Hora de progreso

Comentarios políticos, por Juan Luis Calbarro

Contra el totalitarismo, la lengua común

jlcalbarro | 26 Junio, 2008 19:14

Hay una tendencia clara a confundir la defensa de ciertos principios con el "nacionalismo español". Con una violencia mucho menor, pero con un nivel de sectarismo perfectamente similar al del nacionalcatolicismo de hace cuarenta años, muchos nacionalistas periféricos se consideran autorizados para anular toda una serie de razonamientos de un plumazo verbal: los adjetivos "facha" o "franquista", lanzados como argumentos definitivos sin necesidad de ulteriores argumentos. Qué fácil y qué bonito es estar en posesión de la verdad oficial.

Así sucede cuando, tras colgar en mi blog el texto del Manifiesto por la lengua común recientemente publicado por una serie de intelectuales de enorme prestigio (éstos sí lo son, y no aquellos intelectuales de pacotilla del "No a la guerra" y del "Sí al canon digital"), aparece un comentarista que firma Francisco Franco Bahamonde y nos amina: "Adelante, camaradas". La disparatada comparación de Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner con Francisco Franco -idéntica a la que se hizo de los directivos de Air Berlin con Adolf Hitler- en absoluto puede deducirse del texto de este manifiesto, sino de los prejuicios desde los que algunos abordan el mismo. De un texto como éste, que no habla de patrias ni de esencias, sino de algo tan puramente natural como el ejercicio de los derechos y libertades y de ciudadanía responsable, sólo alguien que no entiende lo que lee o que gusta de tergiversarlo podría deducir similitudes con el franquismo. Lo cual me proporciona una razón más para no ser nacionalista: el nacionalismo en dosis elevadas parece desconectar las neuronas.

Tengo que insistir porque otro comentarista vuelve a ignorar olímpicamente el contenido del Manifiesto para desmentir con cierto sarcasmo que el castellano esté "amenazado en Baleares", cuando en ningún lugar del manifiesto ni de mi breve introducción se puede leer que el castellano esté amenazado en Baleares. ¿Realmente no saben leer o es que las orejeras nacionalistas se lo impiden? El castellano no está amenazado ni en Baleares ni en ninguna otra región bilingüe de España, y desconocería la realidad quien lo afirmase; sí lo están, en cambio, y en todas ellas, los derechos individuales y personalísimos de los ciudadanos castellanohablantes. Y es que el castellano, como el catalán, no tiene derechos, pero sus hablantes, mal que a algunos les pese, sí.

Si un catalanohablante puede optar a una plaza de jardinero o de catedrático en Murcia, pero un murciano no puede optar a lo mismo en Sabadell porque no habla la lengua cooficial, no tienen los mismos derechos. Si un gallego puede ser médico o bedel en Badajoz pero un pacense no puede serlo en Vigo porque le falta el gallego, no tienen los mismos derechos. Si un mallorquín puede elegir el catalán como lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos y otro mallorquín no puede escoger el castellano, no tienen los mismos derechos. Si un contribuyente recibe las resoluciones de la administración que afectan a sus derechos y obligaciones en su lengua mientras otro las recibe en una lengua que desconoce o conoce peor, lo que le obliga a permanecer relativamente indefenso ante la administración, contratar un traductor o añadirle a todo el engorro el trámite de pedir la resolución en su lengua, pues, señor mío, no tienen los mismos derechos. Si a uno se le enseña que su lengua es una lengua de cultura y prestigio social y que le abrirá las puertas de la administración, del empleo y de la buena vida, mientras que a otro se le enseña que su lengua no es apta ni para hablarla en el recreo, que es una lengua de killos y no le reportará ningún beneficio aprenderla con esmero, el castellano no desaparacerá, no, pero ese castellanohablante se convertirá en un ciudadano de segunda, gracias a los nacionalistas y en beneficio de los caciques locales.

Así que bienvenido sea ese Manifiesto, que tanta falta hacía. Cuando algunos argumentan que el conflicto lingüístico realmente no preocupa a los ciudadanos y que, por tanto, no es un problema, creen saber más que los politicastros locales y sus comisarias lingüísticas: ¿creen de verdad que gente tan aparentemente preocupada por el control de la sociedad (y de sus recursos) invertiría enormes presupuestos en normalizaciones, inmersiones y campañas majaderas sólo por capricho? ¿Creen que un gobierno ofendería gravemente a empresas (Air Berlin) e individuos (Rafael Nadal) que generan enorme riqueza en todos los sentidos, contra toda sensatez y contra la praxis mercadotécnica más elemental, sólo por torpeza? Me sabe mal, pero he de sonreír ante tamaña ingenuidad o indignarme por tanta mala fe. Yo, que soy un poco más desconfiado, opino que los mafiosillos locales, que desde la Transición se han hecho con los resortes del poder autonómico y municipal, dejando a los caciques de la Restauración sometidos a la consideración de pobres aprendices, saben que manipular la identidad colectiva es la mejor vía para contar con una ciudadanía acrítica, seguir manteniendo el poder y disponer sin trabas de los recursos que deberían ser de todos: totalitarismo se llama, sí, pero es lo que hay; y en todo ello la exclusión de la lengua común juega un papel fundamental. Así de malpensado es uno.

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Manifiesto por la lengua común

jlcalbarro | 26 Junio, 2008 01:32

Por su mucho interés, especialmente en unas Baleares gobernadas por un hexapartito que demostradamente busca la erradicación del castellano de todos los ámbitos públicos (decreto de ordenación de la enseñanza infantil, primaria y secundaria, campañas en la administración autonómica, subvención de todo lo que se expresa en catalán e ignorancia de todo lo que se expresa en castellano) y, a ser posible, de los privados (persecución de la empresa Air Berlín, campaña Ara es la teva), reproduzco a continuación el manifiesto publicado hace unos días a favor del castellano por intelectuales de diversas procedencias. Puede uno adherirse aquí.

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MANIFIESTO POR LA LENGUA COMÚN

23 de junio de 2008

Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.

Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:

1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.

2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).

3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.

4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.

Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:

1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.

2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.

3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.

4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.

5.. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.

Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.

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