, gracias a los nacionalistas y en beneficio de los caciques locales.

Así que bienvenido sea ese Manifiesto, que tanta falta hacía. Cuando algunos argumentan que el conflicto lingüístico realmente no preocupa a los ciudadanos y que, por tanto, no es un problema, creen saber más que los politicastros locales y sus comisarias lingüísticas: ¿creen de verdad que gente tan aparentemente preocupada por el control de la sociedad (y de sus recursos) invertiría enormes presupuestos en normalizaciones, inmersiones y campañas majaderas sólo por capricho? ¿Creen que un gobierno ofendería gravemente a empresas (Air Berlin) e individuos (Rafael Nadal) que generan enorme riqueza en todos los sentidos, contra toda sensatez y contra la praxis mercadotécnica más elemental, sólo por torpeza? Me sabe mal, pero he de sonreír ante tamaña ingenuidad o indignarme por tanta mala fe. Yo, que soy un poco más desconfiado, opino que los mafiosillos locales, que desde la Transición se han hecho con los resortes del poder autonómico y municipal, dejando a los caciques de la Restauración sometidos a la consideración de pobres aprendices, saben que manipular la identidad colectiva es la mejor vía para contar con una ciudadanía acrítica, seguir manteniendo el poder y disponer sin trabas de los recursos que deberían ser de todos: totalitarismo se llama, sí, pero es lo que hay; y en todo ello la exclusión de la lengua común juega un papel fundamental. Así de malpensado es uno.

Por su mucho interés, especialmente en unas Baleares gobernadas por un hexapartito que demostradamente busca la erradicación del castellano de todos los ámbitos públicos (decreto de ordenación de la enseñanza infantil, primaria y secundaria, campañas en la administración autonómica, subvención de todo lo que se expresa en catalán e ignorancia de todo lo que se expresa en castellano) y, a ser posible, de los privados (persecución de la empresa Air Berlín, campaña Ara es la teva), reproduzco a continuación el manifiesto publicado hace unos días a favor del castellano por intelectuales de diversas procedencias. Puede uno adherirse aquí.

-------------

MANIFIESTO POR LA LENGUA COMÚN

23 de junio de 2008

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5.. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.

Para generar debate en la sociedad balear, un grupo de militantes de UPyD en Baleares ha formado un grupo de trabajo sobre Educación y Lengua, con el objeto de presentar a medio plazo una propuesta concreta de reforma educativa en las islas.

Unión, Progreso y Democracia promoverá medidas que mejoren la calidad de la enseñanza recibida por nuestros estudiantes, que figuran en el vagón de cola de la educación en España. Así mismo trabajará por garantizar que los padres de los alumnos tengan plena libertad de elección por lo que se refiere a la lengua vehicular en la educación de sus hijos.

A fin de promover ese debate, el grupo de trabajo ha abierto el blog Por una reforma educativa, en el que se irán vertiendo propuestas con un carácter progresivo de concreción y comentarios por parte de los lectores.

Paralelamente, un grupo de docentes próximos a las ideas de reforma educativa que defiende UPyD ha abierto el blog La manca d'Educació, en el que los lectores encontrarán anécdotas relacionadas con el mundo de la enseñanza, presentadas desde un punto crítico. Nos parece una iniciativa complementaria políticamente incorrecta y, por tanto, muy oportuna.

Se empieza por hablar sin propiedad y se acaba diciendo tonterías. Es lo que les ha sucedido a muchos de nuestros dirigentes, acostumbrados durante demasiado tiempo a usar el lenguaje para disimular la realidad y no para explicarla. El desliz de Bibiana Aído (que posiblemente no pasará a la historia como la ministra más joven del ministerio más progre, sino como la más superflua de las enchufadas del zapaterismo), esa irrepetible majadería de “los miembros y las miembras” que ni siquiera el lehendakari Ibarretexe se atrevió nunca a perpetrar, no desvela sólo su enorme desconocimiento de la lengua que maltrata, sino una confusión de ideas evidente y una notable incapacidad para articular un discurso de contenidos mínimamente razonables.

Porque el problema no es que la joven no sepa hablar (don Gregorio Salvador, de la RAE, le ha pegado un repaso del que si tiene vergüenza le costará olvidarse). El problema es que nada de lo que dijo la ministra tenía el menor interés. La extrema frivolidad de esta caterva de progres de cuota que nos gobierna nos deja ineludiblemente una triste sensación de desamparo. Nada que ver con aquellos políticos de parla deslumbrante y mente prodigiosa, dos características que andan de la mano: Calvo-Sotelo, Ruiz-Jiménez, Fraga Iribarne, Peces Barba, Herrero y Rodríguez de Miñon, Solé Tura, Roca i Junyent… Nada que ver con la formación sólida y densa de los padres constituyentes, nada que ver siquiera con la astucia de un Suárez o un González. Nada: Bibiana Aído no debe su cargo a un currículum brillante, que no tiene, ni a una experiencia rematada, que tampoco, ni a una oratoria depurada ni a dotes especiales que conozcamos, no, sino a la política basada en mera propaganda del presidente y a su aparentemente única y, ésta sí, demostrada virtud de medrar en los salones de la partitocracia andaluza. Apenas tiene experiencia laboral, ni una cultura mediana ni tal vez una inteligencia que destaque más allá del oportunismo en que tan bien les ha ido a sus jefes Blanco y Zapatero y un regular desempeño como Bloguera en el País de las Maravillas Progres. No es de extrañar, por tanto, su propuesta de remediar los malos tratos a la mujer mediante un número telefónico a disposición de los maltratadores.

Si no estuviéramos hablando de lo que estamos hablando, sería un mal chiste. Pero es que, además, el Ministerio de Igualdad no está dotado de un presupuesto serio. Está, como casi todo en la era zapateril, improvisado deprisa y corriendo: como su web, como su ministra y como la primera intervención de su ministra. Que a Aído le haya costado todo este tiempo preparar una intervención como la de ayer (sin contenidos palpables, sin una expresión correcta, sin nada reseñable salvo el cuidado de la imagen), que un académico la haya reprendido duramente por errores de expresión dignos de la ESO y que su misma número dos haya tenido que salir al paso de tanta infantil improvisación es demasiado indicativo. Así pues, tenemos una ministra improvisada e improvisadora, un ministerio desprovisto de recursos y un discurso ñoño que insiste en presentar la nada bajo los oropeles pijo-progres más manidos del zapaterismo... Todavía debe haber quien se crea que para proteger los intereses de la mujer hace falta montar un equipo exclusivamente femenino. Claro: por eso en las Cortes y en los consejos de administración de todas las empresas hay también una cuota de obesos, otra de agricultores, otra de enfermos hepáticos y otra de directivos de la SGAE: ¿quién podría, sino ellos mismos, entender y defender los intereses respectivos de colectivos tan discriminados…? Pero no caben bromas: todavía, es cierto, hay quien se cree que decir “Consejo de Ministros y Ministras” es más justo que decir “Consejo de Ministros”. Y si las etiquetas fáciles nos interesan más que la propiedad de nuestras palabras, ya sabemos qué discurso podemos esperar: el de las apariencias. Pero hasta para guardarlas hay que mostrar cierta habilidad.

Estas cosas suceden desde que los falsos progresistas españoles, adaptando sin necesidad el vocabulario norteamericano, se empeñan en confundir el sexo con el género. Las personas tienen sexo y pueden, aunque no deberían, discriminarse o maltratarse las unas a las otras por motivo de sexo. El género, en cambio, lo tienen las palabras, y no es machista ni feminista: es un inocente accidente del lenguaje, una herramienta para entendernos, por lo cual decir “las y los jóvenes” es una gran cursilería innecesaria, pero decir “los miembros y las miembras” es, además, un atentado contra la gramática que, posiblemente, la joven ministra Aído estudió ya bajo los efectos estupefacientes de la LOGSE. Si hablamos del género de las personas, y no de su sexo, sólo podremos hablar del género Homo, al que pertenecemos los humanos y, según teorías científicas recientes que algunos datos de la política española parecen corroborar, los chimpancés. Aunque es cierto que existe otro género de personas del que se puede hablar sin forzar el lenguaje: el género tonto. Pero aquí veo que he de parar.

En la actual polémica lingüística entre el Gobierno social-nacionalista de las Islas Baleares y la compañía Air Berlín estamos alcanzando cotas de absurdo impensables en cualquier país civilizado. Recordemos los hechos: el Govern, a través de su directora general de Política Lingüística, Margalida Tous, insta por escrito a la compañía aérea a fomentar el catalán entre su personal a fin de que las azafatas se dirijan a sus pasajeros en el idioma de Llull. El director general de Air Berlín, Joachim Hunold, contesta a esta impertinencia mediante un editorial de la revista que edita, en el que se lamenta de que el castellano sea tratado en Baleares como “una lengua extranjera más”, se pregunta si también deberán dar cursos de vasco y gallego puesto que Air Berlín vuela a Bilbao y a Vigo y, en definitiva, se niega a asumir la propuesta de normalización lingüística de la comisaria Tous, una negativa que reitera, junto con su respeto hacia los catalanohablantes, el responsable de la compañía para España y Portugal, Álvaro Middelmann.

La reacción no se hace esperar: Carod-Rovira (el líder oficial del separatismo catalán) y el presidente Montilla (su colaborador) apoyan la iniciativa de sus amigos baleares por medio de una carta en que la Generalidad recuerda a Air Berlín que opera en seis aeropuertos de los Països Catalans; la Plataforma per la Llengua (una asociación separatista) llama al boicot contra Air Berlín; el Lobby per la Independència (una banda xenófoba que sobrevivió a las últimas glaciaciones en Mallorca) llama a Hunold “puta nazi boig” o “nazi subnormal”, y a Álvaro Middelmann “fatxa foraster madrileny”; Joves de Mallorca per la Llengua (una plataforma juvenil separatista) organiza una manifestación ante la sede de la empresa; el diario Avui echa leña al fuego y publica, entre otras cosas, que el 94% de sus lectores (muy escasos, como todo el mundo sabe, pero casi todos separatistas) exige disculpas de Air Berlín; Joan Puig, exdiputado de ERC (y por tanto separatista), difunde en su blog un montaje fotográfico en que se mezcla el logo de Air Berlín con la svástica y propone hacer google bombing con él; la Obra Cultural Balear (un chiringuito separatista muy bien montado), por medio de su inefable Oficina de Derechos Lingüísticos, propone también bombardear la dirección de Air Berlín con un mensaje en el que, conforme a su habitual estilo subvencionable, no recurre al insulto; y, en fin, todo el submundo catalanista se esfuerza por presentar la inaudita intromisión de la comisaria Tous en los asuntos privados de una compañía privada como si fuese un ataque (“atac nazi”) de ésta contra el catalán y los catalanohablantes, lo cual es radicalmente falso.

(Hay que apuntar, porque nunca está de más, que toda esta ruidosa campaña se hace fundamentalmente con el dinero del contribuyente. No hace falta decir de quién cobran Tous, Carod o Montilla; la Plataforma per la Llengua, la Obra Cultural Balear y Joves de Mallorca per la Llengua están generosamente subvencionados por los ejecutivos catalán y balear, Avui sobrevive exclusivamente gracias a las subvenciones y la publicidad institucional; y Joan Puig vive o ha vivido de los presupuestos públicos. Pero no es nada nuevo: ya deberíamos saber que toda campaña separatista en España se hace con cargo al dinero de nuestros impuestos.)

En este ambiente exento de presiones, como hemos podido comprobar, el presidente de Baleares, Francesc Antich, insiste hoy en que el Govern se reunirá con Air Berlín para tratar este asunto de normalización del catalán. Según Europa Press, Antich opina que “el Ejecutivo tiene la obligación de ir avanzando en la normalización lingüística” y esto no es incompatible con el fomento del turismo o las buenas relaciones con las empresas; es algo “que se tiene que hacer, se debe llevar a cabo de común acuerdo y hablando entre todos”.

Recapitulemos. 1. La comisaria Tous envía un requerimiento improcedente a Air Berlín para que ésta se dirija a sus pasajeros en catalán (una aspiración que hasta el momento no parecía un clamor popular). 2. Air Berlín contesta educadamente que no comparte ese punto de vista y que como se trata de una compañía privada y no presta un servicio público aplicará sus propios criterios. 3. El separatismo catalanista en pleno le echa sus perros rabiosos y subvencionados, que insultan, muerden los tobillos y se esfuerzan por poner contra la pared a los directivos de Air Berlín. 4. En este punto interviene el presidente Antich, pone cara de buena persona y afirma que, puesto que, nos pongamos como nos pongamos, la normalización es algo que se debe hacer, será mejor (dado el ambiente que una directora general de su gobierno y sus socios en el mismo se han encargado de crear) que lo hagamos por las buenas y hablando. ¿La vieja táctica del poli malo y el poli bueno?

