Hora de progreso

Comentarios políticos, por Juan Luis Calbarro

¿Corrupción? Pues claro

jlcalbarro | 30 Octubre, 2008 05:54

A alguien que no conozca el régimen político español le puede parecer chocante la situación que vivimos en Baleares: un parlamento donde un puñado de personajes imputados en diversas fases de sus respectivos procesos penales deciden mayorías, legislan, aprueban presupuestos. Pero que la bajeza moral de la política balear sea extremada no significa que sea esencialmente distinta a la que caracteriza, aunque de momento se manifieste con menor intensidad, otras regiones de España con fiscales tal vez menos diligentes. El régimen español prima a los corruptos porque los partidos que permean toda actividad pública sobreviven gracias a una bien engrasada maquinaria de financiación ilegal, a base de comisiones ilegales y cohechos varios. Haber tolerado que dirija la república una casta de mangantes sin escrúpulos, cuya habilidad para corromperse sostiene económicamente en pie todo el edificio partitocrático, tiene como ineludible corolario la aplicación de esa falta de escrúpulos no sólo a los trapicheos clandestinos, sino también a la política visible. La mangancia se ha contagiado de los partidos a las instituciones.

La más grave no es, por tanto, la corrupción que consiste en llenarse los bolsillos o en llenar las arcas del propio partido con cargo al contribuyente. Y digo que no es la más grave porque, al fin y al cabo, a veces los fiscales y los jueces llegan a perseguir y castigar a quienes así se corrompen. Lo más grave es que consideremos legítimas actuaciones políticas que traicionan y pervierten el sentido de las instituciones democráticas.

Así, presumimos corrupto a Bartomeu Vicens, pero no son menos corruptos quienes a partir de ahora, y tras unas solemnes manifestaciones de condena que a nadie engañaron (y si no fíjense en la sonrisilla ufana de Vicens), se limitarán a mirar para otro lado mientras el imputado sigue votando lo mismo que votaba antes, es decir, a quien la señora Munar le diga. Los presupuestos de la comunidad se van a aprobar con el voto del tránsfuga imputado y a nadie se le van a caer los anillos. Pero es que la alternativa sería sacarlos con los votos del rebaño de imputados que a su vez pastorea Rosa Estaràs. Y ahora parece que el PSOE-PSIB va a aportar su propio imputado, para no ser menos: Xico Tarrés, por el caso Ibiza. En el fondo, ¿qué más da? No es ilegal, así que tendremos que seguir solazándonos con este espectáculo mientras ellos quieran.

En otro ámbito, el nacional, lo retrató José Antich, director de La Vanguardia, hace unas semanas a propósito del acuerdo entre Gobierno, PNV y BNG para aprobar los Presupuestos Generales del Estado: “el PNV y el BNG no dan apoyo a una política económica, que es la que siempre se define en unos PGE, sino a una más que legítima transacción económico-política: competencias y dinero para sus respectivas comunidades autónomas a cambio de votos en el Congreso”. Subrayo aquello de la legitimidad porque he ahí el meollo de la cuestión: al PNV y al BNG no le gustaban esos presupuestos y así lo habían manifestado, pero en el último momento acceden a votar porque el Gobierno les concede unas migajas competenciales y unos dineros que comprometen al Estado de por vida: nada menos que, por ejemplo, 30 millones de euros para financiar la prejubilación de los ertzainas, lo cual, cuando la noticia cunda, provocará que los nacionalistas catalanes pidan para unos próximos PGE la financiación de la prejubilación de los mossos, y para otra vez sea la Policía Local de Madrid o la Guardia Urbana de Barcelona, o los cuerpos locales y nacionales de policía que cobran del Estado y que pueden aspirar a lo mismo… Sólo este ejemplo da idea de cómo el Gobierno alcanza irresponsablemente acuerdos a corto plazo que le sirven para sortear el bache generando socavones económicos que pagaremos entre todos de por vida… El presidente Zapatero soborna a unos socios que escoge entre los separatistas más desleales (uno de ellos, sin ir más lejos, denuncia a España ante las instituciones europeas siempre que puede y planteaba hasta hace dos días un referéndum anticonstitucional); los socios votan lo contrario de lo que dicta el sentido común porque su objetivo no es el bien del Estado, sino el poder en su comunidad autónoma; el Estado se endeuda más y se sientan las bases de un mayor endeudamiento; los demás partidos toman nota de que para conseguir dineros con los que sufragar sus redes clientelares locales no hay nada como ser desleal con el Estado, y así la deriva centrífuga se intensifica (CC, PP gallego, UPN…); y a Rodríguez Zapatero todo esto le da absolutamente igual, porque su única misión en la vida es permanecer, seguir apareciendo en las fotos con una sonrisa que conforme pasa el tiempo parece más y más impostada… Y lo más triste es que el director de un diario tenido por serio califica todo este cambalache como una más que legítima transacción económico-política. Éste es nuestro pecado: que consideramos legítimo lo que apenas es legal, y no siempre.

