Hora de progreso

Hay una tendencia clara a confundir la defensa de ciertos principios con el "nacionalismo español". Con una violencia mucho menor, pero con un nivel de sectarismo perfectamente similar al del nacionalcatolicismo de hace cuarenta años, muchos nacionalistas periféricos se consideran autorizados para anular toda una serie de razonamientos de un plumazo verbal: los adjetivos "facha" o "franquista", lanzados como argumentos definitivos sin necesidad de ulteriores argumentos. Qué fácil y qué bonito es estar en posesión de la verdad oficial.

Así sucede cuando, tras colgar en mi blog el texto del Manifiesto por la lengua común recientemente publicado por una serie de intelectuales de enorme prestigio (éstos sí lo son, y no aquellos intelectuales de pacotilla del "No a la guerra" y del "Sí al canon digital"), aparece un comentarista que firma Francisco Franco Bahamonde y nos amina: "Adelante, camaradas". La disparatada comparación de Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner con Francisco Franco -idéntica a la que se hizo de los directivos de Air Berlin con Adolf Hitler- en absoluto puede deducirse del texto de este manifiesto, sino de los prejuicios desde los que algunos abordan el mismo. De un texto como éste, que no habla de patrias ni de esencias, sino de algo tan puramente natural como el ejercicio de los derechos y libertades y de ciudadanía responsable, sólo alguien que no entiende lo que lee o que gusta de tergiversarlo podría deducir similitudes con el franquismo. Lo cual me proporciona una razón más para no ser nacionalista: el nacionalismo en dosis elevadas parece desconectar las neuronas.

Tengo que insistir porque otro comentarista vuelve a ignorar olímpicamente el contenido del Manifiesto para desmentir con cierto sarcasmo que el castellano esté "amenazado en Baleares", cuando en ningún lugar del manifiesto ni de mi breve introducción se puede leer que el castellano esté amenazado en Baleares. ¿Realmente no saben leer o es que las orejeras nacionalistas se lo impiden? El castellano no está amenazado ni en Baleares ni en ninguna otra región bilingüe de España, y desconocería la realidad quien lo afirmase; sí lo están, en cambio, y en todas ellas, los derechos individuales y personalísimos de los ciudadanos castellanohablantes. Y es que el castellano, como el catalán, no tiene derechos, pero sus hablantes, mal que a algunos les pese, sí.

Si un catalanohablante puede optar a una plaza de jardinero o de catedrático en Murcia, pero un murciano no puede optar a lo mismo en Sabadell porque no habla la lengua cooficial, no tienen los mismos derechos. Si un gallego puede ser médico o bedel en Badajoz pero un pacense no puede serlo en Vigo porque le falta el gallego, no tienen los mismos derechos. Si un mallorquín puede elegir el catalán como lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos y otro mallorquín no puede escoger el castellano, no tienen los mismos derechos. Si un contribuyente recibe las resoluciones de la administración que afectan a sus derechos y obligaciones en su lengua mientras otro las recibe en una lengua que desconoce o conoce peor, lo que le obliga a permanecer relativamente indefenso ante la administración, contratar un traductor o añadirle a todo el engorro el trámite de pedir la resolución en su lengua, pues, señor mío, no tienen los mismos derechos. Si a uno se le enseña que su lengua es una lengua de cultura y prestigio social y que le abrirá las puertas de la administración, del empleo y de la buena vida, mientras que a otro se le enseña que su lengua no es apta ni para hablarla en el recreo, que es una lengua de killos y no le reportará ningún beneficio aprenderla con esmero, el castellano no desaparacerá, no, pero ese castellanohablante se convertirá en un ciudadano de segunda, gracias a los nacionalistas y en beneficio de los caciques locales.

