jlcalbarro | 26 Junio, 2008 01:32
Por su mucho interés, especialmente en unas Baleares gobernadas por un hexapartito que demostradamente busca la erradicación del castellano de todos los ámbitos públicos (decreto de ordenación de la enseñanza infantil, primaria y secundaria, campañas en la administración autonómica, subvención de todo lo que se expresa en catalán e ignorancia de todo lo que se expresa en castellano) y, a ser posible, de los privados (persecución de la empresa Air Berlín, campaña Ara es la teva), reproduzco a continuación el manifiesto publicado hace unos días a favor del castellano por intelectuales de diversas procedencias. Puede uno adherirse aquí.
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MANIFIESTO POR LA LENGUA COMÚN
23 de junio de 2008
Desde hace algunos años hay crecientes razones para preocuparse en nuestro país por la situación institucional de la lengua castellana, la única lengua juntamente oficial y común de todos los ciudadanos españoles. Desde luego, no se trata de una desazón meramente cultural -nuestro idioma goza de una pujanza envidiable y creciente en el mundo entero, sólo superada por el chino y el inglés- sino de una inquietud estrictamente política: se refiere a su papel como lengua principal de comunicación democrática en este país, así como de los derechos educativos y cívicos de quienes la tienen como lengua materna o la eligen con todo derecho como vehículo preferente de expresión, comprensión y comunicación.
Como punto de partida, establezcamos una serie de premisas:
1. Todas las lenguas oficiales en el Estado son igualmente españolas y merecedoras de protección institucional como patrimonio compartido, pero sólo una de ellas es común a todos, oficial en todo el territorio nacional y por tanto sólo una de ellas -el castellano- goza del deber constitucional de ser conocida y de la presunción consecuente de que todos la conocen. Es decir, hay una asimetría entre las lenguas españolas oficiales, lo cual no implica injusticia (?) de ningún tipo porque en España hay diversas realidades culturales pero sólo una de ellas es universalmente oficial en nuestro Estado democrático. Y contar con una lengua política común es una enorme riqueza para la democracia, aún más si se trata de una lengua de tanto arraigo histórico en todo el país y de tanta vigencia en el mundo entero como el castellano.
2. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios ni mucho menos las lenguas mismas. O sea: los ciudadanos que hablan cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el derecho de conseguir coactivamente hablantes ni a imponerse como prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc... en detrimento del castellano (y mucho menos se puede llamar a semejante atropello «normalización lingüística»).
3. En las comunidades bilingües es un deseo encomiable aspirar a que todos los ciudadanos lleguen a conocer bien la lengua cooficial, junto a la obligación de conocer la común del país (que también es la común dentro de esa comunidad, no lo olvidemos). Pero tal aspiración puede ser solamente estimulada, no impuesta. Es lógico suponer que siempre habrá muchos ciudadanos que prefieran desarrollar su vida cotidiana y profesional en castellano, conociendo sólo de la lengua autonómica lo suficiente para convivir cortésmente con los demás y disfrutar en lo posible de las manifestaciones culturales en ella. Que ciertas autoridades autonómicas anhelen como ideal lograr un máximo techo competencial bilingüe no justifica decretar la lengua autonómica como vehículo exclusivo ni primordial de educación o de relaciones con la Administración pública. Conviene recordar que este tipo de imposiciones abusivas daña especialmente las posibilidades laborales o sociales de los más desfavorecidos, recortando sus alternativas y su movilidad.
4. Ciertamente, el artículo tercero, apartado 3, de la Constitución establece que «las distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección». Nada cabe objetar a esta disposición tan generosa como justa, proclamada para acabar con las prohibiciones y restricciones que padecían esas lenguas. Cumplido sobradamente hoy tal objetivo, sería un fraude constitucional y una auténtica felonía utilizar tal artículo para justificar la discriminación, marginación o minusvaloración de los ciudadanos monolingües en castellano en alguna de las formas antes indicadas.
Por consiguiente los abajo firmantes solicitamos del Parlamento español una normativa legal del rango adecuado (que en su caso puede exigir una modificación constitucional y de algunos estatutos autonómicos) para fijar inequívocamente los siguientes puntos:
1. La lengua castellana es COMUN Y OFICIAL a todo el territorio nacional, siendo la única cuya comprensión puede serle supuesta a cualquier efecto a todos los ciudadanos españoles.
2. Todos los ciudadanos que lo deseen tienen DERECHO A SER EDUCADOS en lengua castellana, sea cual fuere su lengua materna. Las lenguas cooficiales autonómicas deben figurar en los planes de estudio de sus respectivas comunidades en diversos grados de oferta, pero nunca como lengua vehicular exclusiva. En cualquier caso, siempre debe quedar garantizado a todos los alumnos el conocimiento final de la lengua común.