Pero no: no es legítimo usar las competencias como moneda de cambio. Que las competencias sean del Estado o de las CCAA no debe depender de la coyuntura parlamentaria, sino de criterios de eficacia y de un pacto constitucional entre partidos leales con la nación. No es legítimo salvar el año hipotecando el futuro, cuando esa hipoteca la vamos a pagar entre todos los españoles. Tampoco es legítimo, volviendo a Baleares, que el Govern y los partidos de un Pacto pretendidamente de izquierdas y pretendidamente ético se apoyen en el mismo partido al que acusaban hace un año, cuando estaban en la oposición y UM gobernaba con el PP de Matas, haciéndose ahora los sorprendidos por lo que entonces denunciaban y ganando las votaciones en el Parlament gracias a un tránsfuga acusado de varios delitos de corrupción… No dudo que todo esto es legal, pero nadie me convencerá de que sea legítimo.

No sé de qué nos quejamos. El afán de poder llega a convertirse en una enfermedad infecciosa, y ante semejante plaga que nos perjudica a todos cada día no vale de nada quejarse, sino procurar administrar el medicamento adecuado o, en caso de tolerancia, cortar por lo sano. Ya va siendo hora de dejar a algunos de estos inmorales fuera de las instituciones.

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UPyD considera “irrelevantes” y “demagógicas” las medidas de evaluación anunciadas por la consejera Galmés

jlcalbarro | 29 Octubre, 2008 18:13

[Nota de prensa de UPyD Baleares]

UPyD quiere valorar las iniciativas recientemente anunciadas por la consejera de Educación y Cultura, doña Bàrbara Galmés. La iniciativa que elabora la Consejería y que “permitirá evaluar el proceso de aprendizaje de los alumnos de cuarto de Primaria, la práctica docente, el trabajo del equipo directivo y el funcionamiento de las instalaciones escolares”, entrará en vigor “previsiblemente” el próximo curso y se desarrollará “al margen del desarrollo normativo de evaluación de los distintos niveles educativos”. La consejera ha aclarado inmediatamente que los sistemas de evaluación de docentes y directivos no tendrán carácter disciplinario ni se traducirán en ránkings públicos, y que “se trata de una iniciativa que aún está por negociarse y consensuarse con el sector”.

Unión, Progreso y Democracia considera, para empezar, que la responsabilidad de la señora Galmés va más allá de convocar de vez en cuando a los docentes y a la prensa para proclamar sus buenas intenciones: no tiene ningún sentido anunciar medidas de las que todavía no se sabe nada porque serán fruto de una negociación cuyo contenido e interlocutores aún no se conocen, y para las que tampoco se ha establecido un plazo determinado. Para esto no se necesita pagarle un sueldo a una consejera de Educación: con el gabinete de propaganda se cubre esta función sin necesidad de más gasto.

Entrando en el asunto de la evaluación, UPyD considera necesario que a los diagnósticos sigan medidas correctoras, en este caso, de la calidad de la docencia: evaluar sin más consecuencias que las meramente informativas es hacer perder su tiempo a profesores y funcionarios y gastar el dinero del contribuyente para nada, duplicando (como es costumbre del Govern) órganos y procesos administrativos. Es de sentido común que toda estrategia de evaluación tenga como consecuencia el cómputo público de méritos profesionales y, en caso justificado, sanciones; si no, estamos hablando una vez más de papel mojado. Que el STEI se pronuncie en contra de cualquier medida de carácter “punitivo” pone una vez más de manifiesto que este sindicato no trabaja desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza, sino desde el corporativismo y la defensa de los privilegios. Ni el Govern ni los sindicatos parecen interesados en una mejora real de la evaluación ni de la calidad educativa.

