Hora de progreso

Comentarios políticos, por Juan Luis Calbarro

Unión, Progreso y Democracia condena la campaña “de ingeniería social” 'Ara és la teva'

jlcalbarro | 30 Mayo, 2008 00:55

[Texto completo del comunicado emitido ayer por Unión, Progreso y Democracia en Baleares]

La formación de Rosa Díez se compromete a eliminar de los presupuestos públicos los gastos de promoción de cualquiera de las dos lenguas si entra en las instituciones

Ante el lanzamiento por parte de la Dirección General de Política Lingüística del Govern, los Consells insulares y el Ayuntamiento de Palma de la campaña Ara és la teva para promocionar el uso del catalán en el ámbito privado, Unión, Progreso y Democracia quiere manifestar su asombro y hacer constar su condena de esta nueva muestra de intervencionismo por parte de los departamentos de política lingüística.

1. UPyD exige a los departamentos implicados en la campaña que hagan públicos los presupuestos invertidos en la misma. 13.000 camisetas, 3.000 gorras infantiles, 15.000 adhesivos, 30.000 folletos para repartir en la hostelería, 70.000 folletos dirigidos a los emigrantes, vallas y carteles por toda Palma y la apertura y mantenimiento de una atractiva página web parecen indicar un gasto de centenares de miles de euros, que amenaza con repetirse en los próximos ejercicios. Los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto dinero público se ha gastado y con qué criterios y por qué vía contractual se ha adjudicado la colaboración con los industriales y profesionales implicados.

2. Aparte la exigible transparencia, UPyD reprueba con toda firmeza el uso de recursos públicos para dirigir los usos lingüísticos de la ciudadanía. Nuestro partido considera que los poderes públicos están para garantizar los derechos individuales (por ejemplo, el derecho a usar la lengua materna, máxime cuando es cooficial), y no para indicar, especialmente en el ámbito privado y aún mucho menos de manera imperativa (“Parla en català”), cuál es la lengua de los buenos y cuál la de los malos. Nuestro infinito aprecio por la lengua catalana nos impide, precisamente, tolerar que sea utilizada como instrumento de ingeniería social: si condenamos el monolingüismo castellano impuesto por la dictadura de Franco, no podemos sino condenar el monolingüismo catalán que nos impone el nacionalismo radical, con la connivencia del PSIB en las instituciones y aprovechando la legislación que en su día dictó el PP balear.

3. En UPyD consideramos que asociar al uso del catalán el lema “Ara es la téva” es improcedente porque a) el castellano también es lengua oficial, y la materna para una gran parte de los habitantes de Palma, por lo que supone no poco desprecio considerarla ajena; y b) desprende un inequívoco tufo a revancha y a enfrentamiento (la expresión “ara es la teva” remite clarísimamente a aprovechar la ocasión para desquitarse) que en absoluto nos parece positivo ni cohesionador.

4. Así mismo, nuestro partido considera que en la web que da soporte teórico a la campaña se vierten afirmaciones sobre historia y lengua cuando menos sesgadas; sin pretender ser exhaustivos, cabe advertir a sus responsables que el castellano es tan “histórico” como el catalán, si es que esto es un mérito; que el Rosellón nunca fue “el norte de Cataluña”, sino otra entidad política diversa de Cataluña aunque comparta con ella una de sus dos lenguas; o que no es cierto que en 1704 la Corona de Aragón en bloque fuese austracista, frente a una Castilla proborbónica, dado que en ambas coronas hubo personas y regiones partidarias respectivamente de ambos pretendientes al trono, y que la disputa giraba en ambos bandos en torno a la sucesión al trono de España, y no a la soberanía ni los derechos lingüísticos de ninguno de sus reinos. UPyD cree que el gobierno autónomo y las demás instituciones, cuyo único sentido es el servicio a la sociedad balear, hacen un pésimo servicio a la misma adoptando oficialmente el maniqueísmo historiográfico de la minoría catalanista.