3. En las autonomías bilingües, cualquier ciudadano español tiene derecho a ser ATENDIDO INSTITUCIONALMENTE EN LAS DOS LENGUAS OFICIALES. Lo cual implica que en los centros oficiales habrá siempre personal capacitado para ello, no que todo funcionario deba tener tal capacitación. En locales y negocios públicos no oficiales, la relación con la clientela en una o ambas lenguas será discrecional.
4. LA ROTULACION DE LOS EDIFICIOS OFICIALES Y DE LAS VIAS PUBLICAS, las comunicaciones administrativas, la información a la ciudadanía, etc... en dichas comunidades (o en sus zonas calificadas de bilingües) es recomendable que sean bilingües pero en todo caso nunca podrán expresarse únicamente en la lengua autonómica.
5.. LOS REPRESENTANTES POLITICOS, tanto de la administración central como de las autonómicas, utilizarán habitualmente en sus funciones institucionales de alcance estatal la lengua castellana lo mismo dentro de España que en el extranjero, salvo en determinadas ocasiones características. En los parlamentos autonómicos bilingües podrán emplear indistintamente, como es natural, cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Firmado por Mario Vargas Llosa, José Antonio Marina, Aurelio Arteta, Félix de Azúa, Albert Boadella, Carlos Castilla del Pino, Luis Alberto de Cuenca, Arcadi Espada, Alberto González Troyano, Antonio Lastra, Carmen Iglesias, Carlos Martínez Gorriarán, José Luis Pardo, Alvaro Pombo, Ramón Rodríguez, José Mª Ruiz Soroa, Fernando Savater y Fernando Sosa Wagner.
Eli | 26/06/2008, 17:22
Ayer apareció un artículo en la Vanguardia de Pilar Rahola, en la que arremetía contra los nacionalistas españoles y el manifiesto de Savater, Pombo o Vargas Llosa. Me chocó ver cómo sus argumentos podrían volverse del revés para criticar también el nacionalismo catalán (o pancatalán) de una forma totalmente análoga.
No comparto la iniciativa de UPyD y Savater, pero forma parte de una estrategia política y lobbística como otras muchas, tales como manifestaciones por la lengua (como vimos hace muy poco en las calles de Palma). Respetables todas.
Tal vez sea verdad que el nacionalismo sea un efecto de la injusticia. Sin embargo, ideologías que antes creían en el internacionalismo y la solidaridad (no sólo obrera), ahora sólo abogan por el beneficio de lo que consideran patrio. El nacionalismo cultural, lingüístico, es necesario y enriquecedor; el problema reside en que se convierte fácilmente en una ideología. Y una ideología principalmente nacionalista tiene como objetivos básicos diferenciarse de otra nacionalidad, dejando muchas veces en segundo plano los factores sociales, económicos y humanos. Ahí reside su permanencia en el tiempo, en diferenciarse de la competencia, y como algunos piensan, la "masa social" es un conjunto de compradores en potencia de una "mercancía política", que debe rediseñarse, renovarse, o perecer.
Ahí reside mucha de la apatía de la gente que no somos nacionalistas, ni antinacionalistas, que también los habemos.
Salut!
Juan Luis Calbarro | 26/06/2008, 18:03
Eli, gracias por el comentario. Hay una tendencia clara a confundir la defensa de ciertos principios con el "nacionalismo español", algo que no puede deducirse del texto de este manifiesto sino de los prejuicios desde los que algunos abordan el mismo. De un texto como éste, que jamás habla de patrias ni de esencias, sino de algo tan puramente natural como el ejercicio de los derechos y libertades y de ciudadanía responsable, sólo alguien que no entiende lo que lee podría deducir similitudes con el franquismo. Lo cual me da una razón más para no ser nacionalista: el nacionalismo en dosis elevadas desconecta las neuronas.
fray lokus | 26/06/2008, 18:26
Hola a todos, el problema de la lengua es un problema artificial que crean algunos para despistar en momentos en donde el problema es otro.
Decir que el castellano está amenazado en Baleares es como decir que la tierra es plana, basta ir por la calle y escuchar como habla la gente, siete emisoras de televisión y otras muchas de radio con el idioma de Cervantes como única lengua o lengua principal.
Recuerdo durante el final de los años 80 y donde la televisión privada todavía era un proyecto, el Govern Balear (del Partido Popùlar) solicitó a Gobierno de entonces que se emitiera en Baleares la versión catalana del segundo canal del Radiotelevisión Española, ahí sí quedo en minoría en castellano y nadie se rajó las vestiduras, eran otros tiempos en donde los comoponentes del partido popular no aspiraban a plantarse en Madrid y sí hacer carrera en Baleares, recuerdo que las protestas se iniciaron porque los programas eran muy localistas, problemas en el Garraf, los líos de Vilanova i la Geltrú, y lo más grave de todo, "la no emisión de los partidos del Real Madrid de baloncesto".