Pero Antich, por más que lo repita, miente: la normalización no es algo que se tiene que hacer. Es un mecanismo uniformador esencialmente perverso, que tiene por objetivo modificar las dinámicas sociales en torno al lenguaje y la mitología separatista y que por supuesto no es obligación de ningún gobierno, sino una elección libre y basada en presupuestos ideológicos o estratégicos. Cuando alguien quiere presentarnos su propia decisión como una obligación ineludible, hemos traspasado una línea peligrosa, la misma que traspasamos cuando consideramos los asuntos privados de una empresa privada objeto de regulación pública: la del totalitarismo. Porque aquí, entendámonos bien, la única obligación que tiene el presidente Antich, o que ha decidido tener, es la de cumplir sus compromisos con los cinco partidos radicales que le permitieron alzarse con el poder habiendo perdido las elecciones, cinco partidos minúsculos que van desde el oportunismo puro y duro –aunque en cada caso por diverso motivo– de Unió Mallorquina o Izquierda Unida hasta el separatismo recalcitrante del PSM o ERC; cinco partidos en sí prácticamente irrelevantes, pero que reunidos en torno al PSOE de las islas invalidan el 47% de los sufragios que recibió en las autonómicas del año pasado el PP, cuyos dirigentes, si les queda decencia, se estarán arrepintiendo hoy de las leyes normalizadoras que aprobaron en el pasado.

El presidente Antich podría optar también por cumplir sus compromisos con la Constitución respecto del castellano, o con el sentido común, o con el sentir infinitamente mayoritario de los mallorquines, que asisten a este espectáculo de sus políticos tan ajenos e impotentes como al espectáculo de corrupción desbocada que los juzgados van destapando con cuentagotas durante los últimos meses. Pero no: Antich prefiere conservar el poder, aunque esto sólo le haya servido para promulgar tres leyes en todo un año parlamentario, y para ello tolera y defiende que los radicales a quienes ha entregado el control de las áreas de gobierno relacionadas con la cultura y la llamada política lingüística presionen de manera intolerable a una empresa que genera en Baleares mucha más riqueza de la que ellos sabrán generar nunca. Espero que los abogados de Hunold y Middelmann encuentren viable esa querella que están estudiando y que Air Berlín le caiga encima a los responsables de esta persecución vergonzosa con todo el peso de la ley. Entre tanto, aquí tienen mi modesta solidaridad con la compañía, y también mi tristeza: pobre España.

[Texto completo del comunicado emitido hoy por Unión, Progreso y Democracia en Baleares]

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) apoya las recientes declaraciones de directivos de Air Berlín contra la imposición del catalán

(Joachim Hunold y Álvaro Middelmann ponen en su verdadero sitio a la comisaria lingüística del Govern, Margalida Tous)

Unión, Progreso y Democracia quiere denunciar una vez más las prácticas de presión del Gobierno de Baleares contra el uso del castellano ya no sólo en el ámbito público, sino también en el puramente privado. Tras la campaña de intensificación de la normalización lingüística en la Administración y la campaña Ara és la teva. Parla català, con el fin casi explícito de arrinconar el castellano en su uso privado y convertirlo en una lengua de segunda y, lo que de verdad nos importa, a sus hablantes en ciudadanos de segunda, conocemos ahora la misiva que Margalida Tous, directora general de Política Lingüística, remitió a la gerencia de Air Berlín con el fin de insistir en la necesidad de que el personal de esta compañía alemana basada en Palma utilice el catalán con sus pasajeros.

Que un ejecutivo dedique esfuerzos y recursos a persuadir a importantes empresarios de que empleen una u otra lengua en sus relaciones con sus clientes es, además de entrometimiento e impertinencia, un desatino sólo comparable al caso de que el Govern aconsejara a los restaurantes el menú que deben ofrecer o a los modistas la longitud que deben alcanzar las faldas de sus creaciones. En un nuevo alarde de feroz intervencionismo sociolingüístico, el gobierno Antich hace el ridículo inmiscuyéndose en los procesos naturales de la sociedad civil, pretendiendo moldearlos como si hubiésemos vuelto a los tiempos de la vieja Unión Soviética. No basta con alegar que el Govern sólo aconsejó; ¡es que ir más allá habría sido delito! Pero todos conocemos la fuerza que tiene un consejo que proviene del poder.

Frente al boicot anunciado por la organización separatista Plataforma per la Llengua contra Air Berlín, UPyD anima a los ciudadanos de estas islas, en particular a los empresarios y muy especialmente a los directivos de Air Berlín a mantenerse firmes en la defensa de sus derechos y a mantener los criterios de eficacia, servicio y rentabilidad frente a los absurdos requisitos de la mitología nacionalista. UPyD, también, quiere recordar a la ciudadanía que el PSOE y el PP, en virtud de sus muchos años de gobierno en alianza con fuerzas políticas separatistas o puramente oportunistas y de su acción legislativa cuando menos equívoca, son los máximos responsables del actual estado de cosas, en que partidos anticonstitucionalistas sin apenas apoyo del electorado, como ERC o el PSM, dirigen la política cultural y lingüística de las islas merced a la falta de principios y de escrúpulos de aquellos partidos grandes. UPyD reitera su compromiso de no pactar jamás con nacionalistas para gobernar y su promesa de suprimir los departamentos de política lingüística de todas las instituciones insulares tan pronto alcance el poder.

Una de las imágenes de la hipocresía que siempre me ha molestado especialmente es la de esa señora tan típicamente carpetovetónica que, envuelta en un grueso pellejo de animal muerto y deslumbrando a la parroquia con sus joyas, añade a éstas el ornamento del carné de una entidad filantrópica que los de su clase gestionan para, desde sus alturas, favorecer a los desfavorecidos. Lo mismo organiza un mercadillo de beneficencia que dona las migajas de su bienestar a los negritos y a los chinitos del Domund o al lisiado que acampa en horario de misa a la puerta de la iglesia. “No se lo gaste usted en bebida”, podemos imaginar que aconseja la buena señora al mendigo como conveniente guarnición de la moneda entregada, desde la tranquilidad que otorga saber cómo son las cosas: como siempre han sido.

La caridad, que –como la fe y la esperanza– aparece definida en los crucigramas y en algunos tratados como virtud teologal, me ha reventado siempre porque no tiene por protagonista al que la recibe, sino al que la practica: ¡valiente virtud! Soy caritativo porque, en el fondo, soy mejor que el mendigo: yo sé en qué se debe gastar el dinero; pero, sobre todo, sé cómo se gana –y él no. Practico la caridad porque soy así de generoso y encima gano el Cielo. La caridad no es un derecho del pobre, sino una gracia que el pudiente le concede mientras demuestra su buen corazón y al mismo tiempo marca el abismo insalvable de la diferencia social y garantiza que todo siga en el lugar en que siempre estuvo. Un rito rentabilísimo.

A diferencia de la caridad, la solidaridad no presupone gracia ni bondad, sino compromiso. Soy solidario porque considero que quien recibe los frutos de mi solidaridad tiene derecho a ellos. En un planteamiento solidario, y así es también en el derecho civil occidental desde los tiempos de Justiniano, todos estamos en la misma posición, todos nos reconocemos intereses comunes y, por tanto, todos nos hacemos responsables de la solución de los conflictos con la convicción de que aportaremos hasta donde podamos aportar porque asumimos que los problemas del otro son también nuestros problemas. La solidaridad –la fraternité de los revolucionarios– es una aspiración que, junto con las de la libertad y la igualdad, permite tejer la malla social con el hilo de la justicia. La ayuda solidaria pretende ir más allá del parche coyuntural, ya que el solidario sabe ponerse en el lugar del otro y, por tanto, intenta que las soluciones dadas afecten la estructura de su problema y tiendan a minimizar o eliminar su necesidad ulterior de ayuda. Otra cosa es que muchos entiendan hoy la solidaridad como la vieja caridad, incluidas OONNGG, instituciones y políticos cantamañanas. Dar dinero a determinadas causas para lavar la conciencia, para comprar la respetabilidad social o porque está de moda o procura votos no es solidaridad: es caridad en su modalidad más genuinamente farisea. O sea: más que una virtud cristiana, una auténtica putada.

Y he aquí que, un poco por inercia socialdemócrata y otro poco por la generalizada desactivación del sentido del compromiso moral que mina nuestra sociedad, nuestro estado del bienestar zapateril se nos presenta como la madre de todas las caridades. El presidente Zapatero pretende resolver todos los problemas –incluidos los que nadie le llamó a resolver– a golpe de talonario y sin prestar atención siquiera a la progresividad que es exigible en todo mecanismo de redistribución de la renta. ¿Que a la gente se le pone cuesta arriba pagar la hipoteca? Suelto lo de los famosos 400 euros fantasma y listo. ¿Que a los jóvenes les cuesta un ojo de la cara alquilar su vivienda? Cheque que te crió. ¿Que hay hambre en el mundo? Pues va Zapatero a la cumbre de la FAO y, en plena crisis, promete nada menos que 500 millones de euros para “garantizar la seguridad alimentaria” mediante reuniones “de alto nivel” para hablar de la más absoluta nada, que es algo que le chifla, y –si la cosa llega a materializarse en un programa real de acción– mediante grandes sumas de dinero que, a través de las instituciones españolas de cooperación al desarrollo, irán a parar de los bolsillos del contribuyente español directamente a los de algunos dictadores africanos ávidos de fotos y a los de sus cortesanos. No sé si me da más risa esta nueva tontería de “garantizar la seguridad alimentaria” o la de la Alianza de Civilizaciones, pero en cualquier caso me sirve como perfecta ilustración de lo que quería afirmar: frente a la solidaridad, que es progresista porque pretende atender la mejora de las circunstancias de todos a través de un compromiso con la libertad, medidas planificadas y concretas de acción sobre objetivos determinados y medidas de control y evaluación de los resultados, la caridad, que es perfectamente improvisable y mucho más acorde con la acción propagandística, que no requiere grandes complejidades éticas ni controles posteriores porque se perfecciona en el mismo acto de dar, es inequívocamente conservadora: tiende a preservar las diferencias y a hacer que la solución (aunque sea aparente) de los problemas siga dependiendo indefinidamente de los mismos colectivos, personas o países.

No es que yo me quiera poner demagógico, pero no puedo evitar una reflexión un tanto gráfica: si yo fuera una de esas personas que por millones pasan hambre en África, me plantaría delante de Zapatero y le diría: “Gracias por sus buenas intenciones, pero no me venga usted con caridad. Si tanto les interesa combatir el hambre en el mundo, más bien sean ustedes solidarios y no gasten tantísimo dinero en acumular palabras; mejor dejen de fabricar las armas con que nuestros tiranos nos masacran; dejen de apoyar en su política exterior las iniciativas con que Francia nos somete y explota nuestros recursos; no dejen ustedes su pretendida ayuda en manos de los gobiernos que nos esquilman, o al menos no sin control. Y, sobre todo, no me sea usted cantamañanas, que me ofende.” Lo malo es que no tendría ocasión de hacerlo, porque nunca me invitarían a una de esas reuniones de alto nivel: la caridad se gestiona entre iguales.

[Texto completo del comunicado emitido ayer por Unión, Progreso y Democracia en Baleares]

La formación de Rosa Díez se compromete a eliminar de los presupuestos públicos los gastos de promoción de cualquiera de las dos lenguas si entra en las instituciones

Ante el lanzamiento por parte de la Dirección General de Política Lingüística del Govern, los Consells insulares y el Ayuntamiento de Palma de la campaña Ara és la teva para promocionar el uso del catalán en el ámbito privado, Unión, Progreso y Democracia quiere manifestar su asombro y hacer constar su condena de esta nueva muestra de intervencionismo por parte de los departamentos de política lingüística.

1. UPyD exige a los departamentos implicados en la campaña que hagan públicos los presupuestos invertidos en la misma. 13.000 camisetas, 3.000 gorras infantiles, 15.000 adhesivos, 30.000 folletos para repartir en la hostelería, 70.000 folletos dirigidos a los emigrantes, vallas y carteles por toda Palma y la apertura y mantenimiento de una atractiva página web parecen indicar un gasto de centenares de miles de euros, que amenaza con repetirse en los próximos ejercicios. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto dinero público se ha gastado y con qué criterios y por qué vía contractual se ha adjudicado la colaboración con los industriales y profesionales implicados.

2. Aparte la exigible transparencia, UPyD reprueba con toda firmeza el uso de recursos públicos para dirigir los usos lingüísticos de la ciudadanía. Nuestro partido considera que los poderes públicos están para garantizar los derechos individuales (por ejemplo, el derecho a usar la lengua materna, máxime cuando es cooficial), y no para indicar, especialmente en el ámbito privado y aún mucho menos de manera imperativa (“Parla en català”), cuál es la lengua de los buenos y cuál la de los malos. Nuestro infinito aprecio por la lengua catalana nos impide, precisamente, tolerar que sea utilizada como instrumento de ingeniería social: si condenamos el monolingüismo castellano impuesto por la dictadura de Franco, no podemos sino condenar el monolingüismo catalán que nos impone el nacionalismo radical, con la connivencia del PSIB en las instituciones y aprovechando la legislación que en su día dictó el PP balear.