5. UPyD advierte que el mecanismo de delación que con frecuencia emplean los nacionalistas para sugerir a la población que para no tener problemas es mejor normalizarse, es decir, someterse en materia lingüística, vuelve a aparecer en la web Ara és la teva, mediante un formulario que invita al usuario, entre otras cosas, a “denunciar” los presuntos abusos lingüísticos sufridos por parte de los castellanohablantes. UPyD anima a todos cuantos no estén de acuerdo con esta actuación del Govern a hacer uso de esta herramienta para denunciar de manera respetuosa el empleo de cuantiosos recursos públicos en una operación de ingeniería sociolingüística que está de espaldas a la sociedad a la que se destina y que sólo revela los prejuicios de quienes la diseñaron, y para reprobar explícitamente, por tanto, la campaña Ara és la teva.

6. Por último, UPyD hace constar su compromiso de que, en el caso de que en las próximas elecciones locales y autonómicas la ciudadanía le prestase la confianza necesaria para entrar en las instituciones e influir en la toma de decisiones, no dedicaría presupuesto alguno a medidas de promoción artificial del uso del catalán o del castellano, más allá de la libertad personal y al margen del ámbito educativo, que es al que pertenece su enseñanza. En su lugar, UPyD destinará las partidas presupuestarias que ahora están dirigidas a este fin a asuntos que sí considera prioritarios, como la implementación de las ayudas señaladas por la Ley de Dependencia, la reforma de la educación o la protección del medio ambiente.

En Palma, a 29 de mayo de 2008.

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Si no fuera para llorar

jlcalbarro | 30 Mayo, 2008 00:51

Si la cosa no fuera tan triste, sería como para hacer bromas. ¿En qué otro lugar del mundo unos poderes públicos democráticamente elegidos se ocupan de eclipsar en todo lo posible una de las dos lenguas oficiales del territorio (que además es la lengua común de la Nación, la lengua materna mayoritaria, la lengua de los negocios y una de las más habladas y prestigiosas del mundo), excluyendo su carácter vehicular en la escuela a todos los niveles, prohibiendo su uso en la administración, en la sanidad y en cualquier otra instancia oficial salvo excepción? ¿En qué país, además de España y si excluimos a las dictaduras más paranoicas, se permiten las autoridades incluso orientar a los ciudadanos sobre qué lengua deben usar en su vida privada, habilitar cauces para que los ciudadanos normalizados denuncien a los revoltosos que insisten en usar la lengua maldita y penalizar a quienes no sigan determinadas directrices, invirtiendo en ello cuantiosos recursos procedentes de la contribución de una ciudadanía que permanece muy mayoritariamente ajena a esta absurda preocupación? Pues bien, esto es lo que ocurre en buena parte de España, y en particular en Baleares; y algunos creen que todo este majadero atropello es progresismo.

En Unión, Progreso y Democracia asistimos asombrados –una vez más– a la iniciativa de los departamentos de política lingüística del Govern, del Ayuntamiento de Palma y de los Consells insulares: una campaña –Ara és la teva– de matices que rozan la xenofobia y después de cuyas medidas, si se ha de profundizar en esa línea, sólo cabe ya la prohibición y la persecución directa de los ciudadanos reacios a normalizarse. Es una gran desfachatez dedicar la acción de gobierno a decirle a cada cual en qué idioma debe hablar, tildando la lengua materna de la mayoría de los habitantes de Palma de impuesta; pero aún lo es más es si atendemos al enorme dispendio que suponemos, con cargo al bolsillo de los contribuyentes que ya están normalizados y de los que no lo estamos ni lo estaremos.

UPyD se compromete, si en futuros comicios llega a las instituciones, a trabajar para la eliminación de la Dirección General de Política Lingüística y de los demás organismos superfluos que han aflorado en torno al esperpento identitario; la derogación de la Ley de Normalización Lingüística y de toda normativa que discrimine el castellano; y la anulación de cualquier otra medida que atente contra la libertad lingüística de todos y cada uno de los ciudadanos, hablen éstos lo que deseen hablar.