Así que bienvenido sea ese Manifiesto, que tanta falta hacía. Cuando algunos argumentan que el conflicto lingüístico realmente no preocupa a los ciudadanos y que, por tanto, no es un problema, creen saber más que los politicastros locales y sus comisarias lingüísticas: ¿creen de verdad que gente tan aparentemente preocupada por el control de la sociedad (y de sus recursos) invertiría enormes presupuestos en normalizaciones, inmersiones y campañas majaderas sólo por capricho? ¿Creen que un gobierno ofendería gravemente a empresas (Air Berlin) e individuos (Rafael Nadal) que generan enorme riqueza en todos los sentidos, contra toda sensatez y contra la praxis mercadotécnica más elemental, sólo por torpeza? Me sabe mal, pero he de sonreír ante tamaña ingenuidad o indignarme por tanta mala fe. Yo, que soy un poco más desconfiado, opino que los mafiosillos locales, que desde la Transición se han hecho con los resortes del poder autonómico y municipal, dejando a los caciques de la Restauración sometidos a la consideración de pobres aprendices, saben que manipular la identidad colectiva es la mejor vía para contar con una ciudadanía acrítica, seguir manteniendo el poder y disponer sin trabas de los recursos que deberían ser de todos: totalitarismo se llama, sí, pero es lo que hay; y en todo ello la exclusión de la lengua común juega un papel fundamental. Así de malpensado es uno.

Por su mucho interés, especialmente en unas Baleares gobernadas por un hexapartito que demostradamente busca la erradicación del castellano de todos los ámbitos públicos (decreto de ordenación de la enseñanza infantil, primaria y secundaria, campañas en la administración autonómica, subvención de todo lo que se expresa en catalán e ignorancia de todo lo que se expresa en castellano) y, a ser posible, de los privados (persecución de la empresa Air Berlín, campaña Ara es la teva), reproduzco a continuación el manifiesto publicado hace unos días a favor del castellano por intelectuales de diversas procedencias. Puede uno adherirse aquí.

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MANIFIESTO POR LA LENGUA COMÚN

23 de junio de 2008

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5.. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.

Para generar debate en la sociedad balear, un grupo de militantes de UPyD en Baleares ha formado un grupo de trabajo sobre Educación y Lengua, con el objeto de presentar a medio plazo una propuesta concreta de reforma educativa en las islas.

Unión, Progreso y Democracia promoverá medidas que mejoren la calidad de la enseñanza recibida por nuestros estudiantes, que figuran en el vagón de cola de la educación en España. Así mismo trabajará por garantizar que los padres de los alumnos tengan plena libertad de elección por lo que se refiere a la lengua vehicular en la educación de sus hijos.

A fin de promover ese debate, el grupo de trabajo ha abierto el blog Por una reforma educativa, en el que se irán vertiendo propuestas con un carácter progresivo de concreción y comentarios por parte de los lectores.

Paralelamente, un grupo de docentes próximos a las ideas de reforma educativa que defiende UPyD ha abierto el blog La manca d'Educació, en el que los lectores encontrarán anécdotas relacionadas con el mundo de la enseñanza, presentadas desde un punto crítico. Nos parece una iniciativa complementaria políticamente incorrecta y, por tanto, muy oportuna.

Se empieza por hablar sin propiedad y se acaba diciendo tonterías. Es lo que les ha sucedido a muchos de nuestros dirigentes, acostumbrados durante demasiado tiempo a usar el lenguaje para disimular la realidad y no para explicarla. El desliz de Bibiana Aído (que posiblemente no pasará a la historia como la ministra más joven del ministerio más progre, sino como la más superflua de las enchufadas del zapaterismo), esa irrepetible majadería de “los miembros y las miembras” que ni siquiera el lehendakari Ibarretexe se atrevió nunca a perpetrar, no desvela sólo su enorme desconocimiento de la lengua que maltrata, sino una confusión de ideas evidente y una notable incapacidad para articular un discurso de contenidos mínimamente razonables.