3. En UPyD consideramos que asociar al uso del catalán el lema “Ara es la téva” es improcedente porque a) el castellano también es lengua oficial, y la materna para una gran parte de los habitantes de Palma, por lo que supone no poco desprecio considerarla ajena; y b) desprende un inequívoco tufo a revancha y a enfrentamiento (la expresión “ara es la teva” remite clarísimamente a aprovechar la ocasión para desquitarse) que en absoluto nos parece positivo ni cohesionador.

4. Así mismo, nuestro partido considera que en la web que da soporte teórico a la campaña se vierten afirmaciones sobre historia y lengua cuando menos sesgadas; sin pretender ser exhaustivos, cabe advertir a sus responsables que el castellano es tan “histórico” como el catalán, si es que esto es un mérito; que el Rosellón nunca fue “el norte de Cataluña”, sino otra entidad política diversa de Cataluña aunque comparta con ella una de sus dos lenguas; o que no es cierto que en 1704 la Corona de Aragón en bloque fuese austracista, frente a una Castilla proborbónica, dado que en ambas coronas hubo personas y regiones partidarias respectivamente de ambos pretendientes al trono, y que la disputa giraba en ambos bandos en torno a la sucesión al trono de España, y no a la soberanía ni los derechos lingüísticos de ninguno de sus reinos. UPyD cree que el gobierno autónomo y las demás instituciones, cuyo único sentido es el servicio a la sociedad balear, hacen un pésimo servicio a la misma adoptando oficialmente el maniqueísmo historiográfico de la minoría catalanista.

5. UPyD advierte que el mecanismo de delación que con frecuencia emplean los nacionalistas para sugerir a la población que para no tener problemas es mejor normalizarse, es decir, someterse en materia lingüística, vuelve a aparecer en la web Ara és la teva, mediante un formulario que invita al usuario, entre otras cosas, a “denunciar” los presuntos abusos lingüísticos sufridos por parte de los castellanohablantes. UPyD anima a todos cuantos no estén de acuerdo con esta actuación del Govern a hacer uso de esta herramienta para denunciar de manera respetuosa el empleo de cuantiosos recursos públicos en una operación de ingeniería sociolingüística que está de espaldas a la sociedad a la que se destina y que sólo revela los prejuicios de quienes la diseñaron, y para reprobar explícitamente, por tanto, la campaña Ara és la teva.

6. Por último, UPyD hace constar su compromiso de que, en el caso de que en las próximas elecciones locales y autonómicas la ciudadanía le prestase la confianza necesaria para entrar en las instituciones e influir en la toma de decisiones, no dedicaría presupuesto alguno a medidas de promoción artificial del uso del catalán o del castellano, más allá de la libertad personal y al margen del ámbito educativo, que es al que pertenece su enseñanza. En su lugar, UPyD destinará las partidas presupuestarias que ahora están dirigidas a este fin a asuntos que sí considera prioritarios, como la implementación de las ayudas señaladas por la Ley de Dependencia, la reforma de la educación o la protección del medio ambiente.

En Palma, a 29 de mayo de 2008.

Si la cosa no fuera tan triste, sería como para hacer bromas. ¿En qué otro lugar del mundo unos poderes públicos democráticamente elegidos se ocupan de eclipsar en todo lo posible una de las dos lenguas oficiales del territorio (que además es la lengua común de la Nación, la lengua materna mayoritaria, la lengua de los negocios y una de las más habladas y prestigiosas del mundo), excluyendo su carácter vehicular en la escuela a todos los niveles, prohibiendo su uso en la administración, en la sanidad y en cualquier otra instancia oficial salvo excepción? ¿En qué país, además de España y si excluimos a las dictaduras más paranoicas, se permiten las autoridades incluso orientar a los ciudadanos sobre qué lengua deben usar en su vida privada, habilitar cauces para que los ciudadanos normalizados denuncien a los revoltosos que insisten en usar la lengua maldita y penalizar a quienes no sigan determinadas directrices, invirtiendo en ello cuantiosos recursos procedentes de la contribución de una ciudadanía que permanece muy mayoritariamente ajena a esta absurda preocupación? Pues bien, esto es lo que ocurre en buena parte de España, y en particular en Baleares; y algunos creen que todo este majadero atropello es progresismo.

En Unión, Progreso y Democracia asistimos asombrados –una vez más– a la iniciativa de los departamentos de política lingüística del Govern, del Ayuntamiento de Palma y de los Consells insulares: una campaña –Ara és la teva– de matices que rozan la xenofobia y después de cuyas medidas, si se ha de profundizar en esa línea, sólo cabe ya la prohibición y la persecución directa de los ciudadanos reacios a normalizarse. Es una gran desfachatez dedicar la acción de gobierno a decirle a cada cual en qué idioma debe hablar, tildando la lengua materna de la mayoría de los habitantes de Palma de impuesta; pero aún lo es más es si atendemos al enorme dispendio que suponemos, con cargo al bolsillo de los contribuyentes que ya están normalizados y de los que no lo estamos ni lo estaremos.

UPyD se compromete, si en futuros comicios llega a las instituciones, a trabajar para la eliminación de la Dirección General de Política Lingüística y de los demás organismos superfluos que han aflorado en torno al esperpento identitario; la derogación de la Ley de Normalización Lingüística y de toda normativa que discrimine el castellano; y la anulación de cualquier otra medida que atente contra la libertad lingüística de todos y cada uno de los ciudadanos, hablen éstos lo que deseen hablar.

Esta es una de esas épocas en las que a uno le pide el cuerpo renunciar a la nacionalidad y hacerse ciudadano de algún país serio. A la trayectoria de un gobierno estático –y tal vez extático–, cuyo máximo orgullo en estos meses parece ser el bienhadado parto de una de sus ministras, se contrapone el espectáculo vergonzoso de un partido mayoritario en la oposición que, obviando el hecho de que diez millones de españoles pusieron en él su confianza, decide que ahora, cuando hay por delante cuatro años de trabajo parlamentario, es el momento de ventilar la cuestión de su liderazgo. Por eso decía yo lo de los países serios: supongo que alguno habrá en el que el Gobierno se dedique a gobernar, y no a hacer oposición de la oposición; y la oposición se dedique a controlar la acción del gobierno y a hacer propuestas constructivas antes que en pensar en su candidatura de dentro de cuatro años. Se supone que los ciudadanos habrán de votar entonces a la vista del trabajo hecho, pero nuestros partidos mayoritarios parecen confiar en lo contrario: en que al electorado le interesan más los nombres y las etiquetas previas que los contenidos. ¿Creen que la LOGSE ya ha surtido los efectos esperados?

Porque de esto se trata: de etiquetas. Empeñados en mantener a los ciudadanos en la inopia del etiquetado, los cerebros del PSOE (si es lícito describir así a elementos como Pepiño Blanco) se esfuerzan en mantener el lenguaje más polvoriento de la vieja izquierda, aderezado con alguna nota de la necesaria modernidad: asuntos sociales por doquier, algún neologismo que empiece por eco y una pizca de multiculturalismo y plurinacionalidad. Lo mismo da que el desarrollo de la ley de dependencia esté siendo desastroso porque nos quedamos en la legislación –el etiquetado– sin acordarnos de financiarla como toca y de coordinar los correspondientes departamentos autonómicos –el contenido. Lo mismo da que la desigualdad efectiva sea creciente en el sistema sanitario español, que, como tan acertadamente ha descrito ayer mismo Francisco Sosa Wagner, se encamina hacia diecisiete minisistemas sanitarios diferentes, con diferentes prestaciones y diferentes grados de cobertura: la etiqueta –el lenguaje– se ocupa de ocultarlo. Lo mismo da, en fin, que numerosos españoles, cada vez más, vean conculcado su derecho a usar su lengua materna en la escuela o la administración: el etiquetado ha dispuesto que hablar castellano es de derechas y, por lo tanto, desechable, y en cambio las demás lenguas cooficiales son progresistas y, además, tienen derechos que están por encima de los individuales de los hablantes. Contra la realidad, etiquetas, como demuestran muy bien los rótulos de los nuevos ministerios zapateriles.

Mientras, en el Partido Popular, a los complejos que arrastra la derecha española desde 1975 se suman hoy el desánimo y la impotencia que causa haber crecido en votos en las urnas y, sin embargo, resultar derrotados por la alianza parlamentaria del populismo-oportunismo de Zapatero con los enemigos del Estado. En lugar de aferrarse a los principios, cosa que los compromisos del poder nacional y autonómico le impiden, el PP oficial se retuerce en un combate de pesos ligeros por ver quién resulta más aparente cara a unas futuras elecciones. Desengañémonos: ninguna de las manifestaciones de líderes populares en estas últimas semanas viene avalada por un soporte ideológico denso, por una propuesta programática compleja o novedosa. No hay contenidos. Que Mariano Rajoy diga que a veces “hay que moverse” lo indica todo: no se trata, pues, de ser fiel a los principios. Ni de no serlo, ojo: se trata de adoptar la posición que nos permita caerle mejor al electorado y, sobre todo, a los medios de prensa; y en esto está muy equivocado, ya que los grandes grupos mediáticos no se dejan conducir por las simpatías, sino por el dinero. Que los contenidos sean o no los de siempre da igual, porque lo que queremos transmitir es lenguaje literal, signos, etiquetas: “el centro reformista”. A mí me gustaría que me explicaran qué es, sustantivamente hablando, esta tontería del centro. Aunque ya lo tengo bastante claro: el centro es el punto imaginario donde se sitúa uno a quien interesa que la gente siga opinando en los términos caducos de derecha e izquierda y además no pueda identificarlo a uno ni con la una ni con la otra. El centro puede ser el lugar idóneo para el que no tiene principios que ofrecer: el campo donde trabaja aquel a quien no importa inclinarse hacia los unos o hacia los otros sin adquirir compromisos previos con la ciudadanía. El centro no es ni chicha ni limoná: no ofrezco nada concreto para no pillarme los dedos cuando acepte cualquier cosa. Sigo en el juego de las etiquetas, porque creo que así es más fácil seguir muñendo a mis paisanos, pero escojo la etiqueta comodín, la que –si la gente se lo cree– me permitirá hacer el papel de progresista de opereta tolerante con las majaderías de los nacionalistas cuando me interese y el de paladín nacional-católico cuando me convenga más. Esto es el centro, y esto es lo que ofrece cierto PP: el que parece que van a defender Mariano Rajoy, un brillante pero hoy decepcionante Alberto Ruiz-Gallardón o Manuel Fraga, jaleados por los periodistas que hablan de “derecha moderada” para, sin darle la absolución por el pecado de ser de derechas, reconocerle al menos buenas maneras.

Enfrente nos encontramos un territorio igualmente heterogéneo e indefinido en el que parece que se destaca Esperanza Aguirre, o al menos los medios así nos lo presentan; un territorio en el que, según las últimas declaraciones de la presidenta madrileña, se considera que no son necesarios los “cambios radicales”. De nuevo el juego de las etiquetas: autotitularse “centro reformista” no es nada radical, por cuanto no comporta contenidos ideológicos ni programáticos concretos, pero tampoco es un cambio, dado que el PP siempre se declaró de centro y reformista –otra cosa es que esta imagen no haya calado, en buena parte gracias a la actitud vociferante del trío Rajoy-Acebes-Zaplana durante la pasada legislatura. ¿Dónde está el cambio radical? ¿Es que nos toman por nuevos? Cuando nos hablan de liberalismo, ¿se refieren al liberalismo que comulga con los obispos? ¿Al que pacta o quiere pactar con los nacionalismos hiperintervencionistas? ¿Al que se niega a firmar condenas del franquismo en Europa o a asumir una Educación para la Ciudadanía bien entendida? En fin, no es necesario extenderse en ejemplos para que nos demos cuenta de que en el PP todos se han embarcado en la lucha por la poltrona: a nadie le interesan lo más mínimo unas presuntas diferencias ideológicas que, por mucho que algunos en el grupo PRISA se empeñen, no afloran con claridad en ninguno de sus discursos. En el laberinto del PP de hoy sólo se emplean argumentos que tienen que ver con la estrategia y, por tanto, con el acceso al poder en el seno del partido y con respecto a las instituciones. Etiquetas.

No esperemos más del Partido Popular de hoy. Una vez situados, sus líderes se olvidarán de estas cuestiones y se aplicarán a pactar con quien sea necesario pactar. Entre otras cosas porque ya en la primera legislatura en que gobernó demostró su condición de maquinaria de poder: en aquellos años, Aznar se mantuvo en La Moncloa merced al apoyo de CiU y del PNV, y fue entonces cuando tuvimos que oír de los parapetados labios del vallisoletano aquello del “Movimiento Vasco de Liberación Nacional”, o comoquiera que se formule este engendro conceptual; una expresión, por cierto, que hoy, en labios de Zapatero, habría hecho babear espumarajos y vituperios susceptibles de querella a algún locutor de radio.

