Hora de progreso

Transcribo a continuación el documento publicado hoy por Unión, Progreso y Democracia en Baleares, para someterlo a debate público:

Desde su fundación, Unión, Progreso y Democracia ha puesto especial interés en denunciar los perjuicios que el nacionalismo ha ocasionado a la libertad y a la igualdad de los ciudadanos españoles. Observamos con preocupación que la ideología nacionalista ha conseguido infiltrarse en las políticas de los partidos supuestamente no nacionalistas. Se deba a la ignorancia de planteamientos alternativos a tales convenciones o a la necesidad de pactos con fuerzas radicales y minoritarias con tal de asegurarse el poder, UPyD se perfila como única fuerza libre de tales prejuicios y señala la urgencia de corregir sus nocivas consecuencias.

Las Islas Baleares son un ejemplo de cómo doctrinas incompatibles con las sociedades modernas, por mucho que se nos presentan falsamente como conquistas de la modernidad, repercuten en campos sensibles de la sociedad. La radicalización del Govern Balear al pretender erradicar de la vida pública el castellano es un paso más en la pendiente que conduce a primar los rasgos compartidos por un colectivo (la raza, la religión, lengua, sexo, clase social…) como característica capital para definir a quienes puedan disfrutar legítimamente de ciertos derechos y oportunidades. En definitiva, una resolución excluyente, que nos retrotrae a épocas históricas teóricamente superadas.

Al amparo de gobiernos autonómicos del PP y PSOE, el Decreto de Mínimos y la Ley de Normalización Lingüística son ejemplos de cómo la obsesión identitaria ha distorsionado dichos campos. El resultado ha sido la práctica expulsión de las aulas de una lengua oficial y el uso discriminatorio de la lengua en un número creciente de ámbitos, como el acceso a la docencia, a la administración de la Sanidad o en general al funcionariado, del que quedan excluidos los españoles que no tengan titulación previa de catalán. La consecuencia directa de anteponer el dominio de una lengua a la formación profesional es una calidad inferior de los servicios prestados a la ciudadanía.

A pesar de ello, la realidad de Baleares es la de una sociedad bilingüe y permeable en la que sólo desde la asunción de posturas imbuidas de ideología nacionalista se afirma que exista un problema real. Por eso lamentamos las imposiciones de quienes no aceptan dicha realidad como un hecho enriquecedor. Además, echamos en falta una verdadera cultura de las libertades que permita comprender, a quienes supuestamente nos representan, que las políticas intervencionistas fracasan o producen efectos perversos mucho peores que la realidad que intentan transformar.

Creemos, por tanto, que el marco legal debe alinearse con dicho bilingüismo real en lugar de negarlo. No aceptamos el concepto de lengua propia recogido en el Estatuto, por ser el buque insignia de los planteamientos identitarios que denunciamos y que sirve de fundamento a la discriminación. Sólo las personas tienen lenguas propias, en ningún caso los territorios; por ello consideramos adecuado el concepto de lengua oficial y entendemos que las dos más implantadas deben serlo en igualdad de condiciones.

El debate mallorquín/catalán es una cuestión filológica que deben resolver los especialistas y en la que no deben inmiscuirse los políticos. Nuestros planteamientos en defensa de las libertades individuales nos impiden sustituir el catalanismo imperante por un balearismo. Y aunque entendemos que el segundo es una reacción ante el proyecto político que subyace al primero (la creación vía lingüística de los Països Catalans), la función de las autoridades no debe ser la de un planificador lingüístico que se atribuye la potestad de preservar ni modificar esencias históricas heredadas del pasado, sino propiciar un marco legal que asegure la igualdad de derechos para todos.

Muchos de estos asuntos cristalizan en el mundo educativo. Bastaría aceptar un bilingüismo real y efectivo para empezar a racionalizarlo. Eso permitiría invertir energías y medios en elevar el nivel de nuestros alumnos en lugar de convertirlo en una herramienta de control lingüístico e ideológico, una cuestión bastante más acuciante que la redacción de textos en mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense. La desaparición de la política de inmersión lingüística acercaría las aulas a la realidad plural de la calle, en lugar de convertir los centros en laboratorios de sociolingüística, en guetos, por lo demás, artificiales. UPyD actuará, desde el momento en que llegue a las instituciones, para promover la modificación del artículo 4 del Estatuto de Autonomía con el fin de eliminar el concepto de lengua propia y así restaurar la equiparación de las dos lenguas oficiales, así como para derogar la Ley de Normalización Lingüística y el Decreto de Mínimos y garantizar la elección de lengua vehicular por parte de los padres.

Si este asunto se tratara desde una perspectiva no visceral, se aceptaría sin acritud lo evidente: no sólo hubo un tiempo en que no existía ninguna de las lenguas que hoy en día usamos, sino que habrá un tiempo en que no existirán. No por ello la creatividad del ser humano ha dejado ni dejará jamás de originar nuevas formas de comunicación, para la que las lenguas no son más que un medio.

Palma de Mallorca, 1 de mayo de 2008
[Disponible en la web de UPyD en Baleares]

Juan Luis Calbarro.
Coordinador territorial de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en las Islas Baleares.

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