Porque el problema no es que la joven no sepa hablar (don Gregorio Salvador, de la RAE, le ha pegado un repaso del que si tiene vergüenza le costará olvidarse). El problema es que nada de lo que dijo la ministra tenía el menor interés. La extrema frivolidad de esta caterva de progres de cuota que nos gobierna nos deja ineludiblemente una triste sensación de desamparo. Nada que ver con aquellos políticos de parla deslumbrante y mente prodigiosa, dos características que andan de la mano: Calvo-Sotelo, Ruiz-Jiménez, Fraga Iribarne, Peces Barba, Herrero y Rodríguez de Miñon, Solé Tura, Roca i Junyent… Nada que ver con la formación sólida y densa de los padres constituyentes, nada que ver siquiera con la astucia de un Suárez o un González. Nada: Bibiana Aído no debe su cargo a un currículum brillante, que no tiene, ni a una experiencia rematada, que tampoco, ni a una oratoria depurada ni a dotes especiales que conozcamos, no, sino a la política basada en mera propaganda del presidente y a su aparentemente única y, ésta sí, demostrada virtud de medrar en los salones de la partitocracia andaluza. Apenas tiene experiencia laboral, ni una cultura mediana ni tal vez una inteligencia que destaque más allá del oportunismo en que tan bien les ha ido a sus jefes Blanco y Zapatero y un regular desempeño como Bloguera en el País de las Maravillas Progres. No es de extrañar, por tanto, su propuesta de remediar los malos tratos a la mujer mediante un número telefónico a disposición de los maltratadores.

Si no estuviéramos hablando de lo que estamos hablando, sería un mal chiste. Pero es que, además, el Ministerio de Igualdad no está dotado de un presupuesto serio. Está, como casi todo en la era zapateril, improvisado deprisa y corriendo: como su web, como su ministra y como la primera intervención de su ministra. Que a Aído le haya costado todo este tiempo preparar una intervención como la de ayer (sin contenidos palpables, sin una expresión correcta, sin nada reseñable salvo el cuidado de la imagen), que un académico la haya reprendido duramente por errores de expresión dignos de la ESO y que su misma número dos haya tenido que salir al paso de tanta infantil improvisación es demasiado indicativo. Así pues, tenemos una ministra improvisada e improvisadora, un ministerio desprovisto de recursos y un discurso ñoño que insiste en presentar la nada bajo los oropeles pijo-progres más manidos del zapaterismo... Todavía debe haber quien se crea que para proteger los intereses de la mujer hace falta montar un equipo exclusivamente femenino. Claro: por eso en las Cortes y en los consejos de administración de todas las empresas hay también una cuota de obesos, otra de agricultores, otra de enfermos hepáticos y otra de directivos de la SGAE: ¿quién podría, sino ellos mismos, entender y defender los intereses respectivos de colectivos tan discriminados…? Pero no caben bromas: todavía, es cierto, hay quien se cree que decir “Consejo de Ministros y Ministras” es más justo que decir “Consejo de Ministros”. Y si las etiquetas fáciles nos interesan más que la propiedad de nuestras palabras, ya sabemos qué discurso podemos esperar: el de las apariencias. Pero hasta para guardarlas hay que mostrar cierta habilidad.

Estas cosas suceden desde que los falsos progresistas españoles, adaptando sin necesidad el vocabulario norteamericano, se empeñan en confundir el sexo con el género. Las personas tienen sexo y pueden, aunque no deberían, discriminarse o maltratarse las unas a las otras por motivo de sexo. El género, en cambio, lo tienen las palabras, y no es machista ni feminista: es un inocente accidente del lenguaje, una herramienta para entendernos, por lo cual decir “las y los jóvenes” es una gran cursilería innecesaria, pero decir “los miembros y las miembras” es, además, un atentado contra la gramática que, posiblemente, la joven ministra Aído estudió ya bajo los efectos estupefacientes de la LOGSE. Si hablamos del género de las personas, y no de su sexo, sólo podremos hablar del género Homo, al que pertenecemos los humanos y, según teorías científicas recientes que algunos datos de la política española parecen corroborar, los chimpancés. Aunque es cierto que existe otro género de personas del que se puede hablar sin forzar el lenguaje: el género tonto. Pero aquí veo que he de parar.