Una rectificación se hace necesaria, porque generalizar siempre acaba en injusticia. En el Partido Popular, como en el Partido Socialista, sí existen personas honestas que contemplan con preocupación la deriva absurda a que nos arrastran sus líderes y que parece envolver definitivamente a un PP más preocupado por calcar los éxitos de Zapatero que por plantear sus propias políticas. Esas personas, que no sólo tienen ideología sino que además tienen principios y lealtad institucional, se han dado cuenta de que PP y PSOE son hoy maquinarias inertes, válidas principalmente para ganar o mantener el poder y no para el buen gobierno o la defensa leal de los intereses de la ciudadanía. Algunos, ninguneados, se han ido ya a sus casas o mantienen su discrepancia a salvo en blogs críticos con sus aparatos partidarios. Otros han optado por dejar carné, cargo y sueldo e integrarse en UPyD, desde donde ahora defienden con actitud transversal sólo aquellas estrategias que interesan al ciudadano que tiene problemas reales (algo que en esta España sí es radical). Y con el electorado sucede algo parecido: cada vez más ciudadanos se dan cuenta de quién sostiene un discurso veraz, desde posiciones de lealtad y no de oportunismo, y quién les sigue proponiendo el juego de las etiquetas.

Por eso es tan injusto encuadrar en ese juego mendaz y nocivo para España la actitud de alguien como María San Gil. Ella, que como todo el mundo tiene una ideología que podremos o no compartir, sí comparte con muchos de nosotros –pero al parecer no con quienes en su partido hoy se disputan la entrada al banquete– la fidelidad a los compromisos adquiridos y un aprecio mucho mayor por los principios que por la oportunidad. Sabe que la oportunidad sólo atañe al corto plazo y, como los estadistas, a ella sólo le interesan las soluciones de largo aliento: las políticas dotadas de una espina dorsal ética que van más allá de los congresos partidarios. Pactar con los nacionalistas garantiza el acceso inmediato al poder a costa de los derechos que muchos ciudadanos ven hoy menoscabados o suprimidos en Euskadi, y a costa posiblemente del futuro de España: ella lo sabe bien y por ello, creo yo, no desea participar en un congreso en el que no se van a debatir políticas, principios ni soluciones, sino más bien números, atajos inciertos, posibles transacciones…

Políticos como Rosa Díez o María San Gil –qué curioso, esto de las mujeres vascas– son hoy más necesarios que nunca. Indigna que a ambas las llamen hoy traidoras desde el infame PSOE vasco y desde el PP centrorreformista, respectivamente. Cuando tras la guerra francoprusiana y la caída de Napoleón III se debatía en París el retorno de la monarquía (puesto que aquel parlamento francés de 1871 era mayoritariamente monárquico), le fue ofrecida la corona al conde de Chambord. Éste puso como condición que el Estado recuperara la bandera blanca y flordelisada de la Francia de los Luises; pero abandonar la enseña tricolor, que había ondeado gloriosamente en representación de Francia durante ya casi cien años, resultaba inasumible para aquella asamblea constituyente. El conde de Chambord, que no podía reconocer la bandera que había amparado a los verdugos de sus antepasados, renunció a la corona y dio así paso a la III República Francesa. Victor Hugo, que era diputado republicano en aquella asamblea, le dedicó en L’année terrible un hermoso poema titulado “A Enrique V” en el que decía de él lo siguiente: “L'homme est viril et fort qui se décide/ A changer sa fin triste en un fier suicide;/ Qui sait tout abdiquer, hormis son vieil honneur;/ [… et qui]/ Ne vend pas son drapeau même au prix d'un royaume”. Que un republicano reconociese entonces la abnegación y la honestidad de un rey pudo resultar extraordinario, aunque tal vez no tanto como desgraciadamente puede serlo hoy que un correligionario haga lo mismo con quien, tratando de libertades y derechos fundamentales, en un contexto de violencia y chantaje permanentes hacia la ciudadanía, se niega a vender lo mejor que tiene: no ya una bandera a cambio de un reino, sino sencillamente sus principios a cambio de un puesto en una lista y de una seguridad física que no requiera de escolta. Necesitamos más políticos como estos últimos; pero también, por cierto, ¡qué falta nos hacen algunos Hugos!, personas que desde el liderazgo de la sociedad civil y por encima de todas las banderas se atrevan a reconocer, colocar en el lugar que merece y exigir a los representantes de los ciudadanos eso que está tan desprestigiado en nuestra España: la fidelidad a los propios principios, el compromiso responsable, la abnegación.

Creo que no hacen falta más comentarios:

Se han escrito ya muchos comentarios sobre la injusticia manifiesta en que incurre la normativa electoral a la hora de la asignación de los escaños del Congreso. Que UPyD tenga un escaño y el PNV seis, teniendo más votos la primera formación, o que Izquierda Unida alcance el mismo número de escaños que Coalición Canaria, disponiendo de seis veces más sufragios, son dos ejemplos bastante hirientes, pero no únicos. El reparto provisional tras el escrutinio de la noche del pasado domingo es el siguiente:

PSOE: 169
PP: 153
CiU: 11
PNV: 6
ERC: 3
IU: 2
BNG: 2
CC: 2
UPyD: 1
Na-Bai: 1

Sin ánimo de hacer un planteamiento riguroso y prescindiendo de sutilezas técnicas, se me ocurre el siguiente cálculo: sumar todos los votos como si la circunscripción fuera única, es decir, nacional y no provincial (lo cual parece bastante justo si consideramos que el Congreso es la cámara de representación de la soberanía nacional), y asignar los escaños de manera estrictamente proporcional, requiriendo un apoyo electoral mínimo del 1% para excluir las opciones muy minoritarias que no alcanzarían siquiera un escaño y, sin embargo, dar entrada a aquellas minorías que sí gozan de un apoyo significativo. El resultado es el siguiente:

PSOE: 162
PP: 149
IU: 14
CiU: 12
UPyD: 5
PNV: 4
ERC: 4

El asunto no requiere mayor interpretación.

Algunos nos recriminan que seamos un partido de idealistas, así que no podíamos dejar de reivindicar la causa del Sáhara Occidental, cuya tenue llama ha resistido varias décadas de mercadeo, concesiones, tibieza o franca connivencia con las tesis marroquíes, y alumbra aún en el corazón de los españoles. En el capítulo de política exterior del programa de Unión, Progreso y Democracia, el apoyo a la libertad del Sáhara ocupa un lugar destacado y muy querido.

No hace falta recordarlo: 1975, un dictador en el lecho de muerte y un déspota sin escrúpulos en el trono de Marruecos. La Marcha Verde, los Acuerdos de Madrid, el genocidio: miles de saharauis perseguidos por el ejército de Hassan II, arrojados desde helicópteros, enterrados vivos, torturados, desaparecidos… La aviación marroquí se empleó a fondo en los primeros meses de 1976 contra las columnas de civiles que escapaban de la feroz represión: en Tifariti, en Um Dreiga y otros lugares camino del desierto argelino, miles de saharauis murieron abrasados por el napalm y el fósforo blanco o despedazados por las bombas de fragmentación.

Aquella indigna dejación del gobierno español no impide que todo un pueblo, más de treinta años de exilio en el desierto después, siga atesorando con orgullo la lengua y los viejos carnés de identidad de España. UPyD quiere restaurar la legalidad internacional y, si gobierna, denunciará los Acuerdos de Madrid, impulsará el referéndum de independencia del Sahara Occidental previsto por la ONU y, si el bloqueo de Rabat persiste, promoverá abiertamente el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática por parte de España y de la Unión Europea. Es de justicia y es una promesa.

¿Se imaginan a una persona acusada de violación defenderse con la siguiente frase: “No me voy a disculpar por amar a esa mujer”? Nadie en su sano juicio valoraría ese argumento como atenuante de la culpa, sino más bien como muestra palmaria de cinismo. Pero en política estas cosas funcionan.

Me mueve a teclear estas líneas la indignación. El diario de más tirada en Baleares tiene una de esas secciones ligeras que pueblan las primeras páginas de todos los periódicos, un “Diario de citas” en el que, como su nombre indica, algún redactor escoge frases proferidas por diversos personajes de la actualidad, en la mayor parte de los casos de la actualidad política, por ser –quiero suponer– las más significativas o interesantes de la jornada. La sección colma hoy la medida de mi tolerancia: ¿cómo se puede escoger siete citas de las cuales absolutamente ninguna tiene sustancia digna de provecho? La primera es del presidente Zapatero: “No me voy a disculpar por haber intentado la paz”. Claro: “intentar la paz” es un fin loable. Como amar a una mujer. Que se lo pregunten al violador del primer párrafo. O no, mejor que se lo pregunten a la mujer violada o, en el caso de Zapatero, a las víctimas del terrorismo y a los miles de personas que en el País Vasco no son libres.

Lo terrible es que no es un fallo del redactor. Es que una buena parte del periodismo actual, en comprobada complicidad con la partitocracia reinante, consiste en mantener un perfil de contenidos hueros, acríticos y sin trascendencia, seguramente a fin de mantener al espectador o lector en la inopia por los siglos de los siglos. Así, el mencionado “Diario de citas” continúa con una frase de Rajoy: “Tengo la impresión de que vamos a ganar, pero si se pierde, salvo catástrofe, que no será el caso, no pienso dimitir”. ¿Es noticia destacable esta combinación de afirmaciones intrascendentes y compromisos incuantificables? Sigue el diario con Gaspar Llamazares: “Navarra ha pagado el giro al centro-derecha del PSOE”. ¿Que Llamazares siga prendido en el esquema derechas-izquierdas y opine contra toda evidencia (porque Navarra tiene otros) que el problema de Navarra es que el PSOE haya renunciado a las esencias de la lucha de clases es tan relevante como para que el redactor seleccione esta dudosa aseveración? Manuel Pizarro contribuye a dar contenidos a la campaña diciendo: “Me siento ganador del debate con Solbes”. ¿Y qué? ¿Alguien esperaba que dijera otra cosa? José María Maravall, del PSOE, tercia en el diario: “El PP crispa para que voten los centristas”. Nihil novum sub sole después de cuatro años así (aparte que no se entiende). Celia Villalobos, a su vez, opina que “Pedro Solbes aburre a las ovejas”. ¿Tiene esto algo que ver con la bondad o solvencia de su gestión?, y, por tanto, ¿nos ha de interesar la opinión de esta buena señora? Un Lluís Aragonès mucho más folclórico, como toca a un candidato de ERC, dice a su turno que “Catalunya tiene todas las condiciones para ser un país de primera, pero falla porque España nos está robando, es uno de los genocidios más grandes”. ¿Robo? ¿Genocidio? Pero ¿este cantamañanas sabe lo que es un genocidio? Que insulte la inteligencia de todos, y en particular la sensibilidad de las personas que efectivamente han sufrido o conocido un genocidio real (es decir: la destrucción masiva de un grupo de población por motivos étnicos, culturales o religiosos), no es óbice para que irresponsables e inmorales de esta calaña campen por sus respetos y reciban concejalías y direcciones generales.

Pero, como vemos, el discurso político no tiene por qué casar con la realidad: ¿a quién le importa la realidad? A nuestros políticos no se les exige lo que sí exigimos a cualquier otra persona con la que nos relacionamos en la vida: respeto, veracidad, competencia. ¿Confiaría el lector en un vendedor de automóviles que maquillase el quilometraje o las cifras de la potencia del vehículo en venta, que mintiese sobre el color que tendrá a la entrega, que no centrase su argumento en la calidad de los coches de su marca, sino en lo malísimos que son los coches que vende el concesionario de al lado? Y si confiara, si comprara el coche y éste resultara averiado y, por tanto, presentase una reclamación, ¿el comprador entendería que el vendedor alegase que no piensa disculparse por haber intentado hacer la felicidad de un conductor?

Entiendo que la prensa tiene una responsabilidad muy grave en las deficiencias del régimen político español. Así lo entiendo, por ejemplo, cuando un redactor acepta el juego de los políticos y selecciona una sarta de frases vacías, cuando no mendaces, que en ningún caso interesan ya a nadie, para perpetuar el debate sobre la nada. Y así lo entiendo cuando los responsables de todas las televisiones nacionales, sean de titularidad pública o pertenecientes a grupos empresariales ligados de manera constatable a los dos partidos dominantes del panorama político español, se niegan a dar cancha a la líder de Unión, Progreso y Democracia. Su negativa los desacredita como profesionales, porque no sólo sabemos (y saben) positivamente que sendos debates en directo de Rosa Díez con Rajoy y Zapatero provocarían un notable vuelco electoral, sino que además constituirían en sí un espectáculo televisivo como posiblemente no ha habido ninguno durante estos treinta años de democracia. Por sus propuestas novedosas, por su potentísima oratoria y por su apego a la realidad y al sentido común, que se percibe nítidamente en cada párrafo de sus discursos, Díez arrollaría sin despeinarse tanto al candidato del PP como al del PSOE. En vez de hacer su trabajo con brillantez, las televisiones han decidido no molestar a los que pagan la publicidad institucional, cuando no a los que cubren los cargos a dedo. Podrían haber optado por restaurar la conexión entre política y realidad, y habrían sido valientes, revolucionarios, profesionales. Han optado por lamer la mano del que los somete: son otra cosa.