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Principios o etiquetas

jlcalbarro | 29 Mayo, 2008 00:27

Esta es una de esas épocas en las que a uno le pide el cuerpo renunciar a la nacionalidad y hacerse ciudadano de algún país serio. A la trayectoria de un gobierno estático –y tal vez extático–, cuyo máximo orgullo en estos meses parece ser el bienhadado parto de una de sus ministras, se contrapone el espectáculo vergonzoso de un partido mayoritario en la oposición que, obviando el hecho de que diez millones de españoles pusieron en él su confianza, decide que ahora, cuando hay por delante cuatro años de trabajo parlamentario, es el momento de ventilar la cuestión de su liderazgo. Por eso decía yo lo de los países serios: supongo que alguno habrá en el que el Gobierno se dedique a gobernar, y no a hacer oposición de la oposición; y la oposición se dedique a controlar la acción del gobierno y a hacer propuestas constructivas antes que en pensar en su candidatura de dentro de cuatro años. Se supone que los ciudadanos habrán de votar entonces a la vista del trabajo hecho, pero nuestros partidos mayoritarios parecen confiar en lo contrario: en que al electorado le interesan más los nombres y las etiquetas previas que los contenidos. ¿Creen que la LOGSE ya ha surtido los efectos esperados?

Porque de esto se trata: de etiquetas. Empeñados en mantener a los ciudadanos en la inopia del etiquetado, los cerebros del PSOE (si es lícito describir así a elementos como Pepiño Blanco) se esfuerzan en mantener el lenguaje más polvoriento de la vieja izquierda, aderezado con alguna nota de la necesaria modernidad: asuntos sociales por doquier, algún neologismo que empiece por eco y una pizca de multiculturalismo y plurinacionalidad. Lo mismo da que el desarrollo de la ley de dependencia esté siendo desastroso porque nos quedamos en la legislación –el etiquetado– sin acordarnos de financiarla como toca y de coordinar los correspondientes departamentos autonómicos –el contenido. Lo mismo da que la desigualdad efectiva sea creciente en el sistema sanitario español, que, como tan acertadamente ha descrito ayer mismo Francisco Sosa Wagner, se encamina hacia diecisiete minisistemas sanitarios diferentes, con diferentes prestaciones y diferentes grados de cobertura: la etiqueta –el lenguaje– se ocupa de ocultarlo. Lo mismo da, en fin, que numerosos españoles, cada vez más, vean conculcado su derecho a usar su lengua materna en la escuela o la administración: el etiquetado ha dispuesto que hablar castellano es de derechas y, por lo tanto, desechable, y en cambio las demás lenguas cooficiales son progresistas y, además, tienen derechos que están por encima de los individuales de los hablantes. Contra la realidad, etiquetas, como demuestran muy bien los rótulos de los nuevos ministerios zapateriles.

Mientras, en el Partido Popular, a los complejos que arrastra la derecha española desde 1975 se suman hoy el desánimo y la impotencia que causa haber crecido en votos en las urnas y, sin embargo, resultar derrotados por la alianza parlamentaria del populismo-oportunismo de Zapatero con los enemigos del Estado. En lugar de aferrarse a los principios, cosa que los compromisos del poder nacional y autonómico le impiden, el PP oficial se retuerce en un combate de pesos ligeros por ver quién resulta más aparente cara a unas futuras elecciones. Desengañémonos: ninguna de las manifestaciones de líderes populares en estas últimas semanas viene avalada por un soporte ideológico denso, por una propuesta programática compleja o novedosa. No hay contenidos. Que Mariano Rajoy diga que a veces “hay que moverse” lo indica todo: no se trata, pues, de ser fiel a los principios. Ni de no serlo, ojo: se trata de adoptar la posición que nos permita caerle mejor al electorado y, sobre todo, a los medios de prensa; y en esto está muy equivocado, ya que los grandes grupos mediáticos no se dejan conducir por las simpatías, sino por el dinero. Que los contenidos sean o no los de siempre da igual, porque lo que queremos transmitir es lenguaje literal, signos, etiquetas: “el centro reformista”. A mí me gustaría que me explicaran qué es, sustantivamente hablando, esta tontería del centro. Aunque ya lo tengo bastante claro: el centro es el punto imaginario donde se sitúa uno a quien interesa que la gente siga opinando en los términos caducos de derecha e izquierda y además no pueda identificarlo a uno ni con la una ni con la otra. El centro puede ser el lugar idóneo para el que no tiene principios que ofrecer: el campo donde trabaja aquel a quien no importa inclinarse hacia los unos o hacia los otros sin adquirir compromisos previos con la ciudadanía. El centro no es ni chicha ni limoná: no ofrezco nada concreto para no pillarme los dedos cuando acepte cualquier cosa. Sigo en el juego de las etiquetas, porque creo que así es más fácil seguir muñendo a mis paisanos, pero escojo la etiqueta comodín, la que –si la gente se lo cree– me permitirá hacer el papel de progresista de opereta tolerante con las majaderías de los nacionalistas cuando me interese y el de paladín nacional-católico cuando me convenga más. Esto es el centro, y esto es lo que ofrece cierto PP: el que parece que van a defender Mariano Rajoy, un brillante pero hoy decepcionante Alberto Ruiz-Gallardón o Manuel Fraga, jaleados por los periodistas que hablan de “derecha moderada” para, sin darle la absolución por el pecado de ser de derechas, reconocerle al menos buenas maneras.