En la actual polémica lingüística entre el Gobierno social-nacionalista de las Islas Baleares y la compañía Air Berlín estamos alcanzando cotas de absurdo impensables en cualquier país civilizado. Recordemos los hechos: el Govern, a través de su directora general de Política Lingüística, Margalida Tous, insta por escrito a la compañía aérea a fomentar el catalán entre su personal a fin de que las azafatas se dirijan a sus pasajeros en el idioma de Llull. El director general de Air Berlín, Joachim Hunold, contesta a esta impertinencia mediante un editorial de la revista que edita, en el que se lamenta de que el castellano sea tratado en Baleares como “una lengua extranjera más”, se pregunta si también deberán dar cursos de vasco y gallego puesto que Air Berlín vuela a Bilbao y a Vigo y, en definitiva, se niega a asumir la propuesta de normalización lingüística de la comisaria Tous, una negativa que reitera, junto con su respeto hacia los catalanohablantes, el responsable de la compañía para España y Portugal, Álvaro Middelmann.

La reacción no se hace esperar: Carod-Rovira (el líder oficial del separatismo catalán) y el presidente Montilla (su colaborador) apoyan la iniciativa de sus amigos baleares por medio de una carta en que la Generalidad recuerda a Air Berlín que opera en seis aeropuertos de los Països Catalans; la Plataforma per la Llengua (una asociación separatista) llama al boicot contra Air Berlín; el Lobby per la Independència (una banda xenófoba que sobrevivió a las últimas glaciaciones en Mallorca) llama a Hunold “puta nazi boig” o “nazi subnormal”, y a Álvaro Middelmann “fatxa foraster madrileny”; Joves de Mallorca per la Llengua (una plataforma juvenil separatista) organiza una manifestación ante la sede de la empresa; el diario Avui echa leña al fuego y publica, entre otras cosas, que el 94% de sus lectores (muy escasos, como todo el mundo sabe, pero casi todos separatistas) exige disculpas de Air Berlín; Joan Puig, exdiputado de ERC (y por tanto separatista), difunde en su blog un montaje fotográfico en que se mezcla el logo de Air Berlín con la svástica y propone hacer google bombing con él; la Obra Cultural Balear (un chiringuito separatista muy bien montado), por medio de su inefable Oficina de Derechos Lingüísticos, propone también bombardear la dirección de Air Berlín con un mensaje en el que, conforme a su habitual estilo subvencionable, no recurre al insulto; y, en fin, todo el submundo catalanista se esfuerza por presentar la inaudita intromisión de la comisaria Tous en los asuntos privados de una compañía privada como si fuese un ataque (“atac nazi”) de ésta contra el catalán y los catalanohablantes, lo cual es radicalmente falso.

(Hay que apuntar, porque nunca está de más, que toda esta ruidosa campaña se hace fundamentalmente con el dinero del contribuyente. No hace falta decir de quién cobran Tous, Carod o Montilla; la Plataforma per la Llengua, la Obra Cultural Balear y Joves de Mallorca per la Llengua están generosamente subvencionados por los ejecutivos catalán y balear, Avui sobrevive exclusivamente gracias a las subvenciones y la publicidad institucional; y Joan Puig vive o ha vivido de los presupuestos públicos. Pero no es nada nuevo: ya deberíamos saber que toda campaña separatista en España se hace con cargo al dinero de nuestros impuestos.)

En este ambiente exento de presiones, como hemos podido comprobar, el presidente de Baleares, Francesc Antich, insiste hoy en que el Govern se reunirá con Air Berlín para tratar este asunto de normalización del catalán. Según Europa Press, Antich opina que “el Ejecutivo tiene la obligación de ir avanzando en la normalización lingüística” y esto no es incompatible con el fomento del turismo o las buenas relaciones con las empresas; es algo “que se tiene que hacer, se debe llevar a cabo de común acuerdo y hablando entre todos”.