Me pregunta un compañero qué crédito concedo a la última encuesta del CIS, que, aparte pronosticar la victoria del PSOE, otorga a Unión, Progreso y Democracia (UPyD) un máximo de un escaño en el Congreso. Como me preguntan, me paro unos minutos a considerar algo que en otras circunstancias no perdería ni medio en analizar. Porque, sufrido lector, ¿conoce usted a alguien que se tome en serio las encuestas del CIS en materia de elecciones? El CIS predijo en junio de 2004 que 76 de cada 100 españoles votarían en las elecciones europeas. Diez días después, sólo votaron 46 de cada 100. Un error insignificante: 30 puntos porcentuales, una tontada. Debe ser casual que la predicción respondiese mejor que el resultado final a los intereses electorales del PSOE en el Gobierno.

Para mi fugaz análisis, debo recordar aquí que el Centro de Investigaciones Sociológicas es un organismo dependiente directamente del Ministerio de la Presidencia. Su presidente, en la actualidad Fernando Vallespín, fue por tanto nombrado a dedo por el tándem Fernández de la Vega-Rodríguez Zapatero tras ganar éstos las generales de marzo de 2004. Vallespín, catedrático de Ciencia Política de la UAM, había sido un público defensor de las políticas socialistas. ¿Y por qué un politólogo de izquierdas para dirigir el CIS, y no un sociólogo? Cuánta casualidad. Así pues, por lo que a mí concierne, el crédito que pueda otorgar en estos momentos al CIS depende de la credibilidad que me merezcan las protestas de no injerencia del presidente del Gobierno.

O sea: ninguna.

El presidente, para empezar, se comprometió en 2004 (después de ya nombrado Vallespín, claro está) a que el presidente del CIS fuera elegido por consenso en las Cortes. Han pasado cuatro años y seguimos sin asistir a tal fiesta parlamentaria, pero no dudo que el presidente haya estado ocupado en cuestiones más importantes.

No hay que hacer mucha memoria para encontrar más ejemplos del respeto del presidente Zapatero hacia la independencia de los organismos del Estado, esos que, entre otras cosas porque los pagamos de nuestros impuestos, deberían estar al servicio de la ciudadanía y no del partido en el poder, aunque a veces consigan que se nos olvide. Los fiscales y algunos jueces actúan –también casualmente, por supuesto– en coincidencia con los plazos que marcan el interés electoral del partido en el Gobierno. Durante la precampaña y la campaña asistimos a golpes notables contra los pistoleros de ETA, y nuestra sospecha de que se pudieron dar antes y no se dieron por cálculo electoral no puede empañar nuestra alegría por esas detenciones. Se ilegaliza a ANV y al PCTV pocas semanas antes de la cita electoral (loado sea el Señor), y nuestra convicción de que había pruebas para haber actuado antes y no se hizo por cálculo electoral no anula nuestra satisfacción por que se haya impedido que los cómplices de los asesinos puedan ser elegidos representantes del pueblo que sufre sus dentelladas. Pero que en definitiva nos alegremos de estas actuaciones no conlleva precisamente un aumento de nuestra confianza en el Gobierno, sino que comporta un elemento de indignación que impide que nuestra alegría sea completa y sana. La única conclusión que me cabe, y la única que sospecho le cabe a la mayor parte de los resignados españoles, es que Rodríguez Zapatero no da un solo paso que no esté determinado por el cálculo electoral.

Si me piden confianza hacia el presidente y hacia las instituciones del Estado que están bajo su férula, lo siento: confesó hace unas semanas que nos había engañado en el vil asunto de la negociación con ETA. Negoció, hubo materia política en su negociación y lo negó durante años contra toda evidencia. Lo hizo porque él sabe lo que nos conviene, nos vino a decir. Y España no se echó a la calle a pedir –pacífica pero firmemente– su dimisión. Triste, incívica España.

Finalmente, el cínico que todos sospechábamos que era Rodríguez Zapatero se destapa en un descuido revelador: con el micrófono abierto (jamás hubiera temido semejante tropezón, jugando en casa) nos desvela su estrategia para estas elecciones: “nos conviene que haya tensión”, dice. “Esta semana voy a empezar a dramatizar”. Para Iñaki Gabilondo, qué bajo hemos caído, esto son “pequeñas tácticas electorales”. Para mí es cinismo, máxime en un líder que desde cientos de miles de cartelones plantados por toda la geografía española apela a la fe como único argumento a su favor: “Motivos para creer”, dice. Ja.

Este es el personaje que maneja los hilos de las encuestas del CIS por medio de su empleado Vallespín. Uno, que no pretende dudar de la profesionalidad de los técnicos del CIS, sí duda, y mucho, y justificadamente, de la imparcialidad de quien gobierna esa institución. Así pues, que UPyD aparezca en su encuesta por primera vez en todo este tiempo, aunque sea con un solo escaño (constándonos como nos consta que el PSOE maneja encuestas en las que pierde varios a manos del partido de Rosa Díez), sólo parece indicar una cosa: que la marea magenta es ya imparable; que los resultados reales serán tan favorables a UPyD que dejar a este partido fuera del pronóstico sería impropio incluso de una institución dirigida por alguien que en su primer estudio importante alcanzó el récord histórico y comentadísimo de un error del 30%. Si al 0,4% de los votos que el CIS le atribuye a UPyD le sumamos ese 30%, puede que superemos el centenar de diputados… Porque, miren ustedes, para finalmente decir lo que me salga de las narices, o lo que le apetezca a mi jefe, francamente, no me hace falta gastarme un pastón en encuestas.

Se han ido publicando varias encuestas que dan a Unión, Progreso y Democracia uno o dos escaños en las generales. Sorprendentemente, la opción electoral más novedosa de los últimos veintidós años, desde la llamada Operación Roca de 1986, y desde luego la única que podemos llamar progresista en estos tiempos sectarios, apenas recibe atención en la gran prensa, la más claramente asociada al poder. Ya me imagino la noche electoral: en la sede de UPyD, Rosa Díez, Carlos Martínez Gorriarán, Mikel Buesa, Álvaro Pombo, Fernando Savater y demás dirigentes y amigos del partido celebrarán el éxito mientras las televisiones entrevistarán sin cesar a dirigentes del PSOE y del PP e ignorarán la alegría desbordante de los militantes de UPyD en la calle Orense.

No es para menos. Se acaba de conocer que una encuesta que maneja Ferraz ya atribuye a UPyD tres escaños que saldrían directamente de exvotantes socialistas: Madrid, Sevilla y Valencia. Teniendo en cuenta que los bancos nos han negado los créditos, que no salimos apenas en diarios o televisiones nacionales y que somos un partido fundado sólo el pasado 29 de septiembre, cabe extraer varias conclusiones. Apuntaré tres.

Primero, parece evidente que, si sin apenas haberse dado a conocer UPyD ya cuenta tres diputados (que sin duda serán más, dado que la encuesta la encargó el PSOE), ¿cuántos escaños contará la noche electoral, después de quince días de intensa campaña y la correspondiente publicidad? Muy bien lo tendrían que hacer los ciberesbirros de Pepe Blanco para anular nuestra capacidad de difusión de noticias y opinión a través de Internet, por ejemplo. Esperen ustedes sorpresas.

La segunda consecuencia que sacamos es que existía una demanda casi clamorosa de un partido como UPyD, que propone reformas sustanciales y no sólo palabras, que repudia la negociación con ETA y los pactos con los nacionalistas, que desea reformar la ley electoral que da sobrerrepresentación a éstos y relativiza el sufragio dependiendo de donde uno viva, que quiere un Senado que represente auténticamente a las comunidades autónomas, que promete una educación de calidad y para ello rescatará para el estado las competencias correspondientes, que -frente a normalizaciones e inmersiones- garantiza el bilingüismo en las regiones donde éste existe, que exigirá que jueces y fiscales se independicen de la tutela del gobierno y, por tanto, promoverá una auténtica separación de poderes. Todavía no he oído que a nadie disgusten nuestras propuestas, salvo a los tradicionales enemigos de la democracia española.

Por último, cabe concluir una tercera afirmación: en Ferraz y en Génova están muertos de miedo. Sólo eso explica, aunque no justifique, la mezquindad de su comportamiento –y del de sus amigos en la banca y en la prensa– con la nueva formación. Pero ningunear no equivale a suprimir. Aquí estamos, y aquí seguiremos el diez de marzo.

Durante la transición entró en política lo mejor de cada profesión. No hace falta recordar los nombres de las personas que, desde opciones muy diversas, participaron en aquel período constituyente, todas ellas con una trayectoria sólida y prestigiosa que pusieron al servicio del interés general. Todos podían dejar la política activa y la mayor parte lo hicieron, porque no necesitaban servirse de ella.

Hoy tenemos profesionales de la política. Padecemos una casta de políticos que jamás aportaron a la sociedad nada fuera de la política. Esto sería aceptable si los políticos españoles, como los franceses, pasasen por una prestigiosa escuela de administración del Estado: serían profesionales en el buen sentido. Pero no; el cursus honorum en España se reduce a satisfacer los deseos del líder que señala con dedo omnipotente quién será y quién no será candidato. Alberto Ruiz-Gallardón lo sabe bien. En estas circunstancias, es difícil destetar a los políticos. Sus promesas caducan el día después de las elecciones; nadie que yo conozca tiene fe en ellas. No podemos esperar que nos solucionen nada que previamente no los solucione a ellos: después de veinte años no pueden retomar una carrera profesional que simplemente no tienen, así que harán lo que sea por perpetuarse.

Asistimos, así, al bochornoso espectáculo de un gobierno que planea ilegalizar ANV y el PCTV justo antes de las elecciones, y nadie en España duda que el motivo es el interés de ese gobierno por hacernos olvidar su incalificable desempeño en materia antiterrorista. Especular con este asunto es perverso, y que fiscales y jueces ejecuten los designios del ejecutivo es indecente; pero ahí siguen, y seguirán mientras se lo permitamos. La regeneración democrática que algunos proponemos es más necesaria que nunca.

Un grupo de activistas del pensamiento transversal y progresista han fundado el Foro Civis, una asociación que desde la sociedad civil promoverá la renovación democrática de España. Su objetivo declarado es “devolver a la política su función política, es decir, que vuelva a ser elemento de cohesión y progreso a través del uso responsable que los ciudadanos libres hacemos de ella”. Foro Civis deplora en su presentación la “fragilidad democrática de nuestro país, la preocupante quiebra de nuestra convivencia y una más que evidente pérdida de valores que tiene como consecuencia la ausencia de una sociedad libre conformada por verdaderos ciudadanos” y, entre otras cosas, propone poner fin al sectarismo, al “lamentable estado de nuestra educación”, al sometimiento de nuestra justicia con respecto al poder político, al “gremialismo cultural” y a la falta de pluralidad en los medios de comunicación. El nuevo grupo cívico postula la construcción europea y los valores democráticos como cimientos básicos de nuestra civilización, y su objetivo último es la profundización en una democracia real y más justa.

Foro Civis es una asociación de ámbito nacional, tiene su sede en Madrid y está presidido por el periodista César Rodríguez. La organización, que pronto será presentada públicamente, defiende la necesidad de que las ideas antedichas tengan un espacio propio en la sociedad civil, “independientemente de los avatares puntuales de la política partidista”. Sus propuestas están en la línea del movimiento cívico que desde hace un par de años han venido defendiendo diversas asociaciones, entre las que han destacado Ciutadans de Catalunya o Basta Ya, y partidos como Ciudadanos o Unión, Progreso y Democracia, así como un importante grupo de intelectuales y, recientemente, la plataforma de asociaciones cívicas “Por la concordia nacional y la reforma constitucional”, liderada por el eurodiputado del Partido Popular Alejo Vidal-Quadras y constituida a fin de promover públicamente un riguroso proyecto de reforma del régimen.

La nueva entidad surge de Civis, una corriente interna de Ciudadanos nunca reconocida por el partido de Albert Rivera pero activa desde noviembre de 2006 hasta que hace unos días, el 15 de enero, emitiera su último manifiesto para disolverse como tal y constituirse al margen de aquel partido. Civis había defendido la fusión de Ciudadanos y UPyD, manifestándose siempre en contra de la uniformidad y de los personalismos, y últimamente había propuesto que Ciudadanos no se presentase a las elecciones a fin de no perjudicar su proyecto central: la recuperación de la democracia en nuestro país, independientemente de siglas y banderías.

En su página web, la asociación presenta los contenidos del primer número de su boletín electrónico quincenal. Con esta iniciativa pretende difundir los postulados de Foro Civis entre el mayor número posible de ciudadanos. Abre su andadura con una interesante entrevista a Albert Boadella, que ha tenido un gran eco en los medios digitales, y diversos artículos de opinión.

Salvo en círculos afines al PSOE y consideraciones ideológicas aparte, parece haber en España un acuerdo general en clasificar a José Luis Rodríguez Zapatero como el peor presidente de la democracia. Si bien algunos se remontan a Carlos Arias Navarro para encontrar un perfil inferior, he llegado a escuchar aquello de “el peor presidente del gobierno desde Godoy”. No conviene exagerar en esta materia, como en ninguna, pero esta última comparación me hizo reflexionar sobre algunas coincidencias.