Enfrente nos encontramos un territorio igualmente heterogéneo e indefinido en el que parece que se destaca Esperanza Aguirre, o al menos los medios así nos lo presentan; un territorio en el que, según las últimas declaraciones de la presidenta madrileña, se considera que no son necesarios los “cambios radicales”. De nuevo el juego de las etiquetas: autotitularse “centro reformista” no es nada radical, por cuanto no comporta contenidos ideológicos ni programáticos concretos, pero tampoco es un cambio, dado que el PP siempre se declaró de centro y reformista –otra cosa es que esta imagen no haya calado, en buena parte gracias a la actitud vociferante del trío Rajoy-Acebes-Zaplana durante la pasada legislatura. ¿Dónde está el cambio radical? ¿Es que nos toman por nuevos? Cuando nos hablan de liberalismo, ¿se refieren al liberalismo que comulga con los obispos? ¿Al que pacta o quiere pactar con los nacionalismos hiperintervencionistas? ¿Al que se niega a firmar condenas del franquismo en Europa o a asumir una Educación para la Ciudadanía bien entendida? En fin, no es necesario extenderse en ejemplos para que nos demos cuenta de que en el PP todos se han embarcado en la lucha por la poltrona: a nadie le interesan lo más mínimo unas presuntas diferencias ideológicas que, por mucho que algunos en el grupo PRISA se empeñen, no afloran con claridad en ninguno de sus discursos. En el laberinto del PP de hoy sólo se emplean argumentos que tienen que ver con la estrategia y, por tanto, con el acceso al poder en el seno del partido y con respecto a las instituciones. Etiquetas.

No esperemos más del Partido Popular de hoy. Una vez situados, sus líderes se olvidarán de estas cuestiones y se aplicarán a pactar con quien sea necesario pactar. Entre otras cosas porque ya en la primera legislatura en que gobernó demostró su condición de maquinaria de poder: en aquellos años, Aznar se mantuvo en La Moncloa merced al apoyo de CiU y del PNV, y fue entonces cuando tuvimos que oír de los parapetados labios del vallisoletano aquello del “Movimiento Vasco de Liberación Nacional”, o comoquiera que se formule este engendro conceptual; una expresión, por cierto, que hoy, en labios de Zapatero, habría hecho babear espumarajos y vituperios susceptibles de querella a algún locutor de radio.

Una rectificación se hace necesaria, porque generalizar siempre acaba en injusticia. En el Partido Popular, como en el Partido Socialista, sí existen personas honestas que contemplan con preocupación la deriva absurda a que nos arrastran sus líderes y que parece envolver definitivamente a un PP más preocupado por calcar los éxitos de Zapatero que por plantear sus propias políticas. Esas personas, que no sólo tienen ideología sino que además tienen principios y lealtad institucional, se han dado cuenta de que PP y PSOE son hoy maquinarias inertes, válidas principalmente para ganar o mantener el poder y no para el buen gobierno o la defensa leal de los intereses de la ciudadanía. Algunos, ninguneados, se han ido ya a sus casas o mantienen su discrepancia a salvo en blogs críticos con sus aparatos partidarios. Otros han optado por dejar carné, cargo y sueldo e integrarse en UPyD, desde donde ahora defienden con actitud transversal sólo aquellas estrategias que interesan al ciudadano que tiene problemas reales (algo que en esta España sí es radical). Y con el electorado sucede algo parecido: cada vez más ciudadanos se dan cuenta de quién sostiene un discurso veraz, desde posiciones de lealtad y no de oportunismo, y quién les sigue proponiendo el juego de las etiquetas.