Recapitulemos. 1. La comisaria Tous envía un requerimiento improcedente a Air Berlín para que ésta se dirija a sus pasajeros en catalán (una aspiración que hasta el momento no parecía un clamor popular). 2. Air Berlín contesta educadamente que no comparte ese punto de vista y que como se trata de una compañía privada y no presta un servicio público aplicará sus propios criterios. 3. El separatismo catalanista en pleno le echa sus perros rabiosos y subvencionados, que insultan, muerden los tobillos y se esfuerzan por poner contra la pared a los directivos de Air Berlín. 4. En este punto interviene el presidente Antich, pone cara de buena persona y afirma que, puesto que, nos pongamos como nos pongamos, la normalización es algo que se debe hacer, será mejor (dado el ambiente que una directora general de su gobierno y sus socios en el mismo se han encargado de crear) que lo hagamos por las buenas y hablando. ¿La vieja táctica del poli malo y el poli bueno?

Pero Antich, por más que lo repita, miente: la normalización no es algo que se tiene que hacer. Es un mecanismo uniformador esencialmente perverso, que tiene por objetivo modificar las dinámicas sociales en torno al lenguaje y la mitología separatista y que por supuesto no es obligación de ningún gobierno, sino una elección libre y basada en presupuestos ideológicos o estratégicos. Cuando alguien quiere presentarnos su propia decisión como una obligación ineludible, hemos traspasado una línea peligrosa, la misma que traspasamos cuando consideramos los asuntos privados de una empresa privada objeto de regulación pública: la del totalitarismo. Porque aquí, entendámonos bien, la única obligación que tiene el presidente Antich, o que ha decidido tener, es la de cumplir sus compromisos con los cinco partidos radicales que le permitieron alzarse con el poder habiendo perdido las elecciones, cinco partidos minúsculos que van desde el oportunismo puro y duro –aunque en cada caso por diverso motivo– de Unió Mallorquina o Izquierda Unida hasta el separatismo recalcitrante del PSM o ERC; cinco partidos en sí prácticamente irrelevantes, pero que reunidos en torno al PSOE de las islas invalidan el 47% de los sufragios que recibió en las autonómicas del año pasado el PP, cuyos dirigentes, si les queda decencia, se estarán arrepintiendo hoy de las leyes normalizadoras que aprobaron en el pasado.

El presidente Antich podría optar también por cumplir sus compromisos con la Constitución respecto del castellano, o con el sentido común, o con el sentir infinitamente mayoritario de los mallorquines, que asisten a este espectáculo de sus políticos tan ajenos e impotentes como al espectáculo de corrupción desbocada que los juzgados van destapando con cuentagotas durante los últimos meses. Pero no: Antich prefiere conservar el poder, aunque esto sólo le haya servido para promulgar tres leyes en todo un año parlamentario, y para ello tolera y defiende que los radicales a quienes ha entregado el control de las áreas de gobierno relacionadas con la cultura y la llamada política lingüística presionen de manera intolerable a una empresa que genera en Baleares mucha más riqueza de la que ellos sabrán generar nunca. Espero que los abogados de Hunold y Middelmann encuentren viable esa querella que están estudiando y que Air Berlín le caiga encima a los responsables de esta persecución vergonzosa con todo el peso de la ley. Entre tanto, aquí tienen mi modesta solidaridad con la compañía, y también mi tristeza: pobre España.

[Texto completo del comunicado emitido hoy por Unión, Progreso y Democracia en Baleares]

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) apoya las recientes declaraciones de directivos de Air Berlín contra la imposición del catalán

(Joachim Hunold y Álvaro Middelmann ponen en su verdadero sitio a la comisaria lingüística del Govern, Margalida Tous)

Unión, Progreso y Democracia quiere denunciar una vez más las prácticas de presión del Gobierno de Baleares contra el uso del castellano ya no sólo en el ámbito público, sino también en el puramente privado. Tras la campaña de intensificación de la normalización lingüística en la Administración y la campaña Ara és la teva. Parla català, con el fin casi explícito de arrinconar el castellano en su uso privado y convertirlo en una lengua de segunda y, lo que de verdad nos importa, a sus hablantes en ciudadanos de segunda, conocemos ahora la misiva que Margalida Tous, directora general de Política Lingüística, remitió a la gerencia de Air Berlín con el fin de insistir en la necesidad de que el personal de esta compañía alemana basada en Palma utilice el catalán con sus pasajeros.