Al final con una excusa tontísima que no recuerdo se volvió a emitir la versión castellaba o general del segundo canal de radiotelevisión esapañola y todos tan contentos.
Ahora con una crisis económica galopante, hay que despistar y salen manifiestos como estos, del que por cierto ya se ha salido Ramoncín, aunque él asegura que nunca estuvo.
Por cierto las comunidades nonolingúes exceptuando Madrid son las que sus gentes menos idiomas hablan ¿Por qué? Por qué con el español ya somos dioses? ¿No hay necesidad de nada más?
Y eso de que aquí en las próximas oposiciones a la administración autonómica se exiga el certificado de nivel "C" de conocimientos de catalán es acertado, porque se da por hecho que el aspirante domina el castellano a la perfección y de momento no se han equivocado.
Juan Luis Calbarro | 26/06/2008, 19:01
Fray Lokus, de nuevo gracias por tus comentarios.
No obstante, tengo que insistir porque parece que en vez de juzgar prejuzgas: ¿en qué lugar del manifiesto o de mi introducción has leído que el castellano está amenazado en Baleares? El castellano no está amenazado; lo están los derechos individuales y personalísimos de los ciudadanos castellanohablantes. El castellano, como el catalán, no tiene derechos, pero sus hablantes sí.
Si un catalanohablante puede optar a una plaza de jardinero o de catedrático en Murcia, pero un murciano no puede optar a lo mismo en Sabadell porque no habla la lengua cooficial, no tiene los mismos derechos. Si un gallego puede ser bedel en Badajoz pero un pacense no puede serlo en Vigo porque le falta el gallego, no tiene los mismos derechos. Si un mallorquín puede elegir el catalán como lengua vehicular de la enseñanza de sus hijos y otro mallorquín no puede escoger el castellano, no tienen los mismos derechos. Si un contribuyente recibe las resoluciones de la administración que afectan a sus derechos y obligaciones en su lengua mientras otro las recibe en una lengua que desconoce o conoce peor, lo que le obliga a permanecer relativamente indefenso ante la administración, contratar un traductor o añadirle a todo el engorro el trámite de pedir la resolución en su lengua, pues, hijo mío, no tienen los mismos derechos. Si a uno se le enseña que su lengua es una lengua de cultura y prestigio social y que le abrirá las puertas de la administración, del empleo y de la buena vida, mientras que a otro se le enseña que su lengua no es apta ni para hablarla en el recreo, que es una lengua de "killos" y no le reportará ningún beneficio aprenderla con esmero, el castellano no desaparacerá, no, pero ese castellanohablante se convertirá en un ciudadano de segunda, gracias a los nacionalistas y en beneficio de los caciques locales.
De modo que, fray Lokus, te recomiendo respetuosamente que te vuelvas a leer el manifiesto, para ver si habla de lenguas o de libertades.
Ricard | 14/07/2008, 19:43
Antes tenía que hablar en castellano,estudié sólo en castellano,lo que sé de catalán lo he tenido que hacer por mi cuenta y ahora resulta que no se puede pedir a un funcionario que hable en catalán ,ni gallego ni euskera. ¿Es que aprender la lengua de la tierra donde vives te rebaja moralmente o acaso es malo para la salud? . No se ,si tan complicado es aprender catalán , mal lo tenemos con el inglés.
Preocupat | 05/08/2008, 21:52
Jo si m’he llegit el manifiesto i la meva percepció és, que a més d’un poc de literatura consoladora, erotisme ligth res de pornografia, que no fa enrevenar vull dir, mereix alguns comentaris.
Anem per parts el manifiesto considera que hi ha una llengua superior y unes altres que no tenen dret al mateix rang normatiu (premissa 1), sistema asimètric en diu. Segons els redactors les llengües no castellanes no poden assolir el mateix nivell normatiu en els seus respectius territoris que la castellana perquè això esta vedat per la constitució. Però la constitució diu a l’art. 3.2 “Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts.” Poden o no poden aquests estatuts fixar el mateix estatus jurídic per la llengua pròpia que pel castellà? La Constitució no estableix més cautela que l’àmbit territorial, es a dir, un estatut no podria fixar la oficialitat fora de la seva demarcació (Espanya tampoc ho podria fer), ni tampoc establir un règim d’oficialitat superior al que tengui el castellà, però res més.