El verdadero problema de la Educación en España y, por tanto, en Baleares, es una legislación nacional absurda, que parte de una teoría demostradamente errada (la comprensividad), descarta el valor del esfuerzo continuado tanto por parte de los alumnos como de los profesores y fomenta el acomodo en la mediocridad; y un desarrollo legislativo autonómico que profundiza en este disparatado estado de cosas, como demuestran las últimas instrucciones de la Consejería para la implantación del bachillerato LOE, con las que se quieren rebajar aún más los criterios de promoción y, por tanto, el ya ínfimo nivel de la educación. Los certificados de calidad que sólo tienen en cuenta la habilidad burocrática de los profesores, pero en ningún momento la práctica en el aula ni los resultados entre los alumnos, no contribuyen en nada a elevar ese nivel, sino más bien a distraer recursos y dedicación de lo que de verdad importa: la transmisión de conocimientos a los alumnos. La consejera Galmés demuestra estar más interesada en la apariencia de actividad y en el maquillaje de cifras que en proyectos concretos que eleven eficazmente la calidad del sistema educativo.

UPyD valora las medidas de evaluación que anunció anteayer la consejera como irrelevantes y demagógicas y teme que causen sólo un mayor gasto público. UPyD considera que es necesario introducir, tanto entre los alumnos como entre los profesores, mecanismos realistas de evaluación, es decir, exámenes que tengan por objeto la eficacia de la instrucción, de la transmisión constatable de conocimientos; endurecer los criterios de promoción, de manera que la superación de una asignatura por el alumno y la promoción profesional del docente estén estrictamente relacionadas con esa transmisión de conocimientos por medio del trabajo esforzado y así se demuestre mediante pruebas objetivas; la separación temprana de los itinerarios del bachillerato y la formación profesional; y el reforzamiento de la autoridad de los profesores en el ámbito escolar. Toda medida que no apunte en estas direcciones podrá calificarse de papel mojado.

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Por la libertad lingüística. Carta abierta al Presidente Antich

jlcalbarro | 27 Octubre, 2008 15:23

He aquí el texto de la carta abierta que dirige hoy UPyD al presidente Antich, en respuesta a las recientes e intolerables manifestaciones de la directora de Política Lingüística, señora Tous, en relación con Air Berlin:

M. Hble. Sr. don Francesc Antich
Presidente del Gobierno de las Islas Baleares

Estimado Sr. Antich:

Con respecto a la polémica generada por la insistencia de la Dirección General de Política Lingüística en requerir a Air Berlin que emplee el catalán en sus vuelos, nuestro partido ha lamentado en varias ocaciones lo que siempre hemos entendido como una intromisión ilegítima en los asuntos de una compañía privada, intromisión que voces radicales como la de su socio el señor don Biel Barceló, por no hablar de personajes como Joan Puig Cordón, han elevado públicamente a términos de boicot sin que hayamos escuchado una condena firme por parte del Govern.

El pasado fin de semana la responsable del citado departamento, doña Margalida Tous, se ha manifestado en igual sentido en el semanario del Grupo Serra, Brisas. Afirmar públicamente que no viajará con Air Berlin ni aunque los billetes de otras compañías le cuesten el doble nos parece una llamada directa al boicot hecha desde su autoridad como miembro del Govern y, por tanto, un abuso y un atropello intolerable. Del mismo modo en que hace unas semanas protestamos por la llamada al boicot que ASOCOLOMBIA dirigió contra los productos etiquetados en catalán y los comercios rotulados en esta lengua, en este caso tenemos que condenar las irresponsables manifestaciones de la señora Tous.

UPyD considera que los boicots son medidas puramente agresivas, que llaman al enfrentamiento sin aportar ningún elemento constructivo al debate y que siempre son sufridos por los eslabones más débiles de la cadena social. Es más, creemos que la mera existencia de un departamento de Política Lingüística aproxima la acción política al comisariado y somos partidarios de su supresión. En cualquier caso, la persecución desde instancias oficiales de una compañía privada que genera en las islas una enorme riqueza nos parece profundamente lesiva no sólo para los derechos individuales, sino también para los intereses generales de Baleares. Creemos que las afirmaciones de la señora Tous van en contra no sólo de Air Berlin, sino de la libertad de los ciudadanos de esta comunidad autónoma: parecen indicarnos que el que desobedezca las instrucciones lingüísticas del Govern, incluso en el ámbito privado, se arriesga a ser señalado y sufrir persecución de parte del mismo. No deseamos que esto se convierta en una espiral antidemocrática alentada desde el Govern.

Así pues, exigimos una rectificación pública por parte de la señora Tous. En su defecto, le exigimos a usted, como presidente de nuestro gobierno, que nos indique si es de la misma opinión que la directora general y, si no lo es, qué medidas va a tomar a este respecto.

Agradeciendo de antemano su atención, quedo a la espera de sus noticias, etc.

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