Que un ejecutivo dedique esfuerzos y recursos a persuadir a importantes empresarios de que empleen una u otra lengua en sus relaciones con sus clientes es, además de entrometimiento e impertinencia, un desatino sólo comparable al caso de que el Govern aconsejara a los restaurantes el menú que deben ofrecer o a los modistas la longitud que deben alcanzar las faldas de sus creaciones. En un nuevo alarde de feroz intervencionismo sociolingüístico, el gobierno Antich hace el ridículo inmiscuyéndose en los procesos naturales de la sociedad civil, pretendiendo moldearlos como si hubiésemos vuelto a los tiempos de la vieja Unión Soviética. No basta con alegar que el Govern sólo aconsejó; ¡es que ir más allá habría sido delito! Pero todos conocemos la fuerza que tiene un consejo que proviene del poder.

Frente al boicot anunciado por la organización separatista Plataforma per la Llengua contra Air Berlín, UPyD anima a los ciudadanos de estas islas, en particular a los empresarios y muy especialmente a los directivos de Air Berlín a mantenerse firmes en la defensa de sus derechos y a mantener los criterios de eficacia, servicio y rentabilidad frente a los absurdos requisitos de la mitología nacionalista. UPyD, también, quiere recordar a la ciudadanía que el PSOE y el PP, en virtud de sus muchos años de gobierno en alianza con fuerzas políticas separatistas o puramente oportunistas y de su acción legislativa cuando menos equívoca, son los máximos responsables del actual estado de cosas, en que partidos anticonstitucionalistas sin apenas apoyo del electorado, como ERC o el PSM, dirigen la política cultural y lingüística de las islas merced a la falta de principios y de escrúpulos de aquellos partidos grandes. UPyD reitera su compromiso de no pactar jamás con nacionalistas para gobernar y su promesa de suprimir los departamentos de política lingüística de todas las instituciones insulares tan pronto alcance el poder.

Una de las imágenes de la hipocresía que siempre me ha molestado especialmente es la de esa señora tan típicamente carpetovetónica que, envuelta en un grueso pellejo de animal muerto y deslumbrando a la parroquia con sus joyas, añade a éstas el ornamento del carné de una entidad filantrópica que los de su clase gestionan para, desde sus alturas, favorecer a los desfavorecidos. Lo mismo organiza un mercadillo de beneficencia que dona las migajas de su bienestar a los negritos y a los chinitos del Domund o al lisiado que acampa en horario de misa a la puerta de la iglesia. “No se lo gaste usted en bebida”, podemos imaginar que aconseja la buena señora al mendigo como conveniente guarnición de la moneda entregada, desde la tranquilidad que otorga saber cómo son las cosas: como siempre han sido.

La caridad, que –como la fe y la esperanza– aparece definida en los crucigramas y en algunos tratados como virtud teologal, me ha reventado siempre porque no tiene por protagonista al que la recibe, sino al que la practica: ¡valiente virtud! Soy caritativo porque, en el fondo, soy mejor que el mendigo: yo sé en qué se debe gastar el dinero; pero, sobre todo, sé cómo se gana –y él no. Practico la caridad porque soy así de generoso y encima gano el Cielo. La caridad no es un derecho del pobre, sino una gracia que el pudiente le concede mientras demuestra su buen corazón y al mismo tiempo marca el abismo insalvable de la diferencia social y garantiza que todo siga en el lugar en que siempre estuvo. Un rito rentabilísimo.