Considera també el manifiesto que els titulars de drets lingüístics son els ciutadans i el territori és irrellevant (premissa 2). Això ens porta a un altre problema: 1) Espanya és un estat integrat per nacionalitats y regions, per tant és un estat territorial i les seves disposicions efectives, no de foment, sobre les llengües només tenen validesa en el seu territori. 2) la oficialitat del les llengües no espanyoles es troba limitada per la Constitució a allò que disposin els estatuts per les seves Comunitats Autònomes, el referit article 3.2. Però que és una Comunitat Autònoma?, la Constitució ens torna a donar una ma: art. 143.1 ... “les províncies limítrofs que tinguin característiques històriques, culturals i econòmiques comunes, els territoris insulars i les províncies d'entitat regional històrica podran accedir a l'autogovern i constituir-se en Comunitats Autònomes....” O sigui que les Comunitats Autònomes també són territoris (estalviaré la definició de província). Per tant el Manifiesto nega un pilar constitucional que ofereix poques dubtes. Però acceptem, per un moment la premissa, si el territori és prescindible, he de poder exercir els meus drets lingüístics fora de la/les comunitats autònomes on la meva llengua sigui oficial, perquè en aquest cas les disposicions dels Estatuts d’Autonomia, avalades per la constitució, no tendrien eficàcia territorial sinó que m’atorgarien drets universals (a Espanya s’entén) que podria exercir a qualsevol part del territori on la Constitució Espanyola operi. No se perquè no es això el que volien dir els redactors del Manifiesto.
A les premisses 2 i 3 es defineix com il·legítima qualsevol norma dispositiva amb caràcter vinculant en relació a l’oficialitat de l’idioma no castellà (“atropello” ho anomena en una florida expressió): escolarització, senyalització, tramitació administrativa... i sentencia que els castellano-parlants tenen únicament un deure, encomiable, de cortesia que només pot ser objecte d’estímul (haurem de reconèixer que hem avançat en relació a aquells que consideren de mala educació parlar patois, això si, només en la seva presència) i rebla el clau afirmant que suposa una dificultat greu pels més desafavorits. Estam davant premisses que novament ens posen en dificultats constitucionals perquè no s’acaba d’entendre com encaixa això amb el famós article 3.2 que permet fixar el grau d’oficialitat de les Comunitats Autònomes; per l’espanyol la Constitució ens informa que consisteix en el l’obligació de conèixer-lo i el dret d’usar-lo, mentre que pels idiomes “regionals” consistiria pel Manifiesto en un encomiable estímul de la cortesia. Idò resulta que el Tribunal Constitucional en les seves sentències, pesats que són, ha fixat una posició distinta validant la major part de disposicions relatives a l’ensenyament, l’administració o la senyalització que tant molesten als signants (cert és que també ha limitat algunes de les seves disposicions, però això no és el que tractam aquí).
La premissa 4 és brillant, cita l’article 3.3 de la constitució “La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.” I ens aclareixen que en base a aquest article ja hem fet llarg, “felonia” en diu el barroc redactor. Anem a pams, aquest article no està especialment pensat per l’acció político-administrativa de les Comunitats Autònomes, encara que lògicament les vincula, sinó per veure si algun dia l’Estat Espanyol es digna a fer alguna acció de en positiu sobre la matèria i especialment n’eviti els atropells i precisament aquest article, un encomiable estímul de la cortesia, és el que troben sobrer . Es veu que els redactors disposaven d’una versió amputada de la Constitució y s’oblidaren de rebatre el tant citat article 3.2: “Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats Autònomes d'acord amb els seus Estatuts.”
Es clar que quan les premisses son coixes, les conclusions van en cadira de rodes. Les Comunitats Autònomes, que han fet una activa política de normalització lingüística, allò que han intentat és evitar tenir comunitats segregades i ghetos, posant els mitjans per garantir la igualtat d’oportunitats i l’accés de tots els ciutadans als instruments que ho fan possible, es cert que per això han practicat la discriminació positiva, principi també avalat pel constitucional per a col·lectius en posició de desaventage, però han destinat grans recursos a evitar els seus impactes negatius, i des del meu punt de vista s’hauria de reconèixer que amb encerts i errors (com m’agrada quan son magnificats i elevats a categories estratosfèriques o groenlandeses, sobre tot els encerts) han assolit alguns èxits significatius en la matèria. Almenys així ho veig cada dia a la meva feina on Llabrés, Martínez, Serra, Elorriaga o Garcia conviuen harmònicament i babèlicament, però tots podent tractar als nostres clients en condicions d’igualtat. Són maneres d’entendre la vida.
Juan Luis Calbarro.
Coordinador territorial de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en las Islas Baleares.
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Adelante camaradas !
Francisco Franco Bahamonde | 26/06/2008, 07:37
Adelante camaradas !