En efecto, Manuel Godoy Álvarez de Faria no llegó a secretario del Despacho de Carlos IV por sus condiciones de estadista. El guapo extremeño, según las malas lenguas, aprovechó su intimidad con la reina María Luisa para ascender en cuatro años del rango de guardia de corps al de primer ministro de una de las tres grandes potencias de la época; en cualquier caso, méritos ajenos al buen gobierno y la ausencia de mejores alternativas le supusieron el poder supremo e infinitos honores en un tiempo récord.

En una época crítica para España, Godoy demostró una gran ignorancia de los problemas del estado y un notable desprecio por los intereses de la ciudadanía, que lo llevaron primero a combatir el progreso revolucionario, luego a doblegarse ante Bonaparte y en todo momento a seguir los impulsos de la improvisación y el oportunismo, sin que parezca que la pérdida misma de España llegase a significar nada para él. Godoy, que también carecía de virtudes militares, se distinguió por una manifiesta incapacidad para entender la escena internacional y establecer una línea propia de actuación en ese ámbito. Lo cual no le impidió ornarse, tras el tratado de Basilea de 1794 y contra la evidencia de su fracaso, con el título de Príncipe de la Paz. Después de los acontecimientos de 1808 pasaría más de la mitad de su vida en el exilio, añorando los tiempos de su privanza. Murió olvidado.

Después de sus muchos errores, que tuvieron funestas consecuencias para España, surgió la luz de un movimiento de progreso materializado en la carta magna de 1812, que en Cádiz refundaba la nación española y la ponía a salvo de la disgregación y de la reacción. Hoy pocos nos acordamos de Godoy; doscientos años después, en cambio, todos celebramos la Pepa como el origen de nuestra legitimidad constitucional.

No sé si me explico.

El barcelonés Eduardo Moga, uno de los poetas más importantes y posiblemente el crítico literario más importante de España en este momento, escribió en cierta ocasión un comentario sobre el famosísimo microcuento de Augusto Monterroso, “El dinosaurio”, aquel que dice: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”. Basándose en esas siete palabras, Moga publicó un ensayo de diez o doce folios de los que no sobraba ninguno.

Sin pretender estos extremos de prolijidad, pero sí de lucidez, a uno le gusta que el discurso de los políticos contenga algún grado de rigor y contenidos fieles a la realidad, y no sólo a sus propias tácticas. Que Zapatero tenga la desvergüenza de describir la nefasta legislatura que está a punto de cerrar como un éxito; que la consejera Galmés pretenda combatir el fracaso escolar y la violencia en las aulas con su chiste del “Institut per a la Convivència i l‘Éxit Escolar”; que la oposición del Partido Popular consista indefectiblemente en decir no donde el gobierno haya dicho sí; que llamemos “proceso de paz” a negociar con los terroristas y “normalización lingüística” a excluir una de las dos lenguas oficiales (y la materna de la mitad de los ciudadanos) de los ámbitos educativo y administrativo, y hasta del privado: todo indica que los políticos tradicionales no están interesados en atacar la realidad, sino sólo en persuadir a una ciudadanía a la que parecen respetar muy poco de que detrás de sus acciones y de sus omisiones hay razones que las justifican. Pero ensartar palabras que sorteen las necesidades reales del ciudadano en vez de asegurarse de que respondan a ellas no es justificar: es buscar pretextos, engañar, lanzar cortinas de humo, torear... En cualquier caso, no es hacer política en el sentido noble de esta palabra.

Por eso la ciudadanía acaba de premiar a Rosa Díez con un tercer puesto en la valoración de los líderes políticos nacionales, pese a que su partido (Unión, Progreso y Democracia) sea un recién llegado, un perfecto outsider si consideramos la atención que le dispensan los medios: porque sus diagnósticos no eluden la fealdad de los hechos, porque formula sus propuestas sin aspirar a la corrección política. Porque da donde duele y receta sin complejos. En marzo, ya lo verán, nos espera una sorpresa.

Y yo que estaba preocupado por el asunto de la educación, que me tenía sin vivir… Pero la consejera de Educación del Govern acaba de darme la tranquilidad que, como padre y como ciudadano, necesitaba yo más que el pan. Esta coalición de sabios que gobierna Baleares va a acabar con el fracaso escolar y con la violencia en las aulas de un plumazo.

Doña Bàrbara Galmés anunció hará medio mes, con la aprobación del Consejo Escolar de las islas, la inminente creación del Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar, un organismo dependiente de su consejería que combatirá la violencia y la indisciplina en las aulas. Es cierto que ya el gobierno del Partido Popular había atacado los males de nuestro sistema educativo por medio de un invento similar, el Observatorio para la Convivencia Escolar, y también lo es que este organismo había sido incapaz de poner en marcha con eficacia la red de comités que en los centros habían de ocuparse de esto de la convivencia, al parecer un asunto desligado de la educación en general y que, por tanto, requiere la creación de comités ad hoc; nada de dotar al profesorado de medios y autoridad suficientes, no: esto sería franquista como poco, y ni siquiera el PP iba a caer en eso. Mejor inventar comités y observatorios.

La consejera de Educación pretende que el Instituto que empezará a funcionar este enero “trabaje con planes de mejora del éxito escolar específicos para cada centro” (ahí es nada). Lejos de proponer –qué sé yo– una mejora general del currículo o el incremento de la formación y de la retribución de los docentes, el ICEE incentivará “que algunos colegios o institutos abran por las tardes para la realización de actividades lúdicas que ayuden a fomentar la socialización” (“programas de inserción socioeducativos” se llama esta tontuna). En la línea: donde esté lo lúdico que se quite el estudiar. Casi 30.000 euros va a dedicar el Govern a semejante memez. “La lucha contra el fracaso escolar la vinculamos a la convivencia escolar”, ha afirmado la señora Galmés en un momento de máxima lucidez. “Hemos de hacer algo por esos estudiantes que han perdido el tren y cuya forma de estar en el centro, durante el periodo de escolarización obligatoria, es ser antisistema”, afirma la consejera; y nada como un Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar para “coordinar todas las políticas en esta materia” y “articular medidas preventivas”. Llevo toda la vida escuchando discursos huecos por parte de demagogos profesionales; pero la señora Galmés es, en este sentido, una artista.

Doña Bàrbara sustituye, pues, un artefacto del gobierno Matas por otro de factura propia que dispondrá, según las noticias, de una “Unidad para la Convivencia” –en el Observatorio se llamaba “Comité de Expertos”– a la que colegios e institutos podrán acudir, y de “un equipo de intervención con técnicos y juristas que se desplazarán a los centros educativos que deban afrontar un momento puntual complicado de violencia o indisciplina”. Así pues, en el caso de que a ese repetidor cafre que todos hemos conocido se le ocurra medirle el recto al empollón de turno con un cartabón mellado, imagino que, tras la apertura del correspondiente expediente, la recepción de los oportunos informes y su valoración en debate plenario, después de oír a las partes implicadas y al director del centro y –en fin– en el breve plazo de tres meses, el ICEE enviará al lugar de los hechos a su flamante “equipo de intervención”, que suena como a unos hombres de Harrelson al pedagógico modo pero temo no pase de un par de “técnicos y juristas” novatos que, eso sí, le darán una aleccionadora charla al joven macarra (quien, si tienen suerte, no les sacudirá también a ellos con la colaboración de su padre) y un poco de técnico consuelo a la víctima, en el caso de que haya sobrevivido. Y a otra cosa. Nada de formar en valores, nada de mejorar los contenidos, nada de buscar con ahínco la excelencia del profesorado como hacen esos pedantes de los finlandeses, nada de legislar un régimen disciplinario como el que necesitan los centros, nada de insistir en el valor del esfuerzo, de la paciencia, del respeto… Pamplinas: aquí decretamos un par de institutos, les ponemos nombres positivos y modernos, convocamos una rueda de prensa, salimos por la tele un poco y se han acabado todos los problemas.

Se han acabado en la escuela y en casa: propongo que el Govern, para paliar la violencia doméstica, cree un Instituto para la Convivencia y el Éxito en el Hogar que, cuando algún marido enfurecido quiera imponerle un correctivo a su mujer valiéndose de la llave inglesa y se oigan los gritos por la ventana, reúna en pleno la Unidad para la Convivencia en el Hogar y lance el correspondiente equipo de intervención a proceder sin contemplaciones, amenazando al agresor con retirarle el acceso al bar durante tres días e implantando un programa de inserción con actividades lúdicas como, no sé, partidas de brisca en el salón de su casa para fomentar su socialización con su magullada señora. Y lo mismo con la Convivencia en los Campos de Fútbol, el Éxito en el Botellón Nocturno y un largo etcétera... Porque, en fin, no sé si ustedes se hacen cargo de cuántos menores de dieciséis años pueblan nuestras aulas: exactamente tantos como nuestros hogares y casi tantos como nuestros botellones. Ni siquiera una división acorazada de intervención poblada de psicólogos, pedagogos y juristas, incluso aunque se tratase de buenos profesionales y no de meros funcionarios descontentos de sus condiciones laborales, daría abasto, dada la magnitud del actual desastre educativo español y, particularmente, balear. No es catastrofismo: hay estudios serios y recientes que prueban que, en comparación con los países de su contexto, la enseñanza española forma titulados muy deficientes.

Dicen algunos malpensados que doña Bàrbara ha desmontado el Observatorio para la Convivencia, sin que éste hubiera tenido aún el recorrido suficiente para rendir sus por otra parte improbables frutos, por el mero hecho de que se trataba de una criatura del gobierno del PP. Otros, tan malpensados o más, se preguntan quién estará al frente del nuevo instituto (si un funcionario o un nuevo cargo de confianza), quién nombrará a sus miembros, qué dietas cobrarán los expertos que acudan a sus sesiones y de quiénes serán hijos los trabajadores contratados. Algunos papanatas, porque de todo ha de haber, se preguntan en qué consiste eso del éxito escolar, y si en lugar de jugar con las palabras y multiplicar los gastos en parches absurdos con cargo al contribuyente no merecería más la pena reformar a fondo las escuelas de magisterio y las facultades, formar a los licenciados que vayan a ser docentes como a verdaderos docentes (porque todo el mundo sabe que el CAP nunca fue una herramienta formativa eficaz, sino un trámite para cubrir el expediente), dotar a los centros con los recursos suficientes, implantar una disciplina más severa y olvidar de una vez por todas las perspectivas localistas, la batalla de las lenguas y las memeces identitarias; pero éstos, aparte papanatas, seguro que son unos fachas.

Unión, Progreso y Democracia propone una reforma en todos los niveles educativos con el fin de incrementar los conocimientos medios de los estudiantes españoles, presupuestando lo que sea necesario para mejorar los centros de enseñanza, favorecer la cualificación del profesorado y aumentar su retribución. El llamado partido de Rosa Díez desea una educación de calidad y laica, atenta al mérito y a los conocimientos de los alumnos con independencia de sus recursos económicos. Entre las formaciones que presentarán candidaturas en las próximas elecciones generales, UPYD es la única que considera necesario y promoverá, si está en posición de hacerlo, que el Estado vuelva a hacerse cargo de las competencias en materia de Educación y, desde luego, de las relacionadas con fijar unos contenidos curriculares troncales únicos en todo el territorio nacional, con la financiación que sea pertinente. Porque un elemento esencial no sólo para la formación de una ciudadanía crítica y responsable, sino también para la productividad, la competitividad y el desarrollo económico de una nación, junto con la tecnología y las infraestructuras, es una educación que en todos los niveles atienda al conocimiento y al esfuerzo. Así lo demuestra la experiencia internacional. El aterrador fracaso de la LOGSE no puede ser parcheado mediante la creación de comisiones, consejos e institutos que distraigan al ciudadano del verdadero problema, sino a través de una nueva concepción del sistema educativo que asuma sinceramente la importancia del esfuerzo (frente a la motivación) y de la excelencia (frente a la mediocridad) en todos los ámbitos e imponga el respeto a las normas como marco de convivencia.

En uno de sus artículos más recientes, Arturo Pérez-Reverte describía rotunda y certeramente la casta de demagogos que hoy señorean los despachos de la enseñanza en España y que tanto mal han hecho y seguirán haciendo a los españoles si en marzo no les ponemos coto. “Qué miedo me dais algunos, rediós”, escribía el creador de Alatriste. “En serio. Cuánto más peligro tiene un imbécil que un malvado”. Amén. Pero incluso un problema tan grave tiene solución. Puede ser en marzo.