Por eso es tan injusto encuadrar en ese juego mendaz y nocivo para España la actitud de alguien como María San Gil. Ella, que como todo el mundo tiene una ideología que podremos o no compartir, sí comparte con muchos de nosotros –pero al parecer no con quienes en su partido hoy se disputan la entrada al banquete– la fidelidad a los compromisos adquiridos y un aprecio mucho mayor por los principios que por la oportunidad. Sabe que la oportunidad sólo atañe al corto plazo y, como los estadistas, a ella sólo le interesan las soluciones de largo aliento: las políticas dotadas de una espina dorsal ética que van más allá de los congresos partidarios. Pactar con los nacionalistas garantiza el acceso inmediato al poder a costa de los derechos que muchos ciudadanos ven hoy menoscabados o suprimidos en Euskadi, y a costa posiblemente del futuro de España: ella lo sabe bien y por ello, creo yo, no desea participar en un congreso en el que no se van a debatir políticas, principios ni soluciones, sino más bien números, atajos inciertos, posibles transacciones…

Políticos como Rosa Díez o María San Gil –qué curioso, esto de las mujeres vascas– son hoy más necesarios que nunca. Indigna que a ambas las llamen hoy traidoras desde el infame PSOE vasco y desde el PP centrorreformista, respectivamente. Cuando tras la guerra francoprusiana y la caída de Napoleón III se debatía en París el retorno de la monarquía (puesto que aquel parlamento francés de 1871 era mayoritariamente monárquico), le fue ofrecida la corona al conde de Chambord. Éste puso como condición que el Estado recuperara la bandera blanca y flordelisada de la Francia de los Luises; pero abandonar la enseña tricolor, que había ondeado gloriosamente en representación de Francia durante ya casi cien años, resultaba inasumible para aquella asamblea constituyente. El conde de Chambord, que no podía reconocer la bandera que había amparado a los verdugos de sus antepasados, renunció a la corona y dio así paso a la III República Francesa. Victor Hugo, que era diputado republicano en aquella asamblea, le dedicó en L’année terrible un hermoso poema titulado “A Enrique V” en el que decía de él lo siguiente: “L'homme est viril et fort qui se décide/ A changer sa fin triste en un fier suicide;/ Qui sait tout abdiquer, hormis son vieil honneur;/ [… et qui]/ Ne vend pas son drapeau même au prix d'un royaume”. Que un republicano reconociese entonces la abnegación y la honestidad de un rey pudo resultar extraordinario, aunque tal vez no tanto como desgraciadamente puede serlo hoy que un correligionario haga lo mismo con quien, tratando de libertades y derechos fundamentales, en un contexto de violencia y chantaje permanentes hacia la ciudadanía, se niega a vender lo mejor que tiene: no ya una bandera a cambio de un reino, sino sencillamente sus principios a cambio de un puesto en una lista y de una seguridad física que no requiera de escolta. Necesitamos más políticos como estos últimos; pero también, por cierto, ¡qué falta nos hacen algunos Hugos!, personas que desde el liderazgo de la sociedad civil y por encima de todas las banderas se atrevan a reconocer, colocar en el lugar que merece y exigir a los representantes de los ciudadanos eso que está tan desprestigiado en nuestra España: la fidelidad a los propios principios, el compromiso responsable, la abnegación.

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Declaración de UPyD a favor de la libertad lingüística en Baleares

jlcalbarro | 02 Mayo, 2008 02:55

Transcribo a continuación el documento publicado hoy por Unión, Progreso y Democracia en Baleares, para someterlo a debate público:

Desde su fundación, Unión, Progreso y Democracia ha puesto especial interés en denunciar los perjuicios que el nacionalismo ha ocasionado a la libertad y a la igualdad de los ciudadanos españoles. Observamos con preocupación que la ideología nacionalista ha conseguido infiltrarse en las políticas de los partidos supuestamente no nacionalistas. Se deba a la ignorancia de planteamientos alternativos a tales convenciones o a la necesidad de pactos con fuerzas radicales y minoritarias con tal de asegurarse el poder, UPyD se perfila como única fuerza libre de tales prejuicios y señala la urgencia de corregir sus nocivas consecuencias.