A diferencia de la caridad, la solidaridad no presupone gracia ni bondad, sino compromiso. Soy solidario porque considero que quien recibe los frutos de mi solidaridad tiene derecho a ellos. En un planteamiento solidario, y así es también en el derecho civil occidental desde los tiempos de Justiniano, todos estamos en la misma posición, todos nos reconocemos intereses comunes y, por tanto, todos nos hacemos responsables de la solución de los conflictos con la convicción de que aportaremos hasta donde podamos aportar porque asumimos que los problemas del otro son también nuestros problemas. La solidaridad –la fraternité de los revolucionarios– es una aspiración que, junto con las de la libertad y la igualdad, permite tejer la malla social con el hilo de la justicia. La ayuda solidaria pretende ir más allá del parche coyuntural, ya que el solidario sabe ponerse en el lugar del otro y, por tanto, intenta que las soluciones dadas afecten la estructura de su problema y tiendan a minimizar o eliminar su necesidad ulterior de ayuda. Otra cosa es que muchos entiendan hoy la solidaridad como la vieja caridad, incluidas OONNGG, instituciones y políticos cantamañanas. Dar dinero a determinadas causas para lavar la conciencia, para comprar la respetabilidad social o porque está de moda o procura votos no es solidaridad: es caridad en su modalidad más genuinamente farisea. O sea: más que una virtud cristiana, una auténtica putada.

Y he aquí que, un poco por inercia socialdemócrata y otro poco por la generalizada desactivación del sentido del compromiso moral que mina nuestra sociedad, nuestro estado del bienestar zapateril se nos presenta como la madre de todas las caridades. El presidente Zapatero pretende resolver todos los problemas –incluidos los que nadie le llamó a resolver– a golpe de talonario y sin prestar atención siquiera a la progresividad que es exigible en todo mecanismo de redistribución de la renta. ¿Que a la gente se le pone cuesta arriba pagar la hipoteca? Suelto lo de los famosos 400 euros fantasma y listo. ¿Que a los jóvenes les cuesta un ojo de la cara alquilar su vivienda? Cheque que te crió. ¿Que hay hambre en el mundo? Pues va Zapatero a la cumbre de la FAO y, en plena crisis, promete nada menos que 500 millones de euros para “garantizar la seguridad alimentaria” mediante reuniones “de alto nivel” para hablar de la más absoluta nada, que es algo que le chifla, y –si la cosa llega a materializarse en un programa real de acción– mediante grandes sumas de dinero que, a través de las instituciones españolas de cooperación al desarrollo, irán a parar de los bolsillos del contribuyente español directamente a los de algunos dictadores africanos ávidos de fotos y a los de sus cortesanos. No sé si me da más risa esta nueva tontería de “garantizar la seguridad alimentaria” o la de la Alianza de Civilizaciones, pero en cualquier caso me sirve como perfecta ilustración de lo que quería afirmar: frente a la solidaridad, que es progresista porque pretende atender la mejora de las circunstancias de todos a través de un compromiso con la libertad, medidas planificadas y concretas de acción sobre objetivos determinados y medidas de control y evaluación de los resultados, la caridad, que es perfectamente improvisable y mucho más acorde con la acción propagandística, que no requiere grandes complejidades éticas ni controles posteriores porque se perfecciona en el mismo acto de dar, es inequívocamente conservadora: tiende a preservar las diferencias y a hacer que la solución (aunque sea aparente) de los problemas siga dependiendo indefinidamente de los mismos colectivos, personas o países.

No es que yo me quiera poner demagógico, pero no puedo evitar una reflexión un tanto gráfica: si yo fuera una de esas personas que por millones pasan hambre en África, me plantaría delante de Zapatero y le diría: “Gracias por sus buenas intenciones, pero no me venga usted con caridad. Si tanto les interesa combatir el hambre en el mundo, más bien sean ustedes solidarios y no gasten tantísimo dinero en acumular palabras; mejor dejen de fabricar las armas con que nuestros tiranos nos masacran; dejen de apoyar en su política exterior las iniciativas con que Francia nos somete y explota nuestros recursos; no dejen ustedes su pretendida ayuda en manos de los gobiernos que nos esquilman, o al menos no sin control. Y, sobre todo, no me sea usted cantamañanas, que me ofende.” Lo malo es que no tendría ocasión de hacerlo, porque nunca me invitarían a una de esas reuniones de alto nivel: la caridad se gestiona entre iguales.

Juan Luis Calbarro.
Coordinador territorial de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en las Islas Baleares.

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