Leo en un periódico la habitual crónica de sociedad. Junto a la fotografía de una pareja –él de hechura recia y frente huidiza, ella un pastel de silicona– el pie de foto llama mi atención: “Si no lo sabían, se lo cuento. Fulanito y la showoman Menganita, sin duda el mejor descanso para un buen guerrero, son novios”. Como hago desde hace décadas en cualquier momento en que conecte el televisor o lea ciertas secciones de la prensa escrita, me pregunto primeramente por qué razón ha concluido el redactor que a mí o a nadie le pueda interesar el grado de proximidad que haya entre estos dos señores. Después reparo –deformación profesional– en el feo e innecesario anglicismo. Mal vamos. Pero, sobre todo, me indigna ese concepto de las relaciones de pareja en virtud del cual si una señora de buen ver es novia de un señor –de buen ver o no, que esto es lo de menos–, él es el único que debe aliviarse de sus tensiones, y ella, trofeo o recompensa del guerrero, la que debe proporcionar cumplido alivio. No hace falta ser una feminista con gafas de pasta y jersey de rayas para percibir una discriminación muy notable, que consiste en asumir naturalmente que la mujer que, como es el caso de la mayor parte de ellas pero de muy pocos hombres aún hoy en día, compagina el trabajo en casa con sus ocupaciones profesionales, puede aspirar en la sección de este gacetillero y en muchos ámbitos de la vida, si tiene suerte y está buena o es amiga del plumilla de turno, a ser admirada exclusivamente por su condición de dispensadora de recreo para el varón. El firmante podría haber escrito: “Menganita es la puta de Fulanito”, y no no nos habría dicho nada esencialmente diferente de lo que nos dice. Y, sin embargo, el diario en el que trabaja este señor se dice progresista.

A la mañana siguiente conecto la radio mientras conduzco. Escucho una tertulia que ha ganado adeptos en los últimos tiempos por haberse desmarcado del modelo tradicional de tertulia de actualidad política. Este programa, no cabe duda, es divertido, dinámico, ligero, juvenil. Que lo protagonicen cuarentones no encierra contradicción alguna: se trata precisamente de ejemplares de esa primera generación que desdeñó los valores éticos y de cohesión social, como el esfuerzo, el rigor y el servicio a los demás, para sustituirlos por un enorme conformismo de apariencia rebelde, por el rechazo a madurar, por las formas, por un hedonismo de cáscara progre y corazón tremendamente reaccionario e insolidario que casa poco con ciertas preocupaciones indignas de un ingenioso profesional… El caso es que llega el momento de presentar a una invitada que va a hablar sobre no sé qué tema más o menos serio o importante. Como el tono es informal –juvenil– hasta la caricatura, antes de iniciar su exposición, la invitada se cree en la obligación de justificar no recuerdo qué extremo de su vestimenta, seguramente en relación con el tema comentado inmediatamente antes. “No llevo puesto no sé qué cosa”, se disculpa. Y aquí viene el jocoso director del programa y le dice: “No te preocupes, tú tienes tus pechos”.

Tú tienes tus pechos. A las nueve y media de la mañana. La invitada suelta una risita y sigue a lo suyo como si nada. Uno, que no es feminista pero tiene madre, mujer e hija, y que encima tiene una nociva tendencia a hacerse preguntas, no puede evitar formularse las siguientes: ¿el locutor es un majadero? ¿Sus jefes le pagan por insultar a sus invitadas? ¿A la víctima no se le pasó por la cabeza levantarse, llamarlo imbécil y marcharse con las mismas; ya no oso decir cursar una reclamación ante sus superiores y elevar una denuncia ante el juez? Porque, vamos a ver, esta buena señora probablemente venía a hablar de un asunto que a ella le parece interesante y a la radio que la invita se supone que también se lo parece; pero toda su intervención se ve marcada de antemano por un estúpido comentario previo que hace pocos años nos hubiera avergonzado oír y que, a falta de contacto visual, convierte a la invitada básicamente en una mujer tetuda para miles de oyentes. Sí, iba a hablar de algo, pero en la imaginación de todos los que escuchan ya es y seguirá siendo no ya una mujer con tetas, sino unas tetas con mujer. Rubia o morena, alta o menuda, dotada del talento de un Einstein o tan desprovista de él como Pepiño Blanco, del Barça o del Madrid, buena o mala oradora, buena o mala profesional… Todo esto pasa a segundo plano: tiene unos buenos pechos, lo cual debe justificar su presencia en aquel estudio de radio a falta de una indumentaria adecuada… Y que conste que no es feminismo; si el locutor hubiera ponderado el volumen de las nalgas de un señor que viene a hablar de su último libro, o el del paquete de alguien que lo va a hacer sobre la hipertensión en los ancianos, me hubiera parecido exactamente lo mismo: un insulto y una ordinariez. Pero la cadena de radio que tolera semejante desmán también es, en la consideración general, de signo progresista.

Luego dicen algunos que no hace falta Educación para la Ciudadanía. Yo no sé qué asignatura nos hace falta en nuestros planes de estudios, aunque me creo que no es cuestión de asignaturas, sino de una reforma integral de la Educación que sirva para volver a formar ciudadanos críticos que consideren los valores democráticos en su auténtica dimensión, y no consumidores-votantes más atentos a lemas y consignas que a las implicaciones reales de lo que hay detrás de esos lemas y consignas en sus vidas en particular, es decir, al compromiso cotidiano con los propios principios, a la lealtad con el lenguaje; a no llamar progresista a lo que es reaccionario sin paliativos. Una reforma educativa complementada con una reivindicación muy seria del código deontológico de la profesión periodística y con la denuncia de sus prácticas menos rigurosas y de sus contenidos más banales y reaccionarios. En el fondo, no es tanto un asunto de Educación como de mera educación. En un país serio, la bromita de marras hubiera ocasionado una avalancha de llamadas telefónicas, la consiguiente petición de disculpas, posiblemente la sanción o el defenestramiento del lenguaraz... Alguien debería pararse a pensar un poco, coger de las solapas con suavidad al pseudoperiodista y preguntarle: pero, por muy moderno, desinhibido o provocador que usted se crea, ¿es que no tiene recurso más inteligente que aludir a los pechos de la mujer más cercana, so bobo? Porque, si es así, apártese usted, deje paso y permita que alguien que conozca el valor del trabajo ajeno y respete la dignidad personal, sea la de un hombre o la de una mujer, haga eso que es evidente que usted no sabe hacer. Vuelva a la escuela y hágase un curso de algo: ciudadanía, urbanidad, discreción, lo que le toque. O mejor un trasplante.

No obstante ser en gran medida educativo, el problema va más allá. Son generaciones enteras, sí, las que deberían pasar de nuevo por el instituto (después de erradicar la LOGSE, claro), pero nos hallamos ante manifestaciones anecdóticas de un mal social generalizado: el enorme prestigio de la banalidad, el individualismo y la irresponsabilidad en eso que antes llamábamos nuestra escala de valores y hoy sólo es un ranquin de posturas. No hay nada más reaccionario que esto. Así las cosas, no les extrañe que nos gobiernen quienes nos gobiernan; ni que los periodistas más arrojadamente progres releguen a las mujeres en los medios en que segregan sus pequeñeces a la condición de meros objetos sexuales.

Entre los senufó de Costa de Marfil, la casa de juntas de la aldea tiene el techo extremadamente bajo. Obligados a discutir sentados, casi encorvados, los aldeanos no pueden encenderse con el calor del debate; porque ¿quién puede enfadarse y gritar sentado?

Ellos lo entendieron: lo importante es no pelearse. Durante unos años nuestros políticos nos sirvieron de modelo en esto y hablaban en el parlamento por turnos y con educación. Hoy organizan broncas en las Cortes, ante los medios, en la calle... Recuerdo a Leopoldo Calvo-Sotelo, a Miquel Roca, escucho a Eduardo Zaplana o a Pepe Blanco y lamento cuánto, cuantísimo hemos perdido.

Según mi experiencia en bitácoras políticas, muchos de los que acuden a escribir comentarios lo hacen de pie, o sea, gritando, con muchas mayúsculas, con insultos, para acusar al bloguero de vocero del PP o, por el contrario, para quejarse porque se mete con Ángel Acebes, demostrando así que cuando leen no procesan la información: sólo asisten a foros de este tipo para confirmar sus prejuicios y, si no, descartar lo leído. Sólo unos pocos contribuyen con ideas serenas. La pena es que hoy la política sólo se entienda como confrontación no meditada y, es más, como confrontación entre el PSOE y el PP, ignorando la enorme masa de votantes que, ninguneados una y otra vez por nuestros muy deficientes mecanismos electorales, o escogieron otras opciones o no votaron.

La mayor parte de nosotros actúa movido por consignas. Si para algo han de servir los blogs personales es para imponer cordura cuando el discurso público no la demuestra, y no para avivar el fuego de la reacción irracional. Uno, en la modesta medida de sus posibilidades, pretende desmanipular la información que otros manipulan y buscar algo de claridad entre la confusión que con tanta eficacia propagan en la actualidad nuestros demagogos profesionales. En ocasiones basta con dedicarle a un asunto un par de líneas más, con no conformarse ante un eslogan, ante un lugar común, ante una frase burdamente ingeniosa... En mi ánimo está no renunciar ni a decir lo que pienso ni a llevarme bien con la gente. Y casi siempre consigo ambas cosas.

Me escribe un amigo: “ya os veo vociferando cuando Zapatero permita que ANV vuelva a presentar listas”. Efectivamente, él y todos me verán protestar, porque no dudo que el presidente lo podría permitir. Me quejaré con toda la firmeza de que sea capaz; pero me quejaré sentado. Como los senufó, que nunca vociferan.

Se van despejando las posibilidades ante la próxima campaña electoral, que básicamente se resumen en dos: o votar a los partidos instalados en el sistema, de los que no cabe esperar reforma alguna del mismo, o bien optar por la llamada tercera vía, la que en estos momentos representa Unión, Progreso y Democracia: UPyD, más conocido aún como el partido de Rosa Díez. La nueva formación cuenta con el liderazgo eficaz de la exsocialista vasca y con el aval de una nutrida cohorte de pensadores que, hartos del discurso político surreal del último decenio, han dado el paso de abanderar este movimiento cívico: Fernando Savater, Carlos Martínez Gorriarán, Mario Vargas Llosa, Albert Boadella, Arcadi Espada…

Estas personas y este nuevo colectivo liberal y progresista, en el que a día de hoy militan ya algunos miles de españoles, propugnan lo que muchos siempre hemos creído necesario pero el prejuicio políticamente correcto impedía poner por escrito: una profunda reforma constitucional que defina de una vez por todas el modelo territorial del estado en un sentido descentralizado pero igualitario –es decir: se acabó el centralismo, pero también las diferencias entre comunidades autónomas, incluidos los conciertos vasco y navarro– y con cierre de competencias –es decir: se acabó el trapicheo de competencias para lograr mayorías coyunturales–; la regeneración de la democracia a través de una reforma de la nefasta ley electoral que ponga en vigor el límite de los mandatos a dos legislaturas, las listas abiertas y un sistema equilibrado que impida que el voto concentrado de los nacionalistas (esto es, el 10%) se imponga legislatura tras legislatura sobre la voluntad de la inmensa mayoría tanto a escala autonómica como nacional, así como la posibilidad de que los electores controlen efectivamente la acción de sus representantes mediante algún mecanismo cuya falta permite hoy frivolizar las promesas electorales hasta extremos tan bochornosos como, por ejemplo, los alcanzados por el presidente Antich en relación con el emplazamiento del nuevo hospital palmesano de Son Espases; la recuperación de ciertas competencias por parte del estado, como todas las que garanticen la unidad fiscal del estado y la unidad del sistema educativo (la calidad de la educación es esencial en los planteamientos de UPyD, que pretende expulsar los mitos identitarios de la escuela y regresar a la valoración del aprendizaje de contenidos, el esfuerzo personal, la disciplina, el mérito y la excelencia); la implantación de un verdadero estado laico libre de ataduras con ideologías y estamentos de corte religioso o mítico (a saber, principalmente, el catolicismo, el islam y los nacionalismos); el combate firme y decidido contra el terrorismo y la corrupción, que jamás han de albergar más esperanza ni menos que la que les den los jueces; la consecución de una separación real de los poderes que haga genuinas la representatividad del Parlamento y la independencia del poder judicial y del Tribunal Constitucional, hoy más que nunca pasto de las hienas; y, en suma general, algo tan sencillo como la priorización y la protección indeclinable de los derechos y libertades del individuo. Y mientras todos sabemos que PP y PSOE venderán a CiU, PNV o ERC lo invendible con tal de tocar poder y con independencia de lo que hayan prometido hasta ese momento durante la campaña, porque así se lo permite el sistema y así lo han venido haciendo durante los últimos veinte años, UPyD ha prometido defender su programa sin casarse tras las elecciones ni con los nacionalistas ni con quienes pacten con ellos, aunque ello suponga renunciar al poder a corto plazo, sino sólo con quienes asuman sus propuestas programáticas o las admitan a debate formal en Cortes.