Las Islas Baleares son un ejemplo de cómo doctrinas incompatibles con las sociedades modernas, por mucho que se nos presentan falsamente como conquistas de la modernidad, repercuten en campos sensibles de la sociedad. La radicalización del Govern Balear al pretender erradicar de la vida pública el castellano es un paso más en la pendiente que conduce a primar los rasgos compartidos por un colectivo (la raza, la religión, lengua, sexo, clase social…) como característica capital para definir a quienes puedan disfrutar legítimamente de ciertos derechos y oportunidades. En definitiva, una resolución excluyente, que nos retrotrae a épocas históricas teóricamente superadas.

Al amparo de gobiernos autonómicos del PP y PSOE, el Decreto de Mínimos y la Ley de Normalización Lingüística son ejemplos de cómo la obsesión identitaria ha distorsionado dichos campos. El resultado ha sido la práctica expulsión de las aulas de una lengua oficial y el uso discriminatorio de la lengua en un número creciente de ámbitos, como el acceso a la docencia, a la administración de la Sanidad o en general al funcionariado, del que quedan excluidos los españoles que no tengan titulación previa de catalán. La consecuencia directa de anteponer el dominio de una lengua a la formación profesional es una calidad inferior de los servicios prestados a la ciudadanía.

A pesar de ello, la realidad de Baleares es la de una sociedad bilingüe y permeable en la que sólo desde la asunción de posturas imbuidas de ideología nacionalista se afirma que exista un problema real. Por eso lamentamos las imposiciones de quienes no aceptan dicha realidad como un hecho enriquecedor. Además, echamos en falta una verdadera cultura de las libertades que permita comprender, a quienes supuestamente nos representan, que las políticas intervencionistas fracasan o producen efectos perversos mucho peores que la realidad que intentan transformar.

Creemos, por tanto, que el marco legal debe alinearse con dicho bilingüismo real en lugar de negarlo. No aceptamos el concepto de lengua propia recogido en el Estatuto, por ser el buque insignia de los planteamientos identitarios que denunciamos y que sirve de fundamento a la discriminación. Sólo las personas tienen lenguas propias, en ningún caso los territorios; por ello consideramos adecuado el concepto de lengua oficial y entendemos que las dos más implantadas deben serlo en igualdad de condiciones.

El debate mallorquín/catalán es una cuestión filológica que deben resolver los especialistas y en la que no deben inmiscuirse los políticos. Nuestros planteamientos en defensa de las libertades individuales nos impiden sustituir el catalanismo imperante por un balearismo. Y aunque entendemos que el segundo es una reacción ante el proyecto político que subyace al primero (la creación vía lingüística de los Països Catalans), la función de las autoridades no debe ser la de un planificador lingüístico que se atribuye la potestad de preservar ni modificar esencias históricas heredadas del pasado, sino propiciar un marco legal que asegure la igualdad de derechos para todos.

Muchos de estos asuntos cristalizan en el mundo educativo. Bastaría aceptar un bilingüismo real y efectivo para empezar a racionalizarlo. Eso permitiría invertir energías y medios en elevar el nivel de nuestros alumnos en lugar de convertirlo en una herramienta de control lingüístico e ideológico, una cuestión bastante más acuciante que la redacción de textos en mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense. La desaparición de la política de inmersión lingüística acercaría las aulas a la realidad plural de la calle, en lugar de convertir los centros en laboratorios de sociolingüística, en guetos, por lo demás, artificiales. UPyD actuará, desde el momento en que llegue a las instituciones, para promover la modificación del artículo 4 del Estatuto de Autonomía con el fin de eliminar el concepto de lengua propia y así restaurar la equiparación de las dos lenguas oficiales, así como para derogar la Ley de Normalización Lingüística y el Decreto de Mínimos y garantizar la elección de lengua vehicular por parte de los padres.

Si este asunto se tratara desde una perspectiva no visceral, se aceptaría sin acritud lo evidente: no sólo hubo un tiempo en que no existía ninguna de las lenguas que hoy en día usamos, sino que habrá un tiempo en que no existirán. No por ello la creatividad del ser humano ha dejado ni dejará jamás de originar nuevas formas de comunicación, para la que las lenguas no son más que un medio.

Palma de Mallorca, 1 de mayo de 2008
[Disponible en la web de UPyD en Baleares]

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