Así las cosas, me consta que algunos electores que comparten los planteamientos de UPyD tienen, no obstante, la intención de seguir votando al menos malo de los partidos que conocen: así se lo inspiran cierta comprensible inercia y el temor a que el voto a una formación pequeña pueda impulsar mayorías no deseadas. “Estoy de acuerdo en todo con UPyD, pero si le voto le quitaré el voto al PP y favoreceré que siga Zapatero”, dice un amigo mío; otro afirma: “si votamos a UPyD restaremos votos al PSOE y entonces tal vez gane Rajoy”. Este tipo de razonamiento es rotundamente erróneo: está estudiado que en unas circunscripciones el voto al nuevo partido será en menoscabo del PP, pero en otras sus votantes provendrán mayoritariamente del PSOE. La prueba de la utilidad de este voto es que a todos les parece imprescindible minimizar el posible impacto de UPyD sobre sus respectivos caladeros electorales: Pepe Blanco afirma en cuanta ocasión tiene que la tercera vía daña al PP, mientras que Ángel Acebes sostiene que perjudicará al PSOE porque se trata de un partido de izquierdas. ¿De qué tienen tanto miedo, entonces? Pero lo más importante es que, aunque UPyD no lograse diputados más que en algunas provincias, un descenso notable de los sufragios destinados a PP y PSOE en todas ellas haría que estos partidos se replanteasen muy seriamente sus políticas. No estamos contando aquí, por otro lado, con los ciudadanos que tradicionalmente han venido faltando a las urnas por no conformarse con el menos malo: la abstención alcanzó en los últimos comicios el 40% del censo en muchas circunscripciones, y en Barcelona el 50%.

Obtener en marzo un puñado de diputados en Cortes otorgaría a UPyD una cuota de actividad parlamentaria, una presencia en los medios y unos recursos económicos que serían vitales para una política de regeneración democrática a medio plazo. Conviene tener en cuenta lo que UPyD ya ha conseguido en las últimas semanas, sin tener representación en las instituciones: el PSOE lanza –con la boca pequeña– mensajes que retoman el laicismo, el PP sugiere tímidas reformas de nuestro sistema parlamentario –y pocos se lo creen–, cinco organizaciones civiles encabezadas por el Foro Ermua proponen una reforma muy detallada de la Constitución que recoge tesis cercanas a las manifestadas cada día por UPyD… Por primera vez parece que, siglas aparte, hay en España un movimiento cívico serio, con el respaldo de un pensamiento sólidamente fundado y encarnado por un grupo prestigioso de personas que se han acercado a la política por primera vez, preocupadas por el avanzado grado de descomposición de nuestro sistema político. Hay que pensar que la capacidad de influencia de este movimiento cívico aumentará enormemente en cuanto los partidos tradicionales constaten que el electorado deja de atender sus propios y gastados requerimientos. El voto más útil no es el que aspira a procurarle el poder inmediato al menos malo aun en perjuicio de la ética, sino el que busca habilitar representantes que, sin traicionar sus principios, promuevan las políticas necesarias para alcanzar metas positivas para la nación, aunque hayan de remitirse al medio plazo y las ejecute finalmente quien las ejecute. Visión de estado, se llama esto. Lo otro: cambalache.

Con el anuncio del ínclito Pepe Blanco de que, si ganan las elecciones, José Bono será presidente del Congreso, se suceden en las tertulias los comentarios en torno a si con esta jugada José Luis Rodríguez Zapatero desea sugerir al electorado visos de una mayor o mejor españolidad en un segundo mandato. De que ésta es su intención no me cabe la menor duda, aunque yo le agradecería mucho más que ilegalizase al brazo político de los asesinos, ANV-PCTV, como le vienen pidiendo diversos colectivos ya hace demasiado tiempo.

Sin embargo, no puedo evitar quitarle importancia a la clave estratégica: no es más que otra anécdota del zapaterismo, otro movimiento burdo y a corto plazo con el fin de perpetuarse en el poder, grano para cebar el pavo de aquí a marzo. Sabemos que a estas alturas no nos van a sorprender con una jugada brillante, aunque machacones sí son. Después del nueve de marzo, ancha es Castilla: cuatro de años de banquete. Por otro lado, floja promesa parece: nada arriesgaría el presidente si la incumpliese (ya ha incumplido muchas) salvo, tal vez, la confianza del exministro de Defensa; aunque ésta parece ciertamente a prueba de puñaladas, como quedó probado cuando hubo de dimitir para allanarle el terreno al nuevo Estatuto de Catalunya.

Lo que de verdad me preocupa de esta noticia es el descaro con el que los dirigentes del PSOE asumen en su discurso público la absoluta sumisión del Congreso con respecto a la cúpula del partido vencedor. Se suponía que son los diputados electos los que escogen entre ellos al mejor para desempeñar las funciones de presidente de la cámara baja. No estamos hablando de fruslerías: el Congreso es la representación de la soberanía popular y sus miembros teóricamente representan a sus electores. El sistema electoral que padecemos hace que, en efecto, el poder legislativo y el poder ejecutivo dependan de un grupo selecto (por lo escaso, ya que no por su calidad) de políticos profesionales cuya garantía de promoción no estriba ni en la labor realizada ni en su fidelidad a los votantes, sino en sus manejos entre bastidores y en la estricta obediencia al líder. Seguramente es usted consciente, estimado lector, de que Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero tienen la posibilidad efectiva de designar sin obstáculo mayor desde el candidato a presidente del Congreso hasta el candidato para regidor de cultura de mi pueblo, pasando por diputados, senadores, miembros del Consejo General del Poder Judicial, magistrados del Tribunal Constitucional, fiscales, Defensor del Pueblo… Todos somos conscientes; pero Pepe Blanco pretende que no sólo lo sepamos, sino que lo asumamos como natural e inevitable.

Pero no. No es esto lo que preconizó Montesquieu, cuyo regreso algunos llevamos esperando años –desde que Alfonso Guerra decretara su ostracismo, ya que su entierro no está al alcance del primero que pase. Sin una separación de poderes efectiva no existe verdadera democracia. ¿Quién va a controlar al gobierno si la composición de su parlamento depende –grosso modo– de dos personas? El nuevo partido de Rosa Díez (Unión, Progreso y Democracia, UPYD) propone una seria reforma de la Constitución y de la ley electoral: la revisión de las circunscripciones electorales y de la aplicación de la ley d’Hondt –al mismo tiempo tan célebre y tan desconocida–, las listas abiertas, la doble vuelta para cargos unipersonales, la limitación de mandatos, el cambio de los mecanismos de nombramiento de las magistraturas… Con los partidos tradicionales ya sabemos lo que tenemos. Lo que con tamaña desfachatez nos ofrece Pepe Blanco, so capa de una política de carácter más presuntamente nacional encarnada en José Bono, no es distinto de lo que nos ofrecen el Partido Popular y los demás partidos, instalados desde hace treinta años en el sistema: la certificación última de que nuestra democracia está vacía de contenidos. En las generales de marzo nos pedirán nuestro visto bueno.

Durante la comida discuto con mi mujer sobre las virtudes de la fabada Litoral, esa marca de potajes en lata que lleva décadas haciendo la felicidad de miles de españoles. No acertaron con el cocido madrileño, le digo, ni con el pote gallego. En cambio, su fabada es un producto digno de preservación, algo que a muchos de mi generación nos sigue devolviendo hoy el perfume (si cabe decirlo así) de un pasado feliz, libre. No tiene nada que ver con una fabada asturiana casera como Dios manda, no. Es otra cosa, estimable por sus virtudes intrínsecas: simple, sin sorpresas, de fácil consumo. Algo que no debería desaparecer nunca de nuestras vidas. Ante la mirada incrédula de mi mujer, me sorprendo afirmando: “la fabada Litoral es algo más que un plato precocinado; forma parte de nuestra identidad”. Mi mujer me mira de hito y suelta: “Tú lo que tienes es muchas manías de soltero”.

En la sobremesa le echo un vistazo a un par de catálogos; primero, al que el Espai d’Art Miquela Nicolau y el Ayuntamiento de Son Servera editaron este año con motivo de la última exposición de escultura de Pedro Flores, Autoretrat en pedra i ferro: una colección de piezas que combinan dichos dos materiales en la búsqueda de esencias reconocibles. En sus páginas encuentro la reproducción de una hermosa obra en la que la presencia de la piedra domina abrumadoramente sobre la del metal. Se trata de tres grandes bloques de roca de evidentes reminiscencias prehistóricas, sin apenas tallar, cosidos en fila por tensores de hierro oxidado: una especie de tren pétreo, inmóvil por su propio peso y por su antigüedad. La mineral instantánea de un viaje a ninguna parte. Una estructura que pretende articular lo que por su propia naturaleza no tiene movimiento. La geología fuera de contexto. El contrasentido hecho forma. El título de la obra no podría ser más explícito: Nacionalismo. El comentario del autor al pie de la imagen, tampoco: “la ignorancia es el alimento de los necios”. Tan rotundo como revelador.

Otro artista mallorquín que precisamente estos días vuelve a exponer en Palma, Fernando Megías, daba a conocer su obra el año pasado en el volumen Modos de ver, que hojeo ahora. Megías aplica la imaginación y la ironía a la realidad más cotidiana y, así, nos sugiere otros puntos de vista, interpretaciones nuevas y desprejuiciadas. Poeta visual lucidísimo, asume la diversidad como ingrediente especialmente importante y significativo de la realidad; con su obra pretende despabilar los sentidos, desautomatizar la percepción y llevarnos a nuevas consideraciones sobre lo que vemos. Modos de ver, editado a principios de 2006, incluye reproducciones de esculturas, fotografías y textos asociados que emplean las palabras más sencillas y, si recordamos a Brecht (“con sólo decir lo que está pasando, a cualquiera se le tendría que partir el corazón”), las suficientes. Mostrando algo más de sutileza que Flores, pero mayor tino si cabe, Megías escribe en el centro de una de las páginas de este libro: “La identidad no es más que una idea fija”.

Mi mujer no me lo habría dicho mejor.

Un militante de Unión Progreso y Democracia (UPyD).

• Principal
• archivos
• Albums
• Enlaces
• Bloc de BalearWeb

«	Febrero 2010					»
Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sa	Do
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

• La imposición lingüística, ahora en los cines
• Evitar responsabilidades
• Semilingüismo y ciudadanos de segunda
• UPyD en Cataluña
• Acoso y derribo del controlador aéreo
• Memoria de UPyD Baleares 2009
• ¿Falta de rigor o mala fe?
• Régimen y periodismo catalán
• Ciudadanos de segunda
• Los demagogos acechan
• La democracia en UPyD y en los partidos viejos
• La España subvencionada
• El regidor cantor
• Ya éramos de UPyD en 2000
• Cómo hacerle la vida imposible al ciudadano
• Las medallas de Jaume Matas
• Honduras en la encrucijada
• Fina en el país de las maravillas
• Digerir el éxito electoral de UPyD
• Cosas que se han dicho de UPyD
• Pim, pam, pum
• Carta abierta a la Defensora del Espectador de TVE, con motivo de la exclusión de Rosa Díez y UPyD del programa "Tengo una pregunta para usted"
• Cachondo pero inexacto (algunas falacias)
• Malos humores
• UPyD, ya, en Menorca
• ¿Dice las cosas como son o no?
• Bricomanía IB3 TV
• Los pecados de Rosa Díez
• UPyD rechaza la libre designación del secretario de Cort y propone el restablecimiento del concurso público entre funcionarios con habilitación de carácter nacional
• 2009: vestir al Emperador
• Constitucionalismo de salón
• Por la libertad del Sáhara
• El monotema
• Casablanca de Llobregat
• No pasa nada
• Los políticos no aplauden
• El Manifest Fundacional d'UPyD, un any després
• ¿Corrupción? Pues claro
• UPyD considera “irrelevantes” y “demagógicas” las medidas de evaluación anunciadas por la consejera Galmés
• Por la libertad lingüística. Carta abierta al Presidente Antich
• Lo que es progresista y lo que no lo es
• UPyD, Rosa Díez y los sectarios
• Políticos baleares
• Por qué UPyD en Baleares
• Cita en Palma y una entrevista con sustancia
• Contra argumentos, talante
• La crisis también es institucional
• Cantar las cuarenta
• La sensatez personificada
• La diferencia entre incumplir una promesa y haber engañado
• Adelantos electorales
• UPyD y la reforma educativa
• Más sobre educación
• Señor Rosselló: gracias por lo de leído
• O no leen, o mienten
• La identidad canaria según Soul Sanet, o el nominalismo elevado a la categoría de razón política
• Contra el totalitarismo, la lengua común
• Manifiesto por la lengua común
• UPyD y la educación
• El género tonto
• Una persecución intolerable
• Air Berlín y la comisaria
• Caridad y solidaridad
• Unión, Progreso y Democracia condena la campaña “de ingeniería social” 'Ara és la teva'
• Si no fuera para llorar
• Principios o etiquetas
• Rosa Díez explica la constitución de la mesa del Congreso
• La reforma de la ley electoral, urgente
• UPyD y la libertad del Sáhara
• UPyD, la prensa y la realidad
• Encuestas con talante
• Muertos de miedo
• Profesionales de lo suyo
• Con el Foro Civis se amplía el actual movimiento cívico para la regeneración democrática en España
• El Príncipe de la Paz
• Rosa Díez o un nuevo lenguaje político
• De la incompetencia en los despachos al fracaso en las aulas
• ¿Pechos o valores democráticos?
• Discutir sentados
• El voto útil
• Lo que nos ofrecen
• Fabada Litoral y otras manías de soltero

• General [82]

• RSS 0.90
• RSS 1.0
• RSS 2.0